El día lunes 13 de junio inició la movilización indígena en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Miles de personas provenientes de diferentes comunidades rurales y urbanas (Tolapungo, Inti Churi, Vinchoa, Gradas, Yatapamba, Suropoglios, Apagua, Tingo, Cocha Colorada, Tamboloma, Quindigua, Quilitagua, Manzanapamba, Pachancho, Urausha, San Vicente, Guachana, Yacubiana, Mindina, Pambabuela, Aguacoto, Alpachaca, Negroyacu, entre otras) se congregaron en el parque Central de la ciudad para exigir que se cumplan derechos básicos para la vida, como acceso a la educación, medicinas, trabajo digno para campesinos, campesinas y el sector de la agricultura; respeto de los derechos colectivos y el congelamiento del precio de los combustibles.
A pesar de que el 46% de la población del cantón Guaranda se autodefine como indígena, y existen más de 80 comunidades en las parroquias urbanas de Guaranda, la masiva presencia indígena en espacios públicos incomoda a lxs habitantes urbanxs.
La labor de las mujeres indígenas en la movilización es fundamental. Ellas abren, afrontan y sostienen las marchas. Al interior de las comunidades son claves en los procesos político-organizativos, así como en los aspectos logísticos, especialmente cuando se trata del cuidado de compañeros y compañeras. Fue realmente conmovedor observar a mujeres adultas mayores y madres venir a pie desde muy lejos acompañadas de sus hijas e hijos, algunos lactantes. La lucha de las mujeres indígenas y campesinas es incansable y admirable.
Las imágenes realizadas el 14 y 16 de junio en la ciudad de Guaranda, narran mi experiencia personal en la movilización. Las fotografías relatan lo que vi y sentí, y entonces este registro visual es más un testimonio que un reportaje. En ningún momento fui violentada, agredida o amedrentada, más bien me sentí parte orgánica de la movilización. Intento con ello mostrar una mirada humanizante, orientada a contrastar los discursos oficiales que reducen las manifestaciones a actos de violencia y vandalismo, banalizando y censurando el derecho a la protesta. La violencia se genera desde el Estado y los gobiernos, y la protesta es una respuesta legítima a la inequidad social y económica sistemática e histórica que sufre el sector indígena y campesino de forma particular.
