Ilustración de Clau Fuentes

Hablar de la infancia en Ecuador no siempre remite a una escena de película, con niños y niñas jugando felices, rodeados de adultos responsables que los cuidan con ternura. Porque desde un corazón helado no se puede cuidar.

Muchos y muchas, desde muy temprana edad, enfrentan violencia, negligencia y abandono. En lugar de recibir protección, sus vidas terminan bajo la tutela de un Estado que varias veces llega tarde, actúa con indiferencia o perpetúa las mismas formas de violencia que debería erradicar.

Los niños y adolescentes, que viven en la Casa Hogar Enríquez Gallo, llegaron allí sorteando al sistema judicial lento y revictimizante, no por elección sino por necesidad. Muchos de ellos no tienen referentes familiares y han estado desde muy pequeños en casas de acogimiento. También hay quienes tienen parientes, pero ellos no pueden o no quieren cuidarlos y hay otros que, teniéndolos, no quieren regresar a éstos prefiriendo emanciparse.

A tan corta edad, sus historias de dolor y desamparo sobrepasan los límites de la resistencia física y emocional. Sin embargo, el Estado —ente responsable de su cuidado— los trata con frialdad, ausencia y negligencia.

¿Por qué actuar con tanta indiferencia hacia estos niños que claman atención y cuidado? ¿Por qué fallarles una y otra vez?

La respuesta está en que son niños empobrecidos, racializados. Niños que, para el Estado y gran parte de la sociedad, simplemente no importan. Son “los nadies”.

La burocracia, la falta de recursos, de personal capacitado, y de coordinación interinstitucional hacen que éstas unidades de acogimiento no sean lugares en donde los niños y niñas se sientan cómodos, cuidados y felices, sino lugares donde no queda más alternativa que ingeniarse para sobrevivir.

Un sistema que desampara en lugar de proteger

El reportaje “Ellos no se sienten protegidos: el riesgo de vivir en la Casa Hogar Enríquez Gallo, en Quito”, de la periodista Mariela Rosero Changuán, dio a conocer las vulneraciones sistemáticas de los derechos de 21 niños y adolescentes de esta unidad de acogimiento.

Todo comenzó en agosto de 2024, cuando el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) decidió reemplazar al equipo técnico que, durante años, había acompañado a los niños y adolescentes de la Casa Hogar Enríquez Gallo. Para muchos de ellos, estas personas eran las únicas figuras afectivas que conocían.

En su lugar llegó un nuevo equipo que impuso una disciplina de corte militar: prohibieron que llamaran “mamitas” a las tutoras, les retiraron sus pertenencias personales dejándoles apenas tres mudadas de ropa, y restringieron las visitas, las salidas y el acceso a actividades esenciales para sus proyectos de vida. Actividades clave para una transición digna hacia una vida “independiente” al cumplir los 17 años y 11 meses, cuando deben abandonar la casa de acogida.

Durante seis meses, vivieron malos tratos, el miedo se apoderó de sus vidas, pero a pesar de ello en enero de este 2025, interpusieron una denuncia ante la Junta Metropolitana de Protección de Derechos. Sí, fueron los niños que en medio del temor y su sobrevivencia se acercaron a esta entidad para solicitar atención.

La Casa Hogar ha atravesado varios cambios de equipo técnico de agosto de 2024 a marzo de 2025, han tenido cuatro coordinadores, tres cambios de facilitadora familiar y trabajadora social y cinco psicólogos. Esto ha significado que los niños y adolescentes tengan que adaptarse, una y otra vez, a nuevas caras, normas y formas de trato. Para cualquier niño, la estabilidad es esencial. Pero para quienes han crecido en el desapego familiar y la vulnerabilidad, esa inestabilidad constante se traduce en una vivencia brutal de desamparo.

Esta inestabilidad no solo ha afectado su bienestar emocional sino que ha paralizado procesos fundamentales: reinserción familiar, acceso regular a la educación, atención médica oportuna y, en general, la garantía plena de sus derechos. En muchos casos, los expedientes de los niños parecen haber quedado archivados en algún rincón de la burocracia institucional, sin decisiones claras sobre su situación legal ni sobre su futuro.

La precariedad ha llevado a varios adolescentes al trabajo infantil como única alternativa para cubrir sus necesidades básicas. La Casa Hogar cuenta con una caja chica de 500 dólares, pero tarda en ser repuesta, por lo que los adolescentes siempre tienen que idearselas para conseguir dinero e incluso, las y los tutores de la casa aportan mensualmente 5 dólares para solventar sus gastos pero aún así es insuficiente. La falta de uniformes, útiles escolares, pasajes para el transporte público y otras necesidades personales les ha obligado a vender gomitas, galletas o pasteles en distintos lugares. Lo más alarmante es que, al pedir la Junta una justificación respecto al trabajo infantil el MIES emitió un informe alegando que se trata de emprendimientos, lo que muestra que han naturalizado esta situación, en lugar de asumir su responsabilidad y garantizar los recursos para su cuidado integral.

Y, como si todo esto fuera poco, las condiciones físicas de la casa atentan contra su dignidad y bienestar: baños insalubres, presencia de roedores, vidrios rotos, pocas o insuficientes cortinas en las ventanas de los dormitorios, colchones y almohadas en mal estado, falta de duchas, agua caliente para bañarse y ausencia de artículos básicos de aseo, entre otras carencias que se pueden ver a través de las fotografías que en marzo , en un acto de valentía, enviaron los propios chicos de la casa para mostrar cómo están viviendo, con la esperanza de que alguien escuche y actúe ante esta realidad que vulnera sus derechos más básicos.

Las denuncias comenzaron mientras Zaida Rovira ocupaba el cargo de Ministra del MIES y continuaron tras su reemplazo por el actual ministro Harol Burbano, el 13 de febrero de 2025. Este último, una vez se hicieron públicas las denuncias, visitó la Casa de Acogida Enriquez Gallo con la finalidad de hacer un video proyectando una imagen, que según han denunciado los propios niños y adolescentes fue grabada sin su consentimiento. Los adolescentes cuentan que no sabían que estaban siendo grabados. Nadie les informó ni pidió su autorización, violando su derecho a la imagen y a la dignidad. El Ministro sabía lo que pasaba, a pesar de haber tomado el cargo recientemente, ¿por qué maquillar la realidad en lugar de actuar para transformarla?

Traslados y salidas “voluntarias”

Lo que sí ha hecho el Ministerio de Inclusión Social es, con sospechosa eficacia desde enero del 2025, tras la denuncia, trasladar a cinco niños y adolescentes del Enríquez Gallo a otras casas de acogida. Actualmente, quedan 16 en esta unidad que tiene capacidad para 30. Los adolescentes refieren que las autoridades del MIES les dijeron que quieren “renovar la casa”, “que vengan chicos nuevos”, como si ellos fueran objetos que se pueden reemplazar o que fuera poca cosa prescindir de ellos.

Uno de los cinco adolescentes trasladados, de iniciales J.J.T.L. (usamos sus siglas por seguridad y porque ya ha recibido represalias), dejó su nueva casa hogar al día siguiente de su traslado. Alega que nunca quiso salir del Enríquez Gallo, que fue obligado a hacerlo y que no tuvo audiencia con un juez, como establece el procedimiento. Cambiar a un adolescente de casa hogar no debería ser un acto improvisado ni impuesto.

Por ley, este proceso debe partir de su propia voluntad, expresada libremente y ratificada ante un juez en una audiencia reservada. La Corte Constitucional, en su Sentencia No. 2691-18-EP/21, ha sido enfática en destacar: La autoridad judicial debe garantizar el derecho a ser escuchados de niños, niñas y adolescentes, evaluando cada caso según su interés superior. En adolescentes, toda decisión sin escucharlos carece de validez, salvo que su opinión sea perjudicial para su desarrollo, lo cual debe valorar el juez.

Cuando este procedimiento no se respeta, lo que les queda a los niños y adolescentes que viven en este contexto es evadir, desaparecer. Es la respuesta frente a un sistema que no los escucha y los traslada a lugares que no son seguros ni acogedores para ellos.

En el proceso que lleva adelante la Junta de Protección se confirma lo que el adolescente cuenta. El 31 de enero de 2025, la Casa Hogar recibió la autorización judicial a la petición de traslado solicitada por la anterior coordinadora de la casa, pero recién el 19 de febrero de 2025, es decir dos semanas más tarde, al adolescente se le hizo firmar en una hoja simple de reporte de incidentes, la aceptación de su traslado en señal de consentimiento. ¿Cómo es que la autoridad judicial autorizó un traslado sin el consentimiento del adolescente, sin previamente escucharlo en audiencia reservada?

El adolescente dejó la Casa Hogar a la que fue trasladado sin su consentimiento. Pasó dos semanas en parques, durmiendo dentro de toboganes, y regresaba de vez en cuando al Enríquez Gallo en busca de comida. Sus amigos se las ingeniaban para ayudarle cómo podían.

Lo más preocupante es que, a pesar de que las autoridades del MIES, de la Casa Hogar y del nuevo centro sabían que estaba en situación de calle, el sistema de acogimiento institucional no se activó sino hasta que el caso fue expuesto en redes sociales. 

Hoy, el adolescente, que tiene 13 años de edad, se encuentra en la nueva casa hogar. Fue llevado bajo engaños, asegurándole que iba a regresar a su casa, al Enríquez Gallo, según hemos podido confirmar en comunicación directa con el propio adolescente. Pero esto no va a suceder y él lo sabe, por eso le escribió, a mediados de abril, una carta al juez, que autorizó su traslado. En ella dice:

La carta ha sido reescrita para facilitar la lectura pero corresponde al texto original enviado por el adolescente. Diseño: Clau Fuentes

Parecen estar tan normalizadas las evasiones o salidas no autorizadas, que en una audiencia ante la Junta de Protección, la abogada de la Casa Hogar reconoció que hay dos adolescentes “desaparecidos voluntariamente”. En los informes de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), que la Junta solicitó a las unidades educativas a las que asisten los adolescentes del Enríquez Gallo, se contabilizan cinco evasiones en estos últimos seis meses. Tres adolescentes se fueron en grupo a la Costa en busca de la tía de uno de ellos, regresando tres días más tarde.

En el sistema de acogimiento institucional, cuando una niña, niño o adolescente "evade" la casa hogar, se registra como una desaparición voluntaria. Pero detrás de ese término técnico suele haber una realidad más dolorosa: no es una elección libre, sino una respuesta desesperada al maltrato, al abandono o al miedo. Evadir es irse sin decir adiós, porque quedarse duele más.

En ese mismo informe, el del Departamento de Consejería Estudiantil, se deja constancia que el colegio solicitó a la Casa Hogar que ponga la denuncia respectiva en la Fiscalía por desaparición voluntaria, algo que no pasó. Los otros dos adolescentes evadieron la casa por separado y nunca regresaron. ¿Qué tan voluntario puede ser irse de un lugar donde hay negligencia, maltrato y desprotección?, ¿dónde todos nos indican que no los quieren?

Los chicos lo saben bien, por ello afirman que sus compañeros no desaparecieron sino que se fueron porque “ya no aguantaban más”. Recuerdan que uno de ellos, Edison, era un excelente estudiante, que disfrutaba de las clases. Se fue en diciembre del año anterior, harto de tanto maltrato. Prefirió vivir en la calle. Hoy trabaja —ya no estudia— y vive con unos amigos, según los relatos de sus compañeros. Todavía no cumple la mayoría de edad. En la casa no se ha hecho ningún esfuerzo para que Edison regrese. El paradero de Alexander, otro adolescente, es hasta hoy desconocido. Las evasiones siguen, el mes pasado, Israel evadió también la casa. Hay un listado de los adolescentes que se han ido de la Casa Hogar en estos últimos dos años, son cinco adolescentes en total. ¿Será que por cada uno de ellos está puesta la denuncia respectiva? ¿Qué esfuerzos ha hecho el equipo técnico de la Casa Hogar, para buscarlos y traerlos de vuelta? Los chicos sí se siguen la pista entre ellos, entre los que se quedan en la casa y los que la evaden, por eso saben que recientemente uno de ellos que se fue de la casa tuvo un hijo. Entre ellos no se olvidan, se cuidan a su modo, incluso en la distancia, otra vida tendrían estos adolescentes si el Estado demostrara ese mismo nivel de compromiso. 

Represalias frente a las denuncias 

Desde agosto de 2024, los niños y adolescentes del Enríquez Gallo enfrentan un régimen de control extremo, con disciplina de estilo militar, castigos injustificados, el cambio abrupto del equipo técnico que por años los acompañó —y que muchos consideraban como su única referencia familiar—, así como otras graves vulneraciones a sus derechos. En enero de 2025, ellos mismos denunciaron estos hechos ante la Junta de Protección de Derechos.

En la madrugada del 10 de febrero de 2025, los adolescentes reclamaron que los tutores dormían en el área administrativa y no en las habitaciones, como establece el protocolo de cuidado. Como respuesta extrema a este reclamo, seis adolescentes fueron aprehendidos por la Policía: dentro de la Casa Hogar fueron gaseados, golpeados, esposados y trasladados a la Fiscalía de Adolescentes Infractores.

En el operativo estuvieron presentes el entonces Subsecretario de Protección Especial, David Flores Brandt y el Director de Servicios de Protección Especial del MIES,. En la audiencia de flagrancia no se evidenció que los adolescentes portaran armas ni que hubieran causado daños a la propiedad o lesiones a los tutores, como alegaban las autoridades del MIES.

La Junta, luego de escuchar a todos los niños y adolescentes de la casa, en audiencia reservada, dictó una orden de alejamiento en contra Flores Brandt, ahora ex Subsecretario de Protección Especial del MIES, pero que actualmente ocupa el cargo de máxima autoridad de la Subsecretaría de Articulación Territorial, del mismo ministerio. A decir de los adolescentes fue él quien durante la incursión a la casa, presuntamente habría tomado por el cuello a uno de ellos, entre otros malos tratos, que los chicos relatan.

La Junta llamó a rendir versión a todos los adultos implicados en el operativo. Por el MIES no acudió nadie, de la Casa Hogar solo el guardia de seguridad que estuvo esa noche, los tutores supuestamente agredidos no acudieron. 

Los miembros de la Policía y de la Dinapen que llegaron esa madrugada sí comparecieron. En sus declaraciones coincidieron en que la intervención en la Casa Hogar Enríquez Gallo no respondió a una situación de flagrancia, que todo estaba tranquilo y controlado, cuando llegaron. 

¿Hay indicios suficientes para creer que el operativo fue planeado y dirigido por autoridades del MIES? En sus versiones, los policías dijeron que les señalaron directamente a los adolescentes que debían ser aprehendidos, lo cual reforzaría el carácter punitivo y represivo de la actuación estatal. 

En la resolución del 11 de abril de 2025, la Junta de Protección de Derechos ordenó el alejamiento del ex Director de Protección Especial, Byron Cuesta Herrera. Sin embargo, tanto él como el ex Subsecretario siguen trabajando en el MIES. ¿Qué mensaje transmite el Estado al mantener en funciones a quienes han sido señalados por poner en riesgo la integridad de niños y adolescentes? ¿No perpetúa así la impunidad y la vulneración de derechos dentro del sistema de protección?

La Junta también determinó que la Casa Hogar ha incumplido con varias de sus obligaciones como garantizar que los adolescentes no cuenten con elementos públicos de identidad. Dos de ellos no han sido hasta ahora inscritos en el Registro Civil. Además, se estableció que la casa no les ha provisto de atención médica, odontológica, legal, psicológica y social; no han realizado todas las acciones necesarias orientadas a definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, familiar y social de estos adolescentes. Tampoco les ha provisto de alimentación adecuada, vestuario e implementos para su higiene personal; no les ha garantizado el ingreso y la permanencia en el sistema educativo y no han denunciado las vulneraciones de derechos en su contra.

Con todos estos indicios, la Junta debe remitir el proceso a la Fiscalía, que tendría que iniciar una investigación por la posible vulneración de derechos, que bien podría configurarse en un concurso real de infracciones por: actos de tortura, como privar de alimento a dos adolecentes de la casa, el intento de criminalización hacia seis adolescentes con uso excesivo de la fuerza de parte de efectivos policiales. Y los presuntos intentos de abuso sexual por parte de tutores de la casa, entre otras posibles figuras penales que deben ser investigadas.

Desde la defensa técnica hemos impulsado las acciones penales correspondientes, porque las graves vulneraciones que han sufrido los niños y adolescentes de la Casa Hogar Enríquez Gallo no pueden quedar en la impunidad. Queremos sentar un precedente para que hechos como estos no se repitan y para que las casas de acogimiento sean lugares de cuidado integral y protección temporal.

Vulneración de derechos

La Junta llegó a determinar a través de los informes de las unidades educativas a las que asisten los adolescentes del Enríquez Gallo. que por ejemplo, dos de ellos no tienen su matrícula legalizada, que otros van a clases sin sus uniformes y que el bajo rendimiento académico y la inasistencia reiterada son constantes.

Algunas faltas a clases han sido justificadas por los distintos coordinadores de la casa alegando “dificultades económicas para el uso del transporte público”, así como “la reestructuración del equipo técnico”. Asimismo, se llegaron a acuerdos para los adolescentes que no cuentan con uniformes: “se justifica el uso de otro pantalón, para que no tengan que enfrentar gastos”, esto se puede leer en uno de los informes. También constan varias activaciones de los DECE —llamados a impulsar y fortalecer el bienestar de las y los estudiantes—por denuncias colocadas directamente por los adolescentes: violencia física, psicológica, sexual, maltrato intrafamiliar y negligencia, dentro del propio espacio de acogida.

Las llamadas vulneraciones están descritas y avaladas en el Manual de Convivencia de la casa, cuando los niños y adolescentes cometen una falta considerada muy grave, “serán sancionados con la suspensión de salidas por un mes o con la suspensión de salidas recreativas de uno a dos meses, en función de la buena conducta que demuestren”. El manual también prohíbe el uso de aparatos electrónicos, incluidos celulares. Este tipo de sanciones no solo limitan su libertad, sino que profundizan su aislamiento, cortando vínculos afectivos esenciales y obstaculizando su derecho a la participación, al ocio y a mantener contacto con el mundo que existe fuera de las paredes del acogimiento institucional

Según testimonios de los niños y adolescentes, durante el mes de agosto del 2024 hasta febrero de 2025 a los adolescentes no se les brindó atención médica especializada de ningún tipo. Gracias a la denuncia presentada por los adolescentes, la Casa Hogar ha agendado desde marzo citas médicas con especialistas en psiquiatría, odontología, psicología y medicina interna.

Aunque desde abril de 2024 se generó un Plan Zonal de Atención a Casas de Acogida entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el MIES, este no se estaba cumpliendo. Recién en marzo de este 2025 el Ministerio de Salud Pública ingresó por primera vez a la casa e hizo una visita extramural para verificar las condiciones de salud de los niños adolescentes que se encuentran en la Casa Hogar. En ella se recomendó pasar a los adolescentes menores de edad a otros dormitorios, pues todos dormían hacinados en dos cuartos y no precisamente por falta de espacio. 

Quienes colaboran —transmitiendo lo que otros adolescentes dicen o hacen— con el equipo de la casa y con las autoridades del MIES, lo hacen bajo una serie de condiciones impuestas por quienes tienen el poder. A cambio, acceden a ciertos "beneficios", si así puede llamársele a ser ubicado en un dormitorio para cuatro personas, con acceso a agua caliente e inodoros en buen estado. Esta colaboración también ha incluido, al menos en un caso, prestarse para sostener denuncias infundadas contra uno de los adolescentes que lideró la denuncia original. Todo esto evidencia un ambiente de división, presión y manipulación dentro de la casa. La protección selectiva, el uso de la información como moneda de intercambio y la cooptación de adolescentes por parte de los adultos encargados generan un entorno donde la confianza y la seguridad han sido erosionadas.

Y así como hay beneficios para unos, hay castigos para otros. Los chicos además cuentan que a dos de los adolescentes que hicieron la denuncia formal por malos tratos en el mes de febrero se les racionó sus alimentos, incluso dejándolos sin comer todo el día, sin duda un acto de tortura. Esa crueldad fue denunciada ante la Junta de Protección y también ante la Defensoría del Pueblo, institución que a través de sus Mecanismos de Prevención de la Tortura y de Protección de la Niñez y Adolescencia ingresó a la Casa Hogar, el 21 de febrero del 2025, para levantar un informe coyuntural.

La Comisión Especializada y Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional también conoció el caso. El jueves 27 de febrero del 2025, el ministro Harold Burbano fue convocado por la Comisión, pero no asistió y en su lugar delegó al Subsecretario de Protección Especial (hoy ex subsecretario) David Flores Brandt sobre quien pesa una orden de alejamiento por maltrato a los adolescentes de la Casa Hogar. Las y los asambleístas de la Comisión se negaron a escucharlo. Burbano fue convocado, nuevamente, de manera indelegable para el 19 de marzo del 2025, tampoco acudió; en su lugar envió a la nueva Subsecretaria de Protección Especial, Vanessa Villavicencio.

Lastimosamente, en una mala interpretación de la protección especial y reforzada a la que todo niño, niña y adolescente tiene derecho, la Comisión negó a los adolescentes del Enríquez Gallo su derecho a ser escuchados, los miembros de la Comisión votaron en contra de la moción presentada por la asambleísta Esther Cuesta. De ese modo negaron también su derecho a la participación activa y protagónica de los adolescentes, en todo lo que les afecte y desconociendo, además, su vulnerabilidad ante tanta violencia.

Al respecto, el Comité de Derechos del Niño en su Observación General No. 13 ha sido enfático en mencionar que, dado que “la experiencia de la violencia es intrínsecamente inhibitoria, es preciso actuar con sensibilidad y hacer de modo que las intervenciones de protección no tengan el efecto de inhibir aún más a los niños, sino que contribuyan positivamente a su recuperación y reintegración mediante una participación cuidadosamente facilitada” En otras palabras el Comité advierte que las medidas de protección que tomen no deben reforzar el silencio del niño, sino ayudarlo a sanar y expresarse. Es una pena que la Comisión no haya actuado en consecuencia.

Tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Educación, cada uno en el ámbito de sus competencias, han corroborado las denuncias realizadas por los adolescentes mediante informes que, de forma reservada, han sido expuestos ante la Comisión. Y aunque ese espacio de la Asamblea decidió no escuchar directamente a los adolescentes, sus integrantes sí se trasladaron a la Casa Hogar. La visita fue guiada por la actual Subsecretaria de Protección Especial, Vanessa Villavicencio. Los adolescentes que se encontraban en la casa cuentan que apenas pudieron hablar con los asambleístas, bajo la mirada de la Subsecretaria tenían temor de hablar..

A pedido de la Comisión, esta autoridad mostró un listado de los adolescentes residentes. Sin embargo, en ese listado se omitieron los nombres de quienes han evadido —es decir, de quienes han abandonado la Casa porque no soportaban más los malos tratos ni las condiciones a las que estaban sometidos—. Aquí sus iniciales: E.W.L.M, E.I.T.G, A.A.S.M, J.P.G.Q. y A.A.L.E. Tampoco se informó que uno de los adolescentes, que semanas atrás había pasado durmiendo en los toboganes de los parques, se encontraba nuevamente en la casa, escondido. Esto, a pesar de que la asambleísta Pierina Correa, presidenta de la Comisión, preguntó expresamente por él durante la visita. Prefirieron ocultarlo durante semanas en la Casa Hogar que revertir la decisión que sin su consentimiento tomaron, sacarlo del Enríquez Gallo y mandarlo a otra casa de acogida.

Como si no fuera suficiente, se intentó obligar a los y las asambleístas que visitaron la Casa a firmar un documento de confidencialidad antes de ingresar al lugar. Ellos se negaron rotundamente.

El 23 de abril del 2025, la asambleísta Pierina Correa, también presidenta de la Comisión Especializada y Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día, para que se disponga la comparecencia con fines informativos y de forma indelegable del ministro de Inclusión Económica y Social (E), Harold Burbano, respecto “a las falencias en servicio de acogimiento institucional y de manera específica por las presuntas vulneraciones de derechos a los adolescentes de la Casa Hogar Infanto Juvenil Enríquez Gallo de atención directa del MIES”. Lastimosamente la moción no alcanzó los votos necesarios. 

Sin embargo, el miércoles 30 de abril, con el voto unánime de los nueve asambleístas miembros de la Comisión, se aprobó el tercer informe sobre el cumplimiento de la resolución RL-2023-2025-032, emitida por la Asamblea Nacional. Este informe tiene como objetivo poner en conocimiento del Pleno los avances en la fiscalización que la Comisión realiza al servicio de acogimiento institucional de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, tras los hechos ocurridos en abril de 2024 en el Centro de Acogimiento Institucional Buen Vivir de la ciudad de Macas. En dicho centro, un adolescente se suicidó —hoy se conoce que fue un homicidio— y otros cuatro adolescentes intentaron quitarse la vida.

El informe incluye la denuncia que presenté el 21 de febrero de 2025, en la que solicité a la Comisión que, en el marco de su facultad fiscalizadora, investigue las graves vulneraciones de derechos que enfrentan los adolescentes residentes en la Casa Hogar Enríquez Gallo. Al respecto, la Comisión concluye que esta unidad de acogimiento presenta falencias estructurales graves que afectan el ejercicio de derechos de los adolescentes, tales como: alta rotación del equipo técnico que impide el desarrollo de procesos individuales integrales (legales, psicológicos, sociales); descoordinación interinstitucional con los sistemas de salud, educación, justicia y protección, lo cual vulnera derechos básicos; ausencia de un plan de intervención real y coordinado por parte del MIES, pese a haberse dispuesto su ejecución desde enero de 2025; deficiencias en infraestructura y condiciones de habitabilidad; y fallas en el uso y ejecución de los recursos asignados, todo lo cual representa riesgos graves para el bienestar emocional y físico de los adolescentes.

Frente a estas constataciones, la Comisión recomienda que: se implemente un programa de intervención urgente con acompañamiento técnico externo y participación activa de la sociedad civil; la revisión individualizada de la medida de acogimiento de cada adolescentes residente en la Casa Hogar, evaluando si cumple con los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad e interés superior; la reorganización y formación del equipo técnico y tutores, garantizando experiencia real en protección especial; la activación del equipo de DD.HH. y género de la Fiscalía en los casos relacionados con posibles delitos en esta unidad. También solicita al Consejo de la Judicatura limitar temporalmente nuevas derivaciones a esta casa hogar, mientras no se resuelva la situación estructural y a la Defensoría Pública garantice el patrocinio judicial permanente en los casos de los adolescentes.

Finalmente, el miércoles 7 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 71 votos el tercer informe de la Comisión corroborando así lo que los adolescentes de la Casa Hogar Enríquez Gallo han denunciado desde enero de este año. ¿Será qué la aprobación de este informe será suficiente para que el MIES deje de desacreditar a los adolescentes y actúe con el compromiso que exige proteger sus vidas y su dignidad?

Defender los derechos de niños y adolescentes frente al abandono y violencia institucional

El sábado 3 de mayo de 2025, cuatro adolescentes salieron de la Casa Hogar con autorización de su coordinador. Nos reunimos, como en otras ocasiones, en un espacio público para conversar sobre su situación dentro de la casa y el proceso legal en el que los represento. Pero esta vez ocurrió algo distinto: varios funcionarios del MIES los grabaron sin su consentimiento mientras hablaban conmigo, su defensa técnica. Poco después, la Subsecretaría de Protección Especial publicó un hilo en redes sociales con fotos y videos de ese momento, insinuando que los estoy manipulando y sugiriendo que les regalé dos violines para ganarme su lealtad. A esto se sumó el Director de Patrocinio del MIES, quien utilizó sus redes para amenazar con denunciarme.

Defender sus derechos no debería convertirse en motivo de hostigamiento ni de amenazas de ningún tipo.

Desde que decidí tomar el caso se me prohibió el ingreso a la Casa Hogar, junto a los chicos hemos buscado formas de mantenernos en contacto. No es muy fácil mantener una comunicación fluida con ellos, en la Casa Hogar la mayoría del tiempo no hay internet y los pocos adolescentes que tienen celular no siempre tienen plan de datos, así que contestar mensajes no les es fácil. Vernos en algún lugar cerca de la Casa ha sido un acuerdo al que hemos llegado. Prohibir que yo entre en la Casa Hogar Enríquez Gallo ha vulnerado su derecho a la defensa y a estar informados. 

No solo han desacreditado lo que los adolescentes tienen que decir; también han intentado deslegitimar su participación, atribuyéndola a manipulaciones externas. Grabar sin consentimiento una reunión privada con su defensa técnica, insinuar que no actúan por convicción sino por influencia, y luego exponerlos públicamente, no es protegerlos. Es volver a vulnerarlos. Es revictimizarlos.

Lo que debería preocuparnos no es que a dos adolescentes se le donen dos violines nuevos, como intentaron posicionar durante este ataque en redes sociales —porque los anteriores eran prestados—para que continúen con sus clases de música que ayudan a reconstruir sus proyectos de vida, lo que debería indignarnos no es que alguien los escuche y los defienda, sino que haya tantos adultos impunes que los hayan vulnerado y silenciado. Y que incluso hoy están tratando de coaccionarlos, ofreciéndoles lo que desde un inicio el MIES debió proveerles — opciones para garantizar su permanencia digna— a cambio de su silencio. 

Cuando pusieron la denuncia los adolescentes del Enríquez Gallo aún creían que algo podía cambiar. Han pasado meses y las cosas no han cambiado, ha sido muy complicado mantenerse en pie de lucha en ese lugar que es todo menos un hogar. Si hay verdaderos héroes en esta historia son ellos. Ellos deben sentir nuestro calor y nuestra ternura, ellos que con su valentía han hecho historia, luchando para cambiar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional.

Un llamado a la acción

En Ecuador, según cifras oficiales, 2.132 niños, niñas y adolescentes están institucionalizados en 86 unidades de acogimiento, 9 administradas directamente por el MIES, a nivel nacional; 53 a través de convenios por organizaciones cooperantes y 24 entidades de atención privada.

Y aunque, según el Informe Mensual de Gestión del Servicio de Protección Especial – Acogimiento Institucional, publicado en marzo de 2025, el Estado destina alrededor de 1.100 dólares mensuales por cada niño en las casas de acogida de gestión directa, estos espacios siguen careciendo de lo básico: uniformes, dinero para pasajes, actividades vinculadas a sus planes de vida, entre otras necesidades fundamentales.

Se debe avanzar a otras modalidades alternativas de cuidado, trabajando con las familias para la reintegración, y en casos donde esto no es posible, garantizar planes de autonomía para su egreso digno. Sin embargo, hay miles de niños, niñas y adolescentes en casas hogares, cuyo cuidado integral necesita ser una realidad accesible y respaldada por todos los recursos humanos y materiales que seamos capaces de poner a disposición como país.

En estos meses he compartido silencios, miradas, angustias y sueños con los adolescentes del Enríquez Gallo. He conocido sus risas, sus bromas, sus ganas de vivir y también sus miedos. No vengo a contar sus historias, porque no me pertenecen. Vengo a hablar de ellos sin decir sus nombres, para que podamos verlos como lo que son: niños y adolescentes que han sobrevivido a la violencia, al abandono, a la indiferencia, y que aún esperan algo tan simple como lo que nunca debió faltarles: cariño, cuidado y una oportunidad digna.

Lo que no he logrado plasmar en palabras lo han escrito ellos con una lucidez que conmueve y sacude. Con permiso de sus autores, comparto aquí su voz:

Las cartas han sido reescritas para facilitar la lectura pero corresponden al texto original enviado por los adolescentes. Diseño: Clau Fuentes

Esto es lo que significa para los adolescentes en acogimiento institucional crecer bajo tutela del Estado, leerlos con respeto y comprometernos, desde donde estemos, a que su historia no se repita es lo mínimo que podemos hacer.

Cuando el Estado, la sociedad o incluso las instituciones que deberían protegerlos les fallan, algo se quiebra. Y se quiebra en todos nosotros. Porque cada niño, niña que sufre es un espejo que nos devuelve la imagen más cruda de lo que no estamos haciendo.

Necesitamos un cambio. Necesitamos que quienes trabajan en casas de acogida sean las mejores personas, técnica y humanamente calificadas. Personas formadas, sí, pero también profundamente sensibles. Porque no basta con tener el título y la experiencia. Se necesita ternura, muchísima empatía y humanidad.

Si algo requerimos entender es lo que significa crecer sin una familia, sin una red, sin certezas. Vivir institucionalizado es vivir con el alma en pausa. Esperando algo. Esperando a alguien. Por eso no es poca cosa lo que está en juego.

Ellos no son un número en un informe, una carga presupuestaria, unas frías cifras o un problema a resolver. Son niños. Son adolescentes. Han vivido demasiada violencia en sus familias como para que con nuestra complicidad sigan siendo vulnerados.

Y si mañana salen de esa casa sin haber recibido lo que necesitaban, si no se les ha dado el apoyo para valerse por sí mismos, la sociedad no podrá reclamarles nada. Es más, es esta sociedad la que está en deuda con ellos. Porque antes de exigirles, deberíamos preguntarnos: ¿dónde estuvimos cuando más nos necesitaban?