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Elsie Monge en la sala de su departamento en Quito. Marzo de 2022. Foto: Karen Toro A.
| Karla Tenecota

#JusticiaParaJulissa: complicidades del sistema penitenciario contra las sobrevivientes de violencia de género en Ecuador

Julissa era una adolescente como cualquier otra, en el 2021, a sus 16 años de edad estudiaba en el colegio y bailaba en un grupo de danza; su mamá, Margarita, la acompañaba a sus presentaciones o iba a verla en sus ensayos. En sus tardes libres, Julissa también salía con su grupo de amigas a divertirse, en una de esas salidas conoció a Elkin R., alias “Pikachú”, un hombre mayor a ella y relativamente reconocido en Otavalo, quien a partir de ese entonces comenzó a hostigarla para salir hasta que ella aceptó.

Aunque siempre desconfió de él, Julissa compartía su tiempo en estas salidas. Iban juntos a comer o a pasear, hasta que en su tercera cita él comenzó a ejercer control sobre la relación de ella con sus amigos, además interpuso una condición para sus encuentros: que ella mantuviera su mirada en el piso. De esta manera, Elkin comenzó a ejercer poder sobre Julissa, un poder que se materializaba ya no solo en la diferencia de edad ni en los recursos, sino en el dominio del su cuerpo a través de esta obligada postura de encogimiento que le ordenó mantener.

Durante su “noviazgo” (tanto la palabra “noviazgo” como “novio” se entrecomillan, pues una relación bajo violencia no puede ser justificada ni normalizada en nombre del amor o del afecto), ella aún vivía con su familia nuclear. Cuando salía de casa para encontrarse con él, no volvía durante días o semanas enteras. Su mamá se preocupaba no sólo por estas ausencias, sino porque sabía con quién se encontraba; interponía entonces constantes denuncias por desaparición en la Dirección Nacional de Investigación de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, secuestro y extorsión — DINASED, hasta que ella regresaba. Estas desapariciones sistemáticas eran parte ya de una dinámica violenta, pues Elkin la mantenía encerrada, llevándole apenas lo necesario para comer. Esa fue la constante hasta que Julissa aceptó la propuesta de vivir con él, su entonces “novio”.

Ahí comenzaron las agresiones físicas. En este contexto, ella quedó embarazada y decidió separarse del agresor. El nacimiento prematuro y el posterior fallecimiento de su hijo dio paso a que él intentara contactarla, prometió ir al entierro del bebé y aunque nunca llegó, le enviaba mensajes constantemente para mantener el asedio psicológico. Tan solo a un mes de que Julissa regresó a la casa familiar, él fue sentenciado por una denuncia de robo y enviado al Centro de Privación de Libertad de Varones de la ciudad de Ibarra. Desde allí, Elkin continuaba enviándole mensajes a Julissa, abría cuentas en Facebook y le escribía de manera reiterada. Ella no le respondía.

El 8 de julio de 2022, Margarita recibió una llamada en su trabajo. Le contaban que su hija Andrea (nombre protegido) había sufrido un accidente al interior del Centro de Privación de Libertad de Varones, su interlocutor no dio más información. Margarita enseguida llamó a su yerno, la pareja de Andrea, quien le confirmó que ella se encontraba bien y en casa. Enseguida, Margarita supo que se trataba de Julissa, su otra hija, la menor. Mientras intentaba localizarla recibió una segunda llamada, esta vez sí se identificó su interlocutor y afirmó ser un guía penitenciario, quien le ratificó la urgencia con la que debía dirigirse al hospital. Margarita buscó en las casas de salud de Ibarra hasta encontrar a Julissa, que se encontraba en una habitación del Hospital San Vicente de Paúl y cuya habitación era custodiada por personal de la DINASED. Al ingresar, reconoció rápidamente que la razón de la hospitalización de Julissa no era un mero accidente, sus heridas eran más graves y profundas. Esa mañana, su hija había recibido 42 puñaladas.

Desde su ingreso al Centro de Privación de Libertad – CPL, los mensajes de “Pikachú” se habían tornado amenazantes. No eran peticiones de visitas, sino más bien intimidaciones. Asegurando que conocía la dirección del trabajo de sus familiares, horarios de salida, su vivienda, e incluso los lugares por donde ella caminaba, incluso le decía que fuera a verlo, sino, algo malo le sucedería y también a sus seres queridos; en ese contexto, él la amenazó de muerte. Entonces ella accedió en dos ocasiones y en las dos, él la golpeó. Para la última visita que le hizo, el 8 de julio de 2022, él le dio las siguientes instrucciones: se vestiría con una licra e iría con la cédula de su hermana, Andrea. Respecto a lo último, él fue muy insistente. 

Pensando en la seguridad de sus familiares, Julissa tomó el documento de identidad de su hermana y esa mañana fue al CPL. Al ingreso le hicieron el control rutinario, se quedaron con la cédula, le colocaron el sello e incluso le tomaron la fotografía respectiva. La diferencia era evidente entre ella y su hermana, y aún así le permitieron el ingreso. Fue cuestión de segundos en que él la arrastró hacia su celda, cerrando la puerta tras de sí. En ese trayecto, Julissa no alcanzó a ver a nadie más, la celda estaba vacía. Una vez dentro, Elkin comenzó a empujarla “¿qué haces si te mato?” le decía mientras se reía de ella. La golpeó y la encerró en un cuarto dentro de la celda. Allí Julissa le contó que el motivo de su visita era para dejarle en claro que no quería nada, que quería que la dejase en paz. “Tú no decides si terminarme. Yo decido qué es lo que hago contigo”, le dijo. Continuó agrediendo a Julissa y mientras clamaba por ayuda, Elkin abusó sexualmente de ella. Inmediatamente la maniató y alzó el volumen de la música en la celda. Lo siguiente que Julissa recuerda es la sensación de haber recibido un golpe en su espalda, y luego, otros varios, muy dolorosos en todo cuerpo. Cuando cuenta esto, también señala su pecho, mientras menciona que en todo momento gritaba por ayuda sin que nadie la escuchara.

Ella no recuerda de dónde surgieron las fuerzas, pero comenzó a patear la puerta aún estando atada, hasta que ésta se rompió. Una vez afuera, seguía gritando hasta que ya no pudo, miró su sangre y la sintió en su boca, de forma borrosa distinguió a gente que corría y gritaba “¿Pikachú qué hiciste?”, allí fue cuando se desmayó. La siguiente imagen que tiene Julissa también es confusa, está en el Policlínico del CPL y es consciente de que le inyectan algo que no puede sentir. Lo último que hace es dar el número telefónico de su mamá, Margarita.

Cabe recalcar que, frente a esta tentativa de femicidio, tanto los medios que cubrieron el caso, como el mismo Estado a través del CPL, pusieron el foco en las acciones de Julissa en lugar de profundizar sobre las causas de la violencia que casi le arrebata la vida. De esta manera, Diario El Universo publicó en su momento la nota con el titular: “Adolescente que burló filtros de cárcel presentando cédula de su hermana fue atacada por recluso en Ibarra”. En otra noticia del mismo diario, se recogen las declaraciones de la entonces Directora del CPL, quien manifestó el inicio de investigaciones tanto para el agresor como para la víctima, dejando la violencia de género a un lado y centrándose en un supuesto “delito de suplantación de identidad”.

De la misma forma, enfrentar el sistema judicial ha sido un proceso desgastante para Julissa y su familia. El martes 2 de enero de 2024, la audiencia en la que se daría lectura a la sentencia fue suspendida, y una vez más, Julissa, su mamá y su familia tuvieron que asumir el coste de un proceso que al prolongarse, alarga también la impunidad del agresor.

La audiencia se ha reprogramado para este jueves 18 de enero, en ella se espera que se logre la lectura de un fallo favorable, que no ignore la gravedad de los hechos ni la responsabilidad de las instituciones del Estado; es decir, se espera un fallo que detenga una secuencia de violencias que deja en la desprotección a las niñas, adolescentes y mujeres de este país.

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Autoras

Karla Tenecota

Feminista y escritora.