Desde el año 1938, Ecuador solamente permitía el aborto para proteger la vida y la salud de la persona embarazada y en casos de violación a mujeres con discapacidad mental. Fue en el año 2021 cuando, gracias al trabajo incansable de organizaciones feministas, las propuestas para ampliar la excepción a la penalización del aborto en casos de violación a todas las mujeres que hayan quedado embarazadas como producto de una violación, encontraron respuestas favorables en la Corte Constitucional.
En las largas décadas en las que el aborto estaba penalizado incluso en casos de violación, quienes vivimos en Ecuador nos acostumbramos a mirar para otro lado, aún sabiendo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan, que muchas lo hacen en condiciones inseguras y que todas se exponen al riesgo de ser criminalizadas por interrumpir un embarazo que no quieren o no pueden sostener.
Entre los años 2019 y 2021, cuando se discutía el proyecto de ley que despenalizó el aborto en casos de violación, los medios de comunicación nacionales hicieron una cobertura sin precedentes del tema. Una investigación de CIESPAL, encontró que el número de notas periodísticas sobre aborto en el país aumentó, y que el enfoque de las notas mejoró. Cada vez más, los medios de comunicación recurren a mujeres y a organizaciones sociales como sus principales fuentes de información sobre aborto. Sin embargo, el estudio también encontró que aunque se publicó mucho sobre el debate legislativo, hubo poca información sobre políticas públicas y la implementación de la nueva ley.
La organización Surkuna, que acompaña a sobrevivientes de violencia sexual en su intento por acceder a un aborto legal ha corroborado las limitaciones en la implementación de la nueva ley de aborto. Un reporte de la organización muestra que muy pocas mujeres han buscado acceder a un aborto legal después de una violación, y aún menos han recibido los servicios que necesitaban a través del sistema de salud pública del país. Entre abril y noviembre de 2021, Surkuna brindó asesoría legal a 16 mujeres que buscaban abortar, y solo cinco lograron hacerlo. Además, según el reporte, entre abril y agosto del mismo año el Ministerio de Salud Pública realizó únicamente 12 atenciones por aborto legal, de las cuales ocho terminaron en un procedimiento de interrupción del embarazo.
Kaleidos — Centro de etnografía interdisciplinaria, ha investigado las barreras que enfrentan quienes quieren abortar legalmente en el país. El estudio de Kaleidos muestra que la burocratización del acceso al aborto (la imposición de trámites y procedimientos innecesarios o engorrosos), el estigma y las creencias conservadoras sobre la sexualidad femenina, la falta de formación del personal para entender la salud de manera integral y ciertas características del sistema de salud (como la falta de condiciones para garantizar la privacidad de las usuarias) son algunas de las barreras más importantes para el acceso al aborto legal. Otro estudio añade la falta de conocimientos de personal de salud y operadores y operadoras de justicia sobre la ley que regula el aborto y los requisitos que ésta establece, y la falta de condiciones en los establecimientos de salud (insumos, infraestructura y formación) como otras barreras que impiden abortar legalmente a quienes lo necesitan.
A pesar de los esfuerzos de la academia y la sociedad civil para generar conocimiento sobre el aborto, las leyes y las discusiones públicas sobre el tema se siguen centrando en aspectos religiosos y morales. Esta narrativa reproduce los mandatos patriarcales sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, en lugar de centrarse en las necesidades y las experiencias de quienes abortan.
Lamentablemente, la falta de atención a la evidencia científica a la hora de diseñar leyes y políticas públicas no es una característica única de la discusión sobre aborto. Por el contrario, en Ecuador la evidencia científica sobre la salud se descarta continuamente. En 2020, la deplorable respuesta estatal frente a la pandemia de COVID-19 ubicó al país como el segundo con más casos de COVID-19 confirmados en Sudamérica y como el noveno con la tasa más alta de muertes por millón de personas. Otro ejemplo más reciente es la decisión del gobierno nacional de reducir el Impuesto al Consumo Especial (ICE) a las bebidas azucaradas, las armas, las fundas plásticas, el tabaco y el alcohol, a pesar de que existe evidencia contundente de los efectos nocivos de estos productos sobre la salud de las personas.
Durante décadas, la ley que penaliza el aborto en la mayoría de condiciones se mantuvo sin cambios. Esto sucedió a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud que indican los beneficios para la garantía de derechos humanos y para la salud que traerían la despenalización y la provisión estatal de servicios seguros de aborto.
En abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación. Este cambio es un paso importante hacia la garantía del derecho a la reparación para quienes han vivido violencia sexual. El cambio legal también supone una oportunidad para empezar a usar la evidencia científica para garantizar que la nueva ley sirva para que las personas puedan ejercer sus derechos.
La evidencia científica generada en nuestro país y en otros con contextos similares muestra el camino que Ecuador debería transitar para empezar a saldar una de tantas deudas pendientes que tiene con las mujeres y las personas de la diversidad sexo-genérica. Por ejemplo, la encuesta nacional de aborto de Brasil mostró que una de cada cinco mujeres han tenido un aborto antes de cumplir 40 años de edad, lo que indica que el aborto es un procedimiento muy común en la vida de quienes pueden gestar. Mientras tanto, los Estados y las sociedades siguen pensando y legislando el aborto como una excepción y estableciendo limitaciones legales para acceder a él. También se sabe que mientras la educación médica no incorpore una visión más integral de la salud, que entienda que la salud es más que la ausencia de enfermedad y que los contextos sociales y culturales determinan en gran parte la salud de las personas, los y las profesionales de salud seguirán sin proveer abortos para proteger la salud de la persona embarazada. Asimismo, mientras los establecimientos de salud no garanticen las condiciones adecuadas para realizar abortos, incluyendo infraestructura que asegure la privacidad de las usuarias y todos los insumos necesarios, las personas embarazadas seguirán sin poder ejercer su derecho al aborto. Estas y otras políticas basadas en la evidencia científica son posibles y necesarias para asegurar que el aborto se trate como lo que es: un procedimiento de salud común, que sirve para salvar vidas y reparar derechos.
