«Por nuestros niños hasta la vida»

Ilustración: @pepailustradora

El pasado 8 de diciembre, Saúl Arboleda (15 años), Steven Medina (11 años) y los hermanos Josué Arroyo (14 años) e Ismael Arroyo (15 años) jugaron fútbol por última vez cerca del Mall del Sur, en Guayaquil. Ese día fueron detenidos por militares y, desde entonces, sus familias no tienen noticias de ellos. La sombra del poder y la impunidad cubren sus rastros.

El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, inicialmente señaló en una cadena nacional del 21 de diciembre que «grupos delincuenciales» estaban involucrados en la desaparición. Sin embargo, dos días después, el 23 de diciembre, la versión oficial cambió alegando que los menores fueron detenidos por presuntamente estar robando a una mujer. Estas contradicciones entre las declaraciones del ministro y los hechos evidencian irregularidades. Aunque inicialmente se intentó desvincular a las Fuerzas Armadas del caso, el allanamiento a la base militar de Taura —ubicada a 45 minutos de la zona de la detención— apunta a una posible responsabilidad directa. 

Desde el inicio, las familias han denunciado la implicación militar en la desaparición de los menores. El 24 de diciembre, la jueza constitucional Tanya Loor admitió el pedido de habeas corpus presentado por las familias y declaró la existencia de desaparición forzada. La jueza basó su decisión en los patrones que indican que los niños desaparecieron mientras estaban bajo custodia militar.

La entrevista en La Posta a dos militares –de los 16 que estarían involucrados en esta desaparición– no ha permitido aclarar los hechos, sino más bien ha puesto en evidencia que se busca desprestigiar a los adolescentes y al niño, y que también pretenden deslindarse de responsabilidades. Eso dejó más preguntas que respuestas: ¿cómo es posible que en Ecuador se detenga a niños y adolescentes; y no se dé aviso de esto a sus madres, padres o a alguna instancia de protección? ¿Cómo es posible que no se respeten protocolos de detención a niños, niñas y adolescentes, ni el debido proceso?

En una absurda declaración por parte del presidente Daniel Noboa, el 23 de diciembre, este insinuó que los cuatro niños y adolescentes desaparecidos podrían ser considerados héroes nacionales, minimizando la gravedad de los hechos: esto es una desaparición forzada, no un acto de sacrificio heroico. ¿Cómo se honra la vida de quiénes han sido desaparecidos? ¿Cómo se repara esa herida en un país que se desangra de palmo a palmo?

Esto no es un hecho aislado. Es una más de las violaciones flagrantes a los derechos humanos, de las que organizaciones de derechos humanos como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH, alertó desde el inicio de la declaración de Conflicto Armado Interno en enero de 2024.
Es el grito desesperado de tres familias frente a un Estado que les da la espalda.

Mientras se intenta desacreditar a los niños y adolescentes (#LosCuatroDeGuayaquil), señalándolos como delincuentes, usando imágenes falsas para asociarlos con grupos de delincuencia organizada, como si eso justificara la desaparición forzada, la violación de derechos e incluso la posible ejecución extrajudicial. Sus familias denuncian hostigamientos para que abandonen la búsqueda, pero se mantienen firmes reclamando respuestas. Aún esperan que sus hijos vuelvan a casa. 

El caso de Steven, Saúl, Josué e Ismael, nos hace mirar de frente una situación de horror en nuestro país y una realidad que es innegable: ha fracasado el modelo donde se utiliza a militares, policías o a cualquier elemento de la fuerza pública para garantizar la seguridad. Abundan las denuncias e investigaciones de desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos —incluidos a niños y adolescentes que no están asociados con grupos de delincuencia organizada— en manos de las fuerzas armadas. Este caso ha permitido que otros y otras hablen y han surgido más denuncias de niños y adolescentes desaparecidos donde estarían involucrados militares, como son las desapariciones de: Kleiner Pisco (15 años) y Carlos Pisco (17 años).

En paralelo, otras desapariciones en las que no hay indicios de quienes son responsables, continúan estremeciéndonos. Tal es el caso de Gerardo (nombre protegido), un joven de 17 años de edad que lleva más de un mes desaparecido. Su familia ha solicitado a la Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas que investigue el caso, pero la respuesta ha sido lenta, argumentando una alta cantidad de casos similares y señalando supuestos vínculos del joven con otras personas en conflicto con la ley. Estas explicaciones parecen servir de excusa para no priorizar su búsqueda, negando a las familias el derecho a una respuesta y a la justicia.

Los indicios, recabados por la familia, apuntan a que Gerardo fue asesinado, lo vieron por última vez el 26 de noviembre. Su familia, sin apoyo estatal, ha asumido la desgarradora tarea de buscarlo entre matorrales y cavar en la tierra con la esperanza de encontrarlo para darle sepultura. Aún no dan con su paradero, pero han hallado los cuerpos de otras personas enterrados, uno de ellos identificado como otro joven que había desaparecido en el mismo barrio donde vivía Gerardo. No son hechos aislados, son situaciones que se están repitiendo de manera constante en distintos lugares del país con las infancias y adolescencias afrodescendientes empobrecidas, porque eso es lo que tienen en común todas estas historias, incluída la de Gerardo: son personas negras. 

El racismo y la deshumanización se ven plasmado en cada uno de estos casos. ¿Quiénes son los delincuentes para el poder estatal? ¿De quién se sospecha constantemente? ¿Quiénes son “el enemigo” en el conflicto interno declarado por el gobierno de Daniel Noboa?

Un país que no protege a sus niñas y niños, en especial a los más vulnerables, está condenado al fracaso.

Un país cómplice de la desaparición forzada, que otorga mayor valor a unas vidas sobre otras, también está condenado al fracaso.

¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo, donde nuestros niños y niñas son presas de la violencia? ¿Por qué debemos defender constantemente que no cometieron delitos para justificar que se les busque? 

Mientras el Estado intenta desesperadamente minimizar la gravedad de la desaparición de los cuatro menores en Guayaquil calificándola como un “incidente”, debemos insistir en decir las cosas por su nombre: fue desaparición forzada perpetrada por el Estado ecuatoriano. Utilizar eufemismos no solo distorsiona la verdad, sino que también refleja un profundo menosprecio por las vidas de Saúl, Steven, Josué e Ismael.

Nadie merece ser desaparecido, nadie merece ser torturado, nadie merece morir a manos de quienes ostentan el poder, sea el poder estatal o el poder criminal.

¿Cuánto más permitiremos que la violencia, la militarización y la impunidad sigan marcando el futuro de nuestro país? Las niñas, niños y adolescentes empobrecidos, negros e indígenas son quienes más sufren en este sistema perverso. Por un lado, están expuestos a los grupos de delincuencia organizada que los explotan para sus fines; por otro, son criminalizados y perseguidos por el Estado. Son víctimas, no objetivos militares.

¿Cómo se reparan las heridas que dejan estas desapariciones a sus familias y a la sociedad? 

La tarea como sociedad es acompañar la búsqueda de justicia de estas familias y evitar que estas historias se vuelvan a repetir. Desde cualquier ciudad a lo largo y extenso de este país los clamores de justicia deben resonar. Como dice la leyenda de aquella foto que acompañó a Luz Elena Arizmendi y a Pedro Restrepo en la búsqueda de sus dos hijos: Carlos y Andrés, quienes también fueron desaparecidos por el Estado durante el Gobierno de León Febres Cordero en 1988: “por nuestros niños hasta la vida”.