La mañana de este miércoles 30 de noviembre del 2022, con la presencia de Paola Flores, titular del recién creado Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, se presentó la Agenda de Justicia y Género 2023- 2025, en el Consejo de la Judicatura, que lideró su construcción.
Solanda Goyes, directora Nacional de acceso a los servicios de justicia, recordó que el punto de partida de este proceso fue la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, vigente desde el 2018. Adelantó que el Consejo de la Judicatura aportará con información estadística sobre feminicidios, muertes violentas por razones de género, medidas de protección otorgadas a las víctimas… al Registro Único de Violencia (RUV).
La noche de ayer 29 de noviembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció de manera oficial la creación del Ministerio con el decreto ejecutivo 609. Además, el Mandatario señaló que empieza la primera fase del RUV. “Así existirá un solo historial de las víctimas entre instituciones. Es el primer paso para lograr el Gran Acuerdo Nacional para la Erradicación de la Violencia”.
Rocío Rosero, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, opina que no se trata solo de un cambio de nombre de Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
“Hay un compromiso para desarrollar esa estructura en tres meses, hemos insistido con el Presidente, ya que la jerarquía de ministerio permitirá contar con mecanismos institucionales y de política pública para aplicar la ley. Necesitábamos esa institucionalidad, para que exista el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia y así poner en marcha el Plan Nacional que quedó del gobierno anterior”.
Rocío Rosero comentó que desde el 4 de octubre es parte de un consejo asesor del Presidente de la República, conformado por delegadas de organizaciones de mujeres. Entre otras también participan Miriam Garcés, de Cepam Quito; Lita Martínez, de Cepam Guayaquil; Blanca Pacheco de Casa María Amor; María Luisa Hurtado de la Conamune. Ellas trabajaron en el borrador del decreto ejecutivo. Y sostiene que le darán seguimiento al RUV.
En cuanto al presupuesto del nuevo Ministerio, Rocío Rosero señaló que conversaron con el Presidente y el Ministro de Finanzas, para contar con USD 36 millones. Admitió que no lograron que se aceptara su planteamiento de que las casas y centros de acogida para víctimas de violencia sean consideradas servicios esenciales.
La ministra Flores dijo que la presentación de la Agenda es una noticia positiva. Los pueblos y naciones no pueden desarrollar su potencial en ambientes violentos. «La creación de este ministerio se consideró por muchos años una utopía. Contamos ya con un Registro Único, para proponer y generar políticas públicas, para atender y más que nada en espacios históricamente marginados. Se abrirán los Centros Violeta en las 24 provincias, primero en Esmeraldas y Sucumbíos, la próxima semana».
¿Cómo va el RUV?
Rocío Rosero comentó que el martes, 29 de noviembre de 2022, se presentó el RUV versión 1.0, un piloto en el que se interconectarán instituciones como los ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Inclusión Económica y Social y Consejo de la Judicatura. Luego deben llegar a los GAD. Aceptó que ha sufrido avatares, desde la propia formulación de la ley.
“Hubo mucho interés de la Policía Nacional de controlar las bases de datos de todas las instituciones, cuando estuve en la Subsecretaría de Prevención y Erradicación, durante la transición, ese era uno de los problemas fundamentales. Quería abarcar el control político, los datos de instituciones sobre las víctimas de violencia, cuando su función es su seguridad”.
¿Qué hará el Consejo de la Judicatura?
Solanda Goyes, directora Nacional de acceso a los servicios de justicia, apuntó que aportan con información para el Registro Único de Violencia. “Somos la institución que ofrecerá la mayor cantidad de datos en este sistema unificado, en el futuro será la instancia de recepción de información sobre casos de violencia más grande del Ecuador”.
En la presentación de la Agenda de Justicia y Género detalló que el Consejo de la Judicatura ha emitido cerca de 600 000 medidas de protección desde el 2018 hasta la actualidad. Pero cree importante que el gobierno central y los gobiernos seccionales trabajen en el seguimiento a esas medidas.
En la agenda hay siete líneas de trabajo: medidas de protección para víctimas, sistema de seguimiento de sanciones y mecanismos de reparación integral, procedimientos judiciales desde la perspectiva de género, construcción de indicadores y mecanismos de evaluación integrales, potestad disciplinaria en faltas de aplicación de la perspectiva de género en la Función Judicial, justicia abierta y acceso a la información y participación ciudadana y coordinación interinstitucional.
