Nina Gualinga en la sede de Fundación Aldea durante la rueda de prensa. 3 de enero de 2024. Quito – Ecuador. Fotografía: Daría #LaMaracx
La mañana del 3 de enero de 2024, se llevó a cabo una rueda de prensa para brindar detalles acerca de la impunidad en el caso de violencia de género que denunció, desde el año 2015, en Ecuador, la activista y defensora de los derechos de la naturaleza, Nina Gualinga. Acompañaron a la sobreviviente, su madre, Noemí Gualinga, su hermana, Helena Gualinga, las abogadas Tamara Vaca, representante legal del caso y Vivian Idrobo de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, así como Janeth Wampash y Salomé Aranda del colectivo Mujeres Amazónicas.
Las irregularidades
La primera en tomar la palabra fue Tamara Vaca, defensa técnica del caso, quien brindó un breve resumen del mismo enfatizando en las irregularidades y omisiones por parte del sistema de justicia a la hora de precautelar la integridad de Nina, de 30 años de edad y su hijo.
En el año 2020, en la Fiscalía de Pastaza, Nina denunció la situación de violencia psicológica a la que una vez más se enfrentaba, por parte de su expareja. Pero la primera irregularidad que denunció su abogada fue que la etapa de investigación previa que debía llevarse a cabo en un plazo máximo de un año como lo establece la normativa vigente ha sido aplazada en casi tres años. El motivo de esta prolongación es que los fiscales a cargo han abandonado la causa en múltiples ocasiones. Pese a ello, se inició la etapa de instrucción fiscal, misma que culminó el 16 de abril de 2023. Y aquí otra irregularidad denunciada. Tamara Vaca, señaló la responsabilidad de la fiscal a cargo al no solicitar fecha y hora para la audiencia preparatoria y evaluatoria del juicio. Misma que según lo establecido en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal debía llevarse a cabo en un máximo de 15 días. Finalmente, el 16 de diciembre pasado, un nuevo fiscal notificó la convocatoria de la audiencia para el próximo viernes, 5 de enero de 2024 en Pastaza. Estos procedimientos constituyen una violación de varios principios para el debido proceso: la eficiencia, la eficacia, la celeridad y la inmediación (presencia sostenida y permanente de las partes procesuales) están comprometidas en contra de Nina Gualinga.
La violencia institucional que se evidencia en este caso ya ha sido ampliamente denunciada por asociaciones, colectivas y organizaciones de mujeres víctimas de feminicidio y familiares de sobrevivientes de violencia de género, como consta en la investigación publicada en el año 2022, “El femicidio en Ecuador: un estudio interdisciplinario”.
Desde que en 2015, Nina denunció la violencia psicológica, las agresiones físicas, los golpes en la cara y cuerpo y una complicada fractura de espalda, hasta una amenaza de muerte con una escopeta apuntándole a la cabeza, el sistema de justicia ecuatoriano lo único que le ha ofrecido es la constante revictimización por parte de funcionarios de la Fiscalía y la creciente manipulación y amenazas del denunciado.
Pero eso no es todo. La activista originaria de la comunidad kichwa de Sarayaku ha sido contradenunciada por el agresor alegando también violencia psicológica. Según señala la abogada Tamara Vaca, este sería un intento de aprovechamiento de la justicia en beneficio del agresor.
“Estamos contigo, Nina”
La siguiente en tomar la palabra fue Vivian Idrobo, abogada y coordinadora de la Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador quien responsabilizó al Estado ecuatoriano por permitir y no actuar oportunamente frente a la violencia basada en género que afecta a niñas, adolescentes, mujeres y mujeres trans en el país. También, señaló que se deben desplegar todos los mecanismos necesarios para precautelar la integridad personal de las víctimas y sobrevivientes de violencia así como para sus hijas e hijos. “Actualmente, el sistema de justicia funciona para proteger a los agresores, para perpetuar la impunidad y eso es posible porque jueces y juezas aún siguen emitiendo fallos basados en estereotipos que van en contra de las mujeres”, afirmó.
Idrobo enfatizó en la ineficacia de las actuales medidas de protección que emite el sistema de justicia a petición de las sobrevivientes de violencia, tal es el caso de las boletas de auxilio. “La justicia debe hacer valer sus propias decisiones, si se expiden medidas de protección y es el mismo sistema el que no las hace cumplir… Esto da como resultado que reiteradamente los agresores llegan a las audiencias y se ríen de las víctimas, las violentan una y otra vez”, señaló.
Posteriormente, la abogada afirmó que la Alianza por los Derechos Humanos se compromete a denunciar futuras irregularidades en el caso de Nina Gualinga.
A continuación, tomó la palabra la lideresa indígena del pueblo Shuar, Janeth Wampash de la provincia de Morona Santiago para expresar su solidaridad con Nina Gualinga y con las “hermanas e hijas de pueblos y nacionalidades que han vivido maltrato, violencia y hasta les ha llegado la muerte porque cuando se atreven a denunciar, sus casos no llegan más allá de las oficinas y quedan archivadas”. También enfatizó en la desigualdad que experimentan las sobrevivientes en su búsqueda por justicia cuando los agresores cuentan con recursos económicos y alianzas políticas. “Esos hombres cuando son denunciados, compran, pagan… Yo no sé qué hacen, pero la justicia no existe para ellos”, declaró.
Además, interpeló a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar para que vigile el accionar de los fiscales a cargo de casos de violencia basada en género y “si es necesario, que los sancione” por el incumplimiento de su deber. Finalmente, hizo un llamado a la opinión pública: “No esperemos que hayan más muertes de mujeres, no esperemos que nuestra compañera Nina aparezca muerta para que se aplique la justicia. Porque ese día será demasiado tarde, quedará un hijo sin su madre, quedará una madre y una hermana que extrañarán a Nina, solo quedará su ausencia”. Janeth selló su intervención con un beso en la frente de Nina.
A continuación, Salomé Aranda, lideresa de la nacionalidad kichwa, en la ribera del río Villano de la comunidad de Piwiri, Pastaza, inició su intervención señalando la falta de seguimiento de la autoridades cuando se denuncia la violencia de género y otras amenazas. Misma situación a la que se enfrentó en enero de 2022, cuando el sistema de justicia archivó la denuncia que interpuso Salomé por el delito de intimidación, después de que en 2018, su casa fuera apedreada y los responsables podrían estar directamente relacionados con una de las empresas petroleras que fueron denunciadas en el Mandato de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva de las Bases frente al extractivismo. Documento que fue entregado al expresidente Lenin Moreno el 22 de marzo de 2018, con una multitudinaria convocatoria de mujeres indígenas que se apostaron en los exteriores del Palacio de Carondelet, pocos días antes de que Salomé, sus hijos y su cuñada vivieran el atentado.
La lideresa kichwa denunció el descrédito al que someten los jueces y fiscales a la palabra y los testimonios de las sobrevivientes de violencia durante los procesos de denuncia e investigación. “Las autoridades no dan auxilio a las mujeres que pedimos ayuda, por eso tenemos que pedir el apoyo de medios de comunicación” afirmó Salomé y continuó: “Hoy, con esto, Nina está intentando proteger su vida y la de su hijo”.
“El sistema de justicia ha trabajado en mi contra”
Posteriormente, Nina Gualinga tomó la palabra para agradecer la solidaridad de sus compañeras y lideresas amazónicas en este proceso de búsqueda de justicia y sanación, pero sobre todo “en mi búsqueda de libertad”. La destacada activista por los derechos de la naturaleza y la conservación de la selva amazónica narró que hace cinco años rompió con el círculo de violencia y abusos que vivió por parte de su ex pareja, un hombre mestizo con gran poder económico y contactos en la ciudad del Puyo. Destacó como un factor a considerar para la violencia de género, la diferencia de edad entre ambas personas: “Yo tenía 13 años cuando lo conocí y él ya tenía 19 años” y esto repercutió en un control total de su vida, decisiones y el distanciamiento con su familia. Añadió que para ella, “la violencia no termina cuando la relación de pareja finaliza. Continúa y toma otras formas. Eso es lo que me pasó a mí”, sentenció.
Más adelante, Nina hizo un breve recuento cronológico de las situaciones de violencia a las que ha sobrevivido. A sus 19 años, la relación de pareja se formalizó y a los 21 años, la violencia física de parte del agresor escaló abismalmente. Pero el abuso psicológico había empezado tiempo atrás cuando él ejercía control absoluto sobre sus comunicaciones, dispositivos y amistades. Situación que a día de hoy, la activista de 30 años define como un proceso de “aislamiento de su entorno social” y que fue aprovechado por el agresor debido a que Nina no conocía los códigos sociales urbanos de la ciudad ya que su vida se había desarrollado en el seno de su comunidad indígena, en el corazón de la selva amazónica. A esta situación se suman episodios de violencia patrimonial, donde el hoy denunciado destruyó el computador de Nina o la empujaba con la intención de que se hiciera daño al caer.
Nina recuerda que en el año 2015, sufrió una intimidación que le permitió identificar la violencia a la que estaba expuesta. Fue amenazada por el hoy denunciado, con una escopeta dirigida a su rostro. “Ahí fue cuando acudí a realizar una denuncia formal ante el sistema de justicia por maltrato físico”, afirmó y continuó: “Entregué todos los datos necesarios para que le notifiquen de la boleta de auxilio. Números de teléfono, dirección de casa, de su trabajo, con la descripción detallada. Incluso el agente a cargo me dijo: ‘sí, yo le conozco’. Aunque sí le llegó la boleta, ‘nunca le llegó’ la citación para continuar con la denuncia. Y así, el caso se archivó”. A partir de un ejercicio de manipulación, Nina vuelve al círculo de violencia y tras el nacimiento de su hijo, una nueva agresión física pone en riesgo su integridad. Ella recibe una patada en la espalda baja que le ocasiona una fractura en su pelvis. “Una noche me miré al espejo. Vi a una chica tan flaquita, tan pálida. Y me pregunté quién es ella. Porque ya no soy yo” afirmó y continuó: “En ese momento pensé, tengo 25 años ya me ha amenazado con una escopeta, a los 30 ya no sé si esté viva”.
Nina se dirigió a las mujeres sobrevivientes de violencia afirmando que: “Me tomó tiempo irme. Cualquiera que ha pasado por esta situación sabe que no es fácil salir de eso. Porque incluso dudaba de mi propia verdad”. Pero fue gracias al apoyo de otras mujeres, “mujeres mayores” que logró sacar fuerza para irse del país. Sin embargo el hostigamiento de parte de su expareja no se detuvo, ahora la amenazaba con publicar contenido íntimo y dañar su prestigio y reconocimiento internacional. Su familia también vivió esas amenazas. Y finalmente, el régimen de visitas al hijo de Nina fue usado como un nuevo mecanismo para ejercer violencia. “Si eso seguía así, yo no podría sanar ni ser libre. Porque lo mínimo que me merezco es ser libre tras todo esto”, afirmó. Así que decidió poner una nueva denuncia producto de la cual ha sido convocada la audiencia preparatoria de juicio del próximo viernes 5 de enero.
Han pasado cuatro años desde esta nueva denuncia y Nina dice que “la violencia nunca paró, me han entregado boletas de auxilio que nunca han sido efectivas”. Y lo deja claro cuando narra que días antes de que su abuelo, un líder comunitario indigena falleciera, el agresor se atrevió a ingresar a la casa familiar de Nina y proferir amenazas. Misma situación que se repitió cuando, durante un acto público por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en la comunidad de San Jacinto, el agresor (mestizo) llegó en estado etílico a amedrentarla con una lanza (símbolo de liderazgo y resistencia indígena). “Llamé a la policía y no llegó a tiempo. ¿De qué me sirve que esa amenaza denunciada hace dos años siga en investigación?”, sentencia.
Como corolario, Nina enfatiza en el maltrato institucional que ha recibido por parte del Estado en estos últimos nueve años. Cuenta que, actualmente, su proceso lo despacha la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Soluciones Rápidas y Tránsito 2 de la ciudad de Puyo, espacio y funcionarios sin capacidad ni experiencia en casos de violencia de género. “Soy consciente de que soy una figura pública, tengo una plataforma para expresar mi voz y conozco mis derechos pero qué está pasando con los miles de casos de otras mujeres que permanecen archivados, botados en la fiscalía, mujeres que no tienen visibilidad ni recursos, que no hablan español. ¡Somos la última prioridad del Estado y del sistema judicial!”, afirmó y continuó: “He tenido que repetir mi historia ante los medios, los fiscales, los abogados, los psicólogos, los trabajadores sociales, ante el Consejo de la Judicatura, la Defensoría, ante tantas instancias con la esperanza de que me garanticen algo que es mi derecho. Tener acceso a la justicia”.
Con profunda indignación, Nina dijo: “Los fiscales se han burlado de mi dolor y del dolor de las mujeres que están pasando por esta situación. En mi caso, han cambiado siete veces de fiscal, cuatro fiscales se han estado botando la pelotita y por eso se ha demorado tanto” y continuó: “Después de tantos años, parece que mi caso fuera un chiste para la autoridades. He sentido que no solo he luchado contra el agresor sino también contra el sistema de justicia de este país, que debería protegerme pero que ha estado trabajando en mi contra.” A punto de quebrarse, la activista y sobreviviente recuperó el aliento para afirmar que: “Este proceso ha sido doloroso, agotador y humillante sobre todo, porque ninguna mujer quiere estar aquí sentada contándoles lo que yo les estoy contando”.
Finalmente, Nina interpeló a las y los líderes comunitarios de pueblos y nacionalidades indígenas del país para que la discusión y reflexión sobre la violencia machista que experimentan las mujeres indígenas no pase desapercibida y se tomen acciones inmediatas para erradicarla. “Es indispensable que se reconozca que esta violencia existe al interior de las comunidades y que representa un reto enorme para los pueblos indígenas. He visto con mucha indignación como hay líderes que han defendido agresores, que han defendido su inocencia, pero muy pocas veces se pronuncian cuando hay una mujer que denuncia violencia. Por eso con más fuerza aún debemos generar estas conversaciones al interior de nuestros espacios organizativos” afirmó, Nina Gualinga.
