Este 02 de mayo, desde las 11:00, en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito, se veía un grupo conformado mayoritariamente por mujeres, algunas con camisetas con las fotografías de sus familiares privados de libertad, otras con globos blancos con consignas escritas con marcador, otras más con carteles con las imágenes de los cuerpos con quemaduras, golpes, moretones de sus familiares en las cárceles del país. Todas en una sola consigna: ¡No están solos!, como un grito de denuncia que llegue al Estado pero al tiempo, que también llegue a sus familiares que denuncian están viviendo una serie de tratos crueles e inhumanos dentro de las prisiones del país, a partir de la declaración de conflicto armado interno, por parte del ejecutivo y de la militarización de las cárceles. Entre las consignas y la convocatoria realizada por las familiares de personas privadas de libertad se realizó un plantón para acompañar la audiencia “de medidas cautelares autónomas por restricción de alimentación a población carcelaria”.
En el boletín del CDH se mencionan las organizaciones y organismos del Estado que estuvieron presentes durante la audiencia: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fundación INREDH, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, la organización Mujeres de Frente y el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Comparecieron el Ministerio de Finanzas y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). También estuvo en calidad de tercero interesado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo, la organización Corredores Migratorios y decenas de familiares organizados.
Durante la audiencia se escucharon distintas consignas y exigencias por parte de las familiares que exigen un trato digno a las personas privadas de libertad. Vienen denunciando el incremento de casos de tuberculosis, parasitosis, la falta de agua, la escasez de alimentos, la nula atención médica a personas que viven distintas dolencias (diabetes, vih, cáncer y más…).
Las familiares denunciaron que las personas privadas de libertad en la Cárcel de Machala se ven sometidas a tratos crueles e inhumanos: privación de alimentos, de baños, denuncian que hacen sus necesidades en fundas, que dada la cantidad de personas por celda duermen (si acaso pueden) sentados uno junto al otro. La situación no es distinta en la Cárcel de Latacunga: «No nos dejan visitarlos en la cárcel de Latacunga porque no quieren que se sepa del maltrato, de la tortura. No sabemos si nuestros familiares están vivos o muertos» afirmó una de las familiares.
En los últimos días se conoció que la empresa encargada de suministrar alimentos en las cárceles del sur del país interrumpió en su totalidad la entrega de alimentos debido a que el Estado no ha realizado el pago respectivo desde hace varios meses.
Las familiares han denunciado que el alimento se ha reducido a raciones de una porción al día, situación que se mantiene en el resto de cárceles del país, incluyendo el Centro de Rehabilitación de Atención Prioritaria para Mujeres – Quito, en el que se encuentran mujeres embarazadas o con niños menores de cuatro años de edad, donde afirma que solo reciben dos comidas al día. Según el boletín de CDH “los centros carcelarios de Guayas y del resto de provincias estarían en inminente peligro de sufrir restricción de alimentos debido a deudas arrastradas por varios meses con las empresas contratadas para brindar el servicio”. Mientras se desarrollaba el plantón, otro grupo de familiares se encontraba en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, esperando que les permitan ingresar alimentos. Hasta el día sábado 27 de abril habían logrado ingresar tres camiones de alimentos, pero estos han sido insuficientes para toda la población carcelaria que supera las 4300 personas. Ellas se han organizado porque han visto en las audiencias o conocen a través de los testimonios de presos que salen en libertad que están viviendo el hambre.
“Tenemos que ser más humanos, porque aquí (en las cárceles) está habiendo tortura”, menciona otra de las familiares quien prefiere no decir su nombre.
En los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, se sentía la indignación de las familiares, buscaban que se exponga una a una sus historias que dan cuenta de las torturas, golpes y vejaciones a las que están sometidos sus seres queridos. Lloran mientras buscan que alguien las escuche, exigen que se reconozca que la vida de las personas privadas de libertad importan. Entre gritos de indignación y a momentos lágrimas de frustración e incertidumbre mencionan que no merecen morir en esas condiciones; además afirman que hay personas que están en peores condiciones, y son las migrantes que no tienen a nadie cerca o alguien que pueda estar atento a su situación. Las mujeres que están con infecciones en las vías urinarias por la falta de agua, y que no cuentan con toallas sanitarias incluso para su ciclo menstrual.
Denuncian además que el alimento escaso que les dan es rociado con gas antes de que coman. Situaciones que se ven agravadas día con día, pues son cinco meses en los que no se les ha permitido visitar a sus familiares dentro de las cárceles.
La audiencia duró cuatro horas, finalmente concluyó con la resolución a favor de la demanda presentada por las organizaciones de derechos humanos, disponiendo:
- Que en el plazo de 15 días el Ministerio de Economía y Finanzas desembolse los valores económicos solicitados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad – SNAI para que esta institución garantice el derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad.
- El SNAI deberá informar en el plazo de tres meses sobre el trámite de contratación de la empresa que estará a cargo del suministro de alimentación en la zona sur del país. Se requerirá la supervisión de la Contraloría General del Estado.
- El Ministerio de Economía y Finanzas y el SNAI deberán adoptar mecanismos para mejorar el proceso de pagos puntuales.
- Que la Defensoría del Pueblo vigile el cumplimiento de la sentencia y emita informes quincenales y mensuales.
“Ganamos una audiencia, pero la batalla sigue…” afirmó Gabriela Anangonó, vocera de los familiares de personas privadas de libertad de la Cárcel de Cotopaxi.
Las familiares seguirán recogiendo donaciones hasta que se resuelva la situación con el Ministerio de Finanzas y el Snai en los quince días que dispuso el juez al aceptar el pedido de medidas cautelares.
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