Este 31 de enero, en las instalaciones del Centro Cultural Benjamín Carrión en Bellavista, varias activistas y representantes de organizaciones de mujeres se dieron cita para dar a conocer las últimas cifras recabadas sobre feminicidios a nivel nacional.
En el centro de la sala se veían bordados sobre una tela extensa los nombres de algunas víctimas de feminicidio que se han recopilado desde el año 2014, fecha en la que se tipificó el femicidio en Ecuador. Un mesa larga desde donde las voceras: Cecilia Mena de Acción Ciudadana por la Democracia, Geraldine Guerra de Fundación Aldea, Nemo Andy, lideresa indígena, Pilar Rassa, Coordinadora Nacional del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, Lizi Ernst, de la Coalicion Nacional de Mujeres y Lita Martínez de Cepam Guayaquil (quien participó virtualmente) sostenían carteles de indignación ante la situación de violencia de género, en medio de la declaración de conflicto armado interno que rige en el Ecuador desde el 09 de enero de 2024.
A partir del año 2017, la Fundación Aldea junto a otras organizaciones de mujeres y feministas realizan el registro permanente de feminicidios en Ecuador. El mapa que se actualiza periódicamente, viene acompañado de denuncias ante la falta de políticas públicas y de presupuesto para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en Ecuador. Año tras año las cifras han ido incrementándose y la realidad para las niñas, mujeres y mujeres trans solo ha empeorado, según lo demuestran las cifras de los mapeos.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 se registraron 321 muertes violentas de mujeres por razones de género, de éstas se contabilizan, al menos, 17 transfeminicidios, y del total, 172 feminicidios fueron dentro de sistemas criminales. También se señala que 31 de las víctimas eran menores de edad, 16 de ellas eran niñas de menos de 7 años de edad y que al menos 187 niños y niñas han quedado en situación de orfandad.
El panorama para este 2024 es desolador, tan solo en los primeros 15 días, se registró un feminicidio cada 24 horas.
En el contexto de creciente violencia que vive el Ecuador, con un tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2023 y la reciente declaratoria por parte del Gobierno de Daniel Noboa del conflicto armado interno, que implicaría un costo estatal de 1.020 millones de dólares –según Daniel Falconí, viceministro de Finanzas–, las voceras de las organizaciones denuncian la falta de capacidad para identificar las nuevas condiciones en las que se perpetran los feminicidios.
Durante la rueda de prensa Geraldine Guerra de Fundación Aldea increpó al presidente de la república Daniel Noboa afirmando que: «las familiares de víctimas de feminicidio no vamos a pagar la deuda del Estado, no lo vamos a permitir. Se merecen una respuesta inmediata frente a la violencia».
Por su parte, Pilar Rassa, Coordinadora Nacional del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó la urgencia de que se apruebe inmediatamente la Ley de reparación integral a familiares de víctimas de femicidio, que ya pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. “El Estado no previno la violencia, ahora tiene que actuar en la reparación […] lo mínimo que podemos pedir es reparación, pero una reparación real, integral, eficaz”, afirmó Rassa.
Así mismo Lizi Ernst, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, hizo varios señalamientos sobre los recursos económicos en materia de violencia de género, la activista feminista afirmó que la Policía Nacional tuvo asignado un presupuesto de 1.391 millones de dólares para el año 2023 y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no llegó ni a los 18 millones de dólares asignados para el mismo periodo. “¿Con qué presupuesto puede manejarse y desarrollar acciones que efectivamente prevengan, atiendan y protejan a las mujeres que son víctimas de violencia?”, concluyó.
Cecilia Mena, de Acción Ciudadana por la Democracia, mostró su preocupación por los nuevos contextos de violencia que viven las mujeres en Ecuador y que el Estado no sabe identificar, refiriéndose a la situación de crimen organizado, economía criminal y cómo ésta afecta en términos de violencia y de acceso a la justicia. “Exigimos la incorporación del delito de feminicidio en el COIP. Ya es hora de que el Estado asuma su responsabilidad por omisión en la muerte violenta de las mujeres. El sistema de prevención de violencia no sirve». puntualizó Mena.
En relación a la situación de violencia que viven las mujeres en la región amazónica la lideresa indígena Nemo Andy manifestó que no suele haber datos que den cuenta sobre los feminicidios, desapariciones y violaciones a mujeres en sus comunidades, denunció además que jueces, policías no llegan a los territorios indígenas cuando hay denuncias de violencia de género, en este contexto afirmó que “no existe justicia para nosotras. Las voces de las mujeres indígenas muchas de las veces son silenciadas.” refiriéndose a la nula respuesta de autoridades cuando se trata de violencia hacia las mujeres en la Amazonia.
De igual manera, Nemo Andy continuó y señaló la falta de recursos para acceder a los sistemas de protección: «Para las mujeres indígenas es muy costoso salir a denunciar la violencia y para luego no recibir ningún tipo de justicia».
Al finalizar la rueda de prensa la representante de Fundación Aldea, Geraldine Guerra, se refirió al bono para las niñas y niños en situación «lo mínimo que puede hacer el Estado, frente a niñas y niños huérfanos de víctimas de feminicidio, es entregar el bono de reparación económica, aunque este sea irrisorio, porque nadie puede vivir con 100 USD al mes en Ecuador. ¡Gobierno mezquino! […] A los funcionarios del gobierno de Daniel Noboa les exigimos que inicien planes pilotos en algunas provincias para atender la violencia y prevenir los feminicidios. No solo es falta de voluntad política, son mezquinos con las mujeres.»
