A Amaru y a tantos más

Portada: ilustración de María José Mesías – Pepa ilustradora

Son varias noches sin dormir después de leer tu historia escrita por Mariela, Amaru. Varias noches en las que incluso el cuerpo lo resiente: una leve fiebre, dolor de estómago. Dicen que el estómago es el primer cerebro. No sé si sea cierto, pero lo que sí tengo claro es que tu historia me ha sacudido hasta hacer que el cuerpo colapse. No imagino cómo estarás tú.

Sé que te gusta dibujar y que estás aprendiendo a jugar ajedrez. Que de manera cuidadosa guardas ordenadamente cada uno de los colores con los que dibujas, que también te gusta leer, que cuidas tus libros con mucha cautela, tanto así que en algún momento te molestó que tu profesora quisiera que los subrayaras, para tí la lectura y el dibujar son tus espacios sagrados.

Leo y releo lo ocurrido en tu aula de clase, cuando un compañero un año mayor a ti te amenazó poniendo un arma en tu cabeza, Mariela lo describe: "De su mochila, Marcos sacó dos pistolas en el aula de noveno de básica, en un colegio del sur de Quito. Sucedió en una mañana de los primeros días de marzo: chicos de 13 y 14 años conversaban en voz baja, otros escribían, ajenos al peligro que corrían. Algunos, como Amaru, ni siquiera habían advertido lo que pasaba. Estaba concentrado en su dibujo, cuando de pronto, sintió el frío metálico del arma en su sien. Entonces oyó la amenaza, casi al oído: ‘no serás sapo’".

No dejo de pensar en qué se pudo haber hecho para evitar que te amenazaran con una pistola dentro de tu aula. En tu aula, Amaru. El lugar que se supone debía ser uno de los espacios más seguros para crecer, al menos en el ideal porque, en más de una ocasión, ha sido evidente que las instituciones educativas así como las familias son de los espacios más inseguros y donde se guardan bajo el tapete un sinnúmero de violencias, donde la complicidad y el buen nombre prima antes que reparar la vida de las víctimas de violencia. 

¿Pero es responsabilidad únicamente de las instituciones educativas encargarse de la seguridad de las y los estudiantes? ¿Debemos delegar esa tarea en un sistema educativo que también atraviesa un claro deterioro y cuyas respuestas están llegando tarde o simplemente no llegan? ¿Cómo puede Amaru confiar en volver a su aula sin que algo así o más grave vuelva a ocurrir? ¿O también vamos a esperar que esta historia termine escondida bajo el tapete?

Amaru sigue esperando algo básico: que lo que le ocurrió no vuelva a repetirse como parte de una verdadera medida de reparación. Y que se tomen las precauciones necesarias para que su regreso al aula sea seguro. Hasta ahora, ninguna de esas dos cosas han sido garantizadas.

En los últimos días, el Ministerio de Educación ha publicado reels anunciando las nuevas normas de convivencia y las medidas socioeducativas para gestionar conflictos en las escuelas, pero ha evadido de manera intencional la solicitud reiterada de información sobre estos casos en el sistema educativo. Pero, más allá de esa difusión rápida para redes, todavía no hay una respuesta clara sobre cómo recomponer el tejido de convivencia dentro de las aulas, ni qué alternativas reales se están ofreciendo para enfrentar violencias que ya están presentes y que no se resuelven únicamente con nuevas disposiciones administrativas. ¿Qué podríamos hacer para que las armas no sean el referente cotidiano de las infancias y adolescencias? Y mientras más indago en la necia razón, tengo una sensación dolorosa: hemos fallado.

No lo digo como una figura retórica. Lo afirmo: te hemos fallado, Amaru, así como hemos fallado a tantas niñas, niños y adolescentes más. Hoy el uso de armas es un evento más del día a día, uno que ya no conmociona lo suficiente. ¿Nos hemos acostumbrado a vivir entre armas y omitir las alertas de violencia que ronda de manera perpetua? En las instituciones educativas las alertas son cada vez más escasas, pero no porque no ocurran los hechos, sino porque se teme reportarlos o porque el sistema ya no tiene la capacidad (o la voluntad) de reaccionar.

También habla del abandono dentro del propio sistema educativo: del debilitamiento de los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que ya desde hace varios años era lamentable, porque para responder a la situación del sistema educativo antes de estas crisis reiterativas de violencia que vivimos, faltaban en número y capacitación para hacer frente a las diversas problemáticas presentes en las instituciones. También revela el desgaste de docentes que están enfrentando situaciones para las que nadie los preparó. Esto da cuenta de un sistema de educación que no se actualizó, que tiende al control pero no a formar personas críticas sino obedientes y todo eso se vuelve en contra.

Hace poco un amigo especializado en educación me decía que el personal docente, DECE, inspectores… tienen miedo. Que cuando alguien denuncia, su nombre termina filtrándose. Que denunciar puede significar quedar expuesto frente a estudiantes, familias o incluso estructuras criminales. Y en medio de esa conversación, desde la indignación, le respondí algo que sigo pensando: no puede ser que justifiquemos la inoperancia, la complicidad con el miedo. No puede ser que justifiquemos las omisiones, la negligencia y nos paralicemos a dar un paso para visibilizar lo que ocurre y buscar formas de cambiarlo. Eso nos está pasando factura y es una factura que se arrastrará a largo plazo.

Si el gremio docente está hoy a merced de amenazas, extorsiones y exposición de sus vidas la respuesta no puede ser el silencio. La respuesta tiene que ser la organización. Porque no es normal. Me da horror y rabia pensar que puede ser normal, que en el aula de un colegio un estudiante decida amenazar a otro apuntándole con un arma en la cabeza. Seguro antes ocurría, hoy hay otros matices que se relacionan con la exacerbación de la violencia, seguro ocurren cosas similares también en la educación privada, pero por ahora sabemos de tu historia, Amaru y sabemos que ocurrió en el sistema de educación pública en el sur de Quito.

Mientras escribo esto también pienso en otro adolescente: el chico de 16 años asesinado a golpes cerca de su colegio en La Argelia, sur de Quito, en noviembre de 2025. O de otro estudiante de 12 años de edad que hace pocos días, en otra institución educativa fue víctima de uno de sus compañeros, un niño de 12 años, que esta vez vivió una agresión con un arma cortopunzante dentro de su aula de clase. Pienso en cuántas historias más estamos acumulando como país sin detenernos realmente a preguntarnos qué nos está pasando.

¿Desde cuándo las armas y estas violencias se volvieron la respuesta?

Y no, esto no se explica únicamente diciendo que el crimen organizado está captando a niños, niñas y adolescentes. Esa es una explicación cómoda e incompleta. Cuando desde el poder se promueve una narrativa de guerra permanente, cuando las armas se convierten en símbolo de autoridad y de control, ese lenguaje permea inevitablemente a todos los espacios de la vida social, a tal punto que se cree que cargar un arma y amenazar es una muestra de poder válida.

Por ejemplo, el cambio de normativa en el gobierno de Guillermo Lasso que permitió el porte de armas para civiles, y la reducción del impuesto a las armas y municiones del 300% al 30%, inicialmente decretada por Lasso y luego restablecida por el gobierno de Daniel Noboa mediante el Decreto 302. Esto no es más que una política que legitima la violencia cotidiana por medio de aranceles. 

Esos videos de bombardeos constantes, patrullajes en la calle con militares que muestran sus armas, detenciones y eso que hoy han posicionado como “una guerra interna” y que son la retórica gubernamental se vuelve parte de esta cadena de eventos.

El discurso público ha acompañado las políticas de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, donde la exhibición de armamento y la retórica bélica se han vuelto parte del paisaje político cotidiano.

Las armas empiezan a representar quién tiene poder, quién manda, quién impone. Y ese mensaje no solo lo transmite el crimen organizado, sino también quienes gobiernan.

Por eso la pregunta también es para el Ministerio de Educación del Ecuador: ¿qué se está esperando? ¿Esperar a que las escuelas ecuatorianas registren tragedias como las que se repiten en Estados Unidos, con las debidas diferencias de las violencias en los dos países, donde los ataques armados dentro de centros educativos se han vuelto una pesadilla recurrente? ¿O acaso creen que todo lo resolverá la militarización y piensan que incorporando policías y militares armados dentro de las instituciones educativas más vulnerables se resuelve el problema? ¿Acaso la intención es perpetuar el abandono para justificar la intervención en instituciones educativas a partir de fuerzas coercitivas?

Los intentos limitados de incorporar a la malla curricular materias como: educación para la seguridad integral y cívica, no resuelven el problema, sino que ponen un parche. Y terminan por ocultar las desigualdades sociales, el empobrecimiento, la misma salud mental en un contexto de guerra perpetua como nos ha impuesto el gobierno de Daniel Noboa. La promoción de la guerra y la normalización de las armas son parte medular del problema.

Y no, esto tampoco se resuelve revisando mochilas, u obligando a que lleven mochilas transparentes, ni instalando detectores de metal en las entradas de los colegios (como ya se ha hecho en las universidades públicas). Tampoco con policías o militares dentro de las instituciones educativas. Seguramente alguien pensará que esa es la “solución”, el problema no es solo quitar las armas, sino dejar de promover su uso y dejar de proclamar la guerra como solución.

Que empuñar un arma para agredir avergüence.

La violencia en las instituciones educativas habla de un tejido social roto.

Lo que antes era parte, a veces cruel, de las dinámicas de convivencia entre estudiantes, las bromas pesadas o las rivalidades, hoy se han transformado en matoneo sistemático y, en algunos casos, en amenazas con armas. Y cuando miramos con atención quiénes suelen ser las víctimas aparece otro patrón: frecuentemente son quienes se perciben como vulnerables. Quienes no encajan en los moldes rígidos de la masculinidad o la feminidad, quienes viven con alguna discapacidad, quienes son personas racializadas, quienes comen menos o no comen tres veces al día.

Quienes son percibidos como diferentes.

Recomponer ese tejido no se logrará únicamente con sanciones más duras. Hace falta algo mucho más complejo que depende de la voluntad política de las autoridades en todos los niveles. 

Hace falta que las nuevas generaciones no crezcan creyendo que las imágenes de un presidente promoviendo la guerra son parte normal del horizonte político. Que entiendan que el poder no se mide por la capacidad de intimidar o herir, sino que existe la posibilidad de otros proyectos de vida.

Porque si no somos capaces de mostrarles esas alternativas, entonces la pregunta que nos queda no es solo por qué un estudiante llevó un arma al aula y amenazó a otro compañero, quién le facilitó el arma, por qué un estudiante necesita o quiere un arma; sino cuántos más vendrán después y a qué otros escenarios tendremos que llorar.