COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Hoy el Tribunal Penal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de manera unánime, dictó sentencia condenatoria de 29 años y 4 meses de privación de libertad, con todas las agravantes, contra tres de los cinco responsables de la agresión sexual cometida en contra de nuestras hijas.
No existen palabras suficientes para describir lo que hemos vivido desde aquel 28 de febrero de 2025. Como madres y familias, hemos atravesado dolor, miedo, exposición pública, estigmatización y una lucha constante para que se escuche la verdad.
La sentencia de hoy no borra el daño ni devuelve la tranquilidad perdida. Pero representa algo profundamente importante: el reconocimiento judicial de que lo que ocurrió fue un crimen grave y que nuestras hijas dijeron la verdad.
Lo ocurrido no fue un hecho aislado. Fue una agresión grupal cometida por docentes del mismo establecimiento educativo al que asistían nuestras hijas, personas que tenían el deber de protegerlas. Este caso refleja una violencia que no es excepcional y que exige respuestas estructurales del Estado para garantizar entornos educativos seguros.
Queremos agradecer a todas las personas y organizaciones que nos acompañaron cuando el entorno era adverso, cuando parte de la comunidad de Cayambe decidió respaldar a los agresores, cuando fuimos señaladas en lugar de protegidas. A quienes no dudaron en ponerse del lado de las víctimas: gracias.
Este proceso no solo ha sido judicial; ha sido también humano. Hemos tenido que resistir actos de presión, descrédito y hostilidad que nunca deberían recaer sobre víctimas de violencia sexual.
Nos preocupa profundamente que el pasado 19 de febrero se haya notificado a las madres de las víctimas y a sus tres defensores técnicos una denuncia por presunta extorsión interpuesta por la defensa de uno de los procesados, precisamente en un momento procesal determinante.
No podemos dejar de señalar el impacto que este tipo de actuaciones tiene en quienes ya hemos atravesado tanto.
Por ello, pedimos a la Fiscalía General del Estado que garantice que cualquier actuación relacionada se desarrolle con absoluta objetividad y que el sistema de justicia no sea utilizado como mecanismo de presión contra víctimas ni contra quienes ejercen legítimamente su defensa y acompañamiento.
La búsqueda de justicia no puede convertirse en riesgo y descrédito.
Sabemos que este proceso no termina hoy. La sentencia será apelada y aún quedan dos sentenciados prófugos que deben responder ante la ley. La lucha continúa.
Sin embargo, hoy sentimos que dimos un paso importante.
Un paso por nuestras hijas.
Un paso por todas las niñas y adolescentes que pueden estar atravesando situaciones similares.
Un paso para que ningún espacio educativo vuelva a convertirse en un lugar de peligro.
Que esta sentencia marque un precedente.
Que la sociedad aprenda a escuchar antes de juzgar.
Que la justicia sea firme, incluso cuando el camino es difícil.
Nosotros no buscamos venganza.
Buscamos verdad, dignidad y garantías de no repetición.
Porque cuando una niña es violentada, no solo se rompe una familia: se fractura la confianza en toda una comunidad.
Y esa confianza solo puede reconstruirse con justicia.
Que esta sentencia no sea solo un castigo.
Que sea también un punto de inflexión.
Porque nuestras hijas merecen justicia.
Y todas las niñas y adolescentes del país merecen crecer sin miedo.
