El pacto patriarcal entre el presidente, el nasciturus, el médico y el violador: musicalizado por Ricardo Arjona
Llevas una estrella en tu vientre.
Llevas una vida que late.
Un posible ingeniero, roquero o escritor.
Quizá un bohemio, quizá un señor.
Quizá compositor, poeta, medio loco o trovador.
Quizá una idea, quizá una solución.
Ricardo Arjona
Este epígrafe bien pudo haber precedido a un veto a la altura de Ricardo Arjona. La indolencia del presidente Guillermo Lasso con la expedición de la objeción parcial a la Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, que fue aprobada por la Asamblea Nacional sobre la base de un proyecto elaborado desde la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de mujeres y feministas, por mandato de una sentencia de la Corte Constitucional, consagra una serie de atropellos que he descrito de manera sencilla, como explicándole a una pequeña, en este artículo.
El veto del presidente Lasso olvida que a las niñas les duele, que las niñas son las principales víctimas de violaciones en el país, que ellas generalmente no tienen conocimiento de las implicaciones de las decisiones públicas en su vida y que tampoco tienen voz en este debate. Tanto la criminalización como los plazos reducidos, el negar que el aborto sea un derecho, los requisitos infames, la presunción de falsedad de la denuncia, la obligatoriedad de realizarles exámenes revictimizantes y someterlas a ecografías son formas de tortura y la supuesta «adopción futura» está expresamente prohibida en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Se tergiversa completamente, no solo la voluntad de la Corte Constitucional en la sentencia y las demandas de las mujeres organizadas, sino, se reniega de la obligatoriedad de aplicar las recomendaciones y estándares de los Comités y organismos de derechos humanos; y se permiten inconstitucionalidades como la objeción de conciencia institucional. Para rematar, el reglamento lo elaborará el mismo presidente desde sus convicciones católicas, –confundiendo su papel en un Estado laico– la prestación de servicios de aborto por violación se sujetará a la disponibilidad presupuestaria y se obligará a que el violador pague los gastos, en un gesto además de impracticable, cruel, que significa, en la práctica, un lavado de manos del Estado, y la omisión de su responsabilidad primaria de prevenir la violencia sexual y de garantizar la gratuidad del derecho a la salud.
Así, el presidente, conjuntamente con el nasciturus, los objetores de conciencia y el violador –al ritmo de Arjona– se convierten en el centro de una ley donde las víctimas desaparecen y donde se borra el capítulo dedicado a las personas con posibilidad de gestar, en un acto de descarte de su humanidad y necesidades específicas. Asimismo, se igualan a la baja plazos que ya son absolutamente cortos (quedan en 12 semanas de gestación para todos los casos), sin considerar las brechas en lo urbano y lo rural y las dificultades adicionales de las pequeñas, las niñas y adolescentes que son las principales víctimas de violencia en este país.
Veto se escribe con v de varón
La Periódica, con indignación me invitó a escribir un texto para nosotras, para quienes estamos hartas y la palabra nos queda corta, ante sesenta y ocho páginas de misoginia que lanzan por el inodoro siglos de lucha feminista. Es una barbaridad que se desconozca la fuerza vinculante de las recomendaciones de los Comités de Derechos Humanos como fuente del derecho interno. Eso es borrar de un plumazo el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos y el propio Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no solo como normas propias, sino como derecho que prevalece sobre la Constitución si es más favorable. La Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que las recomendaciones de los Comités son vinculantes y que, de no cumplirlas, tenemos recursos como la acción por incumplimiento.
Además, en el veto, el principio de igualdad se interpreta para igualar a la baja los plazos que ya de por sí eran restrictivos para que las niñas, mujeres y personas con posibilidad de gestar accedieran a un aborto por violación. Entonces, en los términos de lxs libertarios, la violada es violada porque quiere. Si tiene más desventajas, allá ella. Es notable que el presidente y sus asesores –todos varones– jamás fueron violados, jamás se quedaron embarazados a los diez años y jamás fueron obligados a parir hijos de sus violadores. Porque son hombres y tienen pactos.
Neomachismo, postfeminismo y backlash tropiandino
Nos gobierna actualmente lo peor del conservadurismo, que suma a concepciones cavernarias en lo moral el predominio del libre mercado y del capital sobre los derechos de las personas trabajadoras y sobre los derechos humanos en general. No es solo el clásico machismo, –patrimonio de la izquierda y la derecha–, sino tiene parentescos ideológicos con el pensamiento de partidos fascistas y de extrema derecha como VOX. El tanque de pensamiento gubernamental ha bebido del neomachismo o del posmachismo, considerado como una crítica a las supuestas incoherencias del movimiento feminista; en alianza con el posfeminismo, un peligroso discurso que plantea un espejismo de igualdad, que mira a las decisiones que las mujeres tomamos por necesidad y patriarcado como legítimas y libres, y que considera al feminismo más radical como innecesario, desactualizado y amargado (Menéndez, 2014). Entonces, deben celebrarse las posiciones estereotipadas y devaluadas que las mujeres ocupamos para mantener nuestra subordinación o para escalar posiciones en un sistema de poder que no nos beneficia y al mismo tiempo, incentivar el consumismo, como sinónimo de realización personal y colectiva.
El veto dice que la ley promueve el aborto y que el aborto no es un derecho, mientras enarbola el pasado patriarcal como legítimo. Un pasado donde la violación es naturalizada, donde las víctimas de ella son culpabilizadas, donde el embarazo es una “bendición” y donde los cuerpos que reciben y procrean como consecuencia de la violencia son meros medios y no fines en sí mismos. Un pasado donde el centro de las políticas antiderechos reproductivos y sexuales es el nasciturus, no las niñas obligadas a ser madres. Un pasado punitivo donde la orientación de las políticas no es la prevención sino la criminalización, donde prevalece como solución el discurso populista penal de la persecución y sanción a los violadores, y no la reparación integral de derechos de las víctimas, que también pasa por recuperar sus proyectos de vida. Un pasado de violencia gineco-obstétrica donde se da excesivo protagonismo a las creencias particulares del personal médico objetor de conciencia y no al dolor de las víctimas y sus apremiantes necesidades de salud y de vida. Un pasado donde los hombres deciden sobre nuestros cuerpos desde los espacios de poder que a nosotras nos niegan sistemáticamente.
Los sectores antiderechos han arremetido furiosamente contra las organizaciones feministas y de las disidencias sexo genéricas. Han tenido varias décadas para organizarse en una contraofensiva misógina. Ante nuestros avances, arremeten. Quieren mantener un orden económico, social y sexual para el que el feminismo que denuncia además de la opresión de género, el clasismo y el racismo, es incómodo. Susan Faludi, feminista norteamericana, se refirió a este fenómeno como backlash: un ataque en respuesta a los logros y un ataque misógino a nivel personal y sistémico, además de un intento de contrarrestar las pequeñas victorias de los feminismos (Consuelo Barea, 2009). Esto se comprueba fácilmente con la represión policial hacia las manifestantes en las marchas del 8 de Marzo en varias ciudades de Ecuador; y, por contraste, con la permisividad ante las marchas de los antiderechos mal autodenominados provida. Y esto se verifica también en la elaboración de un veto parcial que desnaturaliza por completo la Ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, empezando por decir que el aborto no es un derecho.
El feminismo a lo “girlboss”
Y todo esto lo hacen con una pátina de igualdad, con las herramientas que se han trabajado desde el propio feminismo. Una de ellas, por ejemplo, es la participación política de las mujeres, que siglos de lucha ha costado a las organizaciones populares, para promover no solamente la presencia de más mujeres en los escenarios públicos, sino un cambio de las recetas programáticas tradicionales y machistas, a favor de la igualdad.
Las pocas mujeres que están en el Gobierno obedecen al modelo del feminismo liberal blancomestizo, enfocado en la ruptura del techo de cristal, como aspiración de las mujeres a tomar el poder desde una lógica patriarcal, capitalista y colonial. Su discurso de “apoyo” a las mujeres empobrecidas y racializadas –la mayoría en este país– está dirigido al “empoderamiento económico”, pero no desde la perspectiva de los cambios estructurales que el país necesita para superar la feminización de la pobreza, sino desde la iniciativa individual del “emprendimiento” y la “economía violeta” (propuesta sobre la que ya pidió explicaciones el Comité de expertas de la CEDAW).
Estas son nociones neoliberales que desnaturalizan o disfrazan las relaciones laborales, precarizan a las mujeres más empobrecidas, parten de la premisa de que el pobre es pobre porque quiere y que tan solo echándole un poco de ganas se sale adelante, como si no existieran indicadores económicos lo suficientemente intactos desde hace décadas, como para que la movilidad social sea casi imposible. Esta situación se ha recrudecido con la pandemia y su gestión política, que no privilegió la protección social para las mujeres pertenecientes a grupos de atención prioritaria. La mitad de las mujeres de la población económicamente activa del país ahora depende totalmente de otros para subsistir.
Las feministas luchamos para que las mujeres estemos en espacios de liderazgo y decisión. Las mujeres que llegan a puestos claves como asambleístas y como alcaldesas o ministras siguen siendo mujeres privilegiadas. Aunque desde la década de los noventa se han implementado acciones afirmativas como cuotas, para incrementar la participación de las mujeres en el quehacer público, son barreras estructurales las que impiden que esta participación sea efectiva. Las mujeres racializadas, pobres, de sectores periféricos, las jefas de hogar, las adolescentes, jóvenes, adultas mayores, las mujeres de las disidencias sexogenéricas, con discapacidades, en situación de movilidad humana y privadas de la libertad, tienen dificultades adicionales para participar y ser elegidas. Muchas mujeres que gracias a la lucha de otras han llegado a espacios de poder son indolentes y desconocen al feminismo como un movimiento social emancipador al que deben sus poderes de turno. Un ejemplo de esto es la represión policial desde el Ministerio de Gobierno por parte de la ministra Alexandra Vela a las manifestantes del 8 de Marzo, aunque por parte de “policías mujeres”.
A la par de esta indolencia, hay que decir que si no existieran las acciones afirmativas y el principio constitucional de paridad, para que más mujeres puedan participar como autoridades, los logros que hemos tenido en los últimos años hubieran sido imposibles. Existen muchas mujeres en la función pública que, en alianza con las mujeres organizadas luchan, resisten y proponen. Es gracias a ellas que todavía la ley aprobada, aunque con plazos restrictivos, recogía estándares aceptables para la reparación integral de las víctimas de violación. Pero lamentablemente ellas siguen siendo pocas, no tienen los votos suficientes, aunque sí un potencial importante de incidencia. Quienes al final escriben qué debe pasar en el cuerpo de una niña que fue violada y que decide abortar son varones. Blancos, ricos, con educación superior y con enorme inconsciencia sobre la realidad de un país tan desigual como misógino, cuyos grupos de poder necesitan mano de obra barata para continuar expandiendo sus capitales; mano de obra que se reproduce en los cuerpos de las mujeres.
La figura de la primera dama
Sabemos que Guillermo Lasso es asesorado en temas de derechos de las mujeres principalmente por su esposa María de Lourdes Alcívar. Ella lo acompaña, sonriente y silenciosa, en cada acto público y privado de su vida. Debemos soportar, día a día, la simbología violenta del lugar subsidiario que las mujeres debemos ocupar, a su juicio, en la vida de los hombres; como el ideal amoroso de la familia burguesa, blancocriolla, heterosexual, adinerada, nuclear y patriarcal.
A la primera dama se la muestra como el modelo nacional de mujer. Callada, detrás del varón, acomodando su corbata, sonriendo siempre, retirando pelusas de su solapa y, en las pocas ocasiones en las que habla, reproduciendo las ideas misóginas y sexistas por las que se mantiene a las mujeres calladas en nuestras casas. Diciendo que seamos lindas y prudentes para que el marido no se enoje. Que nosotras tenemos que hacernos respetar. Que si nos pega es porque provocamos. Que la violencia es culpa nuestra porque debemos mantenernos en silencio para que el jefe no se enoje.
La primera dama –figura sexista que no debe manejar ningún tipo de poder, pero lo maneja– es quien dicta la política pública relacionada con los derechos humanos de las mujeres, en campañas paralelas a las del propio Estado, que encabeza la Secretaría de Derechos Humanos, instancia cada vez más debilitada en personal y presupuesto. Existen leyes y planes aprobados desde un enfoque de género y derechos, pero quedan en letra muerta y se convierten en todo lo contrario para que la primera dama esté contenta. Porque ella no sabe que las mujeres ya hemos probado lo suficiente la receta neoliberal de las migajas, de la sumisión y del uso estratégico de la necesidad de las más pobres como plataforma electoral: no funcionan, jamás han funcionado y peor a nuestro favor.
La igualdad a la baja. La desigualdad.
Lamento que la sentencia de la Corte Constitucional, rica en argumentación, datos, participación ciudadana, doctrina, jurisprudencia de primer nivel y buenas razones no haya previsto que vivimos en Ecuador. La Corte Constitucional de Colombia nos dio, nuevamente, una lección de integridad sobre su labor de interpretación de la Constitución de manera situada y contextualizada, fijando los plazos para el aborto libre, porque ni los presidentes ni los diputados los hubieran aprobado amplios.
Es cierto que en un sistema por causales ni siquiera deberían contemplarse plazos, pero fue la propia Corte –quizás como resultado del diálogo para obtener los votos necesarios para la aprobación de la sentencia– la que mandó, a la Asamblea Nacional a fijar plazos, que serían infamemente disminuidos y, después, reducidos otra vez a su mínima expresión por el presidente en su veto. De 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres en vulnerabilidad, de los sectores rurales y de pueblos y nacionalidades y de 12 semanas para el resto de mujeres, se pasó a 12 semanas para todas.
Este es un plazo mínimo que hará, en la práctica, que la mayoría de las víctimas de violación embarazadas no puedan acceder al aborto seguro, aunque ya no sea delito practicarlo en casos de violación. Todo esto, desde una interpretación aberrante del principio de igualdad, igualando a la baja. Siempre podemos estar peor.
El borrado de las niñas, mujeres con y sin discapacidad y personas gestantes de la ley
El borrado es metafórico, pero también literal. El veto pervierte la naturaleza de una ley justa y reparadora que tenía en su centro la recuperación del proyecto de vida de las víctimas de violación. No es un veto, como han dicho brillantes analistas como Soledad Angus y Johanna Romero. Es una nueva ley. De hecho, rebautiza a la interrupción voluntaria del embarazo como la “finalización de la vida del nasciturus”, y no como un derecho de las víctimas de violación. Así, las criminaliza, porque a pretexto de la protección de la vida del que está por nacer, vuelve a las niñas, adolescentes, mujeres y personas con posibilidad de gestar al imaginario de asesinas. Incluso se permite denunciarlas si hay sospecha de la falsedad de sus testimonios de violencia. La protección de la vida desde la concepción es un principio programático que puede y debe observarse con políticas de inclusión social, no con la criminalización del aborto.
A quienes tienen discapacidad la Ley aprobada por la Asamblea dispuso que tengan la opción de ser acompañadas en el proceso por una persona que las cuide. El veto las obliga a hacerlo con sus representantes, salvo que sea el propio agresor. Esto desconoce su humanidad y sus posibilidades de decidir.
El veto borra todo el título dedicado a las personas con posibilidad de gestar, en un acto macabro. Simplemente prescinde de un acápite que consideraba las necesidades específicas de personas trans, no binarias e intersexuales que frecuentemente sufren violaciones correctivas, crímenes de odio destinados a “reformarlas”. De esta manera se pierde el objeto de la ley, como una ley que protege a las sobrevivientes, y las criminaliza, desconfía de su palabra, las tutela por sus familias y por el Estado.
¿Qué hacer?
La canción de Arjona la cito no solo porque a veces necesito reírme un poco para poder soportar el hecho de vivir en el Ecuador siendo feminista y enterándome de cada cosa misógina y patriarcal que pasa; sino porque, efectivamente, todo el veto puede reducirse al soundtrack de marras. El texto insiste en que se informará a las solicitantes de interrupción voluntaria del embarazo de las alternativas al aborto. Es decir, en un lavado de cerebro infame, revictimizante y culpabilizante, se les hará ecografías para que sepan cómo está la estrella en su vientre y se les pondrá a las órdenes de instituciones de beneficencia dedicadas al nasciturus y su adopción futura –no le digas detente–.
El sinsabor en la lectura del veto se convierte rápidamente en indignación. Nos ha costado demasiado, no solo a las mujeres vivas, sino a nuestras ancestras en la lucha y a las mujeres que han muerto por la violencia gineco-obstétrica del Estado de formas que eran prevenibles con buenas prácticas de aborto seguro, llegar a este punto.
Ahora, se necesita una nueva mayoría en la Asamblea Nacional para descartar el veto y aprobar la ley original. Existen algunos caminos constitucionales y el llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para detener tremendo retroceso, pero el agotamiento y la rabia crecen.
Hablan de nuestros cuerpos y de nuestras vidas como si se tratara de nada. Como Arjona, los misóginos que nos gobiernan se proyectan fácilmente en el nasciturus (cuyo imaginario es masculino, como he argumentado en otro artículo), en pacto patriarcal que tiene más empatía con la vida en potencia que con la vida en acto y con la vida digna de las niñas, mujeres y personas gestantes.
A esa estrella en tu vientre,
No le digas detente
Si lo hubiesen hecho conmigo
Hoy faltaría una canción
Ricardo Arjona
Bibliografía
Barea, Consuelo. (2009). Backlash: resistencia a la igualdad.
Menéndez, Isabel. (2014). “Alianzas conceptuales entre patriarcado y postfeminismo: a propósito del capital erótico”. Revista Clepsydra. N. 3. Páginas 45-64.
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