Defensores de la Naturaleza anuncian acciones legales tras sentencia de tres años de prisión

El jueves 22 de mayo de 2024 en las oficinas de Acción Ecológica, en la ciudad de Quito, seis defensores de la naturaleza sentenciados a tres años de prisión en la provincia de Bolívar informaron en rueda de prensa, sobre las acciones legales que emprenderán para defender su inocencia y continuar su lucha contra el proyecto minero Curipamba-El Domo.

Freddy Díaz, Luis Borja, Luis Caiza, Oswaldo Lumbi, Napoleón Yunapanta y Ángel Rochina denunciaron la persecución y hostigamiento legal por parte de la empresa minera Curimining, subsidiaria de Adventus Mining Corporation, y sus allegadas a partir de mayo de 2021.«…desde niños nos dedicamos a cultivar la tierra y a cuidar de los animalitos que son parte de nuestra cosmovisión y con la producción agropecuaria a pequeña escala para la soberanía alimentaria alimentamos a nuestras familias. En el año 2007 llegó la novedad que habría ingresado una multinacional minera, desconocíamos cuál era, porque nadie socializó, tampoco hicieron la consulta previa ni consulta ambiental. A partir de ese año, el sumak kawsay, la tranquilidad comunitaria, la paz social se alteró por completo» se lee en el documento de apelación a la sentencia.

¿Cómo surgió el conflicto? 

El proyecto minero Curipamba – El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, está destinado a la explotación de un depósito de cobre y oro en el cantón. El proyecto, denuncia la población y organizaciones defensoras de la naturaleza, es gestionado por las empresas canadienses Adventus Mining Corporation y Luminex Resources, y cuenta entre sus accionistas a la familia del presidente Daniel Noboa a través de Nobis Holdings de Inversiones (Grupo Nobis).

Impacto Ambiental y Social

La empresa Curimining S.A. ingresó a la zona en el año 2006 para iniciar la exploración inicial de minerales. Esto provocó los primeros enfrentamientos con la población de este sector. Durante estos 18 años, Curimining ha provocado conflictos con las comunidades locales debido a la falta de consulta ambiental y la violación de derechos comunitarios. La zona del proyecto Curipamba, que incluye Curipamba – El Domo, es crucial por sus reservas hídricas que abastecen a las provincias de Bolívar, Guayas y Los Ríos. La resistencia de las comunidades a nivel local, ha sido permanente durante estos años. Han realizado múltiples protestas sociales que han sido reprimidas por el Estado ecuatoriano.

En distintos períodos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intervenido en el sector para respaldar y proteger a la empresa minera. Las comunidades han denunciado de manera pública que los métodos que utilizan son la intimidación, la violencia y la criminalización para reprimir la resistencia pacífica de la población que está asentada en la localidad.  

En el año 2018, la empresa avanzó a la fase de exploración intensiva, amplió su campamento y comenzó a perforar cientos de agujeros para obtener muestras minerales destinadas a análisis, además realizar evaluaciones de impacto ambiental, diseños y planes de gestión del proyecto minero. Para el año 2023, Curimining S.A. solicitó las licencias necesarias para iniciar la fase de explotación a cielo abierto. En julio y en noviembre del mismo año, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica entró al sector, acompañado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para realizar la consulta ambiental (este es un requisito para dar la licencia ambiental a la empresa) para arrancar la fase de explotación minera. Realizaron una consulta con aproximadamente 150 habitantes de la zona, cuando según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la población de la zona se acerca a los 6 mil habitantes. En enero del año 2024, recibió la licencia ambiental y las autorizaciones pertinentes. No hubo consulta previa, libre e informada con la población afectada. Este último es de los principales reclamos de las y los defensores de la naturaleza de la zona. 

El Estudio: 2024-05 Análisis de Estudio de Impacto Ambiental. Curimining. ONU Relator de Tóxicos MAPAS, menciona que el 39% del territorio de la provincia de Bolívar ha sido concesionada a empresas mineras extranjeras, la mayor porción de territorio bajo concesiones mineras en Ecuador. El proyecto minero más avanzado en la provincia es el proyecto Curipamba – El Domo, propiedad de la compañía privada Curimining S.A., subsidiaria de las compañías canadienses Salazar Resources y Adventus Mining Corporation. Curimining S.A. recibió siete concesiones para la exploración y explotación de minerales entre 2003 y 2006, que cubren un total de 14.812,48 hectáreas en la parte subtropical, noroccidental de la provincia, en los cantones Las Naves, Echandía y Guaranda. Estas concesiones están destinadas a la extracción de oro, plata y cobre mediante métodos de explotación a cielo abierto y subterránea, en los regímenes de minería a pequeña y mediana escala.

Los defensores y defensoras de la naturaleza, afirman que la zona es altamente sensible por sus reservas hídricas vitales para las provincias de Bolívar, Guayas y Los Ríos, entre otras. La comunidad ha manifestado su inconformidad y oposición a través de múltiples acciones de protesta.

La persecución

A partir del año 2021, señala el boletín de prensa que “la empresa minera Curimining, subsidiaria de Adventus Mining y varios de sus allegados, persiguieron, hostigaron y tomaron acciones legales”  en contra de quienes resisten al proyecto minero. En ese mismo año la empresa denuncia a los cinco defensores y al docente por delito de asociación Ilícita tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. El 15 de mayo de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar emite la sentencia de culpabilidad por el supuesto delito de asociación ilícita y sanciona la defensa de sus territorios con tres años de privación de libertad y a pagar 10 salarios básicos unificados (4600 USD).

Pero esta es solo la punta del iceberg, pues serían más de 60 habitantes de la zona quienes han tenido que enfrentarse a ser denunciados y perseguidos por defender sus territorios y la naturaleza frente a la empresa Curimining. Al menos 17 defensores de la provincia de Bolívar estarían siendo investigados y procesados por siete delitos penales. Ahora son seis los sentenciados, pero la persecución por vías legales ha sido la tónica permanente. 

El 20 de mayo de 2024, presentaron el recurso de apelación, esperan que el defender sus tierras y territorios deje de ser motivo de persecución y criminalización. 

“Ya nos sentenciaron, ya están contentos los mineros. Creen que por habernos sentenciado nos han callado, nos han silenciado. No compañeros. Nosotros tendremos que seguir luchando porque si se contamina el agua, todo el mundo pasaremos días tristes.” Freddy  Díaz, durante la rueda de prensa.