Esta carta fue publicada el lunes 28 de octubre de 2024 en el sitio web Libertad Académica Feminista. En ella, la docente Cristina Burneo Salazar narra el clima hostil que enfrentó durante una asamblea general de la Universidad Andina Simón Bolívar convocada para tratar su caso, donde fue objeto de juzgamientos y calificativos. Burneo denunció públicamente, a inicios de octubre, el acoso laboral y la vulneración de su libertad de cátedra. Su denuncia, respaldada en el hashtag #NoMásAcosoUASB, busca visibilizar las experiencias de violencia y la falta de garantías para las víctimas en espacios académicos.
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Me dirijo a la comunidad universitaria para sentar mi alarma ante el desarrollo de la asamblea general llevada a cabo el martes 22 de octubre. No asistí voluntariamente. Me vi forzada a hacerlo consciente del desprestigio al que probablemente sería expuesta, como luego comprobé.
Quiero agradecer a las personas en la universidad que se han solidarizado conmigo. Empiezo por lxs estudiantes, cuya claridad me ha guiado. A las trabajadoras que viven maltratos, espero que este duro proceso sirva para frenar el abuso. A quienes firmaron contra su voluntad la carta institucional que circuló por las oficinas y solo se permitía leer en el instante, mi protesta.
Nadie debería ser coaccionadx de ese modo.
Al inicio de una asamblea de tres horas, soporté, frente a más de cien personas, la versión oficial de un relato narrado por la máxima autoridad de la institución. Acto seguido, se presentó un análisis de métrica que diagnostica una «crisis reputacional».
Ante mi denuncia pública, se me tachó como enemiga de la universidad. En ningún momento, la institución mostró preocupación por el contenido de las denuncias que han salido a la luz: acoso sexual, acoso laboral, malos tratos de docentes a estudiantes con posiciones críticas. Lo que destruye la reputación de una universidad no son las denuncias, sino la violencia que naturaliza u oculta. El tribunal de facto al que fui sometida solo confirma lo que he denunciado.
No se explicó las consecuencias de esta «crisis reputacional». ¿Han renunciado docentes, se han retirado estudiantes de sus programas, se le han quitado fondos a la UASB por consecuencia del «acoso mediático»? Tampoco se puso bajo escrutinio el rechazo general al comunicado institucional, donde se tachó mi denuncia de «proterva» estrategia y se adelantó un criterio antes de la audiencia que pasamos, para la cual la universidad contrató a uno de los estudios de abogados más costosos del país.
Me he visto obligada a aclarar que tengo una posición pública opuesta al correísmo, pero no voy a caer en el gastado binario correísmo-anticorreísmo porque no respondo a poderes partidistas ni patriarcales. Tampoco debería ser perseguida si tuvierauna adscripción partidista. Soy militante feminista desde 2012, cuando volví a Ecuador, y no dejaré de serlo. Tomo como un insulto que uno de los fundadores de la universidad haya sugerido que las denuncias de decenas de mujeres en este proceso han sido vendidas a una fuerza partidista.
El hashtag #NoMásAcosoUASB aglutina un archivo de relatos, cartas de respaldo de varios países y artículos, entre otros. En el estudio de métrica financiado por la universidad vimos su relevancia. Las acciones comunicacionales alcanzaron a 1’326.047 usuarixs y tuvieron 6’364.139 impresiones. El 92% de posteos y reacciones fueron a favor de mi proceso de denuncia. Esto nos da enorme claridad del alcance de la denuncia.
A pesar de ello, no hay escucha. Al contrario, se criminalizó este despliegue. Las autoridades decidieron cerrar la presentación del estudio de métrica exponiendo mi rostro en la pantalla, en entrevista con una periodista feminista. Una muestra más de la violencia de género que es, justamente, la que he denunciado. ¿Había necesidad de exponerme a este grado? ¿Harán lo mismo con las denuncias que surjan en el futuro?
Lamenté escuchar que los colectivos, académicxs y actorxs que sostienen este proceso conmigo quieren destruir a la UASB. Se trata de personas que la defendieron en 2015. Son comunicadoras y activistas brillantes, reconocidas abogadas de la Alianza por los Derechos Humanos y mi abogado patrocinador, Juan Pablo Albán. Las mismas personas que acudieron al llamado de la UASB entonces lamentan haberla apoyado, al ver que no promovió los derechos que defienden, sino que ahora los pisotea con descalificaciones.
Si una trabajadora denuncia actos de acoso laboral y vulneraciones para que se investiguen y, en lugar de eso, su denuncia es ventilada y usada en su contra; si es culpabilizada por las acciones con las que elige defenderse y, luego, expuesta su cabeza en una asamblea, la institución le está comunicando que recibirá más violencia al buscar protección. También le está advirtiendo a otras que ese será el costo de denunciar, por lo cual el castigo se vuelve ejemplarizante. Al intimidar y perseguir, se perpetúa la violencia de género.
La conducción de la asamblea permitió especulaciones, adjetivaciones y juicios de valor sobre mí. Los apedreos incluyeron adjetivos como «extremista», perteneciente a grupos «marginales», «radical». En ningún momento, ningunx de lxs presentes llamó al respeto. Esto demuestra hasta qué punto el maltrato está normalizado. Quienes usaron estos adjetivos reproducen estereotipos que no solo me hacen daño a mí, sino que deslegitiman los contenidos de toda denuncia basada en género. Espero que quienes participaron de este modo tomen responsabilidad por su connivencia, ya que la institución no lo hizo. Tan evidente fue el curso que tomó la reunión, que el rector debió cerrar con esta frase: «esto no era una emboscada».
También escuché opiniones personales. Un profesor no conoce mi caso a cabalidad, pero como ha escuchado que mi trabajo no se alinea con el proyecto institucional, se siente autorizado a intervenir. Otro funcionario afirma que mi denuncia ha tachado de «violadores» a «todos los hombres» de la institución, banalizando el grave hecho de la violencia sexual. Uno más se aventura a diagnosticar que he orquestado un «ataque con saña». Siendo una comunidad universitaria, habría pensado que hay una ética básica para formarse opiniones enteradas antes de intervenir con tal ligereza. Es parte elemental de ser docente.
Denuncié a tres profesores de mi área y señalé a uno más, de otra área, como un agresor. La institución les entregó mi texto de denuncia. Dicho texto jamás cambió, pero mi queja, mágicamente, mutó de ser un reclamo simple a una denuncia por acoso. Fui investigada y sancionada. Y no, no «me fui de vacaciones» en este proceso. Representé a la universidad en México, Brasil e Italia, pero mi director de área negó esos permisos, así que trabajé con mis días de vacaciones, sin apoyo de la UASB, como puede leerse en las cartas de reclamo que les enviaron la Univ. de Sao Paulo y la Univ. de Milán. Le demostré al rector que el director había mentido. Insistí hasta el final en que cesara el acoso, que en ese punto era institucional. No sucedió.
Por eso, aclaro también que mi única reunión con las autoridades fue el 1 de mayo. Luego de eso, el proceso se deterioró muy rápido. No se me ha propuesto ninguna forma de diálogo desde entonces y, por otro lado, no la habría aceptado. No se dialoga con la violencia de género, se la denuncia.
Por las razones descritas, hice público mi relato y notifiqué sobre mi proceso al CES, donde se halla en análisis. Por eso solicité medidas de protección a la Junta Cantonal, que me las otorgó el 22 de octubre. Las resumo para su conocimiento: se prohíbe al representante de la institución y a los profesores denunciados realizar acciones de intimidación en mi contra; Talento Humano debe remitir un informe de las acciones que hubieran realizado a mi favor; se dispone al Centro Manuela León que realice seguimiento; se dispone a Defensoría del Pueblo que implemente un programa de sensibilización dirigido a los profesores denunciados y a funcionarixs de la UASB; se dispone al Min. de Trabajo que implemente programas de prevención del acoso.
Es decir, el mismo día que recibí medidas de protección, fui hostigada en una asamblea de tres horas donde no se controló el daño que podía sufrir a partir de estigmatización, uso de estereotipos de género en mi contra y revictimización, entre otros. Llamo la atención sobre la gravedad de este hecho.
«Los trapos sucios» no se lavan en casa. La violencia de género jamás es un asunto privado. Demasiadas mujeres, trabajadorxs y estudiantes han sufrido los efectos de la cultura del silenciamiento y la intimidación. Por eso, en lugar de demandar sanciones para los profesores denunciados, a pesar de que cometieron actos incluso listados en el COIP (omisiones de denuncia, ventilación de documentos confidenciales) persisto en un proceso no punitivo. Esto tampoco ha sido valorado por las autoridades.
El proceso judicial puede consultarse en su integridad, pues es público: 17U05-2024-00187. Consulta en SATJE:
https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda
Mi relato de este proceso también es público y está recogido en la web www.libertadacademicafeminista.com
Espero que lxs estudiantes y trabajadorxs que han sufrido maltrato se sientan escuchadxs a través de esta denuncia. A quienes optaron por sumarse al hostigamiento colectivo, espero que no lo repitan con nadie más. Es una forma de daño que se produce en franca desigualdad de condiciones. Los pensamientos suicidas, el daño psicológico, el aislamiento y la deserción estudiantil que han denunciado decenas de personas contra la UASB provienen de actos similares. Estar de acuerdo era lo de menos. Lo importante era tener altura y criterios para sostener una asamblea justa. Tristemente, esa oportunidad se ha perdido.
En solidaridad con quienes viven violencia y desigualdad.
Autoras
