Daneli es una adolescente de 17 años de edad, le gustan los gatos y viajar. Al graduarse del colegio, su padre Patricio O. le regaló un viaje a Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Durante el paseo él la emborrachó y la violó. Al momento de los hechos, Daneli llamó a su mamá y tías para contarles lo que había sucedio, su madre contactó al Ecu 911 y su padre fue detenido en flagrancia la madrugada del 18 de agosto de 2022, por el delito de violación incestuosa. Según el artículo 171.1 del actual Código Orgánico Integral Penal, COIP, la violación incestuosa se caracteriza por el nivel de parentesco o afinidad del agresor con la víctima, es decir que se reconoce como incesto a la persona que viole a un pariente sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima. La Fiscalía inició una investigación de oficio, mientras que, la madre de Daneli interpuso una acusación particular con el fin de ser parte del proceso legal para obtener justicia y evitar que lo sucedido con su hija quede en la impunidad.
Las familias y las víctimas de violencia sexual acuden a la acusación particular porque este recurso les garantiza algo de seguridad durante los procesos judiciales, para que los agresores sean sancionados. Además, este recurso es un derecho con el que cuentan las víctimas, sobrevivientes y familiares dentro de su búsqueda de justicia. Mayra Tirira, coordinadora de acciones legales del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – Surkuna, explica que la acusación particular permite ser parte procesal de la causa y en caso de que la Fiscalía decidiera no acusar o no llamar a juicio al agresor, las víctimas y familiares pueden impugnar ante el juez y les faculta más derechos dentro de los procesos.
La violación incestuosa deja graves secuelas físicas y psicológicas y eso repercute de manera particular en las historias de las sobrevivientes y sus proyectos de vida. Stephanie Altamirano, parte de la campaña “Seremos las Últimas” y sobreviviente de violencia sexual en la infancia, afirma que “la violencia sexual es una agresión desestructurante en términos de lo que sucede en el cuerpo [de la víctima y sobreviviente] y cuando es cometida por alguien del entorno de cuidado [padres, hermanos, primos, docentes…] eso genera un sinnúmero de secuelas profundas porque las concepciones de la confianza se distorsionan. […] Quien te debería cuidar te está haciendo daño”.
En Ecuador, las principales víctimas de violación incestuosa son niños, niñas y adolescentes, por ello, en 2019, se tipificó como delito, lo que representó un avance en materia de derechos. Sin embargo, los delitos de violencia sexual siguen siendo un problema vigente que el Estado y sus instituciones no han resuelto. Si bien el artículo 35 de la Constitución menciona que el Estado debe brindar especial protección a víctimas de violencia doméstica y sexual, la realidad es que las acciones estatales han sido insuficientes.
Según el informe “La culpa no era mía” publicado en agosto de 2021, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – Surkuna, entre julio y diciembre de 2020 y los meses de febrero a abril de 2021, se registraron un total de 30 casos de violación incestuosa, de los cuales 26 se encontraban en investigación previa y cuatro en juicio. El informe, concluye que el número de Fiscalías especializadas en violencia basada en género operando en Ecuador no son suficientes para garantizar los derechos de todas las víctimas y sobrevivientes de violación y violación incestuosa y eso genera que las víctimas no reciban atención integral. Las Fiscalías especializadas en género tienen como objetivo investigar y judicializar los delitos de violencia de género, femicidios y mejorar la protección a las víctimas. En Ecuador solo existen 70 fiscalías especializadas a escala nacional, sin embargo, el número de fiscalías no es la única dificultad, sino también la capacitación con la que debe o debería contar el equipo técnico. Se necesita que los y las fiscales, junto a sus equipos técnicos tengan preparación y enfoques de discapacidades, interculturalidad, movilidad humana, étnico, entre otros comenta Mayra Tirira.
El dolor de la impunidad
A pesar que Daneli denunció la violación de la que fue víctima y que el agresor fue detenido en flagrancia, 23 días después de la detención (octubre 2022) Patricio O. presentó un certificado médico por el padecimiento de una supuesta enfermedad. Este documento no fue claramente sustentado; sin embargo, con esta prueba fue puesto en libertad con medidas sustitutivas y se le ordenó presentarse en la fiscalía del Cantón Atacames todos los lunes de cada semana mientras dure el juicio. El agresor solo cumplió la medida hasta noviembre del 2022, por lo cual, la defensa de Daneli pidió la revocatoria de la medida y el juez a cargo, decidió que el agresor acudiera cada semana a la Fiscalía en la ciudad de Quito, cosa que tampoco sucedió. A pesar de que el agresor incumplió con las medidas sustitutivas, el juez no dictó la prisión preventiva como dicta el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal.
Para quienes viven violencia sexual y especialmente una violación por parte de un familiar o alguien del entorno cercano encargado de su cuidado, la denuncia no suele ser una primera opción. La confusión frente al rol de cuidado que debería ocupar el agresor impide a las víctimas identificar de manera inmediata que vivieron violencia. Por otra parte, el miedo al agresor y a las consecuencias de la violencia paraliza a las sobrevivientes, lo que resulta en que tarden en denunciar y hablar sobre lo vivido. Stephanie Altamirano, por su parte comenta que “la veracidad [refiriéndose al testimonio de las víctimas] es algo que se pone en duda y se trata de culpabilizar a las sobrevivientes de violencia sexual. Sumado al silencio e impunidad en los círculos familiares. Por lo general, la violencia sexual se trata en lo privado y por tanto, es algo de lo que no hay que hablar nunca y cuando es una violación incestuosa la impunidad del silencio es poderosa porque se trata de enfrentarse con los lazos de la familia”. Todos estos elementos aparecen al momento en que las víctimas, particularmente de violación incestuosa, deciden denunciar. A Daneli le creyeron, creyeron en su palabra y ha tenido el acompañamiento de su madre y tías que han decidido exigir justicia junto a ella.
El círculo o redes de apoyo que sostienen a quiénes han vivido violencia son importantes para que las víctimas y sobrevivientes puedan identificar, contar y denunciar la violencia. “Lo que hacemos las sobrevivientes también es un cálculo [la lucha de lo que significa tener justicia en Ecuador], porque enfrentarse al sistema de justicia es brutal y hay que saber qué implica eso, porque eso ayuda a tomar una decisión más clara. Es importante saber que el sistema judicial penal está diseñado para revictimizar a las sobrevivientes y no acceder a justicia”, agrega Altamirano.
Cifras solicitadas por La Periódica a la Fiscalía General del Estado muestran que desde el 01 de enero del 2019 hasta el 14 de julio del 2023 se han registrado 187 denuncias por violación incestuosa a nivel nacional. Siendo las provincias de Morona Santiago, Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos las que más delitos de violación incestuosa registran.
Adicionalmente, del total de las denuncias registradas desde el 2019 al 2023, por violación incestuosa, 135 de las víctimas son niños, niñas y adolescentes de 0 años hasta los 17 años.
Sostener un juicio, enfrentarse al agresor y a un sistema revictimizante que no les garantiza justicia, reparación y celeridad es de las tareas más difíciles para las víctimas, sobrevivientes y sus familias. Eso se ve reflejado en las cifras que facilitó la Fiscalía a La Periódica: desde el 2019 hasta el 2023, se han registrado 187 denuncias, de las cuales 87 están en investigación previa y sólo 5 llegaron a una sentencia condenatoria. Las demás se encuentran con dictámenes abstentivos, acusatorios, instrucción fiscal, ratificación del estado de inocencia, sobreseimientos y como archivos aceptados y solicitados.
La justicia ecuatoriana no brinda protección integral a las víctimas de violencia sexual y esto se reflejó una vez más, cuando Daneli y su familia no contaban con medidas de protección en el momento en que Patricio O. fue puesto en libertad. Él intentó contactarse con la familia de Daneli, incluso quiso sobornarla para que desistiera de la denuncia y de la búsqueda de justicia y solo hasta el 21 de septiembre de 2022, 11 días después de haber sido puesto en libertad, Daneli y su familia obtuvieron las medidas de protección.
Para Mayra Tirira, cuando el agresor es puesto en libertad (en historias similares a las de Daneli) expone a las víctimas a nuevos tipos de violencia de forma directa, o a través de terceras personas y en este sentido las medidas de protección no bastan si no existen mecanismos para hacerlas cumplir. Por ejemplo, que exista una articulación y predisposición de la Policía Nacional con las víctimas, que se realicen visitas periódicas para precautelar la integridad de las sobrevivientes o que se garantice el uso del grillete electrónico en los agresores, aunque estas medidas tampoco sean una garantía del todo eficaz.
El hecho de que el padre (agresor) de Daneli esté en libertad, representa un gran riesgo para ella y su familia. Según Andrea Flores, representante de la plataforma Justicia para Daneli, Patricio O., es una persona peligrosa que incluso tiene una denuncia por violencia psicológica hacia la madre de Daneli, asegura.
A pesar de estos antecedentes de violencia, la justicia ecuatoriana no ha protegido a Daneli ni a su madre, al contrario, las han expuesto a un trato revictimizante además, de las irregularidades durante el proceso.
Poner en el centro la vida de las víctimas
En el caso de Daneli, la instrucción fiscal se realizó desde el 18 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2022 y en esos días ella dio su testimonio anticipado a través de la cámara de Gesell, un proceso donde la víctima, con un profesional designado por el Consejo de la Judicatura habla sobre lo sucedido, en presencia del juez y los abogados de la parte procesal. Sin embargo, los jueces del cantón Atacames no entregaron la transcripción del testimonio de la adolescente al Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas.
Esto ocasiona que Daneli deba rendir su testimonio nuevamente ante el Tribunal y, como consecuencia de eso, revivir los hechos traumáticos y dolorosos por los que pasó cuando fue víctima de violación por parte de su padre. Para la familia de Daneli, estas acciones son indignantes, “los derechos de las niñas, niños y adolescentes deberían estar garantizados por el Estado ecuatoriano, más, si son víctimas de violencia sexual. Consideramos que el Estado está siendo doblemente agresor, por un lado, Daneli fue violentada sexualmente por su padre y también está siendo violentada por la administración de justicia: jueces que no garantizan su derecho a la justicia y la revictimizan”, menciona Andrea Flores.
Por su parte, María José Machado, abogada, feminista y parte de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, comenta que “un país que no previene la violencia contra niñas y adolescentes, es también un país que no garantiza una atención adecuada a las víctimas, tampoco una sanción para los agresores y menos una reparación adecuada de sus derechos. La revictimización es uno de estos síntomas”.
Según Machado, la revictimización se produce como un daño añadido a las víctimas de violencia sexual por parte de quienes operan la justicia, instituciones y profesionales que deben garantizar derechos. Sin embargo, esto se puede evitar con leyes claras, protocolos adecuados, profesionales especializados que garanticen la privacidad y confidencialidad para evitar que las víctimas, por una parte, tengan contacto con los agresores, y por otra para evitar que den su testimonio una y otra vez reviviendo episodios traumáticos.
Mayra Soria, experta en género, afirma que para evitar la revictimización en el sistema de justicia se necesita que las y los jueces, secretarios, asistentes y ayudantes judiciales estén especializados en género para poder cuidar de las víctimas. La experta destaca que otro de los elementos primordiales de las y los operadores de justicia es la sensibilización frente a la situación de las víctimas y la violencia de género. Según Soria, la capacitación es fundamental pero en este momento es la mayor debilidad de los operadores de justicia, pues no hay inversión en sensibilización por ende, aunque haya fiscalías y fiscales especializadas para la atención a víctimas de violencia y sobrevivientes de violencia sexual, es insuficiente, porque las víctimas están expuestas a encontrarse con operadores de justicia sin especialización ni sensibilización.
Las víctimas están expuestas a encontrarse con operadores de justicia sin especialización ni sensibilización.
Por su parte, Ana Alarcón, psicóloga clínica enfocada en género y las disidencias sexuales, menciona que la revictimización por parte de las instituciones de justicia en contra de Daneli y otras víctimas de violencia sexual tiene efectos en la salud mental y esto genera afectaciones y traumas que de no ser tratados de manera adecuada, pueden significar un trauma continuo. De ahí, la importancia del acceso a salud mental adecuada e integral. Sobre todo, si las víctimas y sobrevivientes son expuestas una y otra vez a que expongan cómo fueron violentadas como en la historia de Daneli.
A pesar de todas las pruebas y testigos con las que cuenta la defensa de Daneli, la audiencia de juicio para Patricio O. se ha suspendido en cuatro ocasiones porque su abogado se declara incapacitado por enfermedad o simplemente no acude a las audiencias. Y las inconsistencias han sido reiteradas.
Esas irregularidades quedaron registradas una vez más el 16 de junio de 2023, en esa fecha estaba prevista que la audiencia de juicio se instalara en el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, sin embargo, la audiencia se declaró fallida porque el agresor junto a su defensa legal no comparecieron. Ante esto, el Tribunal resolvió multar con dos salarios básicos a los abogados del violador por no presentarse a la audiencia.
Para Andrea Flores, representante de la plataforma Justicia para Daneli, lo hecho por la defensa del agresor solo busca dilatar el proceso en complicidad con el sistema de jusitica, buscando que desista en la búsqueda de justicia y generando que los casos de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes y mujeres queden en la impunidad.
Al igual que en el caso de Daneli, para otras historias como la de Justicia para Lili o Seremos las Últimas, se han creado plataformas digitales y campañas para exigir justicia por las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. A pesar de eso, las audiencias se han dilatado. Seremos las Últimas es muestra de ello, después de cinco años de hacer público que varias niñas vivieron violencia sexual por parte del entrenador y dueño de un gimnasio olímpico en Quito, Alcides P., continúan sin obtener justicia, las audiencias se siguen dilatando. Stephanie Altamirano, menciona que es complejo enfrentarse a un sistema de justicia revictimizante que falla y que va en contra de las sobrevivientes de violencia sexual, de la justicia y la reparación a la que tienen derecho.
Insiste en que hay que complejizar el tipo de justicia que quieren las víctimas y sobrevivientes, pues lo que hace el sistema penal es reducir las historias de vida y sobrevivencia a un trámite que no son más que audiencias tras audiencias que se suspenden porque “los agresores tienen un sinnúmero de estrategias para dilatar los procesos”.
De ahí, la importancia de resignificar el acceso a la justicia. Y también poner sobre la mesa el significado de justicia para las sobrevivientes de violencia sexual, para las mujeres, niñas y adolescentes y dentro de eso preguntarse qué alcanza a dar el Estado en los procesos de celeridad y no revictimización para que otras sobrevivientes sepan que pueden acceder al sistema de justicia si así lo quieren, señala Altamirano.
Por otro lado, David Guashpa, abogado de la familia de Daneli, afirma que el sistema judicial no garantizó la comparecencia del agresor, Patricio O. La audiencia se declaró fallida a pesar de que el agresor fue detenido en flagrancia y en complicidad con la justicia fue puesto en libertad. La falta de comparecencia del agresor es muy grave, retrasa el derecho de acceso a justicia para Daneli. El Tribunal dio un plazo de cuatro a seis meses para que se vuelva a instalar la audiencia de juicio y por medio de la fuerza pública harán que Patricio O., y sus abogados asistan y así no se dilate más el proceso. Además, iniciaron un proceso legal por incumplimiento de decisiones de autoridad; es decir, por no cumplir con las medidas sustitutivas. A pesar de esto, no han dictado la prisión preventiva y este proceso, según Andrea Flores, es muy desgastante para la familia de Daneli.
Daneli, su madre y tías exigen justicia y reparación, pero ¿cómo reparar de manera integral a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual? Las medidas de reparación que exige la familia de Daneli son: un juicio justo sin más revictimización, que se respete el debido proceso y se respete sus derechos, integridad y la búsqueda de justicia. Que los y las funcionarias públicas se capaciten y sensibilicen con los casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Atención psicológica adecuada para Daneli, ya que, ella está acudiendo al Sistema de Salud Pública pero las citas no son periódicas y eso dificulta su proceso de recuperación del estrés postraumático y la depresión que le causó la violencia sexual.
Mayra Tirira, afirma que la reparación integral busca poner en el centro la vida de las víctimas, son ellas quienes dicen y deciden qué es lo que las va a reparar. También es fundamental brindar información a las víctimas sobre los medios legales existentes para ejecutar la reparación integral: medidas de restitución, de rehabilitación, simbólicas, terapias psicológicas, atención de trabajo social y educativa. Además, la reparación busca garantías de no repetición. Según Stephanie Altamirano, para que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual sean reparadas es importante preguntarles qué necesitan y a partir de esa pregunta, asumir la responsabilidad que tenemos como sociedad. “La reparación no es individual, la sociedad tiene que reparar a quienes hemos vivido violencia sexual, hacerse cargo porque la violencia sexual no ocurre de manera aislada. No son hombres o personas ejerciendo violencia, [de forma individual]. Hay una sociedad [cómplice]: familias, sistema de educación, Estado y sus instituciones, que sostienen esa violencia por acción u omisión”.
Es importante preguntarle a las sobrevivientes de violencia sexual lo que necesitan para ser reparadas porque el Estado reduce el enfoque de la reparación a lo económico y eso es usado por los agresores para desmentir o desvirtuar las denuncias. Si bien es cierto, la reparación económica es indispensable, pero no es lo único que existe, porque las víctimas y sobrevivientes pueden no querer nada o por el contrario, querer únicamente disculpas públicas, que la familia de los agresores se hagan cargo, entre otras cosas, menciona Altamirano.
Ahora los feminismos han posibilitado una lucha contra la impunidad y el silencio. “Poder escuchar la historia de las sobrevivientes de violencia sexual y acoger lo que están diciendo es una manera de reparar y transforma la historia de sobrevivencia. Es difícil para las sobrevivientes imaginar que puedes vivir una vida digna, feliz, libre a pesar de haber vivido violencia sexual y que esto no sea una condena de miseria para toda la vida. La reparación es un mensaje de que se puede vivir una vida distinta”, concluye Stephanie Altamirano.
