¿Por qué cuando se habla de violencia contra las mujeres se asocia este tema inmediatamente con la voluntad política del gobierno de turno? Es recurrente escuchar que los sectores de mujeres, de derechos humanos y feministas exigen de manera constante una respuesta oportuna y recursos económicos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
En cada voz y plantón suenan nombres diversos, siempre mostrando la presencia de algunas de las mujeres que han sobrevivido a la violencia o han perdido la vida a causa de la violencia machista. Conocí a Lucía (nombre protegido) cuando ella tenía 15 años y siete meses de embarazo, producto de la violación de su padre. Ella no sabía que su cuerpo y su vida habían experimentado violencia; “esto le pasó a mi hermana, a mi mamá y pasaba en el pueblo, pensé que así era la vida”, cuenta.
Su historia no es una situación aislada. Según datos recabados por la Fundación Surkuna en su investigación La culpa no era mía, obstáculos en el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violación en Ecuador 2021, “en lo que refiere a la atención de los servicios de emergencia ante alertas o señales de auxilio de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reporta que entre 2016 y 2020 se registraron 558.849 incidentes relacionados a auxilio de personas víctimas de violencia, de los cuales 152.327 correspondían a pedidos de auxilio de personas víctimas de violencia intrafamiliar, 188.869 a violencia física, 208.721 a violencia psicológica, 1.236 a violencia sexual, 2.514 a delitos sexuales, 2.630 a reportes de abuso sexual, 2.340 a delitos de violación”.
Estas cifras muestran que, como Lucía, son un sinnúmero de mujeres las que viven, sobreviven y continúan demandando que el Estado garantice sus derechos y asuma su responsabilidad en cuanto al costo que la violencia machista genera en sus vidas.
A partir de febrero de 2018, Ecuador cuenta con una Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. De ello han pasado tres años y las deudas con la vida de las mujeres continúan latentes.
Rocío Rosero de la Coalición de Mujeres (conformada por 24 organizaciones del país) comenta que hace falta tener una voluntad política que priorice la situación de violencia contra las mujeres. “Tenemos la Ley de Violencia, ya tenemos [la] Ley de Institucionalidad, pero sin recursos y sin decisión política esa institucionalidad no funciona. Requerimos una decisión política del más alto nivel, [capaz] de declarar una prioridad la prevención y erradicación de la violencia y las medidas que hacen falta para eso, un Plan Nacional aprobado con presupuesto para las quince instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia”, afirma.
A esta exigencia se suman los datos. Como lo apuntan los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU), realizada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado algún tipo de violencia.
El caso de Lucía se suma a las estadísticas frías que se actualizan día a día. Ella vivió la violencia en su cuerpo y su maternidad ha implicado retos que ha tenido que asumir casi de manera obligatoria. Es por estas historias que la consigna “por el derecho a una vida libre de violencia” suena y resuena cada vez que se habla de la violencia machista cuando se actualizan las estadísticas. En las últimas elecciones presidenciales, una de las demandas de las organizaciones de mujeres fue justamente que el compromiso político con la vida de las mujeres se plasmara en brindar los recursos económicos para la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, e incluso se fortaleciera la institucionalidad de género en el país.
Estas exigencias constituían y constituyen un Pacto Fiscal —iniciativa de las organizaciones sociales de mujeres diversas— que comprometía a los candidatos a la Presidencia de la segunda vuelta electoral y ahora busca comprometer al actual presidente Guillermo Lasso en la transformación de las condiciones de desigualdad y de violencia estructural y de género a la que están sometidas mujeres y niñas.
“Proponemos que el nuevo gobierno impulse consensos para lograr acuerdos nacionales sobre políticas fiscales progresivas y específicamente sobre los lineamientos del presupuesto nacional del 2021, para asegurar un piso mínimo de protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país. Así mismo creemos necesario monitorear y evaluar la política fiscal, exigir información transparente sobre la política fiscal y sus impactos en el ejercicio de los derechos de las niñas y las mujeres”, declaró Rocío Rosero, el 15 de marzo de 2021, en El Telégrafo.
Los costos de la violencia contra las mujeres están sobre los hombros de las víctimas
El costo de la violencia en la vida de las mujeres deteriora sus proyectos de vida, pues los costos son asumidos por ellas. El Estado, al no brindar recursos suficientes para prevenir, atender y erradicar la violencia, pone sobre los hombros de las mismas mujeres los gastos en su diario vivir: restando recursos en alimentación, educación o haciendo inversiones adicionales en temas relacionados como salud y justicia.
Según datos del estudio nacional Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador del Programa PreViMujer, implementado por la Cooperación Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) y la Universidad San Martín de Porres (Perú), publicado en el año 2020, la violencia en relaciones de pareja le cuesta a Ecuador USD 4.608 millones anuales, lo que equivale al 4,28% del Producto Interno Bruto del país, de los cuales el 50% son asumidos por las propias mujeres.
Al respecto, Rocío Rosero comenta que “Las mujeres son las primeras que están pagando [los costos de la violencia], dejando de invertir en sí mismas, en sus familias, en su desarrollo profesional, en su empoderamiento físico, político y económico, abandonando sus proyectos de vida [a causa de la violencia machista]”.
Lucía, quien ahora ya tiene 20 años, es interrumpida por su niño de cinco años mientras hablamos por teléfono. Cuenta que estando en la casa de acogida su padre, aún después de la violación y con una boleta de alejamiento, continuaba merodeando el lugar; él exigía tener contacto con sus hijas, e incluso reconocer con su apellido al hijo de Lucía. Entre su memoria y las ganas de contar su historia, recuerda que el juicio demoró cerca de tres años hasta que finalmente lo declararon culpable y fue sentenciado. Ya no sabe a ciencia cierta los años de la sentencia, solo repite una y otra vez que no quisiera que otra niña pase por una historia similar, pues como resultado de la violencia que vivían su madre, hermana, hermano y ella misma fue imposible volver al colegio para terminar sus estudios. Al poco tiempo tuvo que trabajar para tener recursos para la crianza de su hijo, además de que tuvo que apoyar a su madre para que recibiera atención médica porque la violencia dejó secuelas en su cuerpo: fue diagnosticada con insuficiencia renal y recibe diálisis periódicamente.
Las situaciones de las sobrevivientes de violencia son diversas, algunas han sido acompañadas por sus amigas o familiares; otras han tenido que hacer solas su proceso. Sin embargo, coinciden sus historias en que el sistema de justicia resulta ineficiente cuando de contar con medidas de protección y acceder a justicia se trata. Así como Lucía que esperó varios años por la sentencia –pese a que el agresor (su padre) seguía acosándola–, la historia de Salomé (nombre protegido) con el sistema de justicia es similar, aunque ambas han sobrevivido a historias distintas. Salomé se separó de su pareja después de años de violencia, desistió de seguir el juicio por violencia y por alimentos. “Los trámites me hacían gastar demasiado dinero y esos 25 centavos que gastaba en cada pasaje significan un pan para mis hijas. Encima, cuando iba a hacer algún trámite me trataban como que yo fuera culpable, así que no quise saber más”, cuenta.
Rocío Rosero tiene claro que las sobrevivientes no acuden al sistema de justicia porque hay desconfianza en su eficiencia al momento de responder a las situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres.
“La mala atención y los servicios del Estado en materia de acceso a la justicia (…) no es una justicia justa, no es una justicia especializada, los casos de femicidio tardan, se desvanecen las pruebas en materia de delitos sexuales, siempre hay tretas para justificar a los violadores, para reducir la densidad de las responsabilidades de los violadores y declarar estupro, cambiar los tipos penales para exculpar, o sea, el machismo, la misoginia funcionan full y es parte de todo este engranaje de violación sistemática de los derechos de las niñas y las mujeres en Ecuador”, afirma Rosero.
¿Quién asume los costos de la violencia contra las mujeres en Ecuador?
Las mismas mujeres sobrevivientes de violencia son quienes asumen el 50% de este costo de manera individual, en sus hogares o en sus microemprendimientos, y el 11,3% lo hace el Estado. El 38,8% es asumido por las empresas privadas grandes y medianas (por ausentismo y pérdida de la productividad de las agredidas, agresores y del personal que atestigua casos de violencia contra las mujeres).
Fuente: Estudio nacional “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador”, 2020
En el estudio Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador, Arístides Vara-Horna también explica que a nivel individual las mujeres asumen un costo de USD 1.200 millones, resultado de los ingresos económicos y tiempos perdidos; y de los gastos que asumen para atender su salud, buscar justicia o protección ante la violencia sobrevivida.
A nivel de los hogares, las mujeres también asumen un costo de USD 544 millones, resultado de los costos y gastos de escolaridad y salud de sus hijas e hijos afectados directamente. De ese monto, cita el mismo estudio, se incluyen los costos de inseguridad alimentaria, pues por la situación de violencia muchas mujeres se ven obligadas a dejar de comprar alimentos.
Tanto Lucía como Salomé asumieron distintos costos. Salomé tiene 40 años, hace 10 se separó de su esposo y vivió violencia por más de 15 años. “Al principio insistí mucho para que pasara la pensión alimenticia, tenemos tres hijas y ellas no viven del aire, pero fue tan difícil demostrar que él tenía empleo fijo, que le llegue la notificación, que no quise saber más”. Fue así que desistió de continuar con el juicio de alimentos. “Decidí vender por catálogo maquillajes, ollas, tejidos, lo que se me ocurría, pero desde que inició la pandemia todo ha sido más difícil, antes me fiaban en la tienda y pagaba al fin de mes reuniendo hasta el último centavo, ahora ya no me alcanza, debo en la tienda la comida de tres meses”, cuenta.
Así como Salomé, la situación de las mujeres que viven este tipo de violencia se ve marcada también por la sobrecarga de trabajo relacionada al cuidado de sus hijos e hijas y hacia sí mismas. Al respecto, Rosero comenta que “las mujeres se endeudan hasta para la comida diaria durante períodos enteros. Es un problema gravísimo el no tener conciencia sobre las múltiples consecuencias en el cotidiano de la reproducción de la vida, del cuidado de la vida humana de las mujeres víctimas y sobrevivientes, de sus familias, de sus hijos y de sus proyectos de vida, pero también en esos impactos económicos que están lesionando a nivel económico al país”.
El 74,7% de mujeres agredidas alguna vez
se quedaron sin dinero para comprar
alimentos. Ellas o sus hijos pasaron
hambre y el 12,60% ha comprado
alimentos a crédito.
Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la
violencia contra las mujeres en Ecuador
PreViMujer, GIZ, 2020
Arístides Vara-Horna.
Fuente: Estudio “Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la violencia contra las mujeres en Ecuador”, 2020
Huellas de la violencia
Lucía y Salomé no se conocen, pero ambas coinciden en que hay huellas con las que tienen que lidiar a diario, resolver cotidianamente la subsistencia familiar, “que no falte la comida, que no falte la educación y no falte la salud”, como menciona Salomé.
El costo de la violencia en términos económicos es alto, resulta un peso que somete el cuerpo de las mujeres. Lucía dice que está agotada entre el trabajo y sostener la vida de su madre e hijo con su salario que bordea los USD 300 y que apenas le alcanza para pagar el arriendo y cubrir los gastos más necesarios. “Enfermarse es un lujo porque además tenemos que cuidar que mi mamá tenga sus diálisis, y que mi hijo inicie sus estudios. Quiero que él sea alguien en la vida y para eso hay que estudiar”, menciona. Ana (nombre protegido), madre de Lucía, interviene casi murmurando en la llamada: “No pude defender a mis hijas porque tampoco podía defenderme a mí misma”. Casi como una sentencia golpea esta frase, y es que la situación de violencia es una herencia constante en el cuerpo y la vida de las mujeres y la deficiencia de una atención estatal oportuna deja huellas que traspasan las historias familiares.
¿Cuáles son los impactos que trascienden la vida de las víctimas de violencia, sean mujeres, niñas e incluso las familias enteras?, pregunto a Rocío Rosero.
“La violencia está marcando los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes que están privados de medios de vida básicos, de alimentación, de educación. Las mujeres deben asumir completamente este tipo de situaciones y esto sigue reproduciendo los modelos del patriarcado, de la misoginia porque no hay una respuesta estatal, una respuesta en materia de prevención que dé el soporte para el cuidado de la vida humana de esas personas en igualdad de condiciones. No hay una conciencia tampoco en el Estado y en la política pública de los decisores de lo que esto está significando y por eso es que, por ejemplo, no hay recursos para las casas de acogida de niños, niñas y adolescentes en situación extrema de violencia, expulsados de sus hogares”.
Una de cada tres mujeres tiene
una familiar, vecina o conocida agredida
por su pareja o expareja el último año.
De este grupo, 71,1% ha brindado
asistencia a las mujeres agredidas 8
veces; el 17,8% ha dado refugio en sus
hogares por 4 días la última vez. La violencia contra
las niñas y mujeres no solo les afecta a
ellas, sino también a su entorno.
Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la
violencia contra las mujeres en Ecuador.
PreViMujer, GIZ, 2020
Arístides Vara-Horna.
Según el estudio nacional Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador, solo USD 807 mil se invierten en prevención de la violencia contra las mujeres.
Fuente: Estudio “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador”, 2020
Por su parte, Berenice Cordero, directora del grupo Dignidad + Derechos, y exministra de Inclusión Económica y Social, suma a esta reflexión la necesidad de contar con un enfoque que responda a la realidad de las víctimas y sobrevivientes. “El enfoque tiene que ser integral, un enfoque de derechos humanos, de género”, comenta.
El panorama de la violencia contra las mujeres cada vez es más alarmante, por lo tanto, debería ser una prioridad atender y brindar recursos necesarios para su atención y erradicación. Las mujeres llevan la peor parte en cada una de las historias, encontrándose entre el dilema de cubrir económicamente los costos de sobrevivir, cuidar, acompañar, y los costos del abandono y de la deuda estatal.
¿Por qué hay que exigir tanto al Estado en una situación cuya inversión debería ser tan obvia?
“La violencia de género en este momento tiene formas tan crueles y extremas como la desaparición, los femicidios, los transfemicidios, la trata de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia y algo que hemos visto es desnudarse estas formas crueles, extremas de violencia que se han gestado, que no son el resultado momentáneo de la pandemia, que se expresa ahora con mayor claridad, pero que han venido incubándose en esta inacción del Estado, que no toma cartas en el asunto”, afirma Rocío.
Pregunto algo similar a Salomé: ¿Qué debería hacer el Estado para que la violencia contra las mujeres no continúe?
“En general, debería interesarse en la vida de las mujeres. Aquí yo veo a mis amigas, a mis vecinas pasar por historias similares y si no nos tuviésemos la una a la otra para regalarnos aunque sea una cebolla, seguramente sería más difícil y ahí pienso en que aunque nos falla el juez, la policía y a veces la familia, siempre hay una mano de alguna otra mujer que nos cuida y acompaña”, afirma.
Esta nota fue realizada con el apoyo del Programa PreViMujer, implementado por la Cooperación Alemana GIZ
Equipo de trabajo para esta nota:
Daria Castro
Samantha Garrido
Gabriela Toro
Karen Toro
Monse Navas
