Ellos no se sienten protegidos: el riesgo de vivir en la Casa Hogar Enríquez Gallo, en Quito

Ilustración de Claudia Fuentes.

«Nos tratan como a delincuentes, como si vivir en una casa hogar fuera nuestra culpa». «¿Por qué nos hacen sentir como basura?, cuestionan, casi en coro. No se quejan por la ducha de agua fría o el hambre que pasan, en plena adolescencia, cuando más alimentos requieren. Tampoco por tener que vender galletas o gomitas, para comprar los uniformes escolares. Les ha dolido perder a lo más cercano a figuras familiares: el equipo técnico que estaba a cargo de su cuidado.

Los veo alejarse y mi corazón de madre no me deja, me grita: son niños. Desde que nació mi hijo, no puedo evitar pensar en él, cuando conozco historias que involucran a chicos. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir amor y protección. Lo necesitan; son vulnerables al entorno en el que crecen; las madres y los padres incidimos en su vida, casi que la esculpimos, con cincel de cariño o descuido.

¿Qué pasa cuando no hay quien cuide de ellos?

A la Casa Hogar Infanto Juvenil General Alberto Enríquez Gallo, ubicada cerca del Hospital del Sur Enríquez Garcés, sector de Chilibulo, en el sur de Quito, llegan quienes cumplen alrededor de 12 años de edad.

A través de una carta y luego personalmente contaron lo que viven a La Periódica.

Algunos de ellos han pasado por centros, en donde los recibieron cuando aún requerían pañales y biberones, por lo que no saben nada de su origen; no entienden por qué fueron abandonados. Otros, incluso convivieron con sus madres, padres y más familiares y en lugar de guardar algún recuerdo feliz, llevan dolorosas marcas.

¿Por qué? Buena parte de estos niños y adolescentes conocieron el maltrato físico, psicológico y la negligencia, con familias que los descuidaron, por diversas razones como el consumo problemático de sustancias (alcohol, drogas, etc.), por haber sido apresados o porque de forma reiterada, los obligaron a trabajar, privándolos de la posibilidad de estudiar, entre otros derechos.

Algunos no están solos, tienen hermanos menores y mayores, que los han acompañado; o hermanas, que viven en otras instituciones, para mujeres. En la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo han hecho una hermandad, más allá de los lazos sanguíneos. Son 21 chicos.

En Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el rector de la política pública de protección. Cuenta con casas de acogimiento, que deben garantizar la atención integral y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes acogidos, según la Norma Técnica de Acogimiento Institucional. Tendrían que garantizarles el acceso a salud, educación, alimentación, vestuario, recreación, así como a consultas psicológicas, a gestiones para lograr la reinserción familiar o una adopción.

Ecuador fue el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificar la Convención de los Derechos del Niño, de 1989. Está obligado a cumplir con el artículo 20, que establece que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

A noviembre del 2024 había 2.132 niños, niñas y adolescentes, en casas de acogimiento, según el Informe de Acogimiento Institucional, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 2024. En el documento se detalla que solamente en Quito hay 559; en la zona 6 (incluye Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe), 271; en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), 250. 

En el informe se detallan las causas del ingreso de niños, niñas y adolescentes al acogimiento institucional. Las siete más numerosas son: negligencia (47,37%), maltrato (15,90%), violencia sexual (13,27%), abandono (10,83%) y trata (4,03%); hijos de madre adolescente en acogimiento (2,53%) y callejización (1,54%). Las otras causas son situación de riesgo, orfandad, hijos de personas privadas de la libertad, movilidad humana, reinserción fallida y adopción fallida.

El 5 de febrero de este 2025, La Periódica hizo un amplio pedido de información al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que hasta el cierre de esta edición, no ha sido respondido. Entre otras cosas se pidió confirmar el número de niños, niñas y adolescentes en instituciones de acogimiento, cuántas de ellas son estatales; el presupuesto invertido en ellas; denuncias por mal manejo y medidas frente a eso. Además detalles de las condiciones en las que se desarrolla la vida en la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo, su funcionamiento, acciones de cuidado de los niños y adolescentes.

En el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de Ecuador de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicado en 2024, se resalta que: “la situación de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento es crítica; se reportan serias falencias”. Y lo que ocurre en la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo, en donde viven 21 chicos, podría servir para corroborarlo.

En una carta, firmada por esos niños y adolescentes en acogimiento, relatan que desde agosto del 2024 han vivido «días grises». Ellos habían encontrado algo de estabilidad, pero todo se vino abajo, luego de lo que llaman “una intervención del MIES”. Se refieren a la decisión de la Subsecretaría de Protección de cambiar a todo el equipo, que estaba a cargo de la casa. Se los cambió a otros espacios de trabajo; hasta el cierre de esta edición se conoció extraoficialmente que algunos de los integrantes de ese equipo fueron reintegrados, no todos.

En conversaciones con adultos que los rodean, en otros espacios y en diálogo con La Periódica cuentan que no se han acostumbrado a rutinas y tratos propios de un “cuartel militar”. Por ejemplo, «sin importar las condiciones climáticas o emocionales», deben pasar algunas horas en el patio, sin actividades dirigidas. Si no llegan a tiempo para el almuerzo, no les brindan el alimento. No les permiten acceder al área administrativa, para que respondan a sus preguntas. Si se quejan tienen “consecuencias” dolorosas, como perder visitas con familiares o ‘madrinas’.

Los niños y adolescentes lamentan que nadie les escuche. No confían en la psicóloga o trabajadora social. Así que se han guardado sus inquietudes, frustraciones y dolores. A partir de los 15 años, algunos habían delineado sus planes de vida, con el apoyo del anterior equipo técnico, pero todo se ha quedado truncado. 

«Nadie nos oye. Hasta nos arrebataron unas pocas pertenencias, sin ninguna explicación y nos han obligado a vivir con tres mudadas de ropa», denuncian.

La mayoría de chicos sienten que una vez más perdió a seres queridos; las tutoras —parte del equipo técnico anterior— eran lo más cercano a lo que podría ser una figura materna. ¿Por qué? Porque los despertaban en la mañana, con un “mijito ¿cómo está? Vamos, para que desayune y luego, para que se prepare y vaya al colegio”.

“Así nos sentíamos seguros”, repiten. Algo que les duele y que de forma recurrente mencionan es que no les permitieron hacer un cierre o despedirse de quienes se volvieron parte de su familia, ese equipo técnico. «A una tutora la sacaron a jalones de la casa, sin poder hacer nada», cuenta uno de ellos.

Las casas de acogida suelen funcionar con personas encargadas del área administrativa, un coordinador; además el equipo que está más cerca de los chicos: un psicólogo o psicóloga, una trabajadora social y una facilitadora. Además tutores o tutoras, que deben cumplir con turnos, uno en la mañana, y otros en las noches, de 08:00 a 17:00; y de 17:00 a las 08:00 del siguiente día y descansan dos días; los fines de semana, los turnos eran de 24 horas.

Sin embargo, según los testimonios, ese cuidado ha sido irregular. No se cumplen los turnos, en ocasiones, los muchachos se han quedado solos algunas horas en las noches, más que nada a partir del cambio de equipo técnico.

Un adulto, que conoce a uno de los chicos de la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo comenta que a uno de los menores de edad, alguien del equipo técnico quiso llevarlo a la fuerza a uno de los baños y que lo invitaba a salir, de forma inapropiada… La Periódica no ha podido corroborar esa versión, el MIES no ha respondido, pero los adolescentes señalaron que sí pasó.

¿Los equipos técnicos, que reemplazaron al grupo que hizo vínculos de afecto y protección con los chicos, no saben cómo trabajar con adolescentes? Los más pequeños lloran a escondidas, en las noches. Les ha dolido mucho que el coordinador de la casa respondiera irónicamente a uno de sus comentarios con la frase: “hablaron los que no tienen padres”, según relataron. Entre los chicos también hay migrantes, que perdieron la pista de su familia.

En general, los niños y adolescentes están sintiendo que los tratan como si fueran “delincuentes”. Recuerdan que seguido son señalados, de múltiples formas, por tener que vivir en un centro de acogida y no contar un familiar que se encargue de ellos. 

Uno de los chicos se corta los brazos, buscando evadirse, me dice; otro se la pasa pensando cómo hacer para ayudar a su compañero, cuyo hermano está consumiendo marihuana y ya ha desaparecido más de una noche. El joven está a punto de cumplir la edad límite (un mes antes de los 18 años) y no saben qué hará con su vida pues ha empezado a vincularse con personas que resultan peligrosas.

Otro de los chicos habría dejado el centro y lo ven en las calles, duerme en un departamento de conocidos, pero cuando lo ven creen que no la pasa bien, tiene hambre.

¿Qué acciones para proteger a estos muchachos han tomado los encargados de esta casa de acogida? ¿Qué información tiene el MIES?

‘Necesitan abrazos y palabras dulces’, dice una sus madrinas

Patricia Terán, de 46 años de edad, es la madrina de dos de los niños de la casa de acogida. Esa figura surge, más que nada, en hogares regentados por religiosas, que buscan personas que puedan ayudar a los niños y niñas, con algún aporte económico o donaciones de ropa o juguetes. 

Hace más de cinco años, el periodista deportivo, Alberto Astudillo, invitó a Patricia a un programa navideño en ese centro e hizo lazos con dos chicos, que hoy tienen 13 y 14 años de edad; son lazos que no cree que se puedan romper. En ocasiones, su familia le pide dejar de visitarlos porque, cuando vuelve a casa, la ven llorando por la situación en que viven.

Ella recuerda que hace años organizaron un viaje a la playa, consiguieron que la Fuerza Aérea Ecuatoriana-FAE trasladara a un grupo de niños y adolescentes, en uno de sus aviones. Es una experiencia que los chicos destacan, fue inolvidable.

¿Le parece que los chicos que viven en la casa de acogida deben ser maltratados? ¿Son peligrosos?, le pregunto. Paty, como le dicen, responde con un no rotundo.

«Todos esos niños necesitan cariño, abrazos, palabras dulces, saber que alguien está ahí, pendiente de ellos. Les hacen falta figuras paterna y materna, no tienen a quién recurrir», detalla. Le preocupa que todos sepan que cuando se aproximen a los 18 años tendrán que salir, sin un rumbo claro.

«No tienen a nadie, un abuelo, un tío, un papá, primos, nada”. En el caso de sus ahijados, dice, son dos niños solos y han tratado de cuidarse y estar juntos. Además, siempre recuerdan a su hermanita, quien supuestamente será adoptada y llevada a Cuenca.

Me pregunto si el personal de la casa hogar ha coordinado con la Unidad Técnica de Adopciones para ver la posibilidad de que los hermanos puedan ser adoptados, en conjunto. El MIES tiene las respuestas. 

Patricia comenta: “los niños tocan el violín, es hermoso escucharlos». Con el apoyo de otra ‘madrina’ acceden a esas clases.

Penosamente, en la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo, los chicos son castigados con la prohibición de acudir a sus actividades extracurriculares: clases de violín, deportes o de baile, costeadas por madrinas o con la venta de dulces, que es la opción con la que algunos de ellos reúnen dinero. Otra “consecuencia” es la prohibición de recibir visitas.

Una llamada de auxilio

El 14 de febrero de 2025, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Zona Centro del Distrito Metropolitano de Quito prohibió a los coordinadores y a cualquier trabajador de esa casa de acogimiento, “utilizar como forma de disciplina la prohibición de recibir visitas, llamadas y/o salidas con sus familiares y/o referentes familiares, salvo que existan razones justificadas que perjudiquen el bienestar de los niños y adolescentes”.

Lo resalta la abogada Sybel Martínez, quien dirige la Fundación Rescate Escolar, enfocada en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. El 1 de febrero, ella recibió una extraña llamada a su celular. Un adolescente la saludó y de inmediato le comentó que alguien le dijo que ella podría ayudarlos.

Al siguiente día se juntaron, los chicos le contaron que acudieron a la Junta de Protección de Derechos de Quito. El propósito: que el anterior equipo técnico regrese a la casa y que mejore su situación.

Ellos habían normalizado varias situaciones complicadas, lamenta Sybel Martínez. Por ejemplo, los castigos, el hecho de que uno de los adolescentes con una afección estomacal-rectal, que requería una alimentación especial, simplemente no reciba esa atención; la obligación de caminar de 15 minutos a una hora, para llegar a sus escuelas, ya que no había dinero para pasajes de transporte. Y la sanción de quedarse sin comida, si no se llegaba a la casa, hasta cierta hora.

Los niños, que viven en esta casa de acogida estatal, no cuentan ni con los uniformes, para acudir a sus colegios. Así que siempre buscan ayuda. Algunos están en situación de trabajo infantil, reitera Martínez. Le contaron que una coordinadora les dijo que no tener uniformes era parte de la «resiliencia», que deben desarrollar.

Patricia, la madrina de dos hermanos de ese centro, confirma que suele comprarles los uniformes y zapatos. Pero esa no es su mayor preocupación. El mayor, con solo 14 años, defendió al de 13, en el colegio en donde ambos estudian y ahora es amenazado de muerte. “El agresor ha sido miembro de una banda. Esos niños se arriesgan todo el tiempo, hay delincuencia y bandas en esa zona del sur de Quito. Por eso… ya no quiere ir a clases”.

¿El MIES supervisa lo que ocurre en el Enríquez Gallo? ¿Qué acciones han tomado o toman cuando un estudiante decide dejar de acudir a sus clases un día, toda la semana? ¿Quién se encarga de supervisarlos, confirmar que cumplen con sus tareas o que cuenten con el material escolar? En el encuentro con La Periódica, los niños y adolescentes confirmaron que varios no están asistiendo a sus escuelas.

Ya que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no contesta nuestro pedido de información, dejamos estas preguntas para quienes nos leen: ¿Les parece seguro enviar a uno o dos chicos solos a sus escuelas, sin el acompañamiento de adultos? ¿Deberían ubicarlos en planteles más cercanos a su hogar? ¿Quién debería encargarse de que tengan ropa y zapatos?

En el Alberto Enríquez Gallo, los niños y adolescentes duermen en dos galpones grandes, divididos en cuatro secciones, en cada espacio, acondicionado como dormitorio, alcanzan 10 camas. Se les asigna un espacio, según la edad; en ocasiones también la estatura. 

El peligro ronda a estos chicos

En las noches se supone que las tutoras deben permanecer en pie, para cuidarlos. Sin embargo, en junio del 2024, uno de los chicos habría sido víctima de una agresión sexual; en octubre, preocupado por la secuela (un sangrado permanente), denunció al agresor, quien le dijo que lo mataria si contaba lo ocurrido. 

El agresor era otro de los chicos residentes en la casa hogar, pero desapareció. No es el único caso de prácticas abusivas entre pares, en este espacio, refirieron los adolescentes y varias personas en el círculo en el que se mueven.

Berenice Cordero, quien fue ministra de Inclusión Económica y Social entre el 2017 y 2019, escuchó afligida lo que pasa en el Enríquez Gallo. Dijo estar “resentida” con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. “Le entregué las carpetas con las historias de 269 chicos víctimas de abuso sexual, cometidos por sus familiares, que viven en las casas de acogida. Diana tuvo otras prioridades”, comentó. 

En documentos mostrados por Berenice Cordero se indica que la fecha de la entrega de la información fue julio del 2018. En el Informe de la situación de niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, por causa de abuso sexual, se señala que: “llama la atención y preocupa el elevado número de casos que se encuentran en la etapa o fase de investigación o instrucción fiscal, sin que hayan superado la misma para el juzgamiento penal respectivo, lo que constituye un evidente riesgo de impunidad, o al menos, rémora procesal y judicial, que perjudica a las víctimas, al tiempo que genera un sentimiento social de inseguridad jurídica y desprotección frente al delito”.

En reunión entre el MIES y el representante de la Fiscalía General del Estado sobre la situación de retraso de los 269 denuncias de abuso sexual y delitos sexuales cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional, se estableció que uno de los nudos críticos para poder avanzar en las investigaciones es la imposibilidad legal de realizar testimonios anticipados de las víctimas por ser los testimonios anticipados un mecanismo exclusivamente utilizable en el proceso penal.

Cordero recuerda que el MIES también acudió al Consejo de la Judicatura, para que extienda sus buenos oficios ante el pleno de la Corte Nacional de Justicia, que tiene la facultad de emitir resoluciones al respecto. El procedimiento a seguir era que un juez o fiscal plantee y formule al pleno de la Corte una consulta pidiendo la expedición de una resolución que resuelva la duda en torno a si los testimonios anticipados se pueden obtener en la fase de indagación previa o no.

Cordero es especialista en derechos de la niñez y adolescencia. Por eso le inquieta saber qué tanto han trabajado los abogados del MIES en esclarecer la situación legal de todos los niños que viven en estas unidades de acogimiento. “Dejamos financiamiento para esa tarea”, anota.

Los chicos deben ser reinsertados con sus familias, si no pueden los padres [o madres], hay que revisar la situación de los abuelos o un tío, siempre que Trabajo Social garantice que son idóneos para su cuidado, indica.

Aunque, los datos del levantamiento de información que hizo, a su paso por el MIES, le permitieron conocer que algunos chicos no deberían bajo ninguna condición volver con sus madres o padres. “Encontramos casos terribles de padres que producían y vendían material pornográfico de sus chiquitos; de trata y de explotación laboral. Pero también había familias que no tenían recursos para alimentar a sus hijos y los dejaban temporalmente”.

Hace 15 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado. El documento lo muestra Cordero.

En el texto se lee que los niños y jóvenes deberían vivir en un entorno en el que se sientan apoyados, protegidos y cuidados y que promuevan todo su potencial. Los niños total o parcialmente faltos de cuidado parental se encuentran en una situación especial de riesgo de verse privados de la crianza que da ese entorno.

Así que, cuando la familia propia, no puede, ni siquiera con apoyo, proveer el debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es el responsable de proteger los derechos del niño y/o de la niña y de procurar un acogimiento alternativo adecuado. Le corresponde, a través de sus autoridades, velar por la supervisión de su seguridad, bienestar y desarrollo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada.

Hasta junio del 2024, en total se registraron 86 unidades de acogimiento institucional, a escala nacional, con servicios de atención directa y en convenio con el MIES, así como con casas de acogimiento privadas sin fondos estatales. En Quito había 23 y en Guayaquil, ocho. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social reportó en esa misma fecha que invertía 9.246.515,86 dólares en ellas. 

En esos ‘hogares’ del Estado o a cargo de fundaciones, que tienen apoyo financiero del MIES, se recibe a chicos desde los 0 hasta los 17 años y 11 meses de edad, que se encuentran «privados de su medio familiar, por situaciones de riesgo o vulneración de derechos, en casos de abandono, extravío, maltrato, abuso, explotación sexual o trata de personas».

Para Cordero es urgente montar un sistema de información, con datos de cada niño o adolescente en estas casas de acogida, que deberían ser temporales, repite. 

“En Ecuador se debe dejar de criminalizar la pobreza, básicamente en estos niños sin familia. Los centros de acogida no deben ser un cuartel, deberían tener habitaciones individuales. Además en la mente de jueces y administradores está la idea de que para evitar el daño, hay que internarles”, dice y cuestiona que “ni siquiera se haya perseguido a los adultos, que agredieron a los chicos en sus hogares”.

En las casas de acogida, los niños y adolescentes pasan necesidades. En la Casa Hogar Alberto Enríquez Gallo, por ejemplo, difícilmente todos tienen acceso a una ducha caliente. No siempre quedan satisfechos con las comidas. El anterior equipo, a veces, gestionaba donaciones, para satisfacer las necesidades.

En cuanto a la ropa, el MIES, en ocasiones les alerta sobre la llegada de cargamentos de blue jeans. Aunque, los chicos siempre están buscando ayuda, para acceder a uniformes escolares o zapatos. En los últimos meses, ya no cuentan con el cariño del equipo técnico que hacía ‘vaca’ para costearles los pasajes de bus, de ida y regreso de los colegios.

Cordero recuerda que cuando fue ministra empezó el programa de acogimiento familiar, se pagaba a familias por el cuidado temporal, como el foster home en Estados Unidos o en Canadá. “Requiere una buena supervisión, para evitar abusos. Sé que hay 300 guaguas en estos espacios”, subraya. A veces, dice, quienes asumen el cuidado temporal los quieren adoptar y se necesita esclarecer la situación legal de los niños. 

“Retirar la patria potestad no es un proceso fácil. He hablado con Pierina Correa, para que se incluya ese tema en la reforma del Código de la Niñez”, cuenta Berenice Cordero, a quien le preocupa que los chicos se queden más de la cuenta en espacios, que deberían ser temporales. Y a los 18 años salgan sin opciones.

La abogada y exconcejala de Quito, Daniela Chacón, y su esposo se convirtieron en padres en diciembre del 2022, luego de seguir un proceso de adopción. Por eso, ella está sensibilizada y conoce del funcionamiento de una casa de acogida. Le parece vital que en ese espacio, los niños y adolescentes sean tratados con cuidado y amor.

“Ya no estar en su casa, con su familia biológica, genera el trauma del abandono en estos niños. Debe ser abordado. Las casas de acogida juegan un rol fundamental. Yo he sido testigo de lo trascendentales que son para que los chicos tengan el amor y la contención y para que aprendan a respetar las reglas”.

Al conocer lo que estarían viviendo chicos en la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo, Daniela Chacón comenta que le parece, “una falla total del Estado”. ¿Por qué? Responde que en esos espacios están “los más vulnerables de los más vulnerables”.

“Los ministerios deben tener la capacidad de articularse, todos los guaguas de una casa deberían ir a la escuela pública más cercana, ser atendidos por el Ministerio de Salud. Pero ni siquiera eso está pasando. No les interesa asignar recursos como se debería y no hay quien levante la voz por estos niños, que necesitan ejercer sus derechos”.

Si pasa en la Casa Hogar General Alberto Enríquez Gallo, Chacón apunta: “quién sabe en cuántas otras casas de acogida más”. Le parece que es una falla absoluta del Estado, que debe visibilizarse.

“Hay que actuar por el principio constitucional del interés superior del niño. Por la situación de violencia sin precedentes que vive Ecuador, hay muchos más niños y adolescentes que ingresan al sistema de protección. Hay que fortalecer estas casas”.

A uno de los adolescentes, que vive en esta casa de acogida, ubicada en el sur de Quito, se le quitaron las ganas de volver al colegio. Le ha dolido tanto que una maestra le diga a toda su aula que es “huérfano, que no tiene padres y que vive en una institución”, como una forma de minimizarlo. Es uno de los chicos, que desde pequeñito, al igual que su hermano, ha soñado con ser adoptado. Pero esa posibilidad no se ha concretado.

En el hogar se ha vivido mucho descontrol. Los niños lloran a escondidas. Otros fuman, también evitando ser vistos. ¿Cómo se sentirán estos chicos menores de 18 años? Unos fueron abandonados por sus madres y padres, desde bebés; y llegaron a esta institución al cumplir casi 12 años. Muchos solo han conocido el maltrato, el descuido.

¿El Estado, a través del MIES y del Ministerio de Educación está cumpliendo con su función? En el Enríquez Gallo, como en otras casas hogar, hay chicos que aprendieron a leer y escribir a los 13 o 14 años de edad. Gracias a alguna tutora lograron avanzar, con una modalidad para acelerar sus estudios. Pero, en ocasiones, se preguntan si hay futuro para ellos. ¿Me volveré ladrón o delincuente? ¿Cuando deje este lugar qué será de mí?

En una de las intervenciones del nuevo equipo, a cargo del centro, a los chicos les arrebataron pertenencias que atesoraban, como una forma de castigarlos. Por ejemplo dibujos o cartas, relata con dolor, Sybel Martínez.

Esta abogada sostiene que lo que viven los chicos en el Enríquez Gallo pone en riesgo su integridad. Tanto que, la Junta de Protección de Derechos de Quito, ha prohibido que David Flores Brandt, subsecretario de Protección Especial del MIES, se acerque a la casa hogar. Y que profiera amenazas, golpes, mantenga actitudes de hostilidad de manera directa o indirecta, que puedan poner en riesgo de vulneración los derechos de los niños y adolescentes.

¿Por qué habría que preocuparse por estos chicos? El domingo 9 de febrero, los niños y adolescentes le enviaron audios, contándole que a la madrugada les lanzaron gas lacrimógeno y les pegaron porque un grupo reclamó a los tutores por dormir, en el área administrativa, en su turno nocturno, en lugar de hacer rondas por las habitaciones.

En el audio, enviado a la abogada, se escucha a uno de ellos decir: “ayúdanos Sybel, ven por favor, ven rápido”. La abogada fue a Flagrancia, a la Fiscalía de Quitumbe, al Enríquez Gallo y los encontró en la Unidad de Adolescentes Infractores. No se configuró ningún delito.

Luego de varias acciones, el MIES ha hecho cambios en el equipo técnico. También se ha intentado que Sybel Martínez sea separada del caso, intentando que la abogada de la casa hogar asuma la defensa de los chicos. Pero 18 de ellos pidieron, por escrito, seguir con su apoyo.

“Se les informó que van a ser cambiados a otras unidades de acogimiento, lo que les genera angustia. No les han consultado nada. Uno de los adolescentes, de 12 años, ya ha sido enviado a la Casa Hogar Árbol de la Esperanza. Ellos hablan de una lista, con nombres; la próxima semana otro de sus compañeros será enviado a un centro para chicos con discapacidad; él además tiene un hermano que se quedará solo”, alerta Sybel Martínez.

La Directora de Rescate Escolar también denuncia que a dos de los adolescentes se les está privando de su alimento diario parcial o totalmente. El sábado 15 de febrero, uno recibió de desayuno fruta picada, con leche; de almuerzo, una rodaja de piña, un vaso de agua y un huevo; el domingo 16 no desayunó; de almuerzo le dieron ensalada y un huevo; de merienda lo mismo.

El lunes 17 desayunó un poco de huevo revuelto y una taza de colada; de almuerzo, atún con ensalada de lechuga con tomate; no cenó por quedarse dormido.

El martes 18, él y otro compañero, quienes levantan la voz por sus compañeros, no recibieron alimento en todo el día y el miércoles les dieron el desayuno, pero no almuerzo ni merienda.

“He solicitado a la Junta de Protección de Derechos que activen el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Castigar a los adolescentes, sin proveerles de alimento es inhumano, cruel, un acto de tortura”, dice Sybel, en un escrito presentado el jueves 20 de febrero.

La abogada se reunió con la Defensoría del Pueblo y le indicaron que tienen abierta una investigación sobre la situación de las casas de acogida, a raíz del suicidio de un adolescente, de 13 años, en Macas, ocurrido en abril del 2024. Días después, otros dos chicos intentaron quitarse la vida. ¿El MIES está protegiendo a niños y adolescentes, que no cuentan con padres y madres y que viven en sus unidades de acogimiento?