Una jubilada y dos afiliadas retratan los efectos de la falta de medicinas en hospitales del IESS

En las noches, Daisy Guallichico, de 28 años, no logra descansar. Cierra los ojos y dos preguntas la mantienen en vela: “¿habrá regresado el cáncer a mi cuerpo, con más fuerza?, si muero, ¿qué será de mi hija?” Hace tres años, una bolita, del tamaño de una arveja en el seno izquierdo, hizo que conociera el insomnio y el miedo a dejar sola a su hija Britany.

Ahora la responsable es la incertidumbre, causada por la falta de insumos, medicamentos y exámenes en uno de los hospitales más emblemáticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se trata del Carlos Andrade Marín, en Quito. Historias así, efecto de la falta de abastecimiento, se han repetido en otras casas de salud del IESS en Ecuador, desde el último tramo del mandato de Lenín Moreno y en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso. 

La pérdida de empleos registrada en 2020, el primer año de la pandemia, provocada por la covid-19, hizo que el número de personas beneficiarias de la Seguridad Social disminuyera en alrededor de 300 mil con relación al 2019. En el 2020 eran 6,5 millones. Hubo una recuperación en el 2021, cuando se contaron 6,9 millones. 

Hasta el 2021, según datos de la Rendición de Cuentas, el IESS contaba con 761 establecimientos de salud, incluidos los del Seguro Campesino. En ellos se brindó 19,8 millones de atenciones a personas de todas las edades, pueblos y nacionalidades. En sus dispensarios y hospitales de tercer nivel, el personal de salud combatió de manera prioritaria al virus de la Covid-19 y se postergaron otras citas de consulta externa en cardiología, ginecología, traumatología,  etc.

De las 19,8 millones de atenciones, 77% fueron en consulta externa, 20% en emergencia, 3% en hospitalización y cirugía. El total es mayor a las 16,7 millones atenciones contabilizadas en 2020.

En 2019, antes del SARS-CoV-2, se prestaron más de 20,6 millones de atenciones en el país, entre las unidades médicas del IESS y prestadores externos. Una de ellas la recibió Daisy Guallichico, el 28 de febrero del 2019. Ese día le hicieron una mastectomía en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM). 

“De la extirpación dependía mi vida, así que, no tener un seno, no me hace menos mujer”, anota. Poco antes de la cirugía llegó a consulta, con una duda. La bolita en forma de una arveja, en su seno izquierdo, ya medía 2,5 centímetros. Un eco mamario y otros exámenes confirmaron su preocupación, era cáncer. 

El diagnóstico la llenó de angustia y la dejó sin el apoyo de su entonces pareja y padre de su hija Britany. Solloza cuando recuerda que ese hombre no la acompañó ni a una sola de las quimioterapias, que la debilitaron en 2019; tampoco a las sesiones de radioterapia, que le aplicaron en octubre de 2020. 

“Sentía que mi piel se quemaba. También había dolor de garganta; eso hacía difícil que pudiera comer algo o tomar un bocado de agua. Por eso, cuando se me cayó el cabello, podría decir que fue lo menos importante”. 

Emocionalmente —recuerda Daisy— estaba muy afectada. Su compañero le dijo que la relación no funcionaba, apenas se enteró del diagnóstico de cáncer. Ella imaginó que le diría: “vamos a salir adelante”. Junto a su hija y con el dolor físico y espiritual volvió a casa de sus padres, a unas cuadras del lugar que alquilaban, en Amaguaña. Tiene el soporte de ambos.

Clementina Toaza, su madre, la ha acompañado. A sus 68 años se ha vuelto su paño de lágrimas. Ha llorado con ella y la ha llenado de fortaleza. Daisy es la mayor de tres hermanos, tienen 26 y 24 años, respectivamente.  

Su padre, José Gualichico, con 58 años, ya está jubilado. Trabajó como mensajero en el Municipio de Rumiñahui. Con una pensión que bordea los USD 500 mensuales mantiene a Clementina, su esposa; Daisy, su hija mayor; Britany, su nieta, y al menor de sus hijos. 

“Tu salud vale más que nada en el mundo”, le dijo el señor. Pero Daisy está preocupada. En noviembre de 2021 ella perdió el trabajo en la fábrica de alimentos, en donde se encargaba del empacado. Así que don José le entrega USD 48 al mes para que no le falte su pastilla diaria de tamoxifeno, usado para reducir las posibilidades de que regrese el cáncer de seno. También le paga la afiliación voluntaria (USD 75), para que no pierda el derecho a las prestaciones de salud. 

Lamentablemente, durante todo el 2021 y lo que va del 2022, el IESS no le ha dado la medicina y tampoco turnos, para acceder a consultas y exámenes. Esto pese a que en febrero de 2019 le alertaron: debía someterse cada tres meses, por cinco años, a mamografías, para descartar que el cáncer hubiera regresado.  

Todos los lunes presenta hojas de vida de forma presencial y por e-mail; ha dejado entre 200 y 300, en busca de empleo. “Me adapto a cualquier trabajo, puedo hacer limpieza también”, dice pretendiendo ser fuerte. Pero en las noches sus miedos siempre ganan. 

Cuando la medicina la ha puesto más débil que de costumbre o si ha sentido dolores de cabeza o cambios de humor en el transcurso del día, no deja de pensar en que quizá el cáncer otra vez se ha instalado en su cuerpo. No puede dormir.

El 21 de marzo fue al HCAM. Su oncóloga le recomendó que volviera en un mes porque no disponen de reactivos para la tomografía, mamografía y eco mamaria. Averiguó y le explicaron que en una clínica privada, el primer examen cuesta USD 700. Reunirá dinero para comprar los reactivos y llevarlos al hospital. 

 “Quisiera que sean solidarios con nosotros, los pacientes. Enfermedades como el cáncer no nos permiten esperar tres meses, un año, ni siquiera un día. No deberíamos dejar de tomar la medicina ni descuidarnos. Mis padres cuidarán seguramente de mi hija, pero no es lo mismo. Yo quiero estar sana para criar a mi hija”, reflexiona Daisy. 

La niña, de nueve años, da muestras de madurez. Le abraza, le asegura que Dios está con ellas y que pronto estará bien. Daisy quisiera que las autoridades de salud y de gobierno se pongan en sus zapatos. Hasta ahora solo ha recibido apoyo de Jóvenes Contra el Cáncer.

Déficit en el fondo de salud

Hace más de un mes, el 25 de febrero del 2022, Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IESS, acudió a la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social, de la Asamblea Nacional. Allí informó que “el fondo del Seguro de Salud está prácticamente agotado y hay un déficit anual de USD 600 millones, y en el fondo apenas se dispone de USD 92 millones”.

Esa cifra, sostuvo Cepeda, resulta insuficiente. “Hay iliquidez y estamos trabajando con Finanzas, para que se pueda empezar a registrar la deuda que el Estado tiene en salud y empezar a pagar, para cubrir el déficit”. 

En su exposición ante el Legislativo, Cepeda dijo que otro seguro que les preocupa es el de invalidez, vejez y muerte. Al 31 de diciembre del 2021 reportó ingresos de USD 3 129 millones, frente a gastos de más de 5 mil millones. La causa es que la esperanza de vida ha crecido 10 años, en las últimas dos décadas.

En todo el mundo, señaló, se han generado problemas financieros en fondos provisionales que tenían otros parámetros para el cálculo. Otro problema que ha afectado a ese fondo data del año 2015, según Cepeda, quien recordó que en el gobierno de aquella época se suspendió el pago del 40% para alimentarlo. 

Del 2015 al 2018 hubo USD 5 043 millones menos de ingresos, y la suma bordea los USD 16.000 millones en 20 años. Por eso dijo se requiere una reforma en el cálculo del aporte, aunque aseguró que eso será resultado de mesas de diálogo y que no se ha decidido nada al respecto.

En torno al desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales y otros dispensarios del IESS, Cepeda también se pronunció. Cuando el gobierno de Lasso llegó había 47% de abastecimiento en el país. Hospitales como el HCAM contaban solo con el 25% de medicamentos. “Era una barbaridad”, comentó.

Según el Presidente del Consejo Directivo del IESS, el 2021 se cerró con 78% de medicinas en las bodegas de los hospitales. Y en febrero la cifra bajó al 72%. “En un par de hospitales grandes esperamos que en los próximos dos meses, el problema se solucione con la compra de insumos del grupo L, para tratar enfermedades oncológicas, raras y catastróficas, la parte más sensible del desabastecimiento”.

Cuestión de vida o muerte

Nelly Ochoa tiene 42 años. El 24 de octubre del 2017 recibió un trasplante renal, luego de someterse a diálisis por casi cuatro años. Desde Imbabura, cuenta, que los medicamentos no le faltaron, hasta que llegó la pandemia. En marzo del 2020 empezó a comprarlos por su cuenta. 

 “Veo el pastillero vacío y empiezo a angustiarme”, indica. A diario debe tomar siete pastillas de una marca de inmunosupresores, que implican una inversión de USD 58 cada semana. Y además toma otras cinco pastillas más. 

Gracias a dios, dice, es ingeniera ambiental y tiene trabajo. Su base estaba en la Amazonía, pero le han permitido conectarse de forma telemática, hasta junio de este año. Quisiera que los gobernantes entendieran cuánto repercute en vidas de pacientes como ella la falta de medicinas. 

“Con el trasplante volví a nacer. Sin medicinas, que eviten que mi cuerpo rechace el riñón de ese ángel, tendría que volver a diálisis. Y estar atada a una máquina es lo peor, no se puede tomar agua ni comer”.

Su hija Doménica, de 15 años; su esposo y su familia la reconfortan. Pero cada vez que tiene cita en el HCAM se siente decepcionada. “Le he dicho a mi doctor, que por favor, me cuente si no hay reactivos para que me someta al examen de tacrolimus. Ese insumo cuesta USD 110 y no dispongo de esa cantidad, para llevarles, como otros pacientes”.

Nelly no entiende cómo el Estado puede haber invertido USD 60 000 en su trasplante y no cuidarlo bien. “Les pido algo de empatía, ponerse en el lugar de pacientes como nosotros. La salud debería ser la prioridad y no solo para los más vulnerables. Es un derecho, pero no hay ni paracetamol. Se me acaba el sueldo en las pastillas”.

En junio del 2021, Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, fue testigo de la situación del Hospital Carlos Andrade Marín, en la capital. “He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital, probablemente el más importante que tiene el país. No es justo que la gente salga a comprar medicamentos”, aseguró hace nueve meses. 

El Decreto Ejecutivo 378

El 9 de marzo de este año, La Periódica envió un pedido de información al Departamento de Comunicación del Seguro Social, que no ha sido contestado. Se solicitó información sobre la situación global del sistema, así como de los principales hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Este medio conoció que en ese período se estaba removiendo al anterior Director de Salud del IESS, quien fue reemplazado, el viernes 25 de marzo por Daniel Rodríguez, que hasta el jueves 24  se desempeñó como gerente del HCAM. 

El 22 de marzo, a través del Decreto Ejecutivo 378, el presidente Lasso finalmente dio detalles sobre su plan de externalización de las farmacias, es decir, para que las farmacias privadas calificadas entreguen medicinas a pacientes de establecimientos de la Cartera de Salud, IESS, Seguridad Social de la Policía (Isspol) y de las Fuerzas Armadas (Issfa). 

El primer plazo para empezar a concretar este plan es de un mes, el 22 de abril. Los hospitales deberán presentar su plan en ese primer período y entre dos a seis meses (hasta septiembre) deberían ofrecer la receta electrónica a los pacientes, para que puedan retirar sus medicinas en farmacias privadas. Los médicos deberán emitir una receta electrónica, basados en un catálogo de medicamentos, aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Los pacientes tendrán que retirar el pedido de cualquier farmacia privada, que se incluya en el programa.

El decreto viabiliza la compra de fármacos a través de la red de farmacias privadas, opina Andrés Campaña, quien se desempeñó como director del Seguro Social, en Pichincha, hasta septiembre del 2020. Pero, apunta, detrás del desabastecimiento hay historias humanas, se ha jugado con sus vidas.

“La externalización es una alternativa frente al desabastecimiento. Pero es una medida desesperada, ya que no se logró adquirir medicamentos, intencionalmente o no, en 10 meses de gobierno”.

Para este analista, el problema pasa porque los procesos de compras públicas se han realizado de forma independiente en cada establecimiento médico. Por lo que hay tantas unidades de compras públicas como centros de salud. Eso, en primera instancia, imposibilita optimizar recursos con compras al por mayor.

Para Campaña no se puede dejar de mencionar que el fondo de salud del IESS está desabastecido, por lo que no hay recursos para comprar insumos y medicinas. Y pone un ejemplo: a finales del 2021 se dijo que contaba con USD 72 millones, mientras que solo el presupuesto para el HCAM supera los USD 150 millones.

“Hay falta de financiamiento, pero además de voluntad política. Pareciera que existe una intencionalidad deliberada por no comprar o es que las personas a cargo de las gerencias de hospitales han mostrado negligencia”, apunta.

Campaña recuerda que el Estado está obligado a precautelar el derecho a la salud de la ciudadanía. Y además, dice, el gobierno del presidente Lasso tiene la responsabilidad específica de cumplir con una deuda con el fondo de salud, que supera los USD 4 300 millones.

Según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con ese pago de la deuda, dice Andrés Campaña, se garantiza el fondo de salud hasta el 2028, último año de la provisión actuarial.

Jubiladas y jubilados exigen respuestas

Olguita Durán aportó al Seguro Social durante 30 de sus 78 años. Y ahora dice que siente una enorme tristeza al ver cómo tratan al afiliado. El 19 de mayo del 2019 le operaron por un tumor en la columna, en el HCAM. Le colocaron cinco clavos y le dijeron que debía chequearse periódicamente. Solo ha podido acudir a tres citas.

La pandemia y la crisis han hecho que no tenga acceso a consultas ni a medicinas, que no compra desde hace tres meses. Su caso es parecido al de miles de jubiladas y  jubilados, que con su pensión tienen que costearse consultas y remedios.

Por cuatro meses entre 2020 y 2021, dice Olguita, pagó USD 15 dólares por cada terapia de rehabilitación, a las que tuvo que someterse en centros privados. “Pensé que eso cambiaría cuando terminó la emergencia por covid-19, pero me indicaron que solo estaban recibiendo casos graves. Espero que ya me revisen”.

Édison Lima, de 83 años, es el presidente de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores del Ecuador. Anunció que en esta última semana de marzo dejarían una propuesta a la Asamblea Nacional. Buscan que se solucionen los problemas que enfrenta el Seguro Social. 

“En el directorio debería haber representantes de los afiliados activos, trabajadores, servidores públicos y maestros y de los jubilados. De lo contrario seguirá el proceso de desfinanciamiento y quiebra de la institución”, comentó. 

Para Lima, en el 2015, en la administración de Ramiro González, empezó la crisis de salud del IESS. Entonces, recordó, se contrató entre 800 y 900 clínicas privadas, cuando se necesitaban hasta 90; “el objetivo fue sobrevalorar atenciones médicas y es por eso [es] que tuvo que salir. No se ha administrado adecuadamente el fondo de salud, se está tomando dinero del [fondo] de pensiones. Los directivos no han sido responsables”. 

El dirigente subraya que el desfinanciamiento no se soluciona. Y precisa que uno de los problemas ocurrió en octubre del 2010, cuando la Asamblea Nacional permitió que hijos e hijas de las personas afiliadas y jubiladas, menores de 18 años, accedieran a chequeos. “Eso subió al 200% la atención médica. Solamente hay algo más de 3 millones de afiliados activos y 500 000 jubilados, mientras que se brinda el servicio de salud a nueve millones de pacientes”. 

Lima sostiene que la protección de la vida está en el Seguro Social, por lo que hay que defenderlo. Repite que no se debe olvidar que durante la pandemia, el Gobierno aprovechó la capacidad de las unidades médicas del IESS, para atender a los contagiados con covid-19. Y desde entonces, han pasado ya dos años, en los que jubilados y afiliados activos sufren sin acceso a consultas y recetas.