La caravana pasó por la avenida Orellana en la ciudad de Quito. Cinco vehículos 4×4. Los elementos militares enmascarados, que hoy forman parte del paisaje cotidiano en Ecuador, iban con ventanas abiertas, pero no repararon en el anciano que pide caridad para comer a la altura de la avenida 6 de Diciembre. Tampoco habrán reparado en la mujer y sus dos niñas pequeñas que podrían ser de Caracas, Buenaventura o San Lorenzo y que se resguardaban del sol sentadas en la vereda. La imagen de las niñas y el hombre les haría verse en el más sombrío de los espejos. La caravana pasó con sirenas a gran velocidad, haciendo despliegue de poder como quien conduce un Porsche por una ciudad con asfaltado del tercer mundo, sorteando baches en vías que se ha hecho cerrar para el paseo.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores-SNAI, a cargo de las prisiones en Ecuador, también queda en la avenida Orellana. Está vallado, es inaccesible. La caravana habrá ignorado que allí se han hecho decenas de plantones para reclamar por las personas presas, que los plantones son de las familias que luchan todos los días por mantener con vida a sus hijos, esposos o hermanos dentro de las cárceles. Es también un lugar diseñado para anular toda posibilidad de justicia. Cuando hemos podido entrar a reuniones acompañando a las luchadoras, hemos llenado formularios, escrito oficios, recogido direcciones de correo y hasta números de celular personales. Todo, para nada.
Debiéramos decir "personas privadas de libertad", pero esto no se cumple. Las personas en prisiones están privadas de su derecho a mantenerse con salud y dignidad. Muchas están privadas, incluso, de la luz del sol. Están expuestas a tuberculosis, tortura, humillaciones como recibir su comida orinada por los carceleros, vejaciones como quedarse sin atención tras romperse huesos y tener que arreglarse con palos y jirones para sostener el esqueleto. Las personas presas, hombres y mujeres, están sometidos a la atrocidad de la violación como arma de deshumanización usada, sobre todo, por el ejército. Ellos violan con su propio cuerpo o buscan extensiones de su sadismo en objetos como palos, toletes o botellas. Así entran a romper el cuerpo de los presos, privados de muchísimo más que de su libertad.
El 22 de mayo, Omar Campoverde, preso en la Cárcel del Encuentro, denunció por vía virtual que dos miembros del Ejército ecuatoriano lo habían violado. No lo hizo en un espacio de testimonio, sino abriendo su micrófono en Zoom en un instante furtivo. Por eso, el movimiento social que lo acompaña dice que no lo han podido despojar de su dignidad, porque logró denunciar, usar su palabra.
Primer plantón por la detención de los llamados “Hijos de Mayo” en los exteriores de la Unidad de Flagrancias en Quito el 20 de mayo de 2022. Foto: Ramiro Aguilar Villamarín
En la Cárcel del Encuentro también están presos los políticos Aquiles Álvarez y Jorge Glas. El viernes 7 de febrero de 2025, Jorman Godoy, joven comerciante venezolano, fue asesinado por la policía metropolitana de Guayaquil. Murió por golpes que le propinaron, por cuya responsabilidad el alcalde no respondió. El mismo Municipio de Guayaquil afirmó que Jorman había agredido a un agente, por lo que fue detenido. Es decir, el Municipio implicó que la golpiza mortal se justificaba por una agresión no probada. El padre de Jorman vio cómo lo golpearon, pero la policía formó un cerco para impedir cualquier defensa. Jorge Glas acumula sentencias por los casos Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción de Manabí, sin mencionar la pesadilla a la que fue sometida por años la joven violada por su padre, Jorge Glas Viejó, donde se vieron privilegios en cómo fue tratado al ser traído de vuelta desde la clandestinidad en Paraguay. En lugar de llegar a una prisión tras destruir la vida de una joven, Glas Viejó llegó a un hospital. La defensa del derecho a la integridad y la vida no es una defensa a favor de hombres como estos, que deben responder por sus actos. Es más, es una defensa aun en contra de lo que esos hombres pueden haber obrado desde el poder para impedir la justicia. Ella no puede sujetarse a ningún ser humano en particular, dependiendo de nuestra simpatía. Y tener que afirmar esto a riesgo de ser acusada de cercanías partidistas ya es un retroceso grave.
El régimen de Noboa ha usado los actos reprobables y los perfiles de estos políticos para justificar la tortura contra ellos y cualquier otro ser humano a fin de desplegar poder. Donde un mandatario y un sistema de justicia son responsables de separar la responsabilidad penal del respeto a los derechos humanos, Noboa y sus estructuras de corrupción han usado la aversión política como capital. Y la sociedad polarizada en que vivimos lo acepta sin reservas: odiar al adversario justifica que coma comida orinada o que lleve la cabeza rapada en señal de humillación. Para Noboa, tan pequeño, es legítimo romperle la psiquis a los presos para montarse sobre sus hombros, huesudos por la inanición. Son los únicos hombros desde los cuales podrá ganar alguna estatura.
El régimen de Noboa necesita de la tortura y los tratos crueles para deslegitimar al sistema de justicia y rebajarlo a su nivel: había que organizar un sistema de venganza y relaciones mafiosas en el cual los derechos humanos fueran condicionales e, incluso, vistos como objetables. "Los derechos humanos defienden a delincuentes" es una de las consignas fascistas de este tiempo, no solo en Ecuador. En ese sistema de relaciones mafiosas que permea más de lo que pensamos, la defensa de los derechos humanos se volvió risible a ojos de la sociedad de la venganza en que vivimos.
La caída en febrero de Mario Godoy (quien hasta esa fecha era presidente del Consejo de la Judicatura), vinculada a la de José Suing; la corrupción en las universidades y su uso del poder judicial –favores que se deben a "los profes", vínculos con graduados que trabajan en el sistema judicial, sistemas de favores en ciertos círculos de la comunidad jurídica–; la evasión de impuestos como modelo "aspiracional"; la ignorancia elegida como legitimación de la banalidad –influencers que se enriquecen con dineros del narco–; la destrucción de la educación pública como modo de matar la capacidad de disenso, son aspectos menos explícitos del sistema mafioso de relaciones, pero se vieron recientemente con el título universitario de microondas de Lavinia Valbonesi.
Uno de los factores para ver la defensa de la vida, la resistencia y la dignidad como "ingenuos" es el encuadre bélico que este régimen ha establecido para manipular las emociones sociales. Cabreada por la corrupción en todos los gobiernos, aplastada por el empobrecimiento, impotente ante la violencia, la población se refugia en un securitismo que, lo sabemos, fracasó antes de ser desplegado como Plan Fénix a raíz de un secuestro jamás explicado. Eso sí, William Alcívar, alias "Negro Willy", a quien informes policiales identifican como el autor intelectual de dicho secuestro, negó haberlo ordenado y acusó bajo juramento al gobierno de Noboa de montar la escena. Sin embargo, desde el 9 de enero de 2024, la guerra contra el crimen organizado es el framing que el régimen utiliza para justificarlo todo. El miedo cala, la gente acepta la narrativa y justifica la tortura, como si el hecho de que los militares violen en prisiones le permitiera dormir mejor, bajo su valiente protección.
En el marco de militarización del Plan Fénix, todo tipo de abusos cometido bajo la narrativa de "guerra contra el terrorismo" es aceptado. Así, se toleran ejecuciones extrajudiciales, tortura a jóvenes en las calles y despliegues de poder de los militares. Dos años y medio más tarde, Ecuador ha buscado con desesperación formar parte del plan de expansión de Estados Unidos y ser visto por el régimen fascista de Trump como colaborador cercano. Para ello, ha aceptado presencia militar estadounidense e israelí en su territorio, redadas, toques de queda y abusos policiales y militares en las calles que ponen en peligro a toda la población pero, en especial, a la población perfilada, es decir, jóvenes afro, migrantes y niños como Ismael, Josué, Nehemías y Steven. El pánico impide salir del encuadre al que Noboa ha conducido a muchos.
Manifestantes reclamando por la desaparición forzada de “los 4 de las Malvinas” frente a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito, el 23 de diciembre de 2024. Foto: Ramiro Aguilar Villamarín.
El correlato del terror es la corrupción. Se señala primero la "maldad" del enemigo, que son los partidos políticos, los movimientos sociales, los jóvenes luchadores indígenas, la autonomía territorial, la población migrante y un largo etcétera que hace la guerra de los buenos contra los malos. Los buenos muestran cirugías estéticas caras, cabello a lo Niels, capaz de disimular el vacío que reina allá arriba donde se agita un lustroso corte en capas, o sumisión a lo Atamaint, quien, tristemente, pertenece a un pueblo milenario y guerrero. Los buenos son acusados de narcotráfico mientras lavan dinero como influencers. La imagen de la corrupción está guapeada. Lavinia Valbonesi es vista como rubia aspiración, no como una traficante de tierras. Los malos son quienes resisten.
En esas condiciones, con un régimen civil-militar que hace de las prisiones campos de concentración, con decenas de denuncias de personas desaparecidas o ejecutadas, con informes internacionales de derechos humanos que consideran a Ecuador como el territorio más violento del continente, el sentido común fascista se vuelve parte de ese sistema mafioso de relaciones al legitimarlo.
En este escenario, las torturas publicitadas de la Cárcel del Encuentro no pueden ser aceptadas ni mucho menos celebradas. Las prisiones, que ya eran centros de operación del crimen organizado y lugares de deshecho donde va la gente más empobrecida que no puede protegerse ni afuera ni adentro, son ahora lugares de espectáculo del sadismo para legitimar ese mismo sadismo como forma de gobierno.
Históricamente, el torturador era un brazo ejecutor del estado o la iglesia. Su papel era aplicar justicia punitiva, extraer confesiones y mostrar el poder de su soberano. Para evitar ejecuciones fallidas, muchos torturadores se hacían expertos en anatomía. Aún hoy conocen bien el cuerpo humano, muchos saben cómo curar, aunque usen su conocimiento para destruir. Cuando un gobernante participaba con sus propias manos en el tormento de los oprimidos, el terror se convertía en la única herramienta de cohesión, se rompía todo orden. Mostrar las manos manchadas de sangre desde el lugar del soberano aseguraba sumisión al terror, único modo de gobernar de quien practicaba el sadismo como ley.
Todo se registraba en las llamadas actas de tormento. Era el registro de los actos de tortura y las palabras de los torturados, por si confesaban. Constaban allí los preparativos, los nombres, el instrumento utilizado y las acciones del torturador. Hoy está prohibida la tortura, ningún manual de torturadores usa esa palabra. Pero la burocracia militar y de inteligencia siguen registrando interrogatorios que hacen con métodos de tormento. El registro de la tortura opera en la clandestinidad, mediante eufemismos y documentos clasificados. No hay "actas de tormento" en los archivos Noboa, pero sí infinita cantidad de videos en TikTok, registros de familiares, audios con gritos de auxilio, incluso videos que grabaron los mismos militares para exhibir su sadismo. El archivo de tortura no existe, pero es viral.
Por eso no hubo Informe a la Nación este 24 de Mayo. No se puede rendir cuentas públicas en calidad de torturador.
