Con el pasar de los años mi abuelo ha perdido su movilidad por problemas en las rodillas. Es algo que vino con su edad y una lesión por practicar deporte; situación a la que nos tuvimos que adaptar porque hay espacios a los que él ya no puede acceder. No fue hasta este momento que caí en cuenta de cómo nuestras ciudades no están diseñadas para personas con movilidad limitada y, peor aún, para personas con discapacidad. Desde falta de rampas para ingresar a edificios hasta veredas muy angostas y altas. Pero no fue hasta que me invitaron a escribir este texto que pensé en todas esa formas menos evidentes en que invisibilizamos a las personas con discapacidad en nuestro día a día. Desde mi posición como mujer, me avergüenza decir que recientemente me puse a pensar cómo viven las mujeres con discapacidad el aborto en Ecuador.
A través de una reunión convocada por La Periódica conversé con Karina Marín, Andrea Mosquera y Verónica Zambrano, integrantes de la Red de Mujeres con Discapacidad en Ecuador, una colectiva de mujeres con discapacidad, mujeres cuidadoras y aliadas que busca crear espacios de formación, apoyo y participación para promover sus derechos. Si algo me quedó claro desde el primer momento es que cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, a las que menos se les pregunta es a ellas mismas. Durante décadas, sus padres, hermanas, hermanos, abuelos, parejas, tías, tutores, hasta el personal médico han sido quienes deciden por ellas, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Cuando en realidad, y lo han dicho fuerte y claro las integrantes de la Red, lo que quieren es la libertad de decidir.
Hablar de autonomía de las mujeres en el siglo XXI es un reto, hablar de la autonomía de las mujeres con discapacidad lo es aún más. En especial cuando hablamos del derecho a un aborto libre, seguro y gratuito porque, para la Red de Mujeres con Discapacidad, hay dos ramas de discusión atravesadas por el despojo de la autonomía. “La una tiene que ver con las mujeres con discapacidad y la posibilidad de abortar y la otra, con la posibilidad de abortar fetos que son pre diagnosticados con discapacidad”, explica Karina Marín, integrante de la red, madre de una persona con discapacidad, y militante disca.
Primero es importante aclarar algo que mencionó Karina y que es un tema con el que se enfrenta el activismo por las personas con discapacidad en el mundo. Aunque algunas personas del movimiento feminista pueden interpretar la defensa de los fetos que son pre diagnosticados con discapacidad como una narrativa “provida”, pero la realidad es mucho más compleja porque muchas mujeres con discapacidad se encuentran en una disyuntiva en la que les preocupa, por una parte, la autonomía de los derechos sexuales y reproductivos —incluyendo el acceso a un aborto libre y seguro— y por otra, desmantelar el estigma que hay hacia los cuerpos con discapacidad.
Para Marín, la excepción del Código Integral Penal – COIP del Ecuador que estaba vigente hasta el 28 de abril de 2021 y que fue modificada después de la sentencia de la Corte Constitucional, que permitía que solo las mujeres con discapacidad mental victimas de violación puedan abortar tenía un “efecto eugenésico”. Ella explica que viene de una idea que se tiende a naturalizar que es “la del exterminio de los cuerpos diferentes, de los cuerpos problemáticos, entre comillas”. Lo cual, muchas veces, termina en una discusión más amplia en la que hay muchas familias que deciden el derecho a maternar de sus hijas con discapacidad.
A Karina Marín se le cuestionó su decisión de maternar cuando quedó embarazada por segunda vez. Su primer hijo tiene discapacidad y cuando fue al doctor por su segundo embarazo, él se enojó con ella porque no se había hecho exámenes para impedirlo. “Entonces sugirió que yo pude haber abortado si hubiese hecho las cosas a tiempo”, cuenta.
No fue la única vez que le sucedió algo así. Cuando sacó el carnet de discapacidad de su primer hijo, el médico le preguntó si tenía más hijos. Ella le respondió que sí y él cuestionó que se haya “atrevido” a tener otro hijo después de saber que su primer hijo tiene una discapacidad. “Es una agresividad muy fuerte en donde se deja ver claramente la ambigüedad de la sociedad con respecto al aborto. O sea, cómo así es tan fácil declarar que hay ciertas vidas que no merecen ser vividas”, dice Marín.
Aunque las mujeres con discapacidad mental podían acceder a un aborto, según el COIP vigente desde 2014, en casos de violación, muchas veces —si no la mayoría— no son ellas quienes deciden hacerlo. El COIP estipula que sea un cónyuge, pareja, familiares íntimos o representantes legales quienes autoricen el procedimiento. “Y eso es un tema que a mí en lo personal me frustra porque yo digo: a ver cómo así, con qué derecho se nos está negando a las mujeres con discapacidad intelectual el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, dice Andrea Mosquera, quien es actriz, cineasta, mujer con discapacidad e integrante de la Red.
Para ella, el Estado permite abortar por dos motivos: porque no quieren seguir viendo más personas con discapacidad y porque no quiere hacerse cargo de un problema mucho más grave: las mujeres con discapacidad tienen más posibilidades de ser víctimas de violencia sexual y violación.
Los datos de violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad en Ecuador son escalofriantes. Según el estudio “Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano” son las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad quienes tienen 10 veces más probabilidades de experimentar violencia sexual a lo largo de su vida. Así que, para Andrea, la tutela que contempla el COIP para que una mujer con discapacidad acceda al aborto da poder a los agresores para borrar esas violencias. “Y eso hace que también cuando una mujer es violada por cualquier miembro de su familia, o de su círculo, si tiene discapacidad mental se puede llevar una y otra vez a que aborte y aquí no ha pasado nada”, explica.
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una dicotomía. Por un lado, la sociedad no permite que vivan una sexualidad plena y libre para que puedan decidir si maternar o no. Y por otro, entrega la potestad a otras personas sobre sus cuerpos, encubriendo y dejando en la impunidad los casos de violencia. Situación que se agrava porque muy pocas veces se les pregunta a las mismas mujeres y niñas si han sido víctimas de violencia sexual. En su lugar, la voz autorizada para dar esa información son sus padres, tutores, familiares, sin tener en cuenta que es en el círculo familiar en donde se encuentran frecuentemente los agresores.
Andrea Mosquera ha visto que esto lo han vivido muchas de sus amigas con discapacidad que han sido víctimas de violación por parte de sus familiares durante la pandemia. “Yo vivía un infierno aquí en mi casa sabiendo que mis amigas no podían ni denunciar porque no se les permitía salir”, cuenta.
Aún sí hubieran podido salir sin la limitación de la pandemia o llegar a los canales de denuncia, las dificultades para acceder a los servicios de justicia son varias. Empezando porque los funcionarios no tienen una formación con enfoque en discapacidades, no siempre hay intérpretes o los sistemas de denuncia no son accesibles para todas las personas, por ejemplo, para las mujeres sordas hacer una denuncia de violencia a través de una llamada telefónica en las condiciones que presta el Estado es imposible.
Karina Marín, agrega: “Todos esos mecanismos tan limitantes que están pensados para cuerpos normados, olvidan que los cuerpos más vulnerados son los más violentados. […] Entonces eso solo [genera] un clima de perpetuación de violencia constante, hay una violencia sexual y reproductiva que es ahondada por la falta de política seria de protección por parte del Estado”.
En este momento, en que el Estado está impulsando una legislación para garantizar el acceso del aborto en casos de violación es necesario pensar en todas. El Estado debe garantizar accesibilidad universal para que todas las mujeres en todos los servicios de salud y atención cuenten con información científica y basada en derechos para que puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas sin el tutelaje de terceras personas. Que no haya más citas ginecológicas sin intérpretes para mujeres sordas, que los médicos dejen de dirigirse a terceros para hablar de su salud, que sus tutores dejen de decidir sobre sus cuerpos por considerarlas incapaces. Pero, sobre todo, respetar su autonomía.
“Que una persona tenga ciertas dificultades para interactuar a nivel intelectual no significa que su capacidad jurídica deba tener las mismas consideraciones. Todo lo contrario: hay que buscar herramientas para que esa persona pueda tomar decisiones y eso sí posible”, explica Karina.
Ecuador debe respetar los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido y desarrollar programas de accesibilidad. Pero, sobre todo, que se reconozca la capacidad legal de las mujeres y de todas las personas con discapacidad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Porque que se reconozca su autonomía es, también, dejar de violentar sus derechos.
Escuchar las experiencias vividas por personas distintas me hizo pensar en la importancia de tejer, de coser nuestras historias para no solo tener más empatía, sino para encontrar puntos en común que nos ayude a todas como mujeres. Que nos permita conseguir una real autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas.
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