El gobierno de Javier Milei suma a las y los jubilados a su lista de enemigos
El miércoles 12 de marzo pasado las y los jubilados salieron a protestar tal y como lo vienen haciendo desde hace varias semanas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Su reclamo? Pensiones dignas —la jubilación mínima representa un tercio de la canasta básica de un jubilado— y la restauración del subsidio a los medicamentos eliminado por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024. Pero ese no se trataba de un miércoles cualquiera. Luego de algunos hechos de represión en semanas anteriores, los hinchas y barras de los clubes de fútbol decidieron acompañar a las y los jubilados en su reclamo.
A la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, la ampliación de la base de protesta no le gustó nada y se preparó para hacer lo que mejor sabe hacer. Fiel a su estilo, preparó un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad —Policía Federal, Policía de la Ciudad, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria— para reprimir. Su estrategia es bien conocida por la población argentina: desplegar un operativo desmedido con un número excesivo de personal de seguridad, instrucciones de reprimir sin miramientos y agentes infiltrados entre los manifestantes para encender la primera chispa. Bullrich sabe que está respaldada por su Protocolo Antipiquetes (Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad) que habilitó nuevamente el uso de escopetas para disparar gas lacrimógeno y reprimir a quien estuviera manifestándose en la vía pública, entre otras medidas.



Izq. Un fotógrafo levanta las manos mientras los policías detienen manifestantes. / Der. Policías de la ciudad detienen manifestantes durante la movilización de jubilados e hinchas de fútbol. Buenos Aires, miércoles 12 de marzo de 2025. Foto: Bárbara Leiva.
El operativo, de dudosa profesionalidad al no seguir protocolos internacionales para contener este tipo de situaciones, rápidamente cumplió su cometido: la violencia se fue de las manos. Las imágenes de policías golpeando, disparando y gaseando en la cara a jubiladas y jubilados recorrieron medios locales e internacionales. Pero dos casos fueron los más brutales. El primero, el de Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años de edad que cayó redonda de espaldas al suelo luego de que un policía federal la empujara. Por suerte está recuperándose. El segundo, el de Pablo Grillo, un fotoperiodista independiente que recibió un impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza mientras sacaba fotos. Quedó inconsciente al instante y hoy lucha por su vida. La cápsula, muestran las múltiples grabaciones y fotografías, fue disparada por un gendarme (cabo primero Guerrero), contra todo protocolo, en línea recta contra Grillo. A estos dos hechos hay que sumar múltiples heridos, leves y graves —una persona perdió un ojo por disparo de bala de goma—, y 124 detenidos, según el Ministerio de Seguridad. Mientras tanto, dentro del Congreso los diputados oficialistas Oscar Roberto Zago y Claudio Lisandro Almirón se agarraban a golpes para impedir el quórum que permitiría a la oposición impulsar la investigación contra Milei por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Quizás más escandaloso aún hayan sido las reacciones del Gobierno. Bullrich respaldó en todo momento a las fuerzas de seguridad, al punto que no va a iniciar investigación sumaria para indagar sobre la responsabilidad del disparo a Grillo. No sólo eso, prácticamente justificó el disparo afirmando que Grillo era militante kirchnerista. La diputada oficialista y maquilladora del presidente Javier Milei, Lila Lemoine, dijo en televisión que no se podía “hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó que la culpa era de Grillo por estar en el lugar equivocado. El portavoz de Presidencia, Manuel Adorni, afirmó que la movilización había sido de «barrabravas kirchneristas de izquierda”. Agustín Laje, intelectual orgánico del partido de gobierno, salió a animar a los policías a disparar bien la próxima vez ya que “cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo”. La lista de justificaciones continuó por todo el arco oficialista, “dialoguistas” aliados y periodistas obedientes.



Izq. Un hombre usa una pañoleta que dice “Jubilados en lucha”. / Der. Mujeres sindicalistas marchan durante la movilización de jubilados e hinchas de fútbol. Buenos Aires, miércoles 12 de marzo de 2025. Foto: Bárbara Leiva.
El discurso oficial cerró filas ante la idea de que esta fue una manifestación desestabilizadora cuyo único objetivo residía en hacer caer al gobierno. Pero lamentablemente los tintes autoritarios de este gobierno exceden la persecución política. A la degradación institucional se le suma la avanzada del Ejecutivo sobre la justicia. No sólo nombraron por decreto a dos jueces de la Corte Suprema sin legitimidad —uno de ellos, Ariel Lijo, quien todavía no asumió el cargo, es parte de la familia judicial que garantiza la impunidad del poder político y económico—, sino que Bullrich también anunció el 17 de marzo, a dos días antes de una nueva jornada de movilización de jubilados, que denunciará a la jueza Karina Andrade, titular del juzgado número 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, por ordenar la liberación de 114 de los detenidos. Andrade justificó que no había datos precisos sobre las condiciones de detención por lo que se veían afectados “derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. La arremetida del aparato de persecución fue feroz, atacándola de “jueza camporista”, una corriente dentro del kirchnerismo.
Las y los jubilados se suman, así, a la lista cada vez más extensa de enemigos públicos del gobierno, entre quienes se encuentran las mujeres, personas LGTBIQ+, jueces garantistas, periodistas críticos o personas con discapacidad, por ejemplo. Es que las únicas políticas de Estado del gobierno de Milei son la crueldad y la violencia. Sus funcionarios se regocijan permanentemente del recorte de derechos. Basta con recordar la escena grotesca de diputados celebrando con un asado en la residencia presidencial el haber votado en contra de un aumento a las jubilaciones de 20USD.



Izq. Un patrullero de la policía de la ciudad se incendia durante la movilización de jubilados e hinchas de fútbol. / Der. Un grupo de manifestantes atraviesa la Av. 9 de julio. Buenos Aires, miércoles 12 de marzo de 2025. Foto: Bárbara Leiva.

Este proyecto es el de un país para pocos. Por eso el gobierno elimina el impuesto a los automóviles de lujo a la vez que jubilados y jubiladas dejan de recibir medicamentos gratuitos. Ofrece exenciones impositivas a empresas extractivistas con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a la vez que deja de repartir alimentos a comedores populares. Desregula los aumentos de servicios básicos de energía o salud haciendo que sean impagables. Se justifica la exclusión con la búsqueda de eficiencia. Se justifica la falta de planificación con lucha contra la burocracia. El desmantelamiento sistemático del Estado es cruel y no puede hacerse sino con violencia. Un desmantelamiento que beneficia a unos pocos: los que piensan que pueden prescindir de él y que, curiosamente, son quienes más se han beneficiado a sus expensas.
Milei llegó al poder blandiendo una motosierra y exclamando a los gritos que el ajuste lo pagaría la casta, en un contexto nacional de inflación descontrolada y profundización de la concentración de la riqueza y la desigualdad, y uno internacional de consolidación de la avanzada neoconservadora en los países Occidentales. Pero, una vez más, el ajuste recayó sobre las espaldas de los sectores más vulnerables. De los pobres, que ven cómo cada vez quedan más excluidos. De los jubilados, que son empujados a la pobreza con pensiones de miseria. De las mujeres, que tienen que poner el cuerpo para garantizar los cuidados en cada retirada del Estado de bienestar. De las personas LGTBIQ+, cuya existencia es cuestionada permanentemente. De los pueblos originarios, que al mínimo reclamo son catalogados de terroristas. Son estos sectores quienes hoy están dando señas más cabales de resistencia a esta nueva avanzada del proyecto neoliberal. Esperemos que sean, también, quienes tengan la imaginación política para armar un proyecto político que incluya a todas las personas.

Autoras

Inés Binder
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ines@radioslibres.net
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