Educadoras y proveedoras de alimentación de los servicios del MIES reclaman al gobierno el pago de 5 meses de sueldos atrasados
La mañana de este 3 de abril de 2025, educadoras y proveedoras de alimentación a los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realizaron un plantón en el interior de la Plataforma Gubernamental Norte, en Quito, exigiendo que se pague a las organizaciones con las que la cartera de Estado mantiene convenios de cooperación interinstitucional. De ese modo podrán cancelarles sus salarios por los servicios de cuidado que brindan a sectores vulnerables que se encuentran a cargo de la atención del MIES.
Decenas de mujeres trabajadoras de servicios de alimentación y educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), así como centros de atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad de varias provincias del país denunciaron durante el plantón que el Estado ecuatoriano ha incumplido con los pagos en el curso de los últimos 5 meses.
Para septiembre de 2022, durante la administración del expresidente Guillermo Lasso, el MIES informaba que, por medio de la política de desarrollo infantil, a escala nacional se atendía a 271 424 usuarios, con una inversión de US 181,4 millones. Esto era para el funcionamiento de 1 989 CDI y 4 606 unidades de atención Creciendo con nuestros hijos (CNH).
Para enero de 2025, según el Informe mensual de gestión de los servicios de desarrollo infantil integral y del estado situacional de su población objetivo en los servicios CDI-CNH-CNHAD del MIES, el servicio de Desarrollo Infantil Integral registra la asistencia de más de 229 mil usuarios que corresponden a CDI y CNH (niñas, niños de 0 a 3 años de edad y mujeres embarazadas). Las cifras muestran una disminución de la cobertura de 40 mil usuarios en los últimos 28 meses.
A escala nacional hay dos tipos de CDI, los de administración directa del MIES (75,6 %) y los que funcionan a través de cooperantes (24,4 %). Así, esta cartera de Estado firma cada año convenios de cooperación técnico económico con Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y entidades públicas, las cuales deben garantizar el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en la normativa vigente. De estos CDI por cooperación interinstitucional, los que funcionan bajo administración de organizaciones de la sociedad civil (fundaciones laicas y religiosas) alcanzan el 36,6 % de la cobertura, es decir atienden a 26 446 usuarios.
Y es aquí donde radica el problema. Son estos CDI quienes se ven afectados por la política de retrasos en los pagos de sus servicios y salarios.
¿Qué dice al respecto el gobierno de Daniel Noboa tras un año en el poder?
El MIES evaluó los 1 851 CDI entre el 26 de agosto y el 20 de septiembre de 2024. Esta evaluación se llevó a cabo para renovar los convenios de cooperación técnica y económica. Según el informe del MIES, durante 2024, se firmaron 474 convenios que abarcan a un total de 71 255 usuarios mediante la apertura de 1 771 unidades de atención. Además, 21 convenios están pendientes de firmar, con ellos se atienden a 2 781 usuarios a través de 68 centros de desarrollo infantil. Finalmente, 9 convenios están pendientes de generarse, con ellos se atendería a 915 usuarios, con la apertura de 21 unidades de atención.
Para noviembre de 2024, según lo recoge la periodista Sofía Montoya para Radio Pichincha, el entonces viceministro (y actual ministro) del MIES, Harold Burbano, negaba las acusaciones de despidos a educadoras y pagos pendientes a proveedores. En ese momento, catalogó a estos servicios como «privados», pues funcionan en convenio con fundaciones, y son éstas las que no pagan y han despedido al personal. Así también, la entonces ministra del MIES (y actual gobernadora de la provincia de Guayas), Zaida Rovira, ante el cuestionamiento por los retrasos en pagos y despidos respondía: «si hay responsabilidad en las fundaciones, porque tendría el MIES que asumir esa responsabilidad».
Educadoras sostienen carteles denunciando el impago de sus haberes por parte del gobierno ecuatoriano en el interior de la Plataforma gubernamental Norte, Quito. 3 de abril de 2025. Foto: Daría
El plantón en la Plataforma gubernamental de gestión financiera
«¡Noboa escucha, educadoras en la lucha!» y «¡Queremos nuestros sueldos!» son las consignas que resonaron en la recepción de la Plataforma Gubernamental Norte donde se alojan oficinas de diversos servicios públicos y ministerios como el de Finanzas en Quito.
Con flautas dulces, vuvuzelas, tapas de ollas y silbatos, las manifestantes se hicieron escuchar el jueves 3 de abril, en medio de la mirada apacible de cientos de personas que acuden diariamente a realizar trámites en la edificación. Conversamos con tres mujeres que participaron de la acción de protesta, dos de ellas nos brindaron su testimonio de manera anónima pues temen represalias por denunciar los constantes retrasos en sus pagos. Ambas aseguraron que no es la primera ocasión que un gobierno no les paga sus haberes, pero es la primera vez, en más de 15 años, que el retraso se da de manera ininterrumpida durante 5 meses.
El plantón no ha sido la primera medida de reclamo ante esta situación, con fecha 26 de marzo de 2025, la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Educadoras en desarrollo infantil integral (ASEDI), Alexandra Sánchez, envió un reclamo formal ante el Subsecretario de desarrollo infantil del MIES, Miguel Vásquez. Denunció el impacto psicológico y económico que viven las educadoras de los CDI por los constantes retrasos en los pagos de sus salarios. Además informó que como asociación se declaran en resistencia (no acudirán a sus lugares de trabajo) y convocarán a manifestaciones hasta que el Estado salde su deuda.
¿Quiénes son las personas usuarias de los servicios que brindan las educadoras y proveedoras que se manifestaron?
El informe del MIES da cuenta que en los CDI bajo convenio, el 58 % de niñas y niños atendidos están en condición de pobreza o extrema pobreza, según el Registro Social (métrica 2018). Son infantes de entre 1 y 3 años de edad que se benefician del cuidado diario, a través de actividades de juego y enseñanza. En el CDI también se entregan cuatro de las cinco comidas del día: desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo y refrigerio de media tarde. En esos centros, los infantes pueden acceder a atención en salud y nutrición, estimulación temprana y de motricidad. Pero también se benefician de estos servicios, personas con discapacidad y personas adultas mayores que viven dentro de los geriátricos que mantienen convenio de cooperación interinstitucional con el MIES.
¿Quiénes son las personas perjudicadas por este retraso en el desembolso de salarios y compromisos adquiridos por el Estado? Mujeres educadoras, que en su mayoría son madres y jefas de hogar. Así como el conjunto de las personas a su cargo.
Decenas de trabajadoras de servicios sociales que atienden a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad denunciaron 5 meses de retraso en el pago de sus salarios a cargo del MIES. Quito. 3 de abril de 2025. Foto: Daría
Conversamos con Sor Alexandra Macías, integrante de la Fundación por el adulto mayor Santa Catalina Labouré (La Recoleta – Quito) y comentó que actualmente trabajan en la institución 23 personas, mayoritariamente mujeres y a quienes no se les ha podido cancelar sus salarios a tiempo. Reconoce además que a su cargo están 30 personas adultas mayores y con estos retrasos ya no pueden pagar los servicios de alimentación, la compra de pañales y medicinas. “Estamos apoyándonos en donaciones y hemos iniciado la venta de fanesca para cubrir los gastos”, afirmó.
Aunque no se hizo presente ninguna autoridad del Ministerio de Finanzas ni del MIES, un contingente policial llegó a los exteriores de la Plataforma Gubernamental Norte para vigilar la protesta.
¿Qué respuesta ha dado el MIES a los proveedores?
Conversamos con integrantes del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, que atienden a niños y niñas víctimas de explotación y que laboran en las periferías de la capital. No han recibido su salario desde noviembre de 2024 y explicaron que “aunque como institución entregamos la documentación al día para la emisión de nuestros pagos, el MIES aduce que no puede desembolsar y que es problema de su propia unidad financiera”. Una de las testimoniantes anónimas, que trabaja en la provincia de Santo Domingo, comentó algo parecido: “frente a nuestros reclamos el MIES dice que el Ministerio de Finanzas es el responsable”.
Según una fuente reservada del MIES, resultado del plantón en la Plataforma gubernamental, hasta el 16 de abril el Ministerio de Finanzas hará el desembolso y priorizará los valores adeudados a los proveedores de servicios y organizaciones de la sociedad civil con las cuales mantiene convenios de cooperación interinstitucional. Dichas organizaciones darán seguimiento porque a pesar de que varias ya tienen emitidos sus Comprobantes Únicos de Registro (CUR de pago) y el MIES lo sabe, la deuda sigue en pie y el hambre no puede esperar 12 días más.
Desde la redacción de este medio nos preguntamos: ¿Cómo van a comer y pagar sus deudas las educadoras, los proveedores de servicios, sus familias y los propios usuarios de servicios del MIES en las próximas dos semanas?
Si este retraso de cinco y seis meses en los pagos a proveedores y salarios de educadoras se llegara a resolver hasta el 16 de abril, ¿qué asegura que los pagos se regularizarán de aquí en adelante? ¿Nuevamente estas mujeres trabajadoras tendrán que dejar a sus hijos e hijas, a quienes cuidan y sus ciudades de residencia para venir a protestar en un frío edificio de la capital?
