Recibí una llamada de una amiga con la que trabajé hace años en el sector público. Desde hace meses vivía persecución institucional: intentos constantes por orillarla a renunciar, un ambiente cargado de tensión y desgaste. El día de su despido, su hijo —de apenas 16 años— estaba con ella. Presenció todo. Mientras tanto, en ese mismo momento, en rueda de prensa, Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Daniel Noboa, justificaba la medida como un acto para “mejorar la eficiencia del Estado”. ¿Cómo no angustiarse? Escuchar que el trabajo y la dignidad de tu madre se desechan como si fueran un obstáculo para Ecuador es simplemente devastador.
Una vez más, el régimen muestra sus tentáculos y una aspiración de gobierno que vulnera los derechos de madres trabajadoras, mujeres cabeza de hogar con preparación, con años de experiencia y compromiso en el servicio público. Esto sin hablar de lo que ya las organizaciones denuncian a futuro: la debilitación del Estado para después privatizar instituciones y servicios que ahora son públicos, débilmente públicos.
El gobierno de Daniel Noboa ha iniciado una purga disfrazada de eficiencia. No solo se están ejecutando despidos sin evaluaciones técnicas, sin informes públicos, sin criterios transparentes. Pretenden vendernos esta medida como modernización, cuando en realidad responde a una lógica de despojo. ¿El argumento? Que restaban eficiencia. ¿La realidad? Que estorban al modelo de país que quieren imponer: uno reducido, sin derechos, sin Estado que nos proteja.
El presidente Noboa asegura que esta fue una medida que “la gente clamaba por años”. ¿Qué gente? ¿Qué sociedad? ¿La que agoniza en medio de una crisis social, económica y política sin precedentes? ¿La que entierra a sus hijos en medio de la violencia estructural, la extorsión y el abandono?
Reducir ministerios no es eficiencia. Es desmantelar las pocas estructuras que aún sostienen a un país en ruinas. ¿Cómo se puede hablar de fusión entre la Senescyt, Educación, Deportes y Cultura —o entre Ambiente, Energía y Minas— cuando ni siquiera se puede proteger a maestras extorsionadas, a estudiantes reclutados o asesinados en sus propias aulas? ¿Cómo fusionar áreas en conflicto estructural, como el extractivismo y la sostenibilidad?
Esto no es una reestructuración. Es una jugada política para que una élite gobierne sin obstáculos, sin instituciones fuertes, sin voces técnicas ni disidentes. Y sí, nos pasará factura. Porque cada despido injusto, cada ministerio debilitado, cada derecho desmantelado, nos acerca más a un país gobernado por el miedo, y por la injusticia.
