El país no da tregua ni respiro. Si apenas hay tiempo para una lectura superficial de las preguntas —varias redactadas con vaguedad— y anexos que propone el gobierno de Daniel Noboa en referéndum y consulta popular, es casi imposible la deliberación profunda sobre las ramificaciones de muchas de ellas. Entre la invasión violenta de la Embajada de México, la continuidad de la violencia letal en calles y barrios y la crisis del sector energético que paraliza la vida, vivimos en una zozobra empeorada por la ansiedad de no poder sobrevivir a la inflación y el desempleo.
Entre cuestiones que ya se han resuelto por vía legislativa, otras que podrían tratarse del mismo modo, y unas cuantas inoficiosas porque no hay impedimento jurídico para su implementación, se camuflan problemáticas complejas. Tanto el trabajo por horas como el arbitraje internacional fueron mecanismos permitidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano (tiempo en el cual no resolvieron los problemas de desempleo y baja inversión extranjera). Se dejaron fuera de la Constitución de 2008 por razones ampliamente debatidas entonces. Vale recordar que, con todo y sus limitaciones, el proceso constituyente tuvo momentos de dinámica participativa que permitieron que —al menos algunas— experiencias e inquietudes ciudadanas fueran escuchadas en Montecristi. Hoy se quieren deshacer muchos “nudos” o salvaguardas constitucionales que en alguna medida han estado conteniendo la voracidad de los poderes fácticos frente a la extracción de los recursos naturales y la explotación laboral en el país.
El trabajo por horas (pregunta E) se nos presenta como la solución casi mágica al desempleo, aunque en ningún lugar del mundo se hayan creado plazas de trabajo por mandato legal. No hay claridad sobre la remuneración que correspondería a la hora de trabajo: las versiones más optimistas de la ministra del ramo, Ivonne Núñez, han sido consideradas inviables por especialistas. Al mismo tiempo, no sabemos cómo funcionaría el régimen de seguridad social para esta modalidad de contratación; ni siquiera sabemos con certeza si aplicaría régimen alguno. Esto preocupa en un contexto en el que la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y todos sus servicios está en riesgo. Para garantizar, por ejemplo, la continuidad del pago de las jubilaciones o la atención a personas con enfermedades catastróficas, es necesario que suficientes individuos asegurados y económicamente activos aporten. Si el trabajo por horas se vuelve una modalidad dominante, sin generar aporte sustancial al IESS, se pondrá en riesgo a todo el sistema. Claro, ese riesgo importa poco si la agenda a largo plazo es provocar el colapso de lo público para privatizarlo o concesionarlo y así beneficiar a los sectores corporativos.
También ha sido insuficiente la discusión de la reforma laboral con enfoque de género. Hay que insistir en que las mujeres representan un sector mayor del trabajo informal que los varones, ganan generalmente menos y soportan más cargas de trabajo acumulado: al ser en su mayoría las que se ocupan del trabajo reproductivo y de cuidado no remunerado, suelen cumplir dobles y hasta triples jornadas laborales. La energía y el tiempo de trabajo en el hogar disminuye la capacidad de asumir trabajo remunerado. Si a esto se le suma la inestabilidad y falta de acceso a servicios públicos básicos, incluyendo la atención de embarazos, solo se agudizará la feminización de la pobreza. No debemos olvidar, además, que muchas mujeres suelen estar a cargo de ocupaciones que ya están sumamente precarizadas, como la limpieza o las labores remuneradas del hogar. No es difícil imaginarse que esas podrían ser las primeras en pasar mayoritariamente al régimen por horas, que no les dará acceso a beneficios como la licencia por maternidad y las horas de lactancia. El tiempo y el esfuerzo invertido hasta ahora en dar acceso al seguro social a las trabajadoras remuneradas del hogar, habría sido vano.
Asimismo, corremos el riesgo de que gran parte del empleo que hoy está dentro del régimen formal estable, pase a ser precarizado. Esto es previsible, cuando lo prioritario es abaratar costos de producción, no asegurar la vida digna de la gente. Es decir, sin políticas para la creación de más plazas de empleo digno y sin una regulación clara que le ponga límite a la proporción y circunstancias en que se puede contratar por horas, lo que ocurrirá es que habrá cada vez menos trabajo adecuado y decente.
Por su parte, el arbitraje (privado) internacional (pregunta D) presenta una serie de aristas y vericuetos que van más allá de la aceptación de un régimen que está siendo rechazado de forma contundente por gobiernos y personas especializadas alrededor del mundo. Ya otros análisis han revelado que las empresas con las que el presidente tiene relación (como las del holding Nobis) están a su vez conectadas con entidades extranjeras que se beneficiarían de blindarse si hacen negocios en el país. Varias de estas empresas, además, realizan operaciones de minería, actividad que una mayoría de ambientalistas consideran inherentemente insostenible.
Incluso las preguntas para las que el “sí” podría parecer una respuesta obvia merecen ser discutidas con más detenimiento, aunque eso nos gane ataques de trolls y acusaciones de “terroristas”. Por ejemplo, admitir la extradición parecería un paso necesario para oponerse al crimen organizado transnacional. No obstante, y más allá de que aplicaría quizá para una ínfima minoría de los delincuentes que operan en el país, hay que pensar más allá de lo inmediato. Por ejemplo, la lucha de las familias de las víctimas de las masacres carcelarias, especialmente de mujeres que son madres, esposas, hijas, etc., nos muestra que el castigo penal recae sobre muchas más personas que las que reciben la sentencia. ¿Qué tendrían que hacer las familias de una persona extraditada para visitarla? En varios sistemas internacionales de derechos humanos el derecho a la vida familiar se considera fundamental. Claro, el término “derechos humanos” se ha vuelto una mala palabra en nuestro medio. Si cada vez más gente mira como aceptables prácticas de tortura, cómo podemos esperar que la esfera afectiva de los seres humanos se tenga en cuenta como esencial para la dignidad.
Otra de las preguntas “obvias” que podemos detenernos a pensar mejor tiene que ver con la extinción del dominio de los bienes de las personas investigadas penalmente. Por una parte, es una cuestión que ya se ha tratado a nivel de Asamblea Nacional; por otra parte, en los casos en que no se requiere una sentencia previa para la extinción de dominio, al privar de un derecho a una persona que conserva la situación jurídica de inocencia se atentaría contra el principio de legalidad (no hay delito ni pena sin ley anterior que la establezca) y de mínima intervención penal, que no está reconocido solo en la Constitución sino en múltiples instrumentos internacionales. Cabría pensar más bien, en asegurar la eficacia y rapidez de las medidas cautelares, pero, nuevamente, el populismo penal nos está ganando la partida. Quizá uno de los problemas más graves que enfrentamos, más allá de esta consulta, es el margen cada vez más estrecho de perspectivas que podemos expresar y discutir abiertamente. Ya hemos visto el destino del hijo de la vicepresidenta, enemiga política contra quien se está utilizando desproporcionadamente el aparato penal —más allá de que la investigación tenga o no méritos. Esas prácticas, que parecen fascinar a un sector de la opinología criolla, se revisten con una estética militarista de mano dura que pretende hacer creer que tal dureza sólo puede tener por blanco a “los malos”. Vemos, también, con estupor, a otrora adalides de la libertad de expresión y pensamiento, celebrando formas claras de autoritarismo. El discurso entrecortado y poco florido del presidente no debe engañarnos: no hay inocencia ni candor en la ignorancia deliberada de quien, habituado a salirse con la suya, aplastará lo que sea para defender sus negocios.
Autoras
