Portada: Familiares de personas privadas de libertad en diferentes cárceles de Ecuador realizan un plantón para exigir el respeto de los derechos de sus seres queridos, en los exteriores del Complejo Judicial Norte en Quito, Ecuador, mayo de 2024.
La crisis carcelaria en Ecuador no empezó con las masacres ni con la militarización. Es un proceso largo, acumulado en el tiempo y sostenido de forma deliberada por decisiones políticas que desmontaron la institucionalidad pública. Se profundizó cuando, bajo el discurso del “estado obeso”, durante el gobierno de Lenín Moreno, se cerró la escuela de guías penitenciarios en 2017. La cancelación de los programas de capacitación, el desmantelamiento de los procesos formativos y la ausencia de inversión sostenida produjeron un déficit estructural de personal. En 2018, en ese mismo mandato, se eliminó además el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: se fragmentaron las responsabilidades, se debilitó la capacidad de gestión del sistema de rehabilitación y se abandonó cualquier enfoque de derechos en la administración penitenciaria. A esto se sumó, la entrega del control de las cárceles a las Fuerzas Armadas bajo la declaratoria de conflicto armado interno enero de 2024, una decisión que aceleró el colapso y que hoy se expresa en los cuerpos de las personas privadas de libertad con enfermedad, deterioro y muerte.
La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, se convirtió en el símbolo más crudo de ese colapso. Ocupa el segundo lugar en el ranking Deutsche Welle (DW) como una de las cárceles más temidas de Latinoamérica y el mundo. Desde el año 2021 más de 400 personas privadas de libertad han sido asesinadas en su interior. La masacre de septiembre de ese año —más de 120 presos fueron asesinados en un solo día— quedó registrada como la peor matanza carcelaria en la historia del país. Pero la violencia armada no ha sido la única forma de muerte.
Desde hace más de un año, otra emergencia avanza sin balas ni explosiones: la tuberculosis. Una enfermedad antigua, prevenible y tratable, pero también altamente contagiosa, que en el sistema penitenciario ecuatoriano se transformó en una sentencia silenciosa. Entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero de 2026, 14 cuerpos de personas privadas de libertad con tuberculosis fueron retirados de la Penitenciaría del Litoral. Solo el lunes 3 de febrero se confirmó la muerte de seis internos.
El 5 de febrero, familiares llegaron a la penitenciaría cargando un ataúd como símbolo de la desatención estatal. Exigían atención médica urgente, información oficial y transparencia sobre la situación real dentro de la Penitenciaría. Denuncian no tener reportes actualizados sobre la salud de sus familiares. El Diario Ec recogió la voz de los familiares: "¿Cuál es el temor? De que me lo entreguen así en una caja. Ese es el temor mío", dijo la voz de una madre, otro testimonio narró: "Estamos en eso todos los días, hay muertos. Sabemos que adentro los muchachos comen con los cadáveres ahí y ellos no los sacan".
Un testimonio protegido publicado por el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH-Gye) el 30 de enero de 2026 pone en evidencia la situación que se vive al interior de esta cárcel: "En el momento en el que me ingresaron a la Peni adquirí tuberculosis, por toda esa insalubridad y el contagio que había en los pabellones, el cuerpo va cogiendo esas infecciones. Cuando estuve ahí, se murieron dos PPL en mi celda. Las personas de Criminalística tardaron cuatro días en retirar los muertos. Teníamos que comer con ellos ahí…".
Las alertas no son nuevas. En febrero de 2024, un juez declaró la vulneración de derechos en la Penitenciaría del Litoral tras constatar la existencia de personas enfermas sin acceso a atención médica, entre ellas pacientes con tuberculosis. Ese mismo año, Ana Morales, integrante del Comité por una vida digna dentro y fuera de cárceles, advirtió al gobierno que los internos con tuberculosis estaban siendo mezclados con personas sanas, sin atención médica oportuna, con alimentación insuficiente y sin acceso regular a agua potable.
Tras la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024, 19 cárceles fueron militarizadas. La Penitenciaría del Litoral pasó a estar bajo control de fuerzas armadas; sin embargo esto no contuvo la crisis. Ese mismo año tres directores de cárceles a nivel nacional fueron asesinados. Según denuncias recogidas por Agencia EFE, la presencia militar agravó las condiciones de vida de las personas presas: tortura, extorsión y control arbitrario de la vida cotidiana dentro de los centros.
En paralelo, la crisis sanitaria se expandía. La tuberculosis es una enfermedad con fuerte componente social: el hacinamiento, la insalubridad, la desnutrición, la falta de agua potable y los sistemas de salud débiles crean el escenario perfecto para su propagación. En Ecuador, la tasa de incidencia nacional es de 45 casos por cada 100 mil habitantes. En las cárceles, la cifra asciende a 4.385 por cada 100 mil. El riesgo de enfermar es 100 veces mayor para una persona privada de libertad que para alguien fuera del sistema penitenciario. Según datos del Ministerio de Salud proporcionados a La Periódica hace un año, al menos 1.115 personas con tuberculosis se encontraban en prisión en 2025. En noviembre de 2024, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Gye) documentó que en el pabellón 7 de la penitenciaria —donde se concentran personas con tuberculosis— no había suministro sostenido de medicación, no existía un protocolo claro de atención médica, no había infraestructura sanitaria adecuada tras la destrucción del policlínico y se registraban condiciones de desnutrición severa.
Mientras tanto, el discurso oficial negaba la realidad. En marzo de 2025, el ex ministro de Salud el abogado Edgar Lama aseguró que no existían registros de muertes por tuberculosis en las cárceles, incluso después de que partes policiales y documentos forenses señalaban lo contrario. Informes estadísticos de defunción certificaron muertes asociadas directamente a tuberculosis pulmonar, insuficiencia respiratoria y fallas multiorgánicas en personas jóvenes, desnutridas y sin acceso oportuno a atención médica.
En el mismo año, la periodista Karol Noroña recogió 20 hechos clave relacionados con la situación de tuberculosis en las cárceles de Ecuador; y entre ellos el pedido del Observatorio Social de Tuberculosis:
"…estamos pidiendo al Ministerio de Salud que declare una alerta sanitaria en los centros de privación de libertad. Necesitamos que forme una mesa de diálogo donde participen las familias, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, el SNAI y el Ministerio de Salud para que, junto a organismos internacionales que tienen experiencia en detección, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, puedan armar un protocolo adecuado para manejar la enfermedad. Hay un problema central: el desconocimiento de lo que realmente implica la tuberculosis ha causado muchos conflictos y sigue poniendo en riesgo a la población penitenciaria, a sus familiares y a los trabajadores del sistema carcelario".
Clara Freire
Médica y vocera del Observatorio Social de Tuberculosis
En ese mismo año, personas privadas de libertad denunciaron: falta de agua, electricidad, medicamentos, traslados médicos y atención hospitalaria. En audiencias de habeas corpus se relataron torturas, violencia sexual, tratos crueles y condiciones de insalubridad extrema. La enfermedad se volvió parte del paisaje cotidiano.
Persona privada de la libertad de la Penitenciaría del Litoral, durante una audiencia de habeas corpus el 3 de febrero de 2024.
La crisis sanitaria ya desbordó los muros de las cárceles. En febrero de 2026, Diario Expreso informó que un integrante del personal de Medicina Forense del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil resultó afectado por tuberculosis, un hecho que encendió las alertas sobre la expansión del brote más allá del sistema penitenciario y confirmó que la epidemia ya no está contenida dentro de las prisiones. Organizaciones de derechos humanos, el Observatorio Social de Tuberculosis, comités de familiares y colectivos médicos han exigido reiteradamente la declaratoria de una emergencia epidemiológica en las cárceles. Hasta ahora, el Estado no la ha declarado.
El 06 de febrero de 2026 el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) se pronunció vía whatsapp ante la situación en la que se encuentra la Penitenciaría del Litoral y ante el reclamo de familiares que exigen respuestas. En dicha comunicación afirman que la atribución de causas de muerte de personas privadas de libertad constituye una competencia exclusiva de instancias técnicas y judiciales, conforme a los procedimientos establecidos.
Afirmó, además que "la situación sanitaria relacionada con la tuberculosis en el sistema penitenciario constituye una problemática compleja asociada a las condiciones de infraestructura y a los estados de salud preexistentes de la población penitenciaria". El SNAI asegura que, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, ha reforzado la atención sanitaria en los centros de privación de libertad mediante brigadas médicas por pabellón, procesos de tamizaje y diagnóstico temprano, habilitación de áreas específicas para casos de tuberculosis y desnutrición, así como traslados técnicos por razones sanitarias. Además realza la existencia del policlínico intramuros, inaugurado en junio de 2025, como un componente central de la respuesta sanitaria implementada.
Por su parte Ana Morales, integrante del Comité por una vida digna dentro y fuera de cárceles, relata que con la implementación del nuevo dispensario se prometió un cambio en las condiciones de atención, pero nada se transformó. No había personal suficiente y la rotación constante del equipo médico terminó por agravar el colapso del sistema penitenciario. "Eso es lo que empeoró todo", afirma. Denuncia además que esto ha fomentado un sistema de corrupción para acceder al policlínico: ya no basta con estar en la lista de quienes requieren atención, ahora se cobra entre 30 y 50 dólares para permitir el traslado. "Si vives es porque tienes plata; si no, es porque eres pobre y no has podido salir al policlínico", dice. Asegura también que las pastillas para el tratamiento de la tuberculosis se venden dentro de la prisión cuando deberían ser entregadas de manera gratuita.
El número de afectados y víctimas mortales de tuberculosis que registran las familias serán publicadas en un informe posteriormente, pero afirma que superan las cifras oficiales. Además comenta que hasta ahora no existen listas oficiales ni registros actualizados de las muertes dentro del centro penitenciario, que incluso al cierre de esta nota el viernes 06 de enero entró criminalística y aún no tienen información actualizada de la situación.
Hoy, la Penitenciaría del Litoral es un territorio de muerte lenta, donde la violencia armada, el abandono sanitario y la descomposición institucional son la tónica. Donde las familias también deben peregrinar por respuestas.
