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Elsie Monge en la sala de su departamento en Quito. Marzo de 2022. Foto: Karen Toro A.
| Stephanie Altamirano Herrera

El tiempo de las sobrevivientes

Foto: Ana María Buitrón

Compartimos la intervención de Stephanie Altamirano Herrera de este 25 de enero de 2022, durante la sesión Nro. 758 del pleno del legislativo de la Asamblea Nacional previa a la lectura del informe para segundo debate de la aprobación de la ley que regula el acceso al aborto por violación en Ecuador.

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Mi nombre es Stephanie Altamirano y soy sobreviviente de violencia sexual en la infancia, estoy aquí para exigir que se legisle una ley para las sobrevivientes de violencia sexual escuchando nuestras experiencias vitales.

Estoy aquí para hablar sobre la dificultad que tienen las sobrevivientes de violación en identificar y pedir ayuda cuando viven violencia sexual, en especial las niñas. Desde mi experiencia vital y mi experiencia acompañando a otras sobrevivientes de violencia sexual, voy a aportar elementos del por qué establecer plazos constituye una barrera que hará imposible el acceso a abortos legales en casos de violación para las más vulnerables.

Fue agredida sexualmente desde que tenía 8 años hasta los 11, logré  contarle a mi familia lo que me había pasado cuando tenía 28 años y pude hacerlo gracias a un proceso sostenido de años de terapia psicológica y de estar cerca de otras sobrevivientes en grupos de apoyo.

Fui agredida por mi profesor de gimnasia, yo era una niña, él un adulto, las niñas crecemos escuchando que hay que obedecer y respetar sin cuestionamientos a los adultos; en esta misma Asamblea se ha dicho que las decisiones de las niñas solo les pertenecen a sus padres. Frente a esta realidad, ¿cómo se le exige a una niña que identifique que vivió violencia sexual, que denuncie y que si está embarazada interrumpa este embarazo en un plazo arbitrario?

¿Con base en qué realidad están establecidos estos plazos, a qué intereses responden? El tiempo que necesitamos las sobrevientes no tiene plazo, los informes que se están discutiendo en esta asamblea no constituyen una Ley Justa y Reparadora para las sobrevivientes de violencia sexual.

Yo pude contar con redes de apoyo y personas que me creyeron gracias al trabajo organizado de las sobrevivientes, sin embargo, esto todavía es una deuda enorme del Estado y no es una realidad para la mayor parte de las sobrevivientes. Imagínense que a mí, que cuento con redes de apoyo me tomó 20 años romper el silencio, ¿cuánto le va a tomar a una niña o mujer con un embarazo producto de violación, que no cuenta con estas redes, poder buscar ayuda? Si ustedes le ponen plazos a esta ley, estas niñas y mujeres adultas, lo más seguro es que estén condenadas a una maternidad forzada. Aquí cabe recordarles que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas reconoce a la maternidad forzada como una forma de tortura.

Puedo decir firmemente que ninguna sobreviviente de violación en caso de estar embarazada, va a dejar pasar el tiempo para buscar una interrupción del embarazo de manera premeditada. Esto es un prejuicio que está basado en el desconocimiento sobre lo que vivimos y sentimos las sobrevivientes de violencia sexual, y las distintas condiciones de vulnerabilidad que nos impiden encontrar la ayuda que necesitamos en un tiempo determinado. Mismas que se agudizan cuando hablamos de niñas, adolescentes y mujeres en condiciones desiguales de pobreza, disidencias sexo-genéricas, procedencia social y étnica, personas en movilidad humana, discapacidad, entre muchas más.

Imagino que varios de ustedes son madres o padres, tienen hermanas, sobrinas, o talvez nietas. Quisiera que se pregunten, si en algún momento de su crecimiento les han explicado qué es la violencia sexual y que esta violencia puede venir, incluso y sobre todo, de personas cercanas como sus abuelos, tíos, primos, hermanos, padres o profesores. No estamos dispuestos como sociedad a reconocer que la violación, sobre todo, puede suceder “casa adentro”. Yo les pregunto señoras y señores asambleístas ¿estarían ustedes dispuestos a reconocer que su padre, hermano, o abuelo agredió sexualmente a sus hijas? ¿Cuánto tiempo les tomaría poner en palabras esta realidad? ¿Cuánto tiempo creen que les tomaría a sus hijas pedir ayuda? ¿A cuánto tiempo tiene derecho una sobreviviente para nombrar esta violencia? ¿Son 20 ó 22 semanas suficiente tiempo? A mi me tomó 20 años.

No hablar de violencia sexual genera silencio y silenciamiento social, entonces las niñas que están embarazadas producto de violación, ni siquiera saben cómo nombrarlo, no saben cómo se llama aquello que les acabó de pasar; además, si esta agresión viene de alguien cercano resulta muy confuso nombrar que; aquella persona que se supone me va a cuidar, me quiere y es bueno; me hizo daño. Sin contar con que la mayor parte de las veces el agresor amenaza con agredir a la víctima o alguien de su familia.

Las niñas tienen muchas dificultades para reconocer que están embarazadas, usualmente lo hacen cuando este embarazo es evidente en sus cuerpos o están a punto de parir, es decir cuando el embarazo está sumamente avanzado. Imaginen si este embarazo es resultado de la violación de un hermano, padre, abuelo o alguien del entorno cercano, el 80% o más de las violaciones a niñas se dan en estos entornos.

No se puede despojar a una niña o una mujer que ha sido violada, de su derecho al tiempo. Tiempo para reponerse del shock de la violación, tiempo para apalabrar la violencia, tiempo para reconocer el cambio en sus cuerpos, tiempo para que la profe o la compañera de la escuela en el caso de niñas, puedan activarse y brindarle la ayuda que ella necesita, tiempo para que puedan encontrar una red de apoyo o información sobre a dónde acudir. El derecho al tiempo, debe ser el fundamento de una Ley justa y reparadora (parafraseando a mi compañera Cristina Burneo).

A partir del confinamiento producto de la pandemia por covid-19, la escuela deja de ser un lugar de posible protección, pues las niñas, adolescentes y mujeres adultas conviven con los agresores sexuales todo el día, todos los días, aisladas de posibles espacios de ayuda.

Cuando por fin las sobrevientes logran romper el silencio son culpabilizadas por no haber hablado antes. ¿No les suena conocido las preguntas: por qué saliste sola, cómo estabas vestida, eso te pasó por estar fuera de casa en la noche? Si esto es lo primero que escucha una mujer que ha sufrido una agresión sexual y producto de esto queda embarazada, ¿cómo se espera que pida ayuda si además tiene que pensar en hacerlo dentro de un plazo impuesto? ¿Ustedes van a obligarla a continuar con un embarazo producto de violación, o van a forzarla a los riesgos de la clandestinidad, porque no entra en los limitados plazos que pretenden se establezcan en esta ley?

La Corte Constitucional, ya dijo que ninguna sobreviviente de violación podrá volver a ser judicializada por abortar, sin embargo, que está Ley establezca un límite para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, forzará a que las más vulnerables, tengan que buscar abortar en la clandestinidad, en la inseguridad, en la soledad y el silencio.

Poner plazos para que las sobrevientes accedan a abortos legales por violación es cruel y refuerza el trauma de haber sido víctimas de violencia sexual, además desconoce que los contextos son distintos y que las posibilidades de denunciar en un límite de tiempo para muchas mujeres y niñas son prácticamente nulas.

Ustedes ya han escuchado de la voz de expertas y expertos, que la mayoría de interrupciones legales del embarazo suceden en el primer trimestre, ya han escuchado que menos del 2% de interrupciones del embarazo suceden en semanas avanzadas, pero que en este 2% están las niñas y las mujeres más vulnerables como Elena, adolescente kichwa de Sucumbíos, agredida sexualmente por un petrolero de la zona, que no pudo buscar ayuda antes por las constantes amenazas del agresor. El tiempo para ella fue esencial, pues llegó al servicio de salud con más de 24 semanas y pudo acceder a un aborto legal, gracias a la sentencia amplia de la Corte Constitucional. No sean ustedes quienes le nieguen este derecho a niñas y mujeres como Elena.

Como sobreviviente de violencia sexual en la infancia les digo, que los agresores sexuales buscan despojarnos de la noción básica de que nuestro cuerpo nos pertenece. La violación es un acto violento de apropiación del cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Por eso, establecer plazos en esta Ley es nuevamente despojarnos, a quienes hemos sobrevivido a una agresión sexual, de nuestro derecho a decidir, de nuestro derecho a reparar el daño, a reconstruir nuestro proyecto de vida, es decirnos que la violencia sexual será una condena de por vida, perpetuada en la maternidad forzada.

Las sobrevivientes de violencia sexual y todas las mujeres y disidencias sexuales que están movilizadas el día de hoy afuera de la Asamblea y en todas las ciudades del país estamos del lado de una ley Justa y Reparadora. Hoy les pregunto, ¿Ustedes de que lado de la historia van a estar? ¿estarán de lado de las sobrevivientes de violencia sexual o van a legislar a favor de la clandestinidad, de la muerte, de la impunidad y la maternidad forzada? Muchas gracias.

Intervención de Stephanie Altamirano Herrera de este 25 de enero de 2022, durante la sesión Nro. 758 del pleno del legislativo de la Asamblea Nacional previa a la lectura del informe para segundo debate de la aprobación de la ley que regula el acceso al aborto por violación en Ecuador.

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Autoras

Stephanie Altamirano Herrera

Sobreviviente de violencia sexual en la infancia parte de la campaña “Seremos las últimas” y de “Acompañantes en red”. Politóloga, feminista e historiadora.