“En esta ‘guerra’, las mujeres somos las más golpeadas, pero le digo al Estado: ¡aquí estamos!”

Portada: Ana Morales se dirige a medios de comunicación. Fotografía de archivo. Guayaquil, abril de 2023. Foto: Andrés Loor/CDH

La voz de Ana Morales —una mujer trigueña de 42 años de edad, de cabello castaño casi siempre recogido y mirada amable— se elevó en la marcha del 8 de marzo de 2024, Día Internacional de las Mujeres, en Guayaquil. “¡Se hizo justicia por nuestros hijos, por nuestros familiares que están en el cielo!”, gritó Ana, en medio del aplauso de cientos de mujeres, que, con pancartas y pañuelos morados y verdes sobre sus cuellos, salieron a las calles para reclamar por la garantía de los derechos de las mujeres en medio de la violencia que continúa replicándose en Ecuador, un país ahora militarizado que vive la peor crisis de seguridad de su historia. 

El anuncio de Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, fue un acto de justicia para las familias de las víctimas de las 16 masacres carcelarias que han dejado, al menos, 680 personas asesinadas desde 2018. El 8 de marzo del 2024, un juez constitucional aceptó la demanda de acción de protección con medidas cautelares que el Comité de Familiares, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil y la Red Internacional de Mujeres de Personas Privadas de Libertad presentaron el 21 de abril de 2023 para que se reconozca que los derechos de las familiares fueron vulnerados debido a la crisis carcelaria que vive el país y se activen medidas de reparación integral. 

Que el juez constitucional haya dado paso a la acción de protección marca un hito histórico para las familias que han perdido a sus padres, hermanos e hijos por la violencia extrema en las prisiones y las organizaciones sociales que las acompañan en su exigencia. Y es aún más importante, dice Ana Morales, después de que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en el país, con el que militarizó las calles y las prisiones, dejando denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura en las cárceles. 

Por eso, Ana Morales es firme y repite: “nadie nos va a callar”. En esta amplia entrevista, Ana cuenta qué es lo que viven las familias de las personas privadas de la libertad —sobre todo, las mujeres— en Ecuador, las secuelas en los niños y las niñas que perdieron a sus padres en prisión, los muros institucionales que enfrentan y cómo la organización con sus compañeras ha creado un tejido de resistencia frente a la violencia. Junto a ella, hay un nombre que aparece siempre en este diálogo: el de su hijo Miguel López, asesinado en la masacre del 28 de septiembre de 2021. Él es su fortaleza.

Las familias lograron que un juez diera paso a la acción de protección con la que se reconoce que sus derechos fueron vulnerados, ¿cómo recibieron este dictamen? 

Fue un momento de tensión, porque teníamos mucha angustia y no sabíamos si se haría justicia. 

Antes de la audiencia, nos abrazamos, oramos y dijimos que sería la voluntad de Dios. Pero ya cuando estuvimos ahí, varias instituciones —como el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractoras – SNAI, la Presidencia, el Ministerio del Interior, entre otras— no pudieron justificar ni defender la realidad. Solo la abogada de la Procuraduría nos pidió disculpas.

Cuando dio su resolución, el juez dijo que sería lo más humano posible, que conocía lo que se siente la pérdida de un familiar, porque él también había pasado por eso. Luego, anunció que dio lugar a la demanda. 

Solamente de escuchar sus palabras, mi compañera Viviana y yo nos levantamos. Nos abrazamos y lloramos. Sentí el abrazo de todas mis compañeras encima mío. Fue muy emotivo y para mí sí fue un acto de justicia, porque queremos que nuestros hijos, padres y hermanos sean reconocidos como víctimas. Se ha reconocido que nuestros derechos fueron vulnerados y estamos protegidas por ese dictamen. Nos da fuerza, pese a que somos injustamente discriminadas por la sociedad. 

Este es el primer paso para seguir trabajando. Lo que esperamos es que el Estado cumpla.

Es un logro que ha tomado años de exigencia y usted ha sido una de las voces más visibles del Comité, ¿cómo ha sido su camino para llegar a serlo?

Comencé en el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles porque, lastimosamente, mi hijo Miguel, que tenía 23 años, fue asesinado en octubre de 2021. Pronto van a cumplirse dos años y seis meses desde que falleció.

Lo que yo viví y conocí fue una vulneración de derechos y una no se puede quedar callada. No pude decir: “murió mi hijo y ahí quedó”. Por eso he querido hacer visible esta lucha y darle fuerza a mis compañeras, porque en nosotras está la exigencia de pedir justicia por la muerte de nuestros hijos, padres, hermanos, parejas. Nuestra unión ha hecho que conozcan mi caso y el de todas las madres del Comité, porque la mayoría somos mujeres, entre madres, esposas y hermanas.

Y, al mismo tiempo, esta lucha tiene más objetivos: que esa violencia y la discriminación que hay dentro de las cárceles no exista más. Queremos que sepan que aquí estamos las familiares de las personas privadas de la libertad porque, sí, tienen familia. No somos invisibles. Queremos que se conozca, también, que el vínculo familiar es muy importante para su rehabilitación y sobrevivencia —porque en la cárcel no se vive, se sobrevive— y el eje principal hemos sido nosotras, sus madres.

Aunque mi hijo Miguel no esté conmigo para darme fuerzas físicamente, su memoria me las da. Por eso sé que tengo que buscar justicia, para que su muerte no sea un archivo y mucho menos un número estadístico, sino que se sepa y quede documentado que Miguel fue asesinado en las masacres carcelarias. Quiero que sepa que su mamá está luchando contra la incompetencia, por un Estado al que jamás le interesó tomar las riendas de unas cárceles que ahora están tomadas por un autogobierno mafioso.

Y ahora, en esta “guerra” que el Estado nos ha impuesto, sé que las familias, las mujeres y las madres somos las más golpeadas. Pero yo le digo al Estado: ¡aquí estamos!

Y durante estos años de lucha, ¿qué realidades y obstáculos han tenido que enfrentar usted y sus compañeras?

Nos hemos encontrado con la indolencia. El Comité cumplirá dos años en este mes de abril. Yo vengo trabajando desde hace dos años y seis meses —cuando mi hijo fue asesinado— y he recibido toda clase de insultos e intentos de minimizar mi voz.

El Estado ha querido hablar conmigo a través de funcionarios externos que colaboran con las instituciones y lo que han hecho es juzgar. Me da mucha indignación y lo voy a decir. En 2023, representantes de la entidad que rige las cárceles y otros, que eran europeos y trabajan con ellos, nos pidieron una reunión. Uno de ellos me dijo: “tú, cómo mamá, criaste a un delincuente”. Me dijo que era una “cómplice”.

A mí me dolió mucho porque, primero, no conocen mi historia. Tampoco la de mi hijo. Quizá yo no pude estar en todo momento, pero senté mis bases y mis principios con mis hijos. Pero ni siquiera te preguntan o se dan el tiempo para escucharte o saber por qué razón mi hijo Miguel estaba en la cárcel. Hemos sido familias empobrecidas y hay decisiones que se han tomado porque se están muriendo de hambre, por una enfermedad o por el riesgo de muerte de un familiar, que fue lo que ocurrió con Miguel. Yo no justifico ningún delito o decisión, sino que hablo de la importancia de entender por qué los jóvenes están presos y cuáles son sus realidades.

Ahora, aún más, mira que hay niños de cinco, seis y siete años que tienen muchas heridas por las secuelas de la violencia, por la pérdida de sus padres, de sus hermanos, asesinados tanto en las cárceles como en las calles.

Pienso en un niño que conocí durante una reportería y decía que no quería ir a su escuela porque se burlaban de él por el asesinato de su padre en la cárcel, ¿qué ocurre con las niñas y los niños que quedaron huérfanos por las pérdidas de sus padres en las masacres carcelarias?

En el Comité también hay niños muy pequeños. Varios de ellos, incluso, aún no nacían cuando mataron a sus padres y no pudieron ser reconocidos legalmente por ellos.

Es triste, porque es el caso de Estefanía, una de nuestras compañeras. Su bebé nació después de que asesinaran a su esposo en una masacre carcelaria y no se ha podido hacer ese reconocimiento. A través del Comité tuvo asesoramiento jurídico e hicimos todo lo posible para que lo consiguiera. Pero el proceso era muy complicado, pusieron varias trabas y fue desgastante para ella.

El niño que tú conociste tuvo que cambiarse de escuela. Lo acompañamos a él y a su madre a la escuela para que se tomen medidas y las profesoras supieran cómo debían tratar a los niños que han vivido un trauma así. Desde el Comité se le ha brindado terapia psicológica y estamos muy pendientes de él. Sus hermanos, que eran chiquititos, están creciendo, pero él, que es el mayor, no deja de nombrar a su papá. Su hermanita era una bebé cuando mataron a su padre. La primera palabra que dijo fue “papá”.

Entonces, sí, nuestro compromiso es acompañarlos para hacerles saber que no están solos.

Y ustedes, que son las mujeres que acompañan a las niñas y a los niños, mientras le hacen frente a la violencia, ¿han podido acceder a las terapias psicológicas?

Sí. La mayoría de madres estamos en terapia psicológica desde que estamos en el Comité. Muchas de mis compañeras están pasando una situación muy difícil porque ahora tampoco tienen trabajo y hay situaciones difíciles. Una de mis compañeras, por ejemplo, cuida a su esposo que es parapléjico. Su salud empeoró muchísimo desde que su hijo fue asesinado en una masacre carcelaria. Lo que viven es duro.

Por eso, desde febrero de 2024 comenzamos a dar terapias psicológicas virtuales para que no pierdan las citas. Sé que no es lo mismo que hacerlo en persona, pero sabemos que no muchas pueden asistir. De alguna manera se sienten escuchadas y eso es un alivio. Ahora también se han sumado las familiares que tienen a sus seres queridos en prisión y que actualmente están muy afectadas emocionalmente por el conflicto armado interno. No pueden comunicarse con ellos y lo único que sabían es que estaban siendo torturados. Son personas que han sobrevivido a las masacres sin ningún tipo de ayuda o asistencia emocional.

Siempre somos más las madres quienes nos desesperamos y exigimos información. Lo único que piden —y pedimos— es tranquilidad, que ellos cumplan su condena. Ellas no están aceptando lo que ellos han hecho, sino que pensamos que, de acuerdo a lo que dice la ley, nuestros familiares deben cumplirla, pero que se respete la vida, que nos den información, que nos permitan comunicarnos.

En las calles y en las prisiones, son las mujeres y, sobre todo, las madres, como usted decía, quienes están reclamando respuestas e información, ¿por qué cree que son ustedes quienes están en la primera línea de exigencia?

Mira, el día en el que mi hijo fue asesinado, yo presentí su muerte. Esa era la conexión que yo tenía —y tengo— con Miguel. Yo sabía cuando estaba bien o mal, por eso me desesperaba más. Y eso me ha impulsado a mí y a mis compañeras a seguir preguntando qué es lo que realmente pasó para que nuestros hijos mueran. Siempre lo hacemos más las mujeres. Por ejemplo, en el Comité somos 37 mujeres, entre madres, esposas y hermanas, y 3 hombres.

Eso es lo que están viviendo hoy las mujeres en las cárceles o fuera de ellas. Las mujeres siempre estamos en alerta. Y sí hay un impacto diferenciado para nosotras. En la investigación El impacto de la cárcel en las mujeres familiares y las afectaciones a sus derechos humanos, de Rimuf (Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad), en la que participamos también con el Comité, puedes ver que somos las mujeres quienes más visitamos a nuestros familiares y quienes más debemos trabajar. En el informe se menciona que, desde la detención de un ser querido, el 85% de mujeres familiares tienen su salud emocional afectada.

Eso fue en 2022. Ahora, con todo lo que vivimos, ese porcentaje debe ser mucho más alto.

Nosotras, aparte de solventar los gastos que implica que un familiar esté en prisión, de trabajar, también debemos conseguir dinero para nuestros nietos en casa. Somos doblemente madres porque tenemos que hacernos cargo de nuestros nietos cuando nuestros hijos son asesinados en la prisión.

Con la declaratoria del conflicto armado interno, con esta “guerra” —que usted llamaba—, ¿qué está pasando con las mujeres familiares?, ¿han podido acompañarlas?

Hemos estado yendo constantemente a la Penitenciaría [del Litoral] y lo primero que encuentras son mujeres. No les dan información, te dan un número de teléfono que nunca contestan. Pero nadie las saca. No se dan por vencidas.

Me conmueve mucho hablar de Mayra, a quien conocimos en febrero de este año. La invitamos a que forme parte de un grupo focal en el Comité. Ella tiene dos hijos privados de su libertad y ella sigue yendo todos los días a la Penitenciaría. Le decíamos que ahí no le iban a dar información, pero ella nos dijo: “no importa, yo espero a que alguien salga, así me siento más cerca de mis hijos”.

Me impactó mucho, me llegó al corazón. Se me llenaron las lágrimas porque entiendo su dolor. Y tal vez sí, puede estar más cerca, pero jamás dejas de sentir impotencia. Lo único que le he dicho es que ponga la bendición de Dios sobre sus hijos. 

Usted decía que la afectación emocional de las familias comenzaba desde la detención de una persona, ¿qué pasa a partir de ese momento? 

Cuando el juez dicta prisión preventiva y es trasladado a la Penitenciaría —o a cualquier cárcel— ahí comienza tu dolor. Llegan a la prisión dos días después o más y cuando llaman para avisarte que ya están en la cárcel, lo primero que te avisan es que debes pagar 300 dólares por la cuota de entrada. Si querías alquilar un teléfono, para comunicarte una hora en la mañana y otra en la noche, debías pagar 15 dólares semanales. 

Si había literas disponibles, tenías que pagar de 80 a 160 dólares en el mismo momento de llegada, dependiendo de quién esté a cargo de la celda. Pero si no tienes para pagar, duermes en el piso, en los pasillos donde hay ratas, hongos, mucha contaminación. En nuestra desesperación, conseguimos de donde sea para que Miguel pudiera pagar. 

Y son pagos semanales. Para que Miguel pudiera estar ahí, necesitaba, por lo bajo, ochenta dólares semanales. 

Eso suma más de 300 dólares al mes solo para la cárcel, ¿de alguna forma podía llegar a fin de mes en casa con esos gastos? 

No. Por eso le pedía a Miguel que solo paguemos el teléfono para que pudiese comunicarse. Imagínate, en esa cifra estaba incluido, por ejemplo, el kit de aseo, los huevos y los quesos que les dejaban en los pabellones. Y en la cárcel no puedes negarte. Las bandas te obligaban a pagarles por eso. 

La verdad es que prioricé los gastos de la cárcel y aquí, en mi casa, había días en los que me quedaba sin dinero para comer. 

Uno de los sistemas de financiamiento de las organizaciones criminales en las prisiones —y en las calles— es la extorsión. Gran parte de la población penitenciaria está sometida a esos pagos forzados. Las familias lo han denunciado más de una vez, ¿qué ocurrió con Miguel?

Nosotros también lo vivimos. Y todo comenzó en diciembre de 2020. Miguel era un chico muy tranquilo y, de hecho, conocía a algunas personas que también estaban ahí, porque fueron sus compañeros en el colegio o amigos del barrio. 

Pero a Miguel lo empeñaron. Otro chico, en nombre de las personas que lideraban el pabellón donde estaba mi hijo, fue a pedir, en su nombre, droga a otros pabellones. Al principio era una deuda de 100 dólares. Luego subió a 600 dólares. 

Ahí comenzó la extorsión. Me llamaron desde la cárcel a decirme que debía pagar 600 dólares. Uno de ellos me dijo: “pero cómo sabemos que tienes plata, vas a pagar 1.500 dólares, sino ahora mismo te lo mato a tu hijo”. Luego, me hicieron una videollamada en la que mi hijo aparecía con una soga en el cuello. Me dijo que lo querían matar porque no “les copiaba” a ellos. Es decir, se negó a obedecerles. Le hicieron eso el mismo día de su cumpleaños, que era Navidad. Tuve que dar lo que podía. 

Miguel siempre me repetía: “prefiero morirme antes de copiarles a ellos”. Y así fue. Fue asesinado, mientras estaba enfermo y flaquito, en una masacre carcelaria y nunca permitió que lo tatuaran con alguna insignia de ellos.

¿Qué padecía Miguel?

Tuberculosis, que es una enfermedad muy contagiosa en la cárcel. Se contagió porque compartió una cuchara con otro chico, ya contagiado, que vivía en su celda. Miguel se puso muy flaquito. Le sangraban las orejas y tenía infecciones estomacales muy fuertes. Lo peor es que hasta que lo llevaran a recibir atención médica costaba entre 10 y 15 dólares. Eso debíamos pagarle a un guía penitenciario y para poder ingresar las medicinas que necesitaba tenía que dar 50 dólares solo para el ingreso. 

La tuberculosis es una enfermedad común en las prisiones. Ha habido múltiples denuncias de falta de acceso a la salud —sobre todo, desde el Comité— que evidencian que la situación es mucho peor con el conflicto armado interno, ¿qué pasa con las personas presas enfermas? 

La situación es muy grave, sobre todo, ahora. La salud de las personas presas se les está yendo de las manos a las autoridades y es su responsabilidad, porque a muchas no les están dando sus medicinas y no los están sacando para que los atienda un médico. Por ejemplo, hay hombres contagiados que estaban aparentemente con su enfermedad controlada con medicamentos hasta diciembre. Pero no han recibido su medicina durante enero y febrero. Están muy descompensados y han comenzado a vomitar sangre. A otros les están haciendo transfusión de sangre. 

Nosotros, como Comité, junto al Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil, hicimos solicitud para que casi veinte puedan salir. Pero el proceso aún es muy lento y nos preocupa, porque podrían estar en riesgo de muerte. Además, es imposible saber bien qué está pasando en las cárceles porque no hay comunicación y no nos dan información. 

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Nota de la redacción: Hugo Cabeza Baque, de 26 años, quien cumplía su sentencia en una prisión de Guayaquil, padecía tuberculosis. El CDH denunció que el joven falleció en el hospital Monte Sinaí a causa de una tuberculosis pulmonar y desnutrición. Fue ingresado al centro de salud el 10 de marzo pasado y su familia fue notificada por redes sociales tres días después no por el SNAI, sino por personal del hospital.

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Es decir, ¿con el conflicto armado interno el silencio institucional —que ha sido recurrente durante estos años— se ha profundizado?, ¿cuál es la posición de las familias frente a la militarización?

Quiero ser muy sincera: son varias las posiciones. Pero creo que lo que nos ha unido a todos es la exigencia de control, porque quienes hemos tenido que vivir las extorsiones y la violencia han sido nuestros seres queridos en prisión y nosotros también. 

Algunas familias se sienten un poco más tranquilos porque, de alguna manera, ya no han tenido que estar pagando por los huevos o los quesos, y no temen que sus hijos sean golpeados o torturados por las mafias. Pero para otras madres, la realidad es diferente. Saben que a sus familiares les han quitado las pocas cosas que han podido comprar con mucho esfuerzo, las vituallas, los colchones y todo. Y ahora, esa violencia de las mafias, se ha convertido en los latigazos de militares cuando desayunan, almuerzan o meriendan. 

No importa que no te resistas, no importa que les digan que están enfermos. Igual los golpean. Y también ha habido muertes por las que no dan información y hay mucho temor de las madres para denunciar. 

Pronto terminará la extensión del estado de excepción en las cárceles, ¿qué piensa que podría pasar con la salida de los militares de las prisiones?  

Nos hacemos esa pregunta todos los días. Durante años hemos visto que el gobierno no tiene un proyecto integral para las cárceles. No sabemos si lo que han querido es alborotar a la gente, porque no es que las bandas se hayan desorganizado y todo el país sabe que hay líderes fugados. Allí siguen. 

Sabemos también que ha habido tortura para “sacar” información. Yo me pregunto: ¿qué va a pasar con quienes hablaron y dieron información sobre dónde estaban los artículos prohibidos? 

Son muertes seguras. Y, sinceramente, con todo lo que hemos vivido, sabemos que al Estado no le importan esas vidas perdidas. No tenemos esperanzas en el gobierno de Daniel Noboa. No creemos que la presencia de los militares sea respuesta porque no se han ocupado de lo principal: la corrupción en las prisiones, ¿de qué sirve tanta detención y toda la violencia si los tentáculos de la mafia están ahí, firmes?, ¿de qué sirve si vivimos en un narcoestado? Si no hay un plan del gobierno —más allá de subirnos el IVA y dejarnos más empobrecidos en nombre de su “guerra”— lo único que vamos a vivir es más violencia.

Frente a eso, las familias vamos a seguir exigiendo.

Cuando comenzamos esta entrevista, usted decía que la memoria de sus familiares la fortalecen a usted y a sus compañeras, ¿cuáles son los próximos pasos del Comité en medio de la violencia a la que sobrevive Ecuador?

Han pasado tres años desde la primera masacre carcelaria y, aunque no ha sido fácil, queremos que sepan que nadie nos va a callar. Extrañamos mucho a nuestros hijos y lo que ellos querían para su futuro, porque, sí, aunque estén privados de su libertad siguen teniendo sueños. Y están presentes. En mi casa nunca falta una presita de pollo para Miguel, porque era muy comelón. 

[Ana sonríe]

Ahora hemos decidido enfocarnos en los niños y las niñas, porque tienen una herida profunda por la pérdida de sus padres. Los acompañamos psicológicamente y esperamos seguirlo haciendo. Lo mismo cuando se trata de ofrecer asesoría jurídica para las familias, porque no tienen recursos económicos para pagar un abogado. 

Cada quince días hacemos grupos focales para las nuevas familias, para que nos cuenten lo que viven y cada mes nos reunimos para contarnos cómo nos sentimos, cómo es nuestro día a día. Ahora también nos auto educamos. Yo hice un diplomado en Derechos Humanos. Varias de mis compañeras han vuelto al colegio para terminar sus estudios. Otras, están estudiando carreras cortas. Quieren emprender en estética, en gastronomía. 

Recuerdo a una de nuestras compañeras que es maestra de una institución fiscal. Hizo una maestría y ahora apoya a los jóvenes del colegio que tienen problemas de adicción y violencia en sus familias. Es madrina de un adolescente que lucha contra su adicción y que ingresó a una fundación que los apoya en la rehabilitación. Él está mucho mejor. Aprendió a hacer maní, pan de pascua y alfajores. Estoy muy orgullosa de ella y de todas mis hermanas de lucha, porque en el Comité no solo denunciamos al Estado ausente y cómplice. También aportamos a la prevención del delito y de las adicciones, de alguna manera. 

Todas estamos aprendiendo para, en un futuro cercano, unirnos para un proyecto lindo que sé que llegará y que será un espacio seguro y de cuidado para más familias. A ellas quiero dirigirme. Sé que tienen miedo, pero no están solas. Aquí estamos para abrazarlas.