| Sybel Martinez Reinoso
Los niños, niñas y adolescentes del país ni son carne de cañón ni sujetos de represión
El poder para proteger o para desproteger a los niños, es colectivo.
La responsabilidad es únicamente adulta.
Vinka Jackson
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituyen una prioridad moral de primer orden en cualquier país civilizado. A diferencia de las personas adultas, las niñas y niños no han podido elegir las condiciones de vida a las que se enfrentan, sobre la base de esta particular vulnerabilidad, es que nuestra Constitución obliga al Estado a otorgarles una protección especial y reforzada.
Lo anterior cobra especial relevancia en el contexto del Paro Nacional, donde durante los 18 días de protestas, las niñas y niños de Ecuador le hicieron frente a un sin número de vulneraciones a sus derechos. Y no solo quienes acompañaron a sus madres y padres a protestar, sino también aquellos que vivieron las manifestaciones desde sus barrios y/o territorios, como los guaguas de San Miguel del Común que resultaron heridos y asfixiados tras la arremetida violenta de las fuerzas del orden; los que vieron interrumpidas sus actividades escolares (rutinas, horarios y espacios de juegos) a puertas de culminar el año escolar; los que necesitaban asistencia médica urgente o se encontraban en casas de salud, cercanas a las manifestaciones; quienes se encuentran en situación de trabajo infantil, mendicidad o calle; así como la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes que vieron desde las redes sociales y los medios de comunciación, distintas expresiones de violencia, de uso injustificado y desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares.
Las bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras, balines de goma y perdigones lanzadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, su persistente uso en las zonas humanitarias, barrios, comunas y territorios, les expuso a una evidente vulneración a su derecho a la vida e integridad física y psíquica.
En los primeros días del paro nacional, la Escuela Antonio José de Sucre en Saquisilí-Cotopaxi, fue bombardeada con gases lacrimógenos, afectando la salud y poniendo en riesgo la vida de estudiantes que se encontraban en su interior, este hecho y el requerimiento que hicieron las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito-JMPD, obligó al Ministerio de Educación a cambiar de parecer y disponer que las clases pasen de modalidad presencial a virtual, durante las protestas, en las provincias que se encontraban movilizadas.
Una de las experiencias más traumáticas a las que fueron expuestos niñas y niños, a decir de quienes los auxiliaron en las zonas de paz, en especial en la Universidad Central y en la Casa de la Cultura, fue la exposición a los diversos efectos de las bombas lacrimógenas —ruido, ardor, picor, asfixia—, el uso de perdigones y la pérdida temporal de sus referentes familiares, producto de los desmedidos ataques policiales y militares, que forzaban a las niñas y niños a separarse, temporalmente, de sus cuidadores.
La socorrista Joice Soto, en su comparecencia, durante la sesión 782, el pasado 25 de junio, en la Asamblea Nacional de Ecuador, aseguró que se asistió a niñas y niños con asfixia, con heridas de perdigones y con problemas psicológicos dado el miedo a la represión policial. Sus declaraciones, dieron cuenta del grave riesgo al que fueron expuestos y la vulneración a sus derechos, no obstante y pese a la voz de alarma, la indiscriminada represión a las zonas de paz continuó.
Ha sido muy difícil conocer el número exacto de niños, niñas y adolescentes que durante las protestas requirieron asistencia hospitalaria y sus causas; cuántos adolescentes fueron aprehendidos en las movilizaciones; así como cuántos niños estuvieron extraviados, en especial en Quito, producto de los disturbios.
Desnutrición Infantil
De acuerdo al comunicado emitido el 30 de junio, por la Universidad Central del Ecuador al finalizar el paro nacional, durante las protestas, 450 niños y niñas fueron atendidos en este espacio autodeclarado “Zona de Paz y Centro de Asistencia Humanitaria”. Allí recibieron atención clínica, psicológica y social. A través de un estudio nutricional se reveló que el 80% sufría desnutrición crónica.
Este alarmante dato es el reflejo de una cruenta realidad que afecta al 23% de niñas y niños menores de 5 años y al 27,2% menores de 2 años. Este porcentaje aumenta en el área rural en 5,7% en menores de 5 años y en 4,4% en menores de dos años y en 17,7% y 23,9%, respectivamente, en el caso de niñas y niños indígenas. (Ensanut, 2018)
Las provincias de Chimborazo y Bolívar presentan más de 40% de su población con retardo en talla. En los cantones con mayor prevalencia de población indígena, uno de cada dos niñas o niños de cinco años de edad presentan este retardo, con consecuencias irreversibles.
La desnutrición infantil tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social de los países. En Ecuador, los gastos asociados a la malnutrición —como salud, educación y pérdida de productividad— representaban, antes de la crisis por el coronavirus, el 4,3% del producto interno bruto (PIB).
Pero la desnutrición infantil, no es la única deuda pendiente que el Estado mantiene con la población infanto juvenil, las cifras de vulneración de sus derechos aún se mantienen en rojo. Lastimosamente, la capacidad de agencia infantil se ve limitada a su desarrollo biopsicosocial y a las relaciones de poder intergeneracionales que se despliegan en un determinado contexto sociocultural y que les dificulta ser escuchados y participar activamente en todo aquello que les afecta. Quizás por ello, en el decálogo de peticiones de la Conaie, estuvo ausente la exigencia de revertir este y otros flagelos sociales que día a día experimentan las niñas, niños y adolescentes en el país.
Mandato constitucional, medidas de protección y exhortos
Las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito- JMPD, emitieron varias resoluciones para garantizar la protección integral y los derechos de niños, niñas y adolescentes durante el paro nacional.
Dispusieron, por ejemplo, al Ministerio de Educación pasar de modalidad presencial a virtual para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes. Este requerimiento fue acatado por esta cartera de Estado, lastimosamente, fue luego de registrarse el ataque con bombas lacrimógenas en la escuela fiscal de Saquisilí.
Dada la despiadada represión policial y militar, también, prohibieron al Ministro del Interior, al Comandante de la Policía y al Comandante General del Ejército de forma directa o por terceros, “el uso de armas antidisturbios, gas pimienta, bombas lacrimógenas, armas disuasivas o cualquier otro artefacto que pueda causar daño físico o psicológico en presencia de niñas, niños y adolescentes que participen, acompañen a sus familias o se encuentren como transeúntes en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito.”
En tanto que la Defensoría del Pueblo, emitió medidas de cumplimiento obligatorio en las que se conminaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía, de abstenerse de ingresar a las zonas de paz, de disparar en su interior y a determinar bordes de paz en los exteriores de las universidades.
La Corte Constitucional en su dictamen No. 4-22-EE/22, también, consideró que la fuerza pública debía abstenerse de intervenir dentro de las zonas o áreas en donde se presta asistencia y atención humanitaria (…) así como de realizar acciones que directa o indirectamente pongan en riesgo la salud, integridad y vida de las personas y profesionales que se encuentren en ellas.
El Comité de Derechos del Niño, expresó su preocupación por el uso de la violencia contra niñas y niños por parte de las fuerzas del orden ecuatorianas, por las y los adolescentes lesionados y por las y los niños deambulando solos en la capital, sin referentes familiares y/o cuidadores.
En su comunicado, el Comité aprovechó para recordar al Estado ecuatoriano las recomendaciones realizadas en el año 2017 con relación a promoción, protección y facilitación de la libertad de asociación y reunión pacífica de niñas y niños; el diseño y aprobación de un protocolo de actuación de las fuerzas del orden acorde al principio de interés superior del niño; y la necesidad de facilitarles canales de denuncia directa en estos contextos. También fue enfático en destacar que la represión violenta tendrá impactos en ellos, dejando marcas imborrables a lo largo de sus vidas.
Esta vez, Unicef Ecuador no se pronunció con la misma contundencia que lo hizo en las protestas de octubre del 2019, pese a la inusitada violencia en contra de menores de edad registrada en los 18 días del paro nacional. En un escueto comunicado pidió que ante la presencia de niños y niñas en las Universidades Central y Politécnica Salesiana, estos espacios sean respetados y no se realice ninguna acción que pueda ponerlos en riesgo.
Lo cierto es que, ni el mandato constitucional, ni los exhortos, ni las medidas de protección evitó que el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza afecte a niñas y niños, al menos no, en espacios donde la población civil movilizada se sumaba al paro nacional. Paradójicamente, en las denominadas marchas por “La Paz”, niñas, niños y adolescentes que acudieron junto a sus familias no sufrieron ninguna vulneración a sus derechos, pudieron expresarse libremente y las fuerzas del orden cumplieron su rol, facilitando las protestas, cerrando calles y salvaguardando la integridad de quienes se manifestaban.
¿Cómo puede un Estado garante de derechos proteger a unos y a otros no? ¿Por qué un gobierno puede desplegar su poder estatal con fines represivos, pese a disposiciones en contrario, hacia “los otros” (a los que no son como ellos) aunque esos otros, sean niñas y niños?
No cabe duda que las vidas y los cuerpos (incluso de niñas y niños) de distintas marcas de clase, racializadas y discriminadas, siguen sin valer lo mismo en este país “plurinacional y multiétnico”.
Derecho a ser escuchados y a la participación activa y protagónica
Niñas y niños pueden, de acuerdo a su edad y madurez, formarse un juicio propio y tienen el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les concierne, debiendo ser escuchados por quienes toman decisiones que afectarán sus derechos, su desarrollo y el curso de su vida.
Pero, lastimosamente, niños, niñas y adolescentes son, permanentemente, invisibilizados, a pesar de ser los primeros en sufrir los efectos de la desigualdad y el abandono del Estado en el deber que éste tiene de asegurarles el ejercicio efectivo de derechos tan claves como la educación, salud, vivienda, recreación, deportes y cultura.
Por ello el video de un niño que de manera clara y diáfana explica con gran sabiduría porque salió al paro, debería obligar al Gobierno y en general a la población adulta del país, a tomar conciencia de lo fundamental que es su participación significativa y protagónica, desechando la premisa de que las niñas y niños son incapaces de expresar opiniones propias.
Le tomó tan solo cincuenta y un segundos a este niño, hacernos entender las razones del paro y sus justas demandas, a él se unió la voz e imagen de una niña que al ser fotografiada dijo: “Ya no quiero ver a mi mami preocupada por la comida.”
Igual de importante que tomar conciencia sobre la participación de las niñas y niños en todo aquello que les afecte, es generar espacios reales donde puedan contribuir, desde sus capacidades, grados de madurez y de manera autónoma, a la construcción de las políticas públicas en beneficio de ellos y sus familias. Espacios que les integre, verdaderamente, como sujetos de derechos y agentes claves de su propio desarrollo y del desarrollo de nuestro país.
Carnes de cañón
Durante el paro nacional, la vulneración de los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de Guillermo Lasso no contemplaron en ningún momento el principio de interés superior del niño y por lo tanto no evitaron causarles afectación, vulnerando así sus derechos.
Las resoluciones emitidas por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del DMQ, fueron desoídas por las autoridades de gobierno, es decir no acataron decisiones legítimas dadas por la autoridad competente, incurriendo en un delito (art. 282 COIP)
La violencia expuesta de forma cruel y descarnada en redes sociales y medios de comunicación, que terminó por reclutar adeptos entre la barra brava de la opinión pública que justificaban la represión y la violencia, tuvo como espectadores mediatos a los niños, niñas y adolescentes del país, a quienes, sin duda, les debemos una explicación.
La falta del enfoque intercultural en el discurso gubernamental y en las noticias impartidas por medios de comunicación hegemónicos, causan graves fisuras sociales que impiden superar la desigualdad, el racismo y clasismo, al tiempo que imposibilitan tener una comprensión clara de la cosmovisión indígena, donde, por ejemplo, la lucha de los derechos se aprende desde la cuna, por ello las niñas y niños acompañan a sus madres a protestar como las acompañan a sembrar y a cosechar la tierra. Por lo tanto, la obligación estatal, desde esta mirada intercultural, debe ser la de proteger a las familias indígenas (ayllus) movilizadas, no cuestionarlas y menos aún atacarlas.
La brutal represión experimentada por niñas y niños en las llamadas zonas humanitarias y en sus territorios, son aspectos que merecen especial atención y análisis por el grado de afectación que a corto, mediano y largo plazo les causará. Por lo tanto, es obligación del Estado investigar y sancionar a quienes se extralimitaron en sus funciones y responder por los daños y el trauma generado en este contexto.
La flagrante desigualdad y las angustiosas diferencias sociales, que fueron la base de las movilizaciones sociales en octubre del 2019 y en junio del 2022, comienzan al nacer y como país no podemos perder la oportunidad de lograr, efectivamente, visibilizar a las niñas y niños y permitirles contribuir con sus valiosos aportes al desarrollo nacional, garantizando, además, que lo que se comprometa en los ofrecimientos de campaña y en los discursos de gobierno, tenga un correlato en la realidad individual y colectiva de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.
Lamentablemente, la violación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, por parte de agentes del Estado, principalmente por funcionarios y funcionarias policiales, cuenta con antecedentes históricos, la protesta de octubre de 2019, así lo ratifica. De ese tiempo a esta parte, el Estado no se ha propuesto prevenir, reparar ni resignificar los daños que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad ha causado en niñas, niños y en general en toda la población.
Las niñas y niños deben tener una respuesta oportuna y eficiente que les permita saber que en Ecuador existe, o al menos debería existir, una institucionalidad que los proteja, sin exclusión ni discriminación. Finalmente y no menos importante, contestando las últimas declaraciones del Presidente Guillermo Lasso, en un país democrático donde las mujeres y los niños son considerados ciudadanos de primer orden y sus derechos son respetados, no hay cabida para pensar que pueden ser utilizados como carne de cañón y menos aún como sujetos de represión.
