En medio de un paisaje de bosques primarios y restos arqueológicos de gran valor cultural, la comunidad indígena Bajada de Chanduy se enfrenta a una nueva amenaza estatal: la construcción de una cárcel de máxima seguridad en sus tierras ancestrales en la provincia de Santa Elena. El proyecto fue tibiamente anunciado por la ex ministra de Gobierno y actual ministra del Interior, Mónica Palencia durante una entrevista televisiva el 13 de diciembre de 2023: “tendremos dos mega cárceles de supermega seguridad […] contarán con tecnología israelí y bajo la visión del panóptico”. El 4 de enero de 2024, lo confirmó el presidente Daniel Noboa, durante una entrevista radial cuando anunció que los dos centros carcelarios se construirían en Santa Elena y Pastaza, argumentando que ambas provincias “son las zonas de menos influencia de los grupos narcoterroristas”. Información que fue desmentida por el portal de investigación periodística del crimen organizado Insight Crime, el 19 de enero, a través de la publicación de un mapa que revela la presencia del grupo criminal Los Choneros en ambas provincias.
Así también, Noboa manifestó que ambas cárceles serían construidas por la misma empresa mexicana que diseñó las cárceles en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele: Contratista General de América Latina S.A de C.V. Cabe destacar que esta constructora ha sido denunciada por micro y pequeños empresarios de sectores como transporte, alimentación, suministro de materiales y equipos por el atraso en el pago de los servicios prestados durante su contrato con el estado salvadoreño.
La colocación de la primera piedra de estas dos cárceles en Ecuador se anunció para el 11 de enero de 2024, pero la actividad fue aplazada indefinidamente a raíz de la declaración de Conflicto Armado Interno el 9 de enero de ese mismo año. Cuatro meses después los anuncios se retomaron. El 19 de mayo, Noboa precisó que uno de los proyectos carcelarios se construiría en la parroquia rural Simón Bolívar (también conocida como Julio Moreno) en el cantón Santa Elena. El anuncio generó rechazo entre las y los habitantes locales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de consulta previa, así como advierten que esta decisión traerá consigo impactos ambientales y sociales.
La tarde del jueves 20 de junio, las y los comuneros indígenas de la nacionalidad Manta Wankavilka de la comuna Bajada de Chanduy recibieron información de que el Gobierno Nacional realizaría, el viernes 21 de junio en horas de la mañana, el acto oficial de colocación de la primera piedra de la nueva cárcel en Santa Elena. Ante lo cual, organizaciones sociales y de derechos humanos en solidaridad con la comuna anunciaron un plantón popular para protestar contra dicho proyecto durante el evento.
El presidente Daniel Noboa, acompañado por el gobernador de Santa Elena, Jorge Fabricio Tamayo y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide, presentó oficialmente el plan de construcción de la cárcel en las canchas de fútbol de la comuna Juntas del Pacífico. Según el boletín de prensa de la Secretaría de Comunicación de Presidencia: “el proyecto cuenta con una inversión de USD 52 millones, el centro contará con módulos de máxima seguridad para el alojamiento de cerca de 800 personas privadas de la libertad de alto perfil de peligrosidad o que presentan un alto riesgo de fuga.” Información que denota un importante y llamativo cambio en el proyecto. Pues en las declaraciones de diciembre de 2023, la ministra Palencia enfatizaba en que “técnicamente una mega cárcel debe albergar como máximo a 35 prisioneros para poder mantener el control”. Es así que lo que en principio fue anunciado como un proyecto de “dos cárceles de máxima seguridad” dedicadas al encierro únicamente de las cabecillas de las organizaciones dedicadas a las economías criminales se sumará al conjunto de las 36 cárceles con las que ya cuenta el país y que encierran a más de 31 mil personas, según el último censo carcelario de 2022.
El boletín resalta el nombre con el que el presidente Noboa bautizó a esta prisión: Cárcel del Encuentro. “Pues en ella se encontrarán corruptos, asesinos y narcotraficantes” continúa dicha comunicación oficial. Coincidencia discursiva que llama profundamente la atención cuando se recuerda el eslogan oficial del gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023): “Gobierno del encuentro”.
Durante el acto de presentación del proyecto carcelario sólo se permitió la presencia de personal de la función pública y simpatizantes del Presidente Noboa, con la custodia de tanquetas y fuerzas militares. En tanto, el gobernador de la provincia y agentes de la Policía Nacional desalojaron a las y los comuneros de Bajada de Chanduy que se congregaron para manifestarse en lo alto de un cerro aledaño y expresar su oposición al proyecto. En la misma zona, se dieron cita habitantes de Juntas del Pacífico para observar a lo lejos como el presidente Daniel Noboa dirigía el evento de colocación de la primera piedra de la cárcel en Santa Elena.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la construcción de la cárcel se realizará en tierras que pertenecen a comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy. En estas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, un ecosistema primario con árboles de más de 100 años de existencia, protegido por generaciones. Además, en la zona se han identificado restos arqueológicos del pueblo Manta Wankavilka, que ahora están en peligro de ser destruidos.
Las comunidades afectadas denuncian que el proyecto se ha desarrollado sin cumplir con el debido proceso y vulnerando sus derechos colectivos, incluyendo la consulta previa, libre e informada.
A pesar de que el anuncio de la colocación de la primera piedra se dio el 20 de junio, “funcionarios militares han instalado señaléticas en las tierras ancestrales desde hace más de tres semanas” denunció Donald Cabrera, comunero. Esta actividad se habría realizado sin proporcionar ninguna información, ni realizar los estudios de impacto ambiental y arqueológico requeridos. Carola Cabrera, comunera de la zona, denuncia la falta de infraestructura y acceso a servicios básicos, una situación que, afirma la vocera, se agravará con la construcción de la cárcel. El acceso al agua para la población santaelenense sigue siendo un desafío enorme, más aún para quienes no viven en la cabecera cantonal urbanizada. En las zonas rurales de la provincia, el 60% de las personas tienen acceso a agua potable. Solo 40 de las 70 comunas rurales reciben el servicio público. Por lo tanto, hay parroquias que se abastecen localmente con juntas que captan agua de pozos someros.La falta de acceso oportuno al agua trae consigo afecciones a la salud de la población. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para el año 2018 la provincia de Santa Elena enfrentaba una alarmante realidad: el 40 % de la infancia santaelenense menor a dos años de edad padecía de desnutrición crónica infantil (DCI). Lo que la ubicaba por debajo de Chimborazo y Tungurahua entre las provincias más afectadas por este mal prevenible. Cinco años después, la prevalencia de esta problemática ha disminuido en 10 puntos porcentuales (el 30 % de niñas y niños vive con DCI) según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – ENDI (2023).
«¡NO QUEREMOS LA CÁRCEL!» fue la consigna que corearon las y los pobladores de Bajada de Chanduy durante un plantón en el cerro aledaño al acto de colocación de la primera piedra de la cárcel. Donald Cabrera calificó de ilegítima la construcción de la cárcel y exigió el respeto a los derechos de quienes habitan en las comunas.El rechazo a la construcción de la cárcel también se fundamenta en las críticas hacia la política de mega cárceles en Ecuador. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos complejos penitenciarios no sólo no resuelven la crisis carcelaria, sino que agravan las condiciones de vulnerabilidad y violencia. Desde febrero de 2021 a noviembre de 2023, al menos 1,343 personas han muerto de manera violenta dentro y fuera de las prisiones ecuatorianas, incluyendo 413 mujeres y 3 personas trans-femeninas, según datos del Memorial Contra la Guerra. La CIDH en el Informe Personas Privadas de Libertad en Ecuador de febrero de 2022 ha señalado que los mega complejos penitenciarios incrementan la corrupción, la insuficiencia de personal y el aislamiento de las personas privadas de libertad.
La comunidad indígena ha denunciado que sus tierras han sido invadidas progresivamente por empresas agrícolas, sin recibir respuesta de las autoridades según el comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador. La construcción de la cárcel sólo agudiza esta situación de despojo y violencia.
Frente a estos hechos, organizaciones sociales rechazan la construcción de la cárcel de máxima seguridad y respaldan las acciones de resistencia de la comunidad de Bajada de Chanduy. Dicha comuna procederá con acciones legales en cortes nacionales e internacionales que protejan sus derechos colectivos y los de la naturaleza. Además exigen la intervención de organismos internacionales de defensa de derechos humanos para vigilar el caso y proteger a la comunidad y su patrimonio cultural.
