Este reportaje se publicó originalmente en la edición impresa y digital del Diario El Ambateño. La versión que leerán a continuación se ajustó a la línea editorial de La Periódica para su republicación.
“Que seas diferente no significa que debes dudar de ti.
Disfruta de tus capacidades, atrévete a querer
cualquier cuerpo, sexo, mente, distintas edades.
Conseguirás todo lo que quieras si crees en tus capacidades”.
Jéssica, Asociación de Mujeres Transgénero Nueva Esperanza
A Jéssica, esmeraldeña de 36 años; a Paullette, manaba de 42 años; y a Érika, emberá de 32 años del Chocó colombiano las unen sus historias de sobrevivencia. Las tres son mujeres trans que se han enfrentado a la violencia física, psicológica y sexual por parte de la sociedad y también por parte del Estado ecuatoriano. Pero también están unidas por las redes de cuidados que han tejido en la calle, en instituciones públicas, organizaciones y con profesionales particulares para hacer frente a las prácticas discriminatorias y a las vulneraciones sistemáticas de sus derechos.
Las tres son, en la práctica, testigas de que el Estado ecuatoriano, a través de la Policía Nacional, no cumple con su deber de garantizar una vida libre de violencias, una vida segura. Jéssica recuerda que por años, de forma reiterada, han pedido resguardo policial para ejercer su derecho al trabajo sexual, pero se les niega la protección. Y cuando emiten alguna alerta a la Policía Nacional son las primeras en ser retiradas de la calle. Esto pone en evidencia que el Estado, en su concepción binaria del ejercicio de la ciudadanía, excluye a las personas LGBTIQ+ y subalterniza a la ciudadanía a pesar del avance en normativa nacional e internacional a favor de estas poblaciones, explica la abogada María Fernanda Alulema.
En su travesía, Jéssica escapó de Quito hacia Ambato porque la agredieron hasta casi matarla. “Tuve que salir huyendo de Quito porque unos policías me dieron una paliza, una noche de una batida. Entonces, como ellos eran más (Jéssica estaba sola), pensaron que yo estaba muerta y me dejaron botada a lado de una quebrada”.
Paullete también es una sobreviviente. Ella sufrió una agresión transfóbica que la dejó varios días incapacitada. Contó que seis personas la atacaron en la avenida Cevallos del centro de Ambato, en 2020. Ella salió a divertirse con sus amigas en esta zona que tiene varios centros de diversión, sin imaginar lo que le sucedería. Golpearon con saña su rostro intentando desfigurarla.
Y Érika, quien llegó a Ecuador a sus 10 años de edad, también ha vivido episodios violentos. El último, y tal vez el más grave que afrontó, fue cuando policías la golpearon en Macas en abril de 2021. De acuerdo con su historia clínica (que está en el Hospital de Macas) la agresión le provocó un abdomen agudo y fue intervenida quirúrgicamente para salvar su vida. Ahora se recupera.
Las historias de Jéssica, Erika y Paullete evidencian el continuum de violencias que acecha a las personas LGBTIQ+ y más aún a las mujeres trans. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señala que el 80% de las personas transgénero asesinadas, entre 2013 y 2014, tenía 35 años o menos.
¿Conocen y ejercen sus derechos?
A pesar de las violencias y la exclusión social, Jéssica, Paullette y Érika han logrado dar pasos firmes en la defensa de sus derechos humanos. Empezaron organizándose y tejiendo redes de cuidado y apoyo, con lo que establecieron vínculos fuertes a través de la creación de la Asociación de Mujeres Transgénero Nueva Esperanza en la ciudad de Ambato, de la que son parte más de 20 mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Las acciones también están por fuera de la Asociación y con distintas organizaciones no gubernamentales, actoras como abogadas en libre ejercicio, mujeres feministas y una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.
Para María Isabel Cordero, directora ejecutiva de Sendas y coordinadora nacional del proyecto Adelante con la Diversidad en Ecuador, “todo proceso organizativo social surge de la vulneración de derechos (…), de la vulneración de condiciones de vida y de situaciones extremas”. Cordero fue compiladora en el año 2017 del Diagnóstico organizacional y situacional de 10 organizaciones LGBTI en 6 provincias de Ecuador, del que fue parte la asociación Nueva Esperanza. En el estudio, Cordero pudo visibilizar la importancia de estas organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos de las personas trans en el Ecuador.
Sendas trabaja con Nueva Esperanza desde hace 10 años. La vinculación nació con la implementación de un proyecto de derechos sexuales y reproductivos. Luego fueron parte de un proceso de diagnóstico para, en lo posterior, recibir acompañamiento técnico y mejorar sus procesos organizativos. “Toda organización o colectivo, sea por la diversidad sexual, por el género, por su oficio o edad debe fortalecerse y desarrollar sus capacidades para exigir un Estado de derechos”, explica Cordero.
Nueva Esperanza también ha conseguido asesoría legal de Sendas y de abogadas en libre ejercicio para la defensa de sus derechos. La ambateña María Fernanda Alulema, abogada en libre ejercicio, es parte de la red de apoyo. Ella está vinculada a la asociación desde hace cuatro años y, en este tiempo, la Función Judicial le archivó tres casos denunciados por las integrantes. De estos mantiene reserva por tratarse de vulneraciones a los derechos de las mujeres trans. Alulema asegura que el personal de esta función del Estado no actúa con la misma celeridad y empatía que en los casos que involucran a personas cisgénero. Sin embargo, considera que contar con asesoría legal de una profesional ya es un punto a favor de las mujeres trans. “Tienen un respaldo legal, ahora ya son escuchadas”.
Esto, efectivamente, les ha fortalecido. Tanto las mujeres trans como las especialistas coinciden en que Nueva Esperanza, en Ambato y a nivel nacional, genera opinión pública y su vocería es reconocida.
Este 8 de marzo de 2022, en representación de su organización, Jéssica dió un mensaje durante el plantón que se desarrolló en Ambato, después de que concluyera la marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la ciudad, en la que participaron diversos colectivos y organizaciones sociales como: Wambras Verdes Tungurahua, Guaytambas Violetas, Ana de Peralta y la Asociación Nueva Esperanza. El mensaje de Jéssica fue claro: «Que seas diferente no significa que debes dudar de ti. Disfruta de tus capacidades, atrévete a querer cualquier cuerpo, sexo, mente, distintas edades. Conseguirás todo lo que quieras si crees en tus capacidades”, exteriorizó.
Según Alulema, la lucha y resistencia de las mujeres trans dejan un mejor camino a las futuras generaciones de mujeres trans trabajadoras sexuales, ya que han transformado la violencia en una voz que exige justicia y reparación de sus derechos.
No solo por Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
Pese a que la salud es un derecho humano, Jéssica asegura que hace 10 años atrás ya sufrían discriminación en el sistema de salud pública. Esto provocaba que desistan de buscar atención porque tenían miedo a ser rechazadas o ser objeto de burla, lo que las obligaba a automedicarse y a someterse a procesos de identificación de género riesgosos como el uso de siliconas industriales, biopolímeros y/o procesos de hormonización, sin ningún tipo de seguimiento médico. Esto traía consecuencias y riesgos en sus vidas.
El derecho a la salud pública también ha tenido ciertos avances para las socias de Nueva Esperanza tras el ingreso de Paola Silva a su Red de apoyo. Ella es médica familiar de una unidad de atención del primer nivel del Ministerio de Salud Pública (MSP) ubicada en Miñarica, en el cantón Ambato. Gracias a este vinculo entre la médica y las socias del colectivo, estas han podido acceder a servicios médicos y atención más personalizada. Desde 2016, la Asociación de Mujeres Transgénero Nueva Esperanza solo ha afianzado el vínculo con Silva y no con todo el personal que hace parte del sistema.
Silva labora en el Ministerio de Salud Pública desde 2014 y tuvo su primer acercamiento con las mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato. Este fue el nexo para conocer la Asociación con la que afianzó el vínculo desde el 2018. La profesional asegura que las mujeres trans, hoy en día, no solo acceden a atención médica relacionada con su salud sexual y reproductiva sino que son atendidas en especialidades como: endocrinología, urología y otras áreas, según las necesidades de las pacientes.
Aunque en el MSP existe la posibilidad de acceder a tratamientos de feminización, Paola Silva no ha enviado a ninguna paciente a este tipo de tratamiento, ya que no se lo han solicitado.
“Las atenciones médicas son constantes y cada que ellas las requieran; tengo pacientes que son muy frecuentes. El soporte emocional que les damos con psicología también tiene relevancia (…). Muchas veces nos olvidamos de que ellas son mujeres, son madres, son abuelas. Entonces nos olvidamos de esa parte humana cuando las vemos paradas en una esquina y eso es lo difícil de nuestra sociedad. Hay que ver más allá de eso”, comenta Silva.
Silva asegura que ha llevado el centro de salud a sitios como los hostales de confianza, en donde las mujeres trans ejercen el trabajo sexual, con el afán de que todas accedan a los servicios médicos. Sin embargo, al preguntar si todos los centros de salud y unidades médicas del MSP en Ambato están sensibilizados en temas de género y derechos humanos, Silva se reservó su respuesta. La profesional considera que existe la necesidad de que el personal de salud sea más empático con las diversidades sexogenéricas y aplique el Manual de Atención en Salud a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTIQ).
Para María Fernanda Alulema, la mayoría de mujeres trans son estigmatizadas y se oculta detrás de estereotipos, el hecho de que ellas también son víctimas de robos, hurtos, amenazas de muerte, de mafias y violencia intrafamiliar basada en género porque, lamentablemente, hacia esos espacios lesivos es a donde la sociedad las empuja. Ella considera que las mujeres trans han exigido a gritos que sus derechos sean garantizados.
Esto invita a pensar lo que realmente pasa con las mujeres trans trabajadoras sexuales en la Sierra centro del país. Mientras desde diferentes instituciones del Estado se habla de igualdad en oportunidades y derechos, ellas consideran que aunque se ha avanzado aún están lejos de tener una vida digna y libre de violencias. Caminan a paso firme para conseguirlo.
Este trabajo periodístico es el resultado del curso Periodismo para prevenir violencias contra las mujeres impulsado por el programa PreViMujer de la Cooperación Alemana, implementado por la GIZ, y por la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana.
