La parroquia El Rosario es un pequeño pueblo ubicado en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Un sector agrícola cercano al Río Daule, donde viven 9 205 habitantes, de acuerdo al censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2010.
La mañana del 18 de julio de 2022, Vinicio Ortiz, de 21 años de edad, salió de su casa en dirección al cantón Pichincha, en Manabí, para comprar una motocicleta. Él es padre de Gislaine Guadalupe Ortiz Rodríguez, una bebé de 2 años; de ojos y cabellos negros, que mide 50 centímetros y pesa 10 libras. Su familia le dice ´Lupita´ de cariño.
La madre de la niña, Jennifer Rodríguez, de 20 años, también salió del hogar para asistir a clases, como lo hace regularmente. Ella cursa el colegio en una institución educativa del recinto Pedro Vélez.
La pareja encargaba el cuidado de su única hija al primo de la madre, un adolescente de 13 años, cuando ellos debían salir a hacer sus actividades cotidianas. Esa mañana también se encontraba en la vivienda el tío de la niña.
De acuerdo con el INEC 2010, al igual que Lupita, 67.3% de las niñas y niños en Ecuador crecen al cuidado de la red de apoyo de sus familias de forma gratuita: abuelas, abuelos, tías, tíos, primos, primas, incluso la vecindad, entre otros.
Según las versiones que el primo y el tío de la niña dieron en la Unidad Judicial de El Empalme, ellos se quedaron dormidos y al despertar, aproximadamente a las 14:00, se dieron cuenta que la pequeña no estaba. El adolescente afirmó que se durmió con la niña en sus brazos, pero al despertar se dió cuenta que no estaba.
“Llegué a la casa y mi hija me avisó [por llamada telefónica] que la niña estaba desaparecida. Yo viajé para allá al siguiente día con la esperanza de encontrarla, pero no”, explica Mariana Tubay, abuela materna de la menor, quien reside en Guayaquil.
La Policía Nacional recibió la denuncia de la desaparición de Lupita a las 19:00 del mismo lunes, según el reporte oficial. La alerta llegó mediante llamada telefónica de la presidenta del sector del Topadero, uno de los 24 recintos que forman parte de la parroquia El Rosario. Las autoridades avanzaron hasta el lugar de los hechos para tomar contacto con la madre y el padre de Lupita, ahí se organizó una búsqueda con la comunidad para dar con el paradero de la niña.
Recorrieron caminos cercanos, zonas montañosas, hasta llegar a la represa que está cerca de El Empalme. Sin embargo, por la oscuridad de la noche no se obtuvieron resultados positivos. Entonces, se planificó una nueva búsqueda con la vecindad al siguiente día, desde las 06:00. “La gente siempre ha estado ahí apoyando a la niña porque ella era muy querida por todos allá”, afirmó la abuela.
El 24 de julio, seis días después de la desaparición de Lupita, personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) rastrearon los alrededores del recinto. Incluso buzos se sumergieron en las aguas del río Daule, pero no la encontraron.
A los nueve días de su desaparición, el 27 de julio, las y los habitantes de El Empalme realizaron una marcha por Lupita. Una ola de personas vestidas de blanco y cargando globos recorrieron las principales calles del cantón para exigir a las autoridades la realización de las debidas diligencias en las investigaciones y en la búsqueda de la bebé. “¿Dónde está la niña de dos años?», repetía el grupo de personas.
“Lo que sí sé decirle es que ella, con personas extrañas, nunca se quedaba. Ella lloraba con personas desconocidas”, afirma Mariana.
Políticas de Desarrollo Infantil en Ecuador
Mariana comentó que Lupita vive con su madre y su padre en una hacienda donde trabajan como cuidadorxs del lugar y que “el papá trabaja en el campo, al diario”. También mencionó que la pequeña asistía a un centro de desarrollo infantil del lugar. “Ella estaba estudiando [refiriéndose a los centros de cuidado de primera infancia del MIES] . (…) No conozco muy bien por allá, pero sí sé que la niña estaba en esos (lugares donde) estudian los niños de dos añitos”, afirmó.
A pesar de ello, el día de su desaparición, “la niña Lupita estaba a cargo de un familiar”, reflexiona Dayuma Amores, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). “Los papás [refiriéndose a la madre y padre] tienen que dejar a niños, niñas y adolescentes encargados con familiares o con vecinos para salir a trabajar (…) Son grupos de atención prioritaria por sus condiciones sociales, económicas, culturales, de edad, en este caso niños, niñas y adolescentes, incluso grupos étnicos, que están en una condición de riesgo, de desventaja. Por eso, justamente, el Estado tiene que entrar a protegerlos con un carácter especial y prioritario”, opina la experta.
Aunque existen programas del Gobierno, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), “en la práctica es complicado porque estos programas no operan en todas las ciudades, por ejemplo, o muchas veces los padres [refiriéndose a la madre y padre] prefieren no acudir a estos programas porque sienten que (lxs niñxs) van a estar mejor con sus familiares o no cuentan con los recursos para transportarse al lugar donde están impartiendo estos programas”, menciona Amores.
Estos CDI cubren la atención y cuidado diario de niñas y niños de 1 a 3 años de edad, en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, mediante actividades de juego y aprendizaje organizadas en la jornada diaria, con cuatro tiempos de alimentación, práctica de hábitos de higiene, descanso, seguimiento al control de salud y al estado nutricional, en horario fijo de apertura de 7:45 a 16:00.
En Ecuador actualmente existen 2 017 CDI, que cuentan con 9 340 educadoras para atender a 84 063 niños y niñas de 12 a 36 meses a nivel nacional, en un país que tiene más 4´333.264 niños y niñas entre 0 y 12 años, según el INEC 2010.
En El Empalme, lugar donde desapareció Lupita, hay 47 centros de desarrollo infantil en convenio, que atienden a 1791 menores, y uno directamente administrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con una cobertura de 90 usuarios y usuarias. Pero El Empalme está a cinco horas a pie de El Rosario, parroquia donde reside la familia de Lupita.
Al analizar en retrospectiva el número de centros en todo el país, su capacidad, las y los trabajadores involucrados se observa, según información proporcionada por el MIES, una disminución a lo largo del tiempo. De 2016 a 2022 se redujo la atención a 15 864 menores, es decir, al 16% de usuarias y usuarios. De igual manera, 268 centros dejaron de funcionar y 653 educadoras y educadores fueron desvinculados en el mismo periodo.
Entre los compromisos internacionales, Ecuador consta como el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo en ratificar el tratado de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, la primera convención legalmente vinculante de los derechos de niños y niñas en la historia.
Aunque esta normativa ratifica que las niñas y niños requieren de medidas de “protección especial”, según cifras de UNICEF, en el 2016, solo el 23% de las y los niños menores de cinco años de edad accedieron a servicios de primera infancia y preescolar de calidad. La educación inicial y el acceso a servicios de desarrollo infantil tienen las coberturas más bajas: el 77% de los niños y niñas no tienen acceso.
Además, el país cuenta con una normativa local. En el artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia se contempla la prioridad absoluta de las y los menores: “En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años”. Aunque en la práctica estos acuerdos no se cumplen a cabalidad siendo, en muchos casos, letra muerta.
La vulnerabilidad de las niñas y los niños
Para la ex-Ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES, Berenice Cordero, «es impresentable que desaparezca una persona en este país. Nadie debe desaparecer, peor aún un niño, una niña, un adolescente».
El Código de la Niñez y Adolescencia dispone la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en el Ecuador. Los NNA son reconocidos como ´sujetos protegidos´ que necesitan cuidados. Pero esta protección no es únicamente responsabilidad de madres, padres o de las familias.
El Art. 8 dispone una corresponsabilidad. “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Cordero explicó que, para que las niñas y niños estén seguros, «se requieren entornos de protección. Si la madre trabaja, por ejemplo, se requiere que existan servicios públicos de cuidado donde los niños puedan permanecer».
Cordero añadió que «no estamos atendiendo bien ni a los niños, ni a los adolescentes (…) y la violencia sigue siendo parte de este entorno de inseguridad».
Según Cordero, estamos frente a una «sociedad más adultocéntrica y también patriarcal en la que predominan este poder de lo masculino y del adulto sobre las mujeres y los niños». Por lo cual, la corresponsabilidad también tiene que ver con «cambios culturales profundos en las relaciones familiares».
La ex Ministra comenta también que hay una gran debilidad “de orden cultural, al considerar que los niños, niñas y adolescentes son objetos, que no son personas, que son cosas a las que se les puede hacer lo que sea. Se puede disponer de una cosa sin límite».
Por su parte, Dayuma Amores, abogada de Inredh, acotó que “es justamente responsabilidad del Estado cuando, por ejemplo, no existe una debida diligencia por parte de las autoridades, [o cuando] se emiten criterios previos por parte de Fiscalía y de Dinased de lo que podría haber pasado con el niño, niña o adolescente, cuando no se investiga adecuadamente, cuando no se guardan los indicios para tener las líneas de investigación”, entre otros.
La abogada asegura que el trabajo estatal en casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes debe centrarse en que son considerados como grupos de atención prioritaria y que tienen una especial vulnerabilidad.
Pese a esto, la mayoría de los casos de desaparición de NNA son asumidos por Dinased, no por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). “En un principio debería tener una obligación de especialidad por el interés superior del niño, por la vulnerabilidad que tiene este grupo. Sin embargo, en la práctica, son las mismas diligencias las que se aplican, como a [una persona] adulta”, explica.
La mayoría de las desapariciones en 2022 son de niñas, niños y adolescentes
Las cifras de desapariciones en Ecuador muestran un aumento cada año. A pesar de que existen inconsistencias en cuanto al conteo. El caso de niñas, niños y adolescentes no es una excepción. En 72 años, el Ministerio de Gobierno reportó 181 denuncias de desapariciones según el conteo de 1947 a junio de 2019. Aunque el informe contempla que un 0.1% de datos tienen “información insuficiente”.
Mientras, de enero a diciembre del 2020, de las 6 454 personas que fueron reportadas como desaparecidas, 100 casos corresponden a niñas, niños y adolescentes, es decir el 1.5%. Entre enero y diciembre de 2021, se reportaron 7 722 casos de personas desaparecidas, siendo 180 de niñas, niños y adolescentes que todavía no regresan a casa, cifra que corresponde al 2.3% de los casos.
En 2022, con corte al 19 de mayo de 2022, la entidad reportó un total de 266 desapariciones que continúan siendo investigadas. De las cuales, el 52% son de niñas, niños y adolescentes. Es decir que 139 siguen en situación de desaparición. De estos, el 18% son mujeres y el 78% son varones. No obstante, las estadísticas sobre la desaparición de personas en el país son registradas por tres entidades del Estado: Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), y cada institución registra un número diferente. Así lo evidenció el Informe “Cuando el dolor se transforma en lucha y resistencia: 10 años de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec)”.
Por ejemplo, las cifras de la Fiscalía General del Estado son distintas a las presentadas por el Ministerio de Gobierno, pues reportan 230 personas desaparecidas de 0-11 años desde 2019 hasta octubre de 2021. Mientras el Ministerio de Gobierno contabilizó 419 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el mismo periodo de tiempo.Los datos de la Fiscalía muestran que Guayas es la provincia que presenta mayor número de desapariciones de menores con 42 casos, de 2019 a octubre de 2021. Luego está Pichincha con 40 denuncias, seguido de Esmeraldas con 17 y Manabí con 14. Las provincias que reportan menos personas desaparecidas son Zamora Chinchipe con 1, Napo con 1, Cañar con 1 y Sucumbíos con 3. Por su parte, el Ministerio de Gobierno indica que Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay son las provincias con más desapariciones y Galápagos, Orellana, Cañar y Pastaza las que menos casos reportan.
Según Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec), las autoridades «no manejan una sola cifra [de las personas desaparecidas] pese a que la ley dice que debe haber un solo registro».
«El hecho de no tener una sola cifra, por ejemplo, hace que el Estado no pueda proveer del suficiente personal de investigación», agregó Rueda y manifestó que «si no se tiene una sola cifra, es imposible aplicar políticas públicas de acuerdo a la realidad».
El 28 de enero de 2020, la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas fue publicada en el Registro Oficial. Esta norma dictamina la búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas; la protección de los derechos de las víctimas indirectas o familiares, además de la prevención y coordinación interinstitucional para garantizar una efectiva respuesta, la capacitación especializada a sus funcionarios, y dar acompañamiento psicológico, jurídico y social. Pero las desapariciones de niñas, niños y adolescentes aún no son resueltas de forma diligente para generar los resultados que esperan sus familiares: encontrar a sus seres queridos.
Dayuma Amores agregó que aún existen problemas en las investigaciones. “El tema de la revictimización es constante, sigue pasando aún cuando la ley tiene ya dos años de vigencia (…). También habría que garantizar que se mantengan a los fiscales dentro de los casos por más tiempo, porque es una problemática [cuando] son cambiados constantemente”.
Por su parte, Ginna Pasquel considera que hay una mejora en la atención de los casos de desapariciones en relación a lo que ocurría en el pasado. “Antes [la desaparición] se manejaba como un acto administrativo. (…) Se desaparece el carro o se desaparece a mi hijo, los dos [sucesos eran tratados como] actos administrativos”. Agregó que “no era un delito y la Fiscalía ni siquiera podía investigar”.
En la actualidad, “hay un mejor manejo. Eso sumado a este tipo de protocolos, como la alerta Emilia, y sumado también a que con la Ley Orgánica de la Defensoría Pública tenemos delimitado que la Defensoría Pública conoce y patrocina casos de desaparición, yo pienso que sí se avanzó. Lamentablemente, hay mucho camino por recorrer”, expresó la funcionaria .
Alerta Emilia
La Alerta Emilia es un protocolo de búsqueda inmediata para niñas, niños y adolescentes desaparecidxs consideradxs en alto riesgo. Consiste en la difusión inmediata de su imagen e información a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva y redes sociales durante un tiempo estimado de 72 horas que puede prolongarse según el caso. Esta alerta activa inmediatamente su alarma y la notificación de búsqueda mediante Facebook en 160 kilómetros a la redonda de la desaparición. Los medios de comunicación también difunden la imagen del o la menor desaparecida.
Este sistema de actuación temprana para casos de alto riesgo fue implementado en el país el 21 de agosto del 2018, por parte de representantes del entonces Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Un comité interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, quien hará las veces de Secretario o Secretaria, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Policía, como miembro asesor del Comité, verifican que se cumple con los criterios de Alerta EMILIA. Para comenzar el análisis de activación de la alerta debe haber una denuncia de desaparición en la Fiscalía.
Según un reporte de Asfadec, desde el 21 de agosto de 2018 hasta el 03 de junio de 2021, solo 5 casos recibieron la activación de la alerta Emilia, de un total de 600 niñas, niñoss y adolescentes desaparecidos (Ministerio de Gobierno). De estos, cuatro dieron resultados positivos, pues los menores regresaron a casa con sus familias. Sin embargo, no todos los casos son aprobados para su implementación y todavía se discriminan sobre la base de criterios calificados por el Departamento de Análisis de Información del Delito, entidad perteneciente a la Policía.
Parámetros para determinar la activación de “Alerta EMILIA”:
- Que el niño, niña o adolescente desaparecido no haya cumplido los 18 años de edad.
- Que la denuncia e inicio de la investigación se realice dentro de las 48 horas desde la desaparición.
- Que el niño, niña o adolescente tenga discapacidad.
- Si el menor se encuentra acompañado por un adulto o no.
- Que la desaparición se desarrolle en el contexto de una situación atípica. Es decir, que existan indicios razonables del riesgo en la desaparición.
- Violencia en el contexto de la desaparición.
- Cambios abruptos en la personalidad, condición física y relaciones familiares y sociales que permitan presumir la existencia de riesgo por factores externos.
- Entorno escolar: Acoso, evasión escolar, violencia física o psicológica, etc.
- Entorno del hecho: Si la desaparición ocurrió en territorios considerados dentro de las áreas rojas del país en donde se establezca el alto índice de violencia y criminalidad.
- Situaciones que comprometan directamente la salud o vida del niño.
- Traslado ilícito de los niños, niñas o adolescentes fuera del territorio nacional.
- Niño, niña o adolescente desaparecido que precise de medicamentos.
- Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente para apoyar la pronta identificación de este y del probable sospechoso/a, como: datos de las circunstancias del hecho, nombre, edad, sexo, estatura, señas particulares, enfermedades o discapacidades, vestimenta, lugar, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista/o y otra información que se considere relevante.
Amores afirma que los criterios para que un caso pueda ingresar a la Alerta Emilia son bastante restrictivos. “Si han pasado más de 48 horas el caso no entra en la consideración del Comité que analiza esta alerta. Si el niño, niña o adolescente no está en un peligro inminente, tampoco, por ejemplo. Esos son algunos de los criterios que son de conocimiento público. Sin embargo, hay muchos otros criterios que se manejan ya al interno del comité y que uno no conoce. Entonces, la mayoría de casos de niñas, niños y adolescentes no entran en la alerta Emilia y es una crítica que justamente hacen los familiares”.
Sobre la alerta Emilia, la presidenta de Asfadec opinó que «no hay un sentido de preocupación y de responsabilidad, ya que un niño que desaparece, sea por cualquier cosa, necesita ser atendido con la mayor brevedad posible».
En el caso de la desaparición de Lupita, el Teniente Coronel de Policía, Miguel Ángel Egas, Jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas, afirmó, por medio de una entrevista telefónica, que la alerta Emilia no fue activada en este caso a pesar de que la denuncia fue presentada el mismo día de la desaparición de la niña. Según Egas, la familia realizó “publicaciones con números personales”, y hubo “mensajes extorsivos en contra de su vida, por lo que activar la alerta podría implicar un mal mayor”.
La abuela de Lupita confirmó que recibieron llamadas con información falsa sobre el paradero de la niña. “Nos querían sacar plata. Se estaban aprovechando de nuestra desesperación”, indicó.
Esto activó las alertas de las autoridades para identificar el nivel de riesgo en el que se encontraba la niña. “Posterior a la verificación de que los mensajes no eran reales, se activó la búsquedas como desaparecida y por las características del lugar y las circunstancias de la desaparición no aplica la Alerta Emilia en este caso, de acuerdo al Protocolo de la Alerta”, mencionó Egas.
“Quienes manejan la alerta sostienen que al cumplirse los criterios de manera estricta tienen la tasa de éxito que mantienen. (…) Sin embargo, nosotros sostenemos que debe haber diligencias especiales teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que no tienen, digamos, la misma capacidad de una persona adulta y que siempre tiene que asumirse que la desaparición de un niño, niña o adolescente es involuntaria”, agregó Amores.
Cuando un niño o niña es desaparecida por un miembro de su familia, por ejemplo, la respuesta estatal para conocer su paradero debe ser inmediata. Aunque “la respuesta que muchos padres [y madres] han recibido es que, al estar con uno de sus progenitores, los niños están bien, que no es una desaparición, que no denuncien, no les buscan o consideran que no tienen la misma importancia al momento de hacer las diligencias”, explica la asesora de Inredh.
“No te garantiza que por estar con uno de tus progenitores o con un familiar cercano, el niño, niña o adolescente vaya a estar bien, protegido, con sus derechos garantizados”, agregó Amores.
Este mecanismo de actuación temprana tomó el nombre de Emilia por la desaparición de la niña Emilia Benavides en la ciudad de Loja, al sur del país, el 15 de diciembre de 2017. Emilia fue secuestrada y luego de 4 días fue encontrada muerta en una quebrada. En su memoria, se creó este protocolo, que se utiliza para buscar a las niñas, niños y adolescentes que desaparecen en situaciones de alto riesgo.
Aquí puedes leer una crónica sobre la desaparición de Emilia Benavides Cuenca.
¿Cómo denunciar la desaparición de niñas, niños y adolescentes?
Han pasado 75 años desde que existe un registro de las cifras de personas desaparecidas en Ecuador, que evidencian que la desaparición de menores no cesan. Como el caso de Lupita, hay cientos de reportes de desapariciones de niñas, niños y adolescentes. El 6 de noviembre de 1994, María Eugenia Bassantes vio por última vez a su hijo Alexander Romo, de 2 años y cuatro meses, cuando estaba jugando en el antiguo terminal Cumandá, ubicado en el centro histórico de Quito. Han pasado 28 años y Alexander aún no regresa a casa.
También, Sofía, una niña de cinco años, fue desaparecida el 28 de enero del 2021, en el sector de la Mitad del Mundo, parroquia San Antonio de Pichincha, noroccidente de Quito. El último indicio de su paradero fue cuando su padre, Freddy A., acudió a verla bajo el régimen de visitas abierto, pero se la llevó sin el consentimiento de su madre, Claudia Hidalgo, quien posee la custodia de la niña. Desde entonces, el padre cortó toda comunicación con ella y ya no pudo contactar con su hija.
“El Estado tiene que receptar la denuncia las 24 horas del día, cualquier día del año, incluso en días festivos y apenas se tenga, iniciar inmediatamente con diligencias”, indica Amores.
La Fiscalía General del Estado señala que no es necesario que una persona esté desaparecida más de 24 horas para denunciar. Se puede reportar la noticia de la persona desaparecida de forma inmediata.
Si necesitas reportar la desaparición de una persona sigue estos pasos:
1. Acude de forma inmediata a la Fiscalía de tu provincia o a las Unidades Especializadas de la Policía Nacional: Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (DINASED) y Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN). También puedes comunicarte al ECU 9-1-1 para reportar la desaparición. Enviarán una patrulla al lugar para conocer el caso.
2. La recepción de la noticia de la persona desaparecida se efectúa en el Servicio de Atención Integral de la Fiscalía (SAI), de lunes a viernes de 08:00 a 17:00. Fuera del horario laboral y en días feriados, se receptará en las Unidades Especializadas de la Policía Nacional.
3. Una vez que se conoce la noticia de la persona desaparecida, el Fiscal apertura la investigación y dispone las diligencias urgentes e inmediatas, a través del Sistema de Personas Desaparecidas, a las Unidades Especializadas de la Policía (DINASED Y DINAPEN) para el proceso de localización.
Aunque existe normativa que ampara la lucha de los familiares por encontrar a sus seres queridos, organizaciones sociales Asfadec o Inredh continúan denunciando que no se cumplen en la práctica. Por lo cual, existen otros mecanismos de acción. Todas las personas pueden acceder a una defensoría pública en diversos casos incluidas las desapariciones. Pasquel explica que lo único que un ciudadano debe hacer es “acercarse a cualquier punto de atención de la Defensoría Pública, (…) al más cercano a su domicilio, y solicitar el patrocinio del caso y los defensores públicos están obligados a asumirlo y a seguirlo hasta sus últimas consecuencias. Es un servicio totalmente gratuito”. Actualmente la Defensoría cuenta con 197 puntos de atención, 20 puntos de atención en Guayas y uno en El Empalme.
La coordinación estatal en la investigación de la desaparición de una persona deberá ser especializada, inmediata, diligente, oportuna y permanente desde la denuncia de la desaparición hasta su localización.
Además, los artículos 16 y 75 del COIP, con base en artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen que el delito de desaparición forzada es imprescriptible. Esto significa que no tienen un periodo de tiempo en el cual se pueda cerrar una investigación hasta encontrar una respuesta del caso.
Al cierre de este reportaje, han pasado 31 días desde que Lupita fue vista por última vez y las autoridades aún no tienen respuestas sobre su paradero. Aunque las investigaciones continúan, los cientos de casos de desapariciones en Ecuador han demostrado que mientras más tiempo transcurre, son menos las oportunidades de encontrar a las y los desaparecidos. “Espero que podamos encontrar a la bebé muy pronto”, anhela la abuela de Lupita.
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