Familias extrabajadoras abacaleras en riesgo de no recibir reparación de la empresa Furukawa

Portada: Quito, 31 de mayo de 2025. Foto: Juan Manuel Ruales

Hay formas que resultan efectivas para lograr que una sentencia se incumpla, una de ellas es: dejar que el tiempo pase hasta que quienes merecen recibir reparación ya no estén vivos para recibirla. Esto es lo que sucede con la historia de las y los extrabajadores de la transnacional japonesa Furukawa Plantaciones C.A. En noviembre de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador declaró que, hasta 2019, en las haciendas de la empresa japonesa existió servidumbre de la gleba, una forma de esclavitud moderna. Es decir, se reconoció que por más de cinco décadas las familias afrodescendientes y campesinas fueron esclavizadas dentro de las plantaciones de la empresa. Vivieron en los campamentos administrados por la compañía. Trabajaron sin contrato, sin seguridad social y, en muchos casos, sin tener documentos de identidad e incluso se les obligó a participar desde su niñez.

La sentencia del 2024 ordenó reparación integral para 342 personas, se dispuso un pago inicial de 20 mil dólares que debía recibir cada persona en un plazo de tres meses después de emitido el dictamen, y un plan de pagos para cancelar el saldo restante, que asciende a cerca de 42,1 millones de dólares. Sin embargo, las reparaciones ordenadas por la Corte siguen sin ejecutarse.

Han sido meses de espera y Gerardo Borja, Petronilo Quintero, Rosa Vega, Victor León, Ramón García, Miguel Barahona, Máximo Mora, José Moreira, Angel Preciado, Santo José Martínez, Segundo Angulo y Martha Gabriela Segura han muerto esperando justicia y reparación.

Hasta el cierre de esta nota, el pago inicial no se ha hecho. En junio de 2025 Furukawa presentó, ante la Corte Constitucional, una propuesta donde se plantea entregar la reparación económica a las familias en un plazo de 98 años. Este planteamiento además de los plazos irrisorios que propone la empresa parecen más una estrategia premeditada de silenciamiento para generar que las familias abacaleras desistan de continuar exigiendo verdad, justicia y reparación. Para las personas denunciantes adultas mayores, con enfermedades y en situación de empobrecimiento, cada día que pasa sin saldar esta deuda significa morir sin haber recuperado tan siquiera un poco de lo que les fue arrebatado: una vida digna.

Es por ello que una vez más, las familias abacaleras se reunieron el jueves 10 de septiembre a las 10h00 en los exteriores de la Corte Constitucional y presentaron una solicitud urgente de declaración de incumplimiento y adopción de medidas efectivas de ejecución de la sentencia emitida. Esto después de  que, el 27 de febrero de 2026, el interventor de la empresa Furukawa designado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) también conocida como Supercías, Santiago Izurieta Cruz documentara lo siguiente:

• Furukawa está en paralización operativa total: se detectó una desvinculación masiva de la nómina que llegó a tener 80 trabajadores y ahora pasó a solo 12, ninguno con perfil agrícola; no hay producción de abacá ni ingresos operativos.
• Los indicadores financieros muestran insolvencia estructural y las cuentas bancarias están retenidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
• Existe una mora de siete meses con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), liquidaciones impagas a 85 extrabajadores, además de obligaciones pendientes de jubilación y sueldos.
• Los bienes inmuebles de la compañía están sujetos a, al menos, siete prohibiciones simultáneas de enajenar, dictadas por la Corte, un tribunal penal y el SRI, y los 16 vehículos registrados están bajo medidas cautelares.
• La administración se negó a entregar de forma completa la información técnica e inmobiliaria requerida, incluida la discrepancia entre las 20 haciendas inicialmente reportadas y las 26 identificadas posteriormente. 

Además, el interventor documentó dos hechos más que las y los extrabajadores destacaron en la solicitud presentada:

• Una factura superior a 139 mil dólares, correspondiente a la empresa, fue pagada por MAVENZ (empresa japonesa) en una cuenta bancaria personal del gerente general, Adrián Herrera Villena, en lugar de a una cuenta de la empresa. De acuerdo con el informe del interventor, de ese monto se restituyeron 90 mil dólares. Sin embargo, al 27 de febrero de 2026 seguía pendiente de devolución un saldo superior a 49 mil dólares más los intereses correspondientes.
• Se entregaron reembolsos por más de 160 mil dólares para, presuntamente, atender procesos coactivos iniciados por el Ministerio del Trabajo. No obstante, el informe señala que no existe evidencia verificable de que esos fondos hayan sido utilizados para dicho fin. Al momento de la revisión, continuaban vigentes 28 procesos por más de 178 mil dólares.

A esto se suma un episodio que despierta sospechas de parte del interventor: la adjudicación de la hacienda Malimpia, en el cantón Quinindé supuestamente otorgada por el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en 1987, fue protocolizada e inscrita recién en octubre de 2025, seguida de la posesión de los herederos en enero de 2026 y su fraccionamiento en diez lotes en marzo del mismo año. 

Según la solicitud presentada por las y los extrabajadores abacaleros, mientras la Corte se demora en dar respuesta efectiva, se deteriora el patrimonio que constituye la principal garantía de reparación para las víctimas de una violación extremadamente grave de derechos humanos. Y añadieron que el propio interventor advirtió que cada día de inacción reduce la probabilidad de cumplimiento de la sentencia y se afecta directamente los derechos de las familias abacaleras.

En este contexto, las personas demandantes, en la solicitud que presentaron a la Corte, solicitaron:

• Declarar el incumplimiento de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador respecto de las medidas ordenadas en la sentencia No. 1072-21-JP/24, en particular del pago inicial y de la presentación y ejecución de un plan viable para satisfacer las reparaciones económicas.
• Disponer las actuaciones necesarias para que la autoridad competente declare la disolución y ordene la liquidación forzosa de Furukawa, conforme a la recomendación reiterada del interventor, y exigir la designación de un liquidador independiente de la administración actual y anterior, que actúe con transparencia y con el objetivo de preservar y maximizar el patrimonio destinado al cumplimiento de la sentencia.
• Designar un perito independiente para que, determine una propuesta técnica y jurídicamente viable de distribución o adjudicación de tierras y otros bienes de Furukawa que permita satisfacer las reparaciones ordenadas, considerando la aptitud productiva, ubicación, extensión, accesibilidad, situación registral y valor de los predios.
• Fijar un plazo máximo de seis meses para concretar la transferencia o adjudicación de las tierras y demás bienes que se destinen al pago de las reparaciones, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de las obligaciones que puedan ejecutarse antes de ese plazo.
• Convocar de manera inmediata a una audiencia pública de seguimiento y ejecución, con la participación de las víctimas y sus representantes, Furukawa, el interventor, la Supercías, el SRI, el IESS, el Ministerio del Trabajo y las demás entidades públicas obligadas o requeridas por la sentencia, a fin de establecer responsabilidades, plazos verificables y mecanismos de coordinación para el cumplimiento de todas las reparaciones a cargo de la empresa y del Estado.
• Establecer un mecanismo de seguimiento periódico, público y con plazos perentorios, que permita a las víctimas conocer los avances y formular observaciones, y adoptar las sanciones y demás consecuencias jurídicas que correspondan frente a nuevos incumplimientos.

Las familias abacaleras siguen siendo violentadas. La sentencia no les ha garantizado obtener la reparación que merecen. ¿Cuánto más tienen que esperar las y los extrabajadores?, ¿de qué sirve que la justicia formal reconozca tan grave violación a los derechos humanos si no logra convertir ese reconocimiento en una reparación real?, ¿cuántas personas más tienen que morir a la espera de la reparación?, ¿cuántas vidas más tienen que agotarse?

Las familias enfrentaron décadas de explotación, violencia y esclavización. Esperaron seis años para obtener una sentencia y ahora, además, deben atravesar el riesgo de que, mientras continúan esperando la reparación, se pierdan los bienes necesarios para hacerla efectiva.