| Jeanneth Cervantes Pesantes
De símbolo de resistencia al desfile del poder: marchas y movilizaciones
Quito ha visto de todo: marchas históricas, caídas de Gobiernos, multitudes que pusieron el cuerpo para frenar abusos. Las mismas avenidas donde cayó Bucaram con su mochila escolar llena de corrupción; donde Mahuad fue expulsado por entregar el país a los banqueros; donde Lucio Gutiérrez huyó en helicóptero tras traer de vuelta al “loco que ama”, además de su nepotismo.
En mi memoria de niña recuerdo ver las movilizaciones en contra de Abdalá, aquel que vociferaba y hacía del insulto su mejor gesto de política; recuerdo mi corazón encendido frente a una televisión de perilla, viendo cómo un sinnúmero de indígenas se tomaban la capital. El rojo era rebeldía, no pleitesía a la moda de la esposa de Daniel Noboa. Eran banderas sindicalistas atravesando la pantalla, no camisetas deportivas de la selección de fútbol que unificaban el tono a amarillo.
Las protestas contra Jamil Mahuad las viví siendo colegiala, haciendo carteles en la oficina de mi padrino junto a mis amigas; la de Gutierrez siendo estudiante universitaria, entonces aprendí cómo sortear el gas lacrimógeno sin mucha suerte; un amigo recibió el impacto de una bomba lanzada por la policía nacional. La indignación como un gesto recurrente. Todas esas luchas tenían sentido: frenar abusos, sacar corruptos, defender derechos.
Para octubre de 2019 y junio de 2022, en cambio el rol me ubicó en otro lugar y fue el del oficio: registrar y cubrir cada movilización. Un oficio que me obligó a usar por primera vez un chaleco y casco antibalas, fueron movilizaciones marcadas por los excesos del poder y que dejaron, de acuerdo a registros de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), 1340 personas resultaron heridas en 2019 y 2022, según datos de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador se registraron 318 personas heridas.
Quito ha visto este último mes una serie de reducidas movilizaciones en contra del Gobierno de Daniel Noboa, movilizaciones en contra de la fusión de instituciones estatales y el despido masivo de 5.000 funcionarios públicos, movilizaciones en contra de la aprobación de leyes en tiempo récord y de prácticas autoritarias que ya son características del actual Gobierno.
Pero también vió una movilización que fue convocada desde el Ejecutivo el 12 de agosto. ¿Cuál fue su intención? Presionar a la Corte Constitucional para que hiciera caso omiso a las demandas de medidas cautelares y dejara sin efecto la suspensión de 17 artículos de tres leyes enviadas por el Ejecutivo para ser aprobadas como urgentes.
El 12 de agosto no fue una movilización de resistencia, fue un desfile oficialista, encabezado por el presidente Daniel Noboa.
Quito me dio nostalgia porque lo que sentí como símbolo de resistencia, el Quito de las revueltas que hacían temblar a los gobiernos de turno, se convirtió en escenario de lo más nefasto de la democracia reciente.
Como ya es recurrente en la estrategia del Gobierno de Daniel Noboa, posiciona supuestos enemigos para distraer a la sociedad y ocultar su incapacidad de atender los problemas urgentes del país. Una marcha resguardada por la fuerza militar, en cada cuadra era imposible no mirar las armas y los tanques antimotines apostados a cierta distancia, vallas gigantes ubicadas estratégica y escandalosamente para exponer el rostro y nombre de cada juez y jueza de la Corte Constitucional, unos letreros en vertical impresos y ubicados en los postes con una leyenda: “El pueblo marcha por su seguridad”, mientras camiones tenían pantallas con un contador y un texto: “la Corte suspendió artículos clave para la seguridad de todos los ecuatorianos ¿el resultado? 15 muertes violentas registradas desde el 5 de agosto de 2025”.
No hubo consignas, solo el himno a la bandera que cerraba con la voz del fallecido presidente ecuatoriano Jaime Roldós: “Ecuador es y será país Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Patria!”. Un símbolo, que sin duda trajo a la memoria a algunas generaciones: la guerra del Cenepa donde Ecuador y Perú sostenían una guerra limítrofe. Personas vestidas con la camiseta de la selección de fútbol llevando banderas plásticas del Ecuador desfilaron. Una movilización, la verdad, desabrida y confusa. Entre las personas que asistieron las respuestas eran distintas acerca de por qué se sumaron a la convocatoria. Una de ellas, mientras pedía el micrófono en una camioneta que esperaba con parlantes en la intersección de la José Tamayo y Lizardo García, señalaba que es importante que se vea por las personas adultas mayores, al tiempo que miraba hacia arriba, hacia quienes le dieron el micrófono, casi como una plegaría pedía que deroguen las leyes que no le dejan gobernar al Gobierno.
He dado vueltas a esta escena pensando en qué tanto se conoce de las funciones estatales, de sus roles y de la importancia de su independencia para que de alguna forma esto siga siendo una democracia y no caiga en un absolutismo dictatorial.
¿Para qué sirve la Corte?
La Corte Constitucional no está para aplaudir decretos ni legitimar caprichos. Su razón de existir es justamente lo contrario: poner freno, detener los excesos del poder, obligar a que la Constitución se cumpla incluso cuando el Gobierno —cualquier Gobierno— quiera borrarla con una marcha, una campaña de desprestigio o amenazas constantes.
¿Por qué molesta tanto ahora la Corte? Porque recuerda que la “seguridad” no puede ser excusa para violar derechos, que ni el Ejecutivo ni la Asamblea tienen patente de corso para decidir a conveniencia cuándo la legalidad estorba. La Corte no anuló nada, apenas suspendió algunos artículos de tres leyes aprobadas entre gallos y medianoche para revisarlos. Hizo lo que por rol le corresponde: ejercer control, velar por la constitucionalidad, defendernos de un gobierno que cada día convierte al Estado en una maquinaria de imposiciones.
¿Cómo arrancó este nuevo libreto?
El 5 de agosto marcó el nacimiento de un nuevo enemigo, y como es la costumbre de este Gobierno, quien disienta o no le dé la razón es enemigo de la patria. En un mensaje al país, la flamante y reciente ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que un “boletín no puede anular la voluntad de millones de ecuatorianos” y que las leyes suspendidas dejan “sin defensa” a la ciudadanía y a las fuerzas del orden. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, subió el tono: “O se está del lado del país, o del lado de quienes le quitan herramientas para dárselas a los criminales”. Así es como se interpreta la independencia de la Corte Constitucional ahora: como un obstáculo a la seguridad y no como su garantía.
La Corte Constitucional suspendió temporalmente 17 artículos de tres leyes enviadas bajo la figura de leyes económicas urgentes por el Ejecutivo: Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional. No los anuló: suspendió su efecto para analizarlos, respondiendo a las demandas de diversas organizaciones sociales que pidieron medidas cautelares, porque consideran que esos artículos afectan derechos fundamentales porque permiten:
- A agentes de inteligencia actuar con identidades falsas, acceder a datos telefónicos y personales, sin orden judicial.
- Operaciones encubiertas sin procedimientos regulados.
- Acceso a bases de datos personales sin restricciones.
- Eliminación de evidencia mediante gastos especiales y su incineración.
- Declarar “conflicto armado interno” para usar fuerza letal sin controles, hacer allanamientos sin orden judicial, indultar automáticamente a oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos y otros delitos, y así suspender sus procesos penales.
Porque un país donde la policía y los militares podrían entrar a tu casa sin orden judicial, donde el gobierno puede espiar tu teléfono sin autorización, donde se pueden usar fondos públicos sin regulación alguna, justificando que es para fines de investigación o donde la fuerza letal se vuelve rutina, no es un país más seguro: es una sociedad sometida a los caprichos del gobernante y su cúpula.
¿Licencia para reprimir?
Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU han alertado que estas disposiciones violan derechos humanos y ponen en riesgo el Estado de Derecho. Estas organizaciones han rechazado que el Ejecutivo exhiba los rostros y nombres de jueces constitucionales en vallas públicas, estigmatizándolos como enemigos, además de ubicarlos como responsables de las muertes violentas que se cuentan a diario en Ecuador. La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, ha sido clara: “La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia.”
Mientras, el gobierno convocó a una movilización el 12 de agosto contra jueces y aún no es clara la fuente de donde han salido los recursos para la propaganda montada durante los días previos a la marcha y durante la misma: el país se desangra. En lo que va del año se han registrado más de 4.600 asesinatos. Solo en la semana del 4 al 10 de agosto:
- El 4 de agosto: un ataque armado en la provincia de El Oro dejó tres personas muertas y tres personas heridas.
- El 10 de agosto: un tiroteo en una discoteca en Santa Lucía, en la provincia del Guayas, dejó como resultado ocho personas muertas
- El 10 de agosto: seis personas fueron asesinadas en Monte Sinaí en Guayaquil
Y mientras la violencia aumenta, el sistema de salud colapsa. En el Hospital Universitario de Guayaquil murieron 12 recién nacidos, según el Ministerio de Salud, por situaciones multifactoriales,y dos de ellos por una infección por Klebsiella Pneumoniae, bacteria intestinal que puede provocar neumonía o septicemia y que presenta alta resistencia a los antibióticos, además que se propaga con facilidad en hospitales con protocolos débiles de bioseguridad. El Colegio Médico del Guayas exigió, dada esta situación, declarar en emergencia el sistema salud, exigen además que no realicen recortes al presupuesto asignado a la salud,
Mientras tanto, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, durante la habitual rueda de prensa que protagoniza, el 12 de agosto, intentó justificar lo injustificable: “El Presidente ha sido claro, ha convocado a los ciudadanos, ha convocado a los ecuatorianos a una manifestación pacífica pero decidida hacia la Corte Constitucional. En una manifestación democrática lo que busca es saber si la Corte está del lado de las preocupaciones de los ecuatorianos…”. Palabras que suenan a paradoja, viniendo de un gobierno que reprime y criminaliza cualquier otra forma de protesta. Horas más tarde de ese mismo día, el propio Daniel Noboa reforzó la narrativa desde su cuenta de X, publicando dos fotos: la de su marcha y la que días antes protagonizaron los sindicatos en Quito. El mensaje que las acompañaba fue lapidario: “Las imágenes hablan por sí solas. Primero, la marcha por el país y la seguridad. Segundo, la marcha a favor de la delincuencia y la corrupción”. Entonces, ¿las movilizaciones son democráticas sólo cuando aplauden al poder? ¿O más bien estamos frente a un libreto autoritario ensalzado con la palabra democracia?
Adicionalmente en la misma rueda de prensa, la vocera descartó una declaratoria de emergencia para el sector de la salud. Esto a pesar de que han sido recurrentes las denuncias de faltas de medicamentos e insumos.
A esto se suma que el mismo 12 de agosto en horas de la tarde, el Ministro de Salud, Jimmy Martin anunció que: “el Ministerio de Salud y la Armada del Ecuador trabajarán juntos para que tres de nuestros hospitales sean administrados por gerentes navales, con la disciplina, transparencia y eficiencia que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas”.
Intervendrán tres hospitales: General Guasmo Sur, Monte Sinaí y Universitario en Guayaquil.
El 19 de agosto a través del Decreto ejecutivo 108 el presidente Daniel Noboa creó el Comité Nacional de Salud Pública, en respuesta a la crisis que afecta a pacientes y personal de salud de los hospitales públicos, cuya primera medida será la compra masiva y transparente de medicamentos e insumos médicos a escala nacional.
Para el cierre de esta opinión ya hay denuncias de bloqueo a la información a la prensa para efectivamente verificar que se este priorizando la compra de medicamentos y saber cuál es la situación de atención en los hospitales públicos a nivel nacional.
El país exige insumos, personal, protocolos sólidos y transparencia en la información. La respuesta oficial debe ser más efectiva, más allá de hacer evidente la militarización de la gestión hospitalaria.
La estrategia es clara: instalar el miedo, desviar la atención, evitar que se denuncien los problemas en los hospitales y en otros sectores, como la situación por la que atraviesan actualmente fundaciones que tienen convenio con el MIES y se encuentran impagos y así normalizar que: el cuestionamiento a la gestión gubernamental se perciba como traición a la patria.
Noboa convoca a movilizaciones que él mismo dirige; acusa a instituciones que no tienen relación con su ineficiencia; exhibe los rostros de jueces y juezas para presionarlos; y saca a relucir su vocación autoritaria en cada tweet, TikTok o a través de voceras, que lamentablemente son mujeres, que deben dar la cara por él ante lo público y ante los medios.
¿Cuándo entenderemos que la seguridad no es sinónimo de atropello a derechos?
Movilización en contra del gobierno de Daniel Noboa. 14 de agosto de 2025. Quito. Fotos: Jeanneth Cervantes Pesantes
Si bien es importante cuestionar las falencias institucionales que han acarreado cada uno de los gobiernos, situaciones que han sido insuficientes para garantizar un mínimo de derechos y que han fortalecido la declive, la receta de Noboa es perversa pues el debilitamiento del Estado es una pretensión de privatizar y arrebartar derechos.
Quizás ahí germine esa posibilidad de futuro, más allá de la agenda que marque el Estado y el poder de turno.
Hoy Quito nos recuerda que la historia no admite silencios. Que resistir no es un delito. Que la dignidad no se defiende marchando detrás del poder. Y que el periodismo independiente hoy más que nunca es vital para incomodar al poder antes de que el miedo termine de despojarnos y arrasar con todo.
