Trabajadores de centros de cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores están impagos

Sobre una colchoneta, July, de 24 años de edad, luce frágil. Si alguien no la llevara en brazos hasta su silla, no podría levantarse; se quedaría ahí, sin poder impulsarse con manos ni piernas; no logra sostener la cuchara para alimentarse y aunque controla esfínteres, necesita que la trasladen y la asistan para usar el sanitario.

El ceño fruncido y los músculos de su rostro contraídos me dan la idea de que el ejercicio le causa dolor, pero lo que descubro en minutos, al verla más detenidamente, es su esfuerzo, no se rinde; es como de teflón. Resiste, resiste, resiste.

El fisioterapista Henry Quinga trabaja con ella en estiramientos; es parte de la terapia física. Ella enfrenta lo que él denomina “acortamiento de miembros”. Sus músculos están rígidos, su tronco puede arquearse solo un poco. 

La parálisis cerebral se caracteriza por la espasticidad, un trastorno del sistema nervioso central, que provoca que los músculos pierdan flexibilidad y se vuelvan rígidos, lo que dificulta y hasta impide el movimiento que nos deja caminar, tomar objetos, mantenernos en pie, degustar, hablar… Suena tan básico, pero no lo es. Y mientras envejecemos iremos sintiendo que movernos nos cuesta más.

Al ingresar en la Fundación Ayudemos a Vivir, en Conocoto, sobre la avenida Jaime Roldós, por el puente siete de Conocoto, se emprende un viaje del que no se puede salir sin cuestionarse sobre la forma en que subestimamos lo que hacemos cada día. Por ejemplo, levantarnos de la cama de un brinco, en ocasiones; también caminar y correr nos parecen acciones mecánicas, niveles ‘superados’, cuando somos niñas y niños. 

El común de la gente ha dejado de ver la magia de mover piernas, brazos, manos y dedos. No es solo eso, también damos por hecho que las personas, cada vez que cumplen años, se volverán más y más independientes y que un día se irán de casa o bueno, se valdrán por sí mismas. 

Karina Marín, escritora, investigadora en estudios críticos de la discapacidad y mamá, nos abre los ojos. Ya es tiempo de sacarse esas ideas —apunta— de que todas y todos somos cuerpos autónomos que podemos valernos por nosotros mismos prácticamente desde la niñez.

Es una idea —reflexiona— que inaugura la modernidad como la conocemos y es un activo fijo en la ideología capitalista, en ese mundo en que requiere de cuerpos autónomos y productivos. 

Así, que todos los cuerpos dependientes y que perpetúan la necesidad de cuidado, más allá de los primeros años, no le sirven al capital.

Pocos se ponen en el lugar de madres adultas mayores como Dolores Muñoz. Lolita, como la llaman, cambia pañales a hombres y mujeres de 15 a 54 años de edad (en el centro admiten a personas de hasta 64 años, 11 meses y 29 días). Junto a sus compañeros ayuda a repartir platos y a servir las comidas, en cuatro momentos del día; también limpia las instalaciones. 

Ella trabaja para la fundación desde el 2000. Pero empezó, hace 30 años, junto a Rosa Romero, con el proyecto de crear un espacio para chicos como su hijo Jimmy, quien nació con epilepsia, discapacidad intelectual profunda y parálisis cerebral. Cuando le alertan porque tuvo una “crisis”, que le hace temblar, ella se acerca y lo abraza, lo llama “Jimmycito”.

Mientras conversamos, un adolescente, que estudia en un colegio de la zona, saluda a Lolita. Hace una pequeña pasantía en el lugar, a manera de trabajo comunitario, por faltas disciplinarias. Me cuenta que ya no sabe a quién más dar gracias por la vida que tiene. Ha pasado, por primera vez en su vida, junto a personas con discapacidad intelectual y física severa. No imaginaba que hombres y mujeres mayores que él pudieran ser tan vulnerables, que necesiten de su ayuda y cuidado constante.

Minutos antes lo vi de pie, dándole de comer en la boca a Brandon, quien frecuentemente intenta abandonar la mesa. Su tarea implica más energía que lo que se requeriría para cuidar de un niño pequeño, ya que está a cargo de un chico más fuerte que él. Para que esté cómodo le ayudó a sacarse una especie de casco azul acolchado, que evita que se haga daño, cada vez que se golpea contra las paredes, más que nada durante las crisis de epilepsia. Lo ha mordido en el primer descuido. Tiene autismo y discapacidad intelectual.

Ayudemos a Vivir es parte de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, un colectivo formado por más de 70 agrupaciones sociales, que sirven a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de trata de personas, víctimas de violencia y más población vulnerable. Están en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura.

Los primeros días de junio del 2025, la Red dirigió una carta pública al presidente Daniel Noboa, al ministro de inclusión Económica y Social, Harold Burbano; y a la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya. Además a la Asamblea y al Consejo de Protección de Derechos de Quito y a la Defensoría del Pueblo.

En la carta se recuerda que desde hace décadas, estas organizaciones han implementado políticas emanadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de convenios de cooperación.  

"Tenemos la capacidad técnica, administrativa y ética para llevar a cabo tareas tan sensibles como las de acompañar a familias en situación de vulnerabilidad, promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes e incluso acoger a quienes no tienen referentes parentales, han vivido situaciones de violencia”, se lee. 

Daniel Rueda, uno de los voceros de la Red, corroboró que el MIES no les ha desembolsado los recursos acordados en convenios, desde hace unos seis, siete y ocho meses. Eso implica —detalló— que haya educadoras, terapistas, psicólogos y más personal sin cobrar sus sueldos de noviembre y diciembre 2024 y en lo que va del 2025.

Se trata de personas que trabajan en centros de desarrollo infantil, para niñas, niños de 0 a 3 años y adolescentes; así como quienes están a cargo del acogimiento de chicos y chicas privados de su medio familiar (huérfanos o separados de sus padres por casos de negligencia), víctimas de delitos como trata, adultos mayores y personas con discapacidad.

"Según los análisis que hicimos, la deuda es de más de 5 millones de dólares aproximadamente. Solicitamos que se abra el diálogo al más alto nivel. Pedimos que se cumpla con los convenios de pago; hicimos un plantón, en el que participaron educadoras y la Policía nos lanzó gas", puntualizó Rueda.

En la carta pública, la Red solicita que se declare en emergencia al sector social, a escala nacional. Y la elaboración e implementación de un plan integral de gestión y pago de convenios.

"Es crucial establecer un plan que garantice el cumplimiento inmediato de los convenios firmados entre las organizaciones sociales y el MIES, asegurando que se regularicen los desembolsos adeudados y la planificación futura, para evitar futuras interrupciones".

Además, las organizaciones piden que se establezca una mesa de diálogo permanente de alto nivel, del que participen el MIES, Finanzas, la Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo y los Consejos de Protección de Derechos.

Henry Quinga tiene 38 años de edad y casi siete de ellos trabajando en la Fundación Ayudemos a Vivir. En la ficha del MIES, su cargo es de auxiliar de facilitación. Es fisioterapeuta.

"En enero, un viceministro nos dijo que el dinero, las partidas estaban ahí. Que no nos preocupemos, que la paga sería más fácil, que dependería de que entreguemos la documentación al día y que recibiríamos el sueldo mensualmente", señala.

En estas organizaciones —según personas entrevistadas no solo de esta fundación— se han acostumbrado a recibir sus pagos cada dos y máximo tres meses. Lamentablemente, durante varios gobiernos, de modo repetitivo, no se ha logrado resolver el problema de los retrasos en transferencias económicas, por ejemplo para casas de acogida de mujeres víctimas de violencia. 

Sin embargo, desde las organizaciones se hace notar que es la primera vez que el MIES se ha tardado tanto y ya en el séptimo mes del año no ha puesto un plazo para el pago de lo adeudado.

"Antes, el MIES se demoraba dos meses o tres exagerando. En enero, luego de lo que nos dijo el viceministro cuando fuimos a la plataforma norte (en Quito), pensamos que nos pagarían lo que nos debían. No sé si nos lo dijeron por la campaña política (presidencial)", reflexiona Quinga.

Henry Quinga tiene dos hijos de 17 y 15 años. Su esposa también tiene un trabajo remunerado pero no les alcanza. "Hay muchos problemas a nivel personal y familiar. A veces me dicen que trabajo tanto y no logramos cubrir las deudas. En la fundación estoy de 08:00 a 17:00, de lunes a viernes, así que he buscado pacientes que atiendo incluso muy temprano y hasta la noche", cuenta.

En este año, el fisioterapeuta ha enfrentado problemas para dormir. A veces se estresa y amanece despierto pensando de dónde sacará dinero. Se pregunta si quizá debería dejar ese trabajo y dedicarse a buscar más pacientes de forma particular. Pero piensa en July, a quien en la hora de la comida, le pregunta si quiere una porción de majado de verde, que están sirviendo como desayuno. 

Con voz gutural, ella le dice que sí comerá; de su mochila ubicada detrás de la silla de ruedas, él saca unas galletas de sal, las cubre con yogur y las aplasta con una cuchara. Enseguida la lleva a la boca de la chica.

Por unos segundos se detiene a preguntarle a Emily, otra muchacha con parálisis cerebral, que se caracteriza por mantener una sonrisa, que me hace pensar que en casa le deben tratar con todo el amor del mundo. También me llama la atención el detalle de su manicura impecable, en tono rosa, como su silla de ruedas.

¿Quieres comer Emi?, le pregunta Henry y ella sin mover la cabeza, solo con los ojos, le responde que no. Es un movimiento casi imperceptible si no se pone atención (siendo honesta, le pedí que le consulte otra vez, para fijarme en su respuesta). 

Emily tiene otro hermano, David, de 27 años, también con parálisis cerebral. Él parece estar alegre cuando Vianka está cerca. Ella le acaricia la mano. Ambos sonríen cómplices y juguetones.

Henry, como Shirley y el resto del personal de la fundación se han encariñado con el grupo. Ambos cuentan que en ocasiones July está más triste y requiere un abrazo. Él reitera que su única limitación es física. 

"Tenemos que trabajar en el estiramiento de sus piernas y brazos, aunque le cause dolor al principio. Sería perjudicial para ella quedarse sin terapia física; los músculos se contracturarían mucho más. Imagínese la molestia que se siente con los calambres en las piernas; ellos, cuando sus músculos se acortan, sienten calambres pero más dolorosos", explica y también que July vive con parálisis cerebral atáxica.

Valeria Chávez, de 35 años, ha trabajado en la fundación, en otras oportunidades. Pero se volvió a vincular hace un año. Es fisioterapeuta, se encarga de trabajar con los chicos y chicas en su parte física; su cargo es de auxiliar de facilitación. 

Aparte de ser profesionales —recalca— quienes trabajamos con personas con discapacidad somos madres y padres y mantenemos una casa. “Me resulta complicado no haber recibido el sueldo durante todo este año (ya corre el mes de julio del 2025). En mi caso son alrededor de 817 dólares al mes (no ha cobrado nada desde enero a junio)”.

Valeria tiene dos hijas de 18 y 13 años. Su esposo también trabaja, pero a su familia sí le hace falta su aporte mensual. Así que también busca pacientes particulares, por lo que regresa en la noche a su hogar. “Mis hijas son adolescentes y siento que tendría que estar más pendiente de ellas, pero no puedo por la situación económica”.

Algunos colegas que conocen que trabaja con adultos con discapacidad intelectual, con casos complejos de parálisis cerebral le dicen: “uy, no trabajaría con pacientes neurológicos”. 

Sin embargo, a Valeria le parece que su labor es importante. Acepta conversar, cuando termina una terapia con Jorge, un joven que camina, pero tiene atrofia muscular en sus piernas. Necesita fortalecerlas, por lo que mientras él está sentado en una silla, ella le ayuda a mover sus piernas como si estuviera enseñándole cómo pedalear una bicicleta.

No es un caso tan complicado como el de otros jóvenes de la fundación, que necesitan cuidar articulaciones y columna, para que no se deformen más. “No queremos que empeoren. Si se quedaran en casa, sin actividad, todo se complicaría, inclusive podrían desarrollar escaras en la espalda”.

La fisioterapeuta permanece en silencio unos minutos. Respira y comenta que ella trata de ponerse en los zapatos de las madres de quienes asisten a la Fundación Ayudemos a Vivir. “La mayoría está sola. Me quedo pero es difícil seguir, hasta la Biblia dice que todo trabajo debe ser remunerado”.

Ramiro Arauz, terapeuta ocupacional, de 27 años de edad, también lleva un año en la fundación. Se encarga de promover la participación de los chicos y chicas en actividades artísticas, como parte de su desarrollo integral. Además los incentiva para sumarse a labores en el huerto (cosecharon maíz hace unos meses) y les enseña a realizar tareas de la vida diaria, consideradas básicas, como vestirse sin ayuda, etc.

Apenado, Arauz dice que les dolió mucho despedir a su compañera Nelly, quien no pudo soportar más tiempo sin cobrar su sueldo. “No tengo un hijo o una esposa que dependan de mí, pero debo ayudar a mi madre, a mi hermana con su hijito y a mi abuelo”, aclara.

Al igual que sus compañeros, para sortear la falta de pago del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ramiro Arauz atiende pacientes de forma particular. Pero le preocupa que no se valore su trabajo. 

“Es desgastante, un reto trabajar con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Me ha tocado recibir golpes de uno de los chicos con autismo. Algunos no siguen instrucciones, sus cuadros son complejos y demandantes. Otros muestran rasgos agresivos y tenemos que estar pendientes todo el tiempo”.

Dolores Muñoz, Lolita, le da la razón. Ama con todo su ser a Jimmy, pero sabe que ni para ella como madre ha sido fácil criarlo, mucho menos para terapeutas cuidar de él y de sus compañeros.

Cuando Jimmy nació, ella trabajaba en una llantera, como ayudante de contabilidad; y estudiaba en la universidad, pero tuvo que abandonar la carrera de Auditoría, en el cuarto año; debía concentrarse en él. Tiene un hijo menor, de 25 años, pero su matrimonio no duró. Se quedó sola y así ha logrado sacarlos adelante.

"Nunca hemos pasado por esto. El MIES, en ocasiones, nos ha adelantado los recursos. Necesitamos pagar al personal, también ayudarnos con la alimentación de nuestros hijos, son población de alto riesgo, tienen discapacidad", afirma Rosa Romero, de 62 años. 

"Sí, he ido al MIES y les he dicho las verdades. Estoy endeudada con la tarjeta de crédito, para costear los alimentos", cuenta. Dentro de los servicios que ofrecen están un desayuno, un snack, el almuerzo y otro snack, en la tarde, en total cuatro comidas.

Hace tres décadas, ella se cansó de sufrir porque no le alcanzaba el dinero para costear el pago mensual en un centro, en donde dejaba a su hijo Panchito, quien hoy tiene 38 años. Además de no contar con recursos económicos para cubrir ese servicio, ella se dio cuenta de que su hijo era violentado, no estaban capacitados para cuidarlo y brindarle la atención necesaria.

“Incluso descubrí que se burlaban de nosotros. Lo tenían amarrado. Así que le pedí a Dios que me ayude a que supere la leucemia y le prometí que dejaría todo para crear un espacio para nuestros hijos, para gente pobre. No pensé que habría tantos. Ahora tenemos 60”, relata. 

Panchito inspiró a su madre Rosa a buscar un lugar, en donde lo cuiden, le enseñen y comparta con pares. Él tiene parálisis cerebral, discapacidad intelectual profunda y autismo. 

No todos los representantes de fundaciones y centros de ayuda están dispuestos a hablar públicamente sobre los problemas económicos que atraviesan. Una representante de un centro de cuidado de niños y adolescentes pidió mantener en reserva su nombre y el de la organización a la que pertenece. Dijo sentir temor de que el Ministerio no quiera firmar un nuevo convenio, pese a que lo ha hecho por años.

“Nuestras niñas y niños han sido retirados de sus medios familiares con medidas judiciales por maltrato. Mientras se busca que los acojan sus parientes viven en esta casa de acogida, que funciona las 24 horas del día, 365 días del año. Nos preocupa el retraso de todo este año porque tenemos que pagar sueldos del equipo técnico y a los proveedores de alimentos y más”, comentó.

Otro dirigente de un centro de cuidado de población infantil indicó que les inquieta escuchar que autoridades les digan que su servicio está financiado por gasto de inversión y que el Estado no tiene recursos. 

Además comentan que el MIES supuestamente se ha demorado en emitir el Comprobante Único de Registro de Transferencia o Pago (CUR) para los cooperantes. Este comprobante es parte del proceso de desembolso de fondos y asegura la correcta gestión de los pagos. 

“Calculamos que el primer desembolso podría llegar en septiembre, para cubrir los meses que nos deben. No sabemos cómo podremos seguir”, señalaron los dos representantes.

En la Fundación Hogar de la Persona Adulta Mayor, Santa Catalina Labouré tampoco han recibido el desembolso del MIES, que permite cuidar de 60 adultos mayores, en situación de calle. La denuncia sobre este caso la hizo Luis Fernando Molina, asambleísta de la Revolución Ciudadana, los primeros días de julio. 

“Es impensable que la última cuota haya sido en diciembre (2024). Abriremos un proceso de fiscalización y queremos saber la situación de asilos y casas hogar a escala nacional”, sostuvo y también que responde a un llamado de quienes regentan esa fundación.

El Hogar de Ancianos Santa Catalina Labouré está ubicado en La Recoleta, en las calles San Vicente de Paúl E2-142 y La Exposición, en el Centro de Quito. Es administrado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, originarias de Francia. Llegaron al país en 1870.

En este hogar se recibe a adultos mayores, la mayoría en condiciones de vulnerabilidad, ya que buena parte fue encontrado en situación de calle, sin familiares, sin techo, sin comida, están abandonados. Por lo que se les ofrece alojamiento, cuidados médicos y acompañamiento emocional y espiritual.

De los 60 adultos mayores que residen en el centro, 50 % aporta con un rubro básico. Se sostienen con la transferencia del MIES. Hay una mujer, de más de cien años de edad, exactamente de 107 años. 

La Periódica buscó la posibilidad de visitar este hogar, sin embargo las religiosas prefirieron evitar entrevistas, para no ser llamadas la atención por el Ministerio. Únicamente se conoce que la deuda estatal bordea los 80.000 dólares por seis meses. Se han organizado rifas, ventas solidarias y colectas, pero no alcanza el dinero.

El 24 de junio, educadoras de los centros de desarrollo infantil se concentraron frente al Palacio de Carondelet y también en la Plataforma Gubernamental Sur, en Quitumbe. Reclamaron, con carteles y gritos, la falta de pagos desde hace cinco y seis meses.

Ellas comentaron que están endeudadas, que no han logrado reunir dinero para pagar los arriendos de sus departamentos, que ya no tienen recursos para alimentar a sus hijas e hijos ni para movilizarse a los centros de desarrollo infantil. Alertaron que los proveedores que brindan el servicio de alimentación para los pequeños ya no entregarán más raciones. 

No es la primera vez que quienes trabajan en estos centros de cuidado reclaman públicamente por la falta de pago. El 3 de abril, educadoras y proveedores de alimentación hicieron un plantón en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, ubicada en el norte de la ciudad, en donde queda el Ministerio de Economía y Finanzas.

En su protesta  gritaron: "¡Noboa escucha, educadoras en la lucha! y ¡Queremos nuestros sueldos!". La mayoría de personas que trabajan en tareas de cuidado en estás áreas son mujeres.

Un mes antes, el 26 de marzo, Alexandra Sánchez, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Educadoras en Desarrollo Infantil Integral (ASEDI), envió una carta de reclamo al Subsecretario de Desarrollo Infantil del MIES, Miguel Vásquez, pero no han tenido respuesta.

También, las educadoras han evidenciado su desesperación porque en el MIES no les han dado ninguna solución clara. En junio les dijeron que el CUR de pago de diciembre del 2024 se hará efectivo en unos 90 días.

Karina Marín, además de escritora e investigadora, madre de un joven con discapacidad intelectual de 20 años, sacude con una opinión en torno a por qué el Estado ha dejado de pagar por los servicios de estos centros de cuidado de población vulnerable, en Ecuador.

"Esos son los primeros cuerpos que se desechan, cuando hay crisis. A quienes hacemos estudios al respecto no se nos olvida que la población con discapacidad fue la primera en ser exterminada a la llegada de la Alemania nazi. No fueron judíos ni descendientes de africanos o gitanos sino quienes tenían discapacidad. Guardo un afiche en alemán, en el que se lee que estas personas cuestan mucho dinero y al ciudadano le decían: ‘es tú dinero’, para justificar ese genocidio. Son siglos y siglos de ese mismo discurso", comenta.

Para muestra un botón, reitera Karina y compara lo que viven las organizaciones de la sociedad civil y el MIES con lo que pasa en Argentina, en donde están luchando para no perder las pensiones. El 10 de julio, el Senado votó a favor de preservar las pensiones para las personas con discapacidad.

El Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad dijo que la jornada fue histórica. Los senadores aprobaron la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En una reseña de France 24 se muestra que el sistema de atención para personas con discapacidad atraviesa una crisis. Los prestadores confirman que hay retraso de más del 70% de los valores que paga el Estado. Las organizaciones en Argentina, como está pasando en Ecuador, enfrentan dificultades para pagar los sueldos e insumos básicos, como los alimentos para la población que atienden.

Ante la amenaza de veto del presidente Xavier Milei, el 19 de julio, prestadoras de salud de Buenos Aires, pacientes y familiares de personas con discapacidad llegaron a El Obelisco, para una noche de velas. Se prepara una marcha federal, para los próximos días, según Página 12.

Karina Marín dice que le “enfurece, entristece, pero no le extraña” lo que están viviendo estos centros. 

“No te mandan a matar como en Gaza (refiriéndose al genocidio que se perpetra ante la población Palestina por parte de Israel con complicidad global), te dejan morir de hambre sin cuidados. Les parece que son una carga porque además en el caso de la población con discapacidad intelectual están fuera del sistema de inclusión”.

La Constitución garantiza la integración de las personas con discapacidad en la educación regular. En la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, por ejemplo, en el artículo 47, se señala que los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad y a ofrecer adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades. 

Pero, en la práctica, es complicado que las escuelas integren a niños y niñas con autismo o con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad o con disfunción ejecutiva o altas capacidades. 

En septiembre del 2024, padres de familia de un niño con autismo hicieron público su pesar, ya que habían intentado encontrar un cupo, en 15 planteles de Quito. Y no lo lograron. En un colegio privado, en donde el padre estudió la primaria y secundaria, inicialmente les dijeron que sí tenían plazas, pero finalmente, tras conocer su condición, les respondieron verbalmente que no podían admitirlo. Incluso presentaron una acción de protección. 

Eso para evidenciar cuán complicado es para las madres y padres de familia ubicar a sus hijos e hijas con discapacidad intelectual en centros. Por eso, para las madres que fundaron Ayudemos a Vivir resulta preocupante perder el servicio, que recibe a sus hijos de 08:00 a 17:00, de lunes a viernes. Al momento ya perdieron a la psicorehabilitadora, que trabajaba en lo cognitivo, conductual y de emociones.

En la fundación hay jóvenes, que no han encontrado otros espacios. Por ejemplo Víctor, de 20 años, tiene el síndrome de Dandy-Walker, una condición congénita, que trae hidrocefalia, afecta el cerebelo, que como parte del sistema nervioso central ayuda a coordinar los movimientos, mantener el equilibrio y la postura y tiene que ver con las funciones cognitivas y emocionales.

Karina Marín, madre e investigadora, dice que desde la niñez, la población con discapacidad intelectual ha estado excluida, no han tenido oportunidades de educación, de vivir en sociedad y son vistas como una carga para las familias y el propio Estado. “Es súper complejo, ya que las familias también necesitan conseguir dinero para sostenerlos y no pueden porque les toca quedarse en casa cuidando de ellos, me ha pasado a mi”.

El MIES no responde

El viernes 4 de julio del 2025, La Periódica consultó al MIES, a través de su Departamento de Comunicación, el por qué del retraso en las transferencias a estas organizaciones.

Además, se les preguntó a cuánto asciende la deuda y con cuántas fundaciones y otros centros mantienen compromisos pendientes. Y cuál es la solución que el ministro Harold Burbano ha encontrado o estudia para solucionar esta situación. Les solicitó una entrevista o que contesten por escrito. Hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

Si bien el MIES asegura haber desembolsado 97 millones de dólares en el primer semestre de 2025, los montos no cuadran y evidencian una importante disminución frente a la magnitud de la cobertura y las inversiones de años previos, como se puede observar al comparar esa cifra con datos de sus propias rendiciones de cuenta.

Así, por ejemplo, el servicio de atención a la primera infancia —que en 2024 representó una inversión de 91,6 millones de dólares para beneficiar a más de 290.000 niñas, niños y madres gestantes— pone en duda la suficiencia del monto total informado este año para cubrir todos los programas sociales.

De los 97 millones anunciados, apenas 10 millones fueron destinados a los proveedores de servicios administrados directamente por el MIES, y otros 7 millones sirvieron para saldar deudas del ejercicio fiscal anterior. Esto sugiere que los recursos realmente invertidos en la continuidad de servicios nuevos o actuales son mucho menores, a pesar de que se mantienen los niveles de cobertura. La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil no puede garantizar hasta cuándo será posible sostener sus servicios.

El contraste con las cifras de 2022 es más evidente: ese año, el MIES destinó más de 164 millones de dólares únicamente al servicio de Desarrollo Infantil Integral, mientras que los servicios para personas adultas mayores representaron una inversión de 53,1 millones. Por lo que, los 97 millones anunciados en un comunicado de prensa en este 2025 lucen insuficientes frente al compromiso histórico y el número creciente de población vulnerable, si se toma en cuenta el desempleo y la pobreza en el país. 

Este desfase evidencia el peso de la deuda que el MIES mantiene con cooperantes y proveedores, quienes continúan operando servicios esenciales sin pagos oportunos. El retraso no solo compromete la sostenibilidad de las organizaciones ejecutoras, sino también la calidad y continuidad de los servicios que reciben las poblaciones más vulnerables del país.

Han pasado 22 días desde que La Periódica envió el pedido de información al Departamento de Comunicación del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). También se les indicó que se podría entrevistar al funcionario que designen. Lamentablemente por segunda ocasión, el MIES no responde. Sucedió también meses atrás con la nota publicada sobre la situación de niños y adolescentes del Hogar Enríquez Gallo. Es lamentable no poder contar con una reacción, una respuesta, una explicación para quienes dirigen estas organizaciones, que cuidan de niñas, niños y adolescentes, adultos y adultas mayores y personas con discapacidad. A ellos se les debe una respuesta, un plazo.