| Jeanneth Cervantes Pesantes
Ellas se resisten a olvidar a los suyos y dejarlos a merced del Estado
El lunes 03 de junio este grupo de familiares, que cada vez congrega a más personas, volvieron a tomarse las calles, esta vez con consignas más firmes, rechazan que los militares abusen del poder y sigan ejerciendo violencia hacia las personas privadas de libertad. Violencia que no solo se manifiesta hacia quienes están en prisión, sino también en el trato que se les brinda como familiares durante cada plantón. Se concentraron desde las 10:00, en los exteriores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Esta vez policías motorizados llegaron al SNAI, quisieron atravesar la toma de la vereda con sus motos y echaron gas pimienta intentando amedrentarlas. La gestión de las mismas familiares permitió que no pasara a mayores y su voz continuó recordando a las y los funcionarios del SNAI que aunque tengan las puertas cerradas de la institución y haya policías cercando la zona, ellas estarían ahí firmes porque las vidas de sus familiares importan.
A finales del mes de abril se hizo público que el servicio de alimentación en las cárceles en la zona sur del país fue interrumpido, pues el Estado sostenía una deuda que ascendía a los $28′500.000 con la empresa Lafattoria , quien proveía el servicio de alimentación en las cárceles del sur del país, el complejo carcelario de Guayaquil y también el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Cerca de 11 mil internos de 20 cárceles no estarían recibiendo alimentación por parte del Estado.
Desde esa fecha las familias, de la mano con algunos sectores de la iglesia, se han dado a la tarea de recolectar donaciones de alimentos de manera permanente para brindar este derecho básico a las personas privadas de libertad. En mayo ganaron una medida cautelar para que el Estado resuelva esta situación, pero el panorama continúa siendo complejo para las mujeres que tienen que alternar entre sus trabajos, el cuidado de sus hijas e hijos u otros familiares y aun así convocarse a plantones y demandar que brinden respuestas ante la situación de desatención a la que están sometidos las y los presos del país.
La indignación y la zozobra se sentía, una de las mujeres que venía desde Quevedo, afirmó que ella no puede venir seguido, que para llegar a Quito hace un gran esfuerzo y que además está a cargo de sus nietos; sin embargo espera que su hijo, quien está en la Cárcel de Cotopaxi, esté bien y que haya podido sortear este tiempo. Ella le deposita dinero al economato (servicio privado de despensa dentro de la cárcel) para que él pueda tener alimento, pero ella no sabe nada de su hijo, si estará bien o no porque no tiene comunicación desde el mes de enero.
Otra de las mujeres que es un rostro que se ve de manera permanente en los plantones comenta que tiene a su pareja en la cárcel del Cotopaxi, que tiene evidencias de que fue golpeado y que le han puesto corriente en sus testículos. Ella ha intentado a través de oficios que le permitan acceder a una valoración médica. Solicitud a la que no ha tenido respuesta alguna. Su mayor temor, nos cuenta, es que haya sido también victima de violación al interior del Centro penitenciario, pues ya ha escuchado de un caso similar.
El miedo de que el nombre de un familiar aparezca de pronto como una de las personas que han muerto por causas naturales o en situaciones dudosas dentro de las cárceles militarizadas es reiterativo, más aún después de que en mayo han logrado recopilar varios nombres de personas que han fallecido al interior de la Cárcel de Cotopaxi:
José Toaquiza
Manuel Briones
Patricio Yanchotipan
Danny Saldivia
Luis Cabrera
Martínez Peña Argenis
Elvis Rosendo
Jóse Miguel Cabezas Melo
Este último, recién excarcelado y que murió sin la presencia de ningún familiar. Estos nombres, escritos en un cartel, se pegaban en la puerta de metal del SNAI. Éstos nombres, dicen las familiares, son la muestra de que en la cárcel está muriendo gente por desatención en temas de salud o por causas que para las familiares no quedan claras porque han sido ellas quienes han tenido que recabar la poca información pública disponible.Según el comunicado de la Defensoría del Pueblo, emitido el 29 de mayo “en el periodo comprendido entre el 9 de febrero al 07 de marzo de 2024 se han registrado 24 fallecimientos en diversos centros, por muertes naturales y en otros casos por muerte violentas, con indicios de tortura”.
Al cierre de esta nota (7 de junio de 2024) se suman más nombres a esta lista de fallecidos, que de a poco se torna interminable:
Edys Guillermo Álvarez Jiménez
También se añaden los nombres de personas heridas por lo que las familiares han denominado tortura física a manos de los militares:
Bryan Fernando Posnigua Heredia
Las familiares, en su mayoría mujeres, vienen de distintos puntos del país: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Imbabura… algunas vienen acompañadas de sus hijas e hijos, se ve entre la multitud niños y niñas pequeñas que también toman los carteles y ante su mirada ingenua tienen que escuchar y pasar por la búsqueda de respuestas.
Las exigencias, siguen siendo las mismas que han sostenido desde que iniciaron con los plantones que a la fecha ya superan la docena: que les brinden atención médica a sus familiares, que les permitan tratar sus enfermedades preexistentes, así como también enfermedades que se han vuelto frecuentes en el encierro como la parasitosis y la tuberculosis. Exigen que se reanuden las visitas, pues es insostenible el no tener noticias de las personas encerradas. Solo abogados y abogados pueden entrar y tienen tiempo limitado para hablar con las personas presas. De la voz de las y los abogados recaban noticias. También se informan de lo que cuentan las personas que salen en libertad. A veces incluso se dan cita en los exteriores de las cárceles a ver si logran escuchar algo de lo que pasa en el interior.
Se nota el cansancio y la indignación de este grupo de familiares que va sintiendo en sus hombros el peso que deja las secuelas de que a uno de los suyos los violenten de manera permanente. Se quiebran al no tener respuestas y ante la angustia de enfrentarse con la violencia estatal. Ellas recalcan de manera constante que si cometieron un delito, han sido sancionados, pero que no merecen morir en esas condiciones, que merecen al menos recibir alimento que no sea lanzado al piso para que coman en medio de las ratas, o que en el mejor de los casos, no les echen gas lacrimógeno sobre la comida.
Al finalizar la jornada, el plantón se convirtió en una movilización. Mientras avanzaban por la Av. 9 de octubre los murmullos de las personas que observaban a este grupo de mujeres, algunas madres, hijas, esposas, compañeras, abuelas llevando carteles, globos blancos y camisetas del mismo color, se escuchaban: “son familiares de presos”, algunos decían con sorpresa y otros con rechazo. Llegaron a la Defensoría del Pueblo en medio de un abrasador sol de mediodía para exigir que este organismo continúe su vigilancia y monitoree la situación de las personas privadas de libertad, frente al accionar del Gobierno de Daniel Noboa.
Cerramos esta nota con una pregunta: ¿cómo se compone este despojo de sociedad si vamos lacerando aún más los vínculos? Las heridas que va dejando este trato inhumano es evidente, mientras las consignas seguirán resonando en cada plantón: “el estado militar, solo enseña la crueldad”.
