El “enemigo interno” ha sido una construcción ideológica del estado en distintos contextos históricos. En Ecuador, durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) se dirigió en particular en contra de Alfaro Vive Carajo, organización política que operó en Ecuador en las décadas de los setenta y ochenta. La estrategia en ese momento llamaba enemigo interno a quienes consideraba agentes subversivos, un enemigo fuerte y organizado que coexistía con las imágenes de jóvenes de izquierda, contraculturales o disidentes del estado.

La figura del enemigo interno faculta al estado para capturar, secuestrar, torturar, desaparecer, descuartizar, carbonizar cuerpos cuando necesita de un chivo expiatorio o de narrativas de control sin necesidad de procesar a nadie jurídicamente. Lo mismo sucede con la ejecución extrajudicial. Pero el estado no es omnipotente ni eterno. La exigencia de justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos por poderes de estado y que se practica a través de los derechos humanos evidencia que el sentido social común no naturaliza las atrocidades como garantía de seguridad. No es normal desaparecer a una persona, trasladarla a calabozos, cometer atrocidades contra su cuerpo, violarla ni desollarla. Sin embargo, gobiernos como el de León Febres Cordero organizaron una institucionalidad robusta con estructuras cuyos elementos se especializaron en atrocidades, se entrenaron para ello con dineros públicos y las practicaron sobre cientos de cuerpos, uno tras otro, durante varios años.

Los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos atroces: el exterminio, la tortura, la violación, la desaparición forzada son expresiones de ataques sistemáticos contra una población civil que no tiene capacidad de defenderse de ellos. Estas atrocidades son imprescriptibles, no admiten amnistía y son perseguidas internacionalmente. En Ecuador, hoy, se encuentra en marcha el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la historia del país, iniciado en 2015. Se conoce como el caso Vaca Cajas Jarrín. El día 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado solicitó la pena máxima para seis procesados por violaciones a los derechos humanos ordenadas por el poder estatal y el uso de sus estructuras.

El 10 de noviembre de 1985, Susana, Francisco y Luis fueron detenidos por la policía de Esmeraldas sin orden judicial. A su detención le siguieron 16 días de descargas eléctricas, administración de pentotal sódico o “suero de la verdad” y otras formas de tortura. En el caso de Susana, fueron 16 días de violaciones sexuales. Los perpetradores de estas atrocidades eran elementos de las fuerzas estatales. Estos hechos han sido narrados demasiadas veces por Susana Cajas, Francisco Jarrín, Luis Vaca y otros integrantes de Alfaro Vive Carajo. Luis Vaca fue desaparecido por dos años y cuatro meses. Estos actos jamás fueron incidentes aislados, sino parte de una estructura estatal organizada para combatir al “enemigo interno” durante el gobierno de Febres Cordero, que ordenó y ejecutó estos crímenes. 

En esos años también fueron asesinados por el estado Arturo Jarrín, Gladys Almeida, Fausto Basantes, Luis Flores, Argentina Lindao, Ricardo Merino, Yuri Moncada, Roberto Regalado, Marcelo Saravia, Sayonara Sierra, Hamet Vásconez. El país entero conoce estas ejecuciones. 

Los seis procesados son: Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia; Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército; Nelson Enríquez Gómez, exoficial de Inteligencia del Ejército; Fernando Ron Villamarín, exoficial del Ejército; Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia; y Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa.

Mauricio Garrido, abogado defensor de XX, afirmaba en la audiencia del 18 de diciembre de 2025: “Lo que le pasó a Susana Cajas no es un delito, la Comisión de la Verdad lo politizó todo con Correa” y solicitó con ellos ratificar la inocencia de Piñeiros, ex ministro de defensa. Un ataque constante a esta causa ha sido politizarla y hacerla sinónimo del correísmo, cuando hay decenas de ex militantes de AVC que actuaron políticamente desde la oposición a su turno.

Stalin López, abogado de Marcelo Delgado, decía: “Si aquí hay perseguidos son los militares luego de dedicar décadas a la institución militar” y llegó a afirmar que “la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad debe ser censurada.” Es decir, tenemos que renunciar a la exigencia de justicia a través de los derechos humanos porque no tiene valor. Acto seguido, López se atrevió a comparar el proceso judicial de AVC, una organización política, con la existencia actual de grupos de crimen organizado como Los Choneros o los Tiguerones. En general, la defensa de los militares fue débil y consistió en afirmaciones de ese nivel, deshistorizando los hechos.

La defensa de AVC

El sufrimiento al que fueron sometidos los miembros de AVC no es legítimo ni justificable, explica Andrés Aguirre, abogado de su defensa técnica. El terror sembrado por el gobierno de Febres Cordero quiso anular a disidentes políticos, estudiantes, trabajadores, campesinos: todos ellos fueron enemigos internos. Las vulneraciones contra los derechos humanos y su normalización “buscaban consolidar la impunidad como mensaje social” por medio del daño colectivo. “Los agravios públicos extremos quiebran el pacto moral de una comunidad, ofenden a la sociedad”, continúa Aguirre. Por ello, el juicio cumple una función comunicativa, afirma que la impunidad, la tortura, la desaparición forzada no son normales ni justificables, por el contrario, deben repudiarse con toda la fuerza posible pues se devuelven contra la sociedad entera. Asimismo, dice Aguirre, la reparación es un derecho, una obligación jurídica ineludible que no consiste en pagar un precio por el dolor, sino en reconocer la magnitud de un daño.

Por su parte, Juan Pablo Albán recuerda la relevancia histórica del proceso de AVC. Aunque no se puede resumir un sufrimiento de cuarenta años en unos minutos, es necesario nombrar que son décadas de exigencia de justicia. “La justicia no se construye negando el dolor de las personas”, afirma. Y no solo eso, sino que el transcurso del tiempo no impide el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”. El tiempo y el dolor de las personas son indisociables en hechos de tortura, vejaciones y desapariciones forzadas.

Por su parte, la defensa de los ex militantes AVC ha sostenido el trabajo jurídico por más de diez años, inscribiéndolo en un trabajo de cuarenta años por velar por la memoria de estos hechos.

Hubo también una Comisión de la Verdad en Ecuador en el año 2007, hubo acciones internacionales de defensa de derechos humanos, pero hoy por hoy es el caso Vaca Cajas Jarrín el que ha prosperado, gracias a la persistencia de quienes les acompañan.

En Ecuador, no había conflicto armado, incluso se afirmaba que éramos una “isla de paz”, dice Albán y menciona a Marcelo Delgado, quien también afirmaba que en esa época en el país reinaba la paz, que había tensiones y disturbios, pero no un conflicto armado. Y sin embargo, el gobierno de Febres Cordero, con la participación de ministros, militares y sus subalternos, organizó una infraestructura de tortura como calabozos, celdas, centros de entrenamiento. Las personas que serían puestas fuera de combate eran civiles y, junto con ellas, también miembros del ejército fueron torturados, como por ejemplo Víctor Hugo Bolaños, por su supuesta pertenencia a AVC. “No hay monstruos que deban mirarse al espejo”, dice Albán para rechazar las expresiones de los procesados.

La defensa técnica de AVC conformada por Juan Pablo Albán y Andrés Aguirre acreditó que hubo una política estatal de seguridad interna que se administraba a partir de la figura de un enemigo interno-agente subversivo y que hubo un plan de defensa interna destinado a reprimir la subversión. Se obedecían órdenes de detenciones que terminaban en clandestinidad con paraderos desconocidos y que incluso negaban la existencia de los detenidos. En estructuras jerarquizadas como las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio de la fuerza, estos no solo son delitos, afirma la defensa, sino crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos que no prescriben.

El “enemigo interno” hoy

En 2025, en su trabajo como investigadora y periodista, Astrid Coraima Torres, quien quizás no había nacido cuando ocurrieron los hechos de AVC, afirma que su parroquia en Guayas “nunca fue una isla de paz” y narra la convivencia hoy, en 2026, de la niñez y las mujeres con grupos del crimen organizado en sus matices y desgarradas contradicciones. El conflicto armado interno declarado por el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero de 2024 no ha solucionado en absoluto los problemas de violencia. Así como en el trabajo de Astrid, hay una denuncia permanente por parte de movimientos sociales, medios independientes, sectores que derechos humanos que lo demuestran cotidianamente a través de su trabajo. La periodista Karol E. Noroña ha sido una de las investigadoras constantes de la violencia de este periodo: “La primera ejecución extrajudicial consecuencia del conflicto armado interno fue la de Carlos Vega, un joven de 19 años que recibió 4 heridas de bala por parte de militares cuando iba junto a su primo en un taxi el 2 de febrero del 2024 a la altura del Barrio Cuba en el sur de Guayaquil.”

La fabricación del enemigo interno en el gobierno de Noboa perpetúa la figura del joven criminal empobrecido para justificar su falso “plan de seguridad”. Durante su segundo periodo y a partir de la declaratoria de conflicto armado interno, se han denunciado 43 casos de desaparición forzada, ha habido ejecuciones extrajudiciales como la de Carlos Vega y tuvo lugar la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro adolescentes de Las Malvinas, Guayaquil, que sumió al país entero en la rabia y el duelo colectivo.

La memoria es imprescindible para defendernos del sentido común criminal que dicta que es justificable desaparecer, torturar y ejecutar a personas inocentes o a personas que se ponen al margen de la ley. Hemos normalizado que se puede castigar incluso el robo de un celular con tortura y muerte. El juicio Cajas Vaca Jarrín, el primero por crímenes de lesa humanidad en el país, debe ser reconocido como un fundamental hecho de memoria y defensa de la dignidad de todo ser humano en un tiempo en que la vida humana se deshumaniza ante nuestros ojos.

Mientras se despliega en el presente una nueva dimensión de la pobreza, que es el desconocimiento del pasado por medio de videos cortos de TikTok, la destrucción de la capacidad de discernimiento y la privación de educación en la Historia, hay que defenderla porque es una fuente de justicia. Si la niñez de hoy es privada de su propia historia, será sometida a la ignorancia, que es igual a la exclusión. Donde podamos, tenemos que hacer pedagogías de la memoria para comprender que la brutalidad estatal es incesante, que siempre puede volver y que demanda de nuestra desmemoria para erigirse como forma de poder.

La sociedad civil preocupada por el pasado y la defensa de la dignidad espera hoy la sentencia de este proceso como una forma de justicia que contribuirá a otros procesos donde la vida humana ha sido vejada y como un paso más hacia el desmantelamiento de las estructuras estatales hechas para torturar.