Las comunidades de Otavalo llevan un mes en paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel. El 12 de octubre, día de la resistencia indígena, un anunció sorprendió: el gobierno entraría a la zona con un convoy armado para despejar las vías. Desde el 22 de septiembre, las Fuerzas Armadas y la Policía intentan abrir la Panamericana E-35 con bombas lacrimógenas y tanques militares. Hay heridos y detenidos. Sus familias narran los hechos.
Un convoy militar y policial entró a Otavalo la madrugada del 14 de octubre, el gobierno afirmó que el convoy llevaba alimentos no perecibles, gas doméstico, colchones y medicinas, pero lo que la gente vio fueron camiones militares, bombas de gas lacrimógeno y perdigones. Ese día, el 23 del paro nacional, ocurrió una de las jornadas de mayor violencia durante las protestas sociales: el periodista Edison Muenala fue impactado por una bala cuando cubría la llegada del convoy militar. José Guamán, agricultor y padre de dos niños, fue herido en el pecho por un proyectil. Después de luchar por su vida falleció. Mujeres gritaban: "¡Hay niños, no lancen bombas!", mientras las nubes de gas lacrimógeno se esparcían sobre los techos, y las bombas caían en los campos, extendiendo el gas por toda la comunidad.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) reportó más de 20 personas con heridas de gravedad y alrededor de 60 detenidos solo en ese día y en su cuenta de X, las Fuerzas Armadas informaron que 13 militares fueron heridos en "ataques violentos perpetrados por grupos que utilizaron bombas molotov, petardos, machetes y cuchillos, entre otros artefactos".
Al cierre de este texto, el 22 de octubre, Otavalo lleva más de cuatro semanas protestando y hace unos días recorrí varias de sus comunidades.
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Estamos sentados sobre la vereda, a unos metros de la Panamericana E-35, en la comunidad de Huaycopungo, al pie del Taita Imbabura y cerca del lago San Pablo (Imbakucha), cuando escuchamos: "hay un fallecido". Fabián Cabascango agacha su cabeza, la apoya sobre sus manos y pasa fuertemente sus dedos entre su cabello. "Nos están matando" dice mirándome directo a los ojos. Su mirada se enlaguna. Del otro lado hay silencio, hay llanto, hay un coro de voces que buscan confirmar este dolor.
Fabián permanece sentado sobre la vereda. Ha dormido poco. Esa madrugada, como desde el primer día de paro nacional, los militares lanzaron bombas lacrimógenas para abrir la vía E-35. Persiguieron a manifestantes y dispararon gas lacrimógeno contra varias casas de Caluquí, de Huaycopungo, de Inti Huaycopungo, comunidades del pueblo Kichwa en Otavalo, que llevan un mes resistiendo contra la eliminación del subsidio al diésel.
Su comunidad analizó el Decreto N°126, emitido por el presidente Daniel Noboa, sobre la eliminación del subsidio y las compensaciones, durante la asamblea mensual. "Los mismos habitantes de aquí nos habían exigido a los dirigentes que expliquemos, qué veamos cuáles son las consecuencias de la quitada de subsidio al diésel, entonces investigamos"— dice Fabián, habitante de Caluquí y operador de agua, quien recuerda que desde su adolescencia ha salido a protestar para tener derechos—. "Todo se mueve con diésel: el alimento, los repuestos, las maquinarias agrícolas. Todos los bultos grandes se mueven en maquinaria que necesita diésel y si sube el diésel, sube el costo".
Pero este análisis no les terminó de convencer; necesitaban más información y convocaron a una segunda asamblea. Esta vez la juventud y quienes viven fuera de la comunidad también asistieron. Analizaron el decreto y vieron que las compensaciones económicas sólo durarán ocho meses y después el pueblo tendría que asumir los costos. Se enojaron y decidieron salir. Caluquí y Huaycopungo fueron parte de las primeras comunidades que se sumaron al paro nacional: siguen resistiendo y están siendo fuertemente reprimidas.
"El primer día del paro no les importó que estuviéramos con niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad. Nos bombardearon. Solo por gritar, solo por alzar la voz ante un perjuicio que estamos recibiendo, a veces solo por entender. Y eso, creo que es nuestro peor pecado como indígenas: haber aprendido a entender" —dice Fabián, con su voz silente que retumba en el aire aún pesado por el rastro de las bombas lacrimógenas.
Eran las 5:55 de la mañana del domingo 28 de septiembre, en la Panamericana, a la altura de Pinsaquí. Nubes de bombas lacrimógenas se extendían sobre el asfalto, sobre el césped, sobre decenas de jóvenes que corrían con palos y piedras en sus manos, con sus rostros cubiertos, con escudos improvisados, con sus manos vacías, con sus rostros enrojecidos buscando un lugar para respirar. Tragan gas, tosen, corren. Se enfrentan contra los militares vestidos de camuflaje, pasamontañas y cascos que portan escopetas lanza gases. Al fondo se escucha el estruendo de las bombas lacrimógenas, ese sonido que sabes que, en cualquier momento, te dejará sin aliento, sin visibilidad y arrastrándote en busca de un hilo de aire respirable.
Cinco minutos después, un coro de voces grita: ¡Médico! ¡Un carro! ¡Ambulancia! ¡Primeros auxilios! Corren por la Panamericana, mientras otros dos jóvenes cargan el cuerpo de Efraín aún con vida. Lo ponen en el piso, su amigo Luis lo sostiene de la mano, pide ayuda, pero dos tanques militares avanzan por la vía sin detenerse. Luis se arrodilla y abraza a Efraín. Otro compañero trata de ayudarles, pero los tanques regresan. Se baja un militar, dos, tres, cuatro, cinco. Le gritan: ¡Suéltalo chucha! ¡Suéltalo hijuepucta! Luis no lo suelta, lo abraza. Le dan patadas, culatazos, tratan de jalarlo. Le apuntan, le gritan. Se turnan para golpearlo.
Al otro lado del tanque, un militar saca un arma y dispara cuatro veces: dos disparos al cielo y dos al frente. Otros lanzan bombas lacrimógenas, mientras uno sigue golpeando a Efraín y Luis en el suelo.
A las 06:05, los cinco militares sin lograr romper el candado que Luis construyó con sus brazos para proteger a Efraín se suben a los tanques y se van. Rápidamente, los jóvenes vuelven, levantan a Efraín, lo llevan. Pero es demasiado tarde: Efraín ha muerto.
Fue un disparo de un arma de fuego. Ingresó por la espalda y salió por el pecho. Laceró su pulmón y fracturó la parte cervical, reveló la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), que acompaña a la familia.
"Mi esposo era un gran líder en la comunidad", dijo María Guitarra, esposa de Efraín, a APAK TV, un medio comunitario de Imbabura. "No era terrorista, era una persona trabajadora". Efraín era artesano y agricultor, tenía 46 años de edad, era de la comunidad Inguintzala, de Cotacachi.
Mientras María ha tenido que insistir en lo injusto de tildar de terrorista a su esposo, el Gobierno afirmó que lo sucedido en Otavalo no era parte de una protesta social, sino un ataque contra los militares. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, no habló de la muerte de Efraín sino de una supuesta emboscada a los soldados que custodiaban el ingreso de un convoy de alimentos destinado a comunidades de la Sierra Norte. "Fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales —terroristas— que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas" escribió en su cuenta de X.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio, a través de la Unidad Especializada de Investigación del Uso Legítimo de la Fuerza sobre la muerte de Efraín.
El dolor se siente en el aire, en los rostros de las mujeres y hombres parados bajo el sol. Algunas personas están sentadas sobre los troncos tendidos en la avenida; otros brindan agua o chicha a las y los manifestantes. Unos, con su voz, otras con sus manos exigen justicia para Efraín y libertad para los doce detenidos en Otavalo. Y repiten, una vez más, que están en las calles dejando sus chacras, sus hijos, sus hijas, sus animalitos; pasando frío, calor y lluvias porque el dinero no alcanza, quizá nunca ha alcanzado.
El salario básico en Ecuador es de 470,00 dólares, mientras que el costo de la canasta familiar básica casi se duplica. En septiembre el costo llegó a 819,77 dólares. Solo 3 de cada 10 personas en Ecuador cuenta con un empleo adecuado y más de cuatro millones de personas viven con menos de 3,00 dólares al día, publicó el INEC en su reporte de julio de 2025. Está situación se agrava en el sector rural, donde 4 de cada 10 habitantes de este sector viven en situación de pobreza.
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Bajamos a la Panamericana vía Otavalo-Cotacachi está cerrada con lomas de tierra, piedras y troncos. Esa mañana de domingo, del 28 de septiembre, unas cincuenta personas asisten a un culto cristiano sobre la avenida, donde han colocado varias sillas blancas. En cada alabanza se levantan y alzan sus manos: oran. Más adelante, otro grupo de personas están sentadas sobre los bordillos y unos troncos cubren los cuatro carriles, sólo uno está habilitado para que circulen las ambulancias y autos. Las comunidades desconfían porque en ocasiones se han utilizado esos vehículos para trasladar militares o bombas lacrimógenas. En varios puntos nos hacen bajar. Nos preguntan, revisan el carro, vuelven a preguntar y confirman internamente que somos una comisión de derechos humanos y periodistas, entonces nos dejan pasar.
Caminamos a la comunidad de Inti Huaycopungo, en la calle encuentro un cartucho de gas lacrimógeno gris, más adelante un morador nos mostrará en sus manos un casquillo de arma de fuego color bronce, uno de perdigón y otro de bomba lacrimógena. Los han recolectado en la comunidad.
La madrugada del viernes 26 de septiembre, policías y militares se concentraron en el redondel de Cajas por un lado y, por el otro, en Ibarra. Con buses y tanques militares intentaban abrir la Panamericana.
—Ese día él compañero decidió salir a ayudar a los que están en la lucha, a los que están siendo reprimidos con toda la fuerza. Incluso hubo ataques con armas de fuego —dijo una comunera que nos llevó a la casa de Francisco Campo.
Francisco tiene 42 años, es agricultor y esa madrugada fue herido. Recuerda que le dispararon una bomba lacrimógena a siete metros de distancia. Sintió dolor en su rostro y no recuerda más. Los militares sitiaron la comunidad. Una ambulancia de Cruz Roja estaba cerca. Uno de los paramédicos lo asistió: le lavó y vendó el pómulo derecho. A su lado, otra persona también estaba herida.
A Francisco lo llevaron a una clínica, ahí le hicieron una tomografía de cráneo y de macizo facial. La conclusión fue que tiene varias fracturas: en el hueso maxilar derecho, en la pared medial, en la apófisis cigomática y en el piso de la órbita. Necesita varias cirugías, la primera cuesta 7.000 dólares. Ahora, Francisco está en su cama, en su casa. Tiene dolor y su familia busca apoyo para cubrir los gastos médicos.
Para atender a los heridos se han organizado brigadas médicas en Otavalo, Ilumán, Huaycopungo, Pinsaquí, Peguche y Aguaolongo. César Muenala, médico voluntario, y Pablo Cotacachi, técnico en rehabilitación, estuvieron estos días en varias comunidades. Trataron heridas de perdigones, fracturas, cortes abiertos, luxaciones en niños y asfixias sobre todo "a personas que no estaban protestando, pero salieron afectadas porque sus casas están aledañas a la vía", dijo Muenala antes de recibir a dos médicas voluntarias que se sumaron a la brigada para atender a más personas heridas en las protestas. Cotacachi está molesto con los militares y policías, aclara que su trabajo es voluntario y de atención a pacientes, porque a pesar de estar identificados con bata blanca y llevar una bandera, "las fuerzas del orden lanzan bombas también al personal de salud".
"Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos", advirtió Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, en referencia a las protestas en Ecuador.
Durante las semanas del paro nacional, se han registrado 377 vulneraciones de derechos humanos: 296 personas heridas, 205 personas detenidas, 15 desapariciones temporales y dos personas fallecidas. Así lo publicó la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, organismo que registra y verifica cada día las vulneraciones de derechos humanos en contexto del paro nacional. Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció la misma noche del 14 de octubre la muerte de Rosa Elena Pagui, de la comunidad Gunudel del pueblo Kichwa Saraguro, debido a "un paro cardiorespiratorio por la inhalación de gases lacrimógenos usado por las fuerzas policiales". Rosa tenía 61 años y era un pilar fundamental en la comunidad.
Por su parte, el gobierno señala que se han registrado 73 personas heridas en sus filas: 24 policías y 49 militares.
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Su voz se pierde entre el ruido de helicópteros que sobrevuelan Peguche. Sus motores suenan día, tarde y noche. "Nos vigilan" dice Pacha Terán, dirigenta indígena, que acompaña a las familias de los detenidos en Otavalo y que esta mañana del 28 de septiembre traducirá a Rosa Burga, quien no habla español, pero vino a Peguche a denunciar que su hijo es uno de las decenas de personas detenidas en el paro nacional y uno de los doce detenidos en Otavalo el 22 de septiembre, primer día del paro nacional.
A ellos, los responsabilizan de causar daños materiales a las instalaciones del Comando de la Policía del Valle del Amanecer, así como a la estructura del edificio de la Policía Judicial de Otavalo y a cuatro vehículos institucionales.
La Fiscalía los acusó del presunto delito de terrorismo, tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a Alfredo Padilla, Diego López, Elvis Lanchimba, Gina Cahuasqui, Segundo Amaguaña, Juan Muenala Luis Cruz, Enrique Moreta, Luis Tituaña, Luis Jácome y Jeremy Lita, comuneros del pueblo Kichwa Otavalo; así como a Jonathan Anchundía (oriundo de El Carmen de la provincia de Manabí y residente de Otavalo) y William Rojas (de nacionalidad venezolana y residente en Otavalo), y que según la información que ha logrado recoger la organización Corredores Migratorios no pertenece a ninguna estructura criminal internacional, como posicionaron el presidente Daniel Noboa, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el ministro del Interior, John Reimberg.
Los doce detenidos no tienen antecedentes penales, según se verifica en la página web del Ministerio del Interior, mientras que de uno no hay información. La jueza Karol Gissela Zambrano, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Pichincha, dictó prisión preventiva el 24 de septiembre para los doce detenidos. Un día después, el 25 de septiembre, sin informar a los acompañantes legales ni a sus familiares, los doce detenidos fueron trasladados de la cárcel de Ibarra. Durante un día se desconoció su paradero exacto, luego se confirmó que once detenidos fueron llevados al Centro de Privación de Libertad de Manabí N°. 4 conocida como El Rodeo; William fue llevado a una cárcel de Esmeraldas, a pesar de que ese mismo día se registró una matanza en dicha cárcel que dejó como resultado 17 personas asesinadas, y a Gina le dictaron medidas sustitutivas: cada martes y jueves debe presentarse ante la Fiscalía y tiene prohibición de salir del país. Además, dictaron 30 días de instrucción fiscal, plazo que concluye el 24 de octubre. El proceso judicial N° 17U05202500138 se puede consultar en línea.
Las familias rechazaron el traslado de sus seres queridos a un centro de privación alejado de sus hogares, costumbres y cultura. Mario Ruiz, abogado de tres de los doce detenidos, presentó un recurso de habeas corpus con el fin de que se les garantice su derecho a la integridad personal y su derecho a mantener contacto con su entorno familiar y comunitario, al pertenecer a la nacionalidad kichwa.
El 6 octubre, la jueza Mayra Bravo de la Sala de la Corte Provincial de Manabí aceptó parcialmente el habeas corpus para diez de los doce detenidos de Otavalo y ordenó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) los traslade de forma inmediata del Centro de Privación de Libertad de Manabí a la cárcel de Ibarra, debido a que se vulneró los derechos y los principios de interculturalidad y plurinacionalidad de los procesados. Sin embargo, el SNAI no ejecutó el traslado inmediato. "Hay un incumplimiento de resolución de autoridad competente, que será investigado en la Corte Constitucional" explicó el abogado el miércoles 15 de octubre. Ese mismo miércoles, nueve días después de la disposición de la jueza, en horas de la noche, se confirmó que siete de los doce detenidos fueron trasladados a la cárcel de Ibarra para la audiencia de apelación de la prisión preventiva.
Ese miércoles también se instaló una mesa de diálogo encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg, y Martha Túquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) junto a Mesías Flores, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI), para solicitar la derogación del Decreto 126 o el congelamiento del precio del diésel, el esclarecimiento de las muertes de Efraín Fuerez y José Guamán; también para exigir reparación para las personas heridas como resultado de la represión en la zona; así como la liberación de los detenidos durante las jornadas de protesta. Tras esta reunión, el ministro de Interior anunció el fin del paro en Imbabura y en un comunicado, el Gobierno informó que el Decreto 126 sigue vigente. Las bases del movimiento indígena rechazaron la decisión de los dirigentes provinciales y anunciaron que el paro seguiría. Las vías continuaron cerradas en Imbabura y en algunos puntos de Pichincha, Loja y Carchi.
Cabe precisar que el 30 de septiembre, Alfredo Padilla, Luis Cruz y Diego López fueron trasladados desde Manabí a la cárcel de Ibarra por motivos de salud porque padecen problemas de movilidad, autismo y epilepsia.
William Rojas continúa detenido en la cárcel de Esmeraldas y Jonathan Anchundía en Manabí.
La tarde del martes 21 de octubre, los jueces Fernando Sanchez (juez ponente), Esteban Coronel y Mabel Tapia, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, reinstalaron la audiencia de apelación a la prisión preventiva para once de los doce detenidos de Otavalo. No se trató el caso de Luis Jácome porque su apelación se presentó tarde.
La audiencia inició con un proceso de diálogo intercultural como parte de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades garantizados en el artículo 1 de la Constitución, que determina que el Estado ecuatoriano es plurinacional e intercultural, es decir, que se reconoce la existencia de otras culturas, sistemas de justicia y formas de organización. En Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos.
El abogado y antropólogo Aquiles Hervas –mediador de este diálogo intercultural entre las autoridades del pueblo Kichwa Otavalo, representantes la jurisdicción indígena, y la justicia ordinaria– dijo en la audiencia que se escucharán "las voces de la sabiduría de la cultura kichwa" y aclaró que el diálogo intercultural no es una mediación, sino que es un espacio abierto a "gestar medidas innovadoras. Si bien el campo de decisiones está determinado por la norma, este diálogo debe ofrecer medidas innovadoras respecto de la prisión preventiva, por ejemplo", así lo reportó la escritora Cristina Burneo Salazar en su cuenta de X.
Ocho autoridades indígenas, tres mujeres y cuatro hombres, solicitaron a los jueces que se revoqué la prisión preventiva para los detenidos porque dentro de la filosofía de las comunidades la prisión no constituye una sanación ni sanción. Más bien alienta a la vagancia y aísla a la persona de la comunidad y de la familia quebrantando de esta forma la armonía familiar y comunitaria. Esta situación es un llaki, un conflicto que afecta la armonía de la comunidad, y en este caso "el llaki es una tristeza comunitaria provocada por la ausencia de uno de los miembros de una comunidad", dijo Alberto Ainaguano, autoridad kichwa del pueblo Chibuleo y miembro de la Ecuarunari, en su intervención ante los jueces. Por ello, insistió en que se revoque la prisión preventiva y los procesados puedan defenderse en libertad para que así vuelva la armonía a las comunidades. El fiscal Andrés Cuasapáz dijo que los detenidos son investigados por el delito de terrorismo. Ainaguano explicó que los gobiernos comunitarios ejercen la administación de justicia indígena todos los días garantizando el debido proceso: aviso, citación, investigación y resolución, y resguardando la seguridad de cada comunero. Aseguró que las comunidades garantizarán que los procesados cumplan con la resolución judicial. Otra autoridad indígena también respondió: "Si ellos son culpables, la comunidad les va a devolver a ustedes porque la prisión es el castigo más fuerte". Tras escuchar a las partes, el Tribunal de la Corte de Pichincha suspendió la audiencia y los procesados fueron trasladados a la cárcel de Ibarra en medio del dolor de sus familias. Para mañana, 24 de octubre, a las 09:00, se tiene previsto que el Tribunal reinstale la audiencia y emita su resolución para los once detenidos que llevan un mes en prisión. Aquí el link de la audiencia: Zoom.
La libertad de los doce de Otavalo es parte de las demandas del movimiento indígena que exige la derogatoria del Decreto 126, inversión en salud y educación, justicia para Efraín y para José, así como la reparación para las personas heridas en el paro y la no criminalización a las y los dirigentes.
Camino a Peguche, en la mañana del 29 de septiembre, se ve un mural con la silueta de los doce detenidos de Otavalo en la pared de un puente desnivel, a la altura de Pinsaquí. Hay un puño alto con la frase: "Resistencia". Al frente, un grafiti "Somos pueblo, no delincuentes", más adelante una bandera #NosFaltan12. A un lado de la vía, unas mujeres venden frutillas recién cosechadas a un dólar, dicen, que con el paro no pueden enviarlas a otros lugares. Algunos restaurantes y tiendas están abiertas; venden agua, almuerzos o salchipapas desde carritos ambulantes.
En Peguche, sentada bajo una carpa azul, donde un grupo de mujeres prepara el almuerzo comunitario, Rosa Burga da una entrevista a varios periodistas. Pacha Terán la escucha y traduce:
"Mi hijo es Luis Cruz, tiene 27 años y lo tienen encerrado desde el día lunes. Le cogieron cerca de la cárcel, donde antes era el Colegio de Corte y Confección. Estaba amarrando el ganado en mi casa cuando una vecina vino con la noticia de que los soldados se lo habían llevado. Yo no podía hacer absolutamente nada. Le están acusando de ser un terrorista, mi hijo no es terrorista, mi hijo trabaja recolectando frutillas de lunes a viernes. Me pregunto: ¿cómo estará?, ¿cómo se encontrará en la cárcel?, ¿con qué tipo de personas se encontrará? A él le gustaba salir a Otavalo a pasear, pero no en bus; él disfrutaba caminar por la ciudad".
Luis se encuentra detenido en el Centro de Privación de la Libertad de Imbabura N°1 junto a Alfredo Padilla y Diego Armando López Ramírez también aprehendidos aquel lunes.
"Soy Jaime Muenala, medio hermano de Alfredo Padilla. Él fue detenido alrededor de las seis de la tarde. Vive justo por el redondel de Otavalo, ciudadela Imbaya. Los vecinos lo vieron cuando iba a entrar y no pudo correr. Él es una persona con discapacidad. No estaba en la manifestación, le faltaba poco para entrar a casa. Le gusta trabajar y caminar. Es muy alegre, respetuoso. Él cuida de su abuelita, que tiene 86 años. Ella le está esperando. A la abuelita no le decimos la verdad; le decimos que está por ahí porque ya es mayor".
Diego López es otro de los detenidos. Tiene 31 años, es de la comunidad San Juan Alto y trabaja como albañil. Desde los 14 años sufre de epilepsia y necesita su medicamento a diario. El día de su detención no le recibieron la pastilla, dice su esposa Rosa Ramírez.
Son madres, esposas, hijas, casi todas mujeres, quienes llegan a Peguche con una foto, un cartel o radiografías para contar que no han visto a sus seres queridos desde que los detuvieron; que los golpearon, que tienen problemas de salud.
Sisa Muenala abre su mochila y saca unas fotos de su esposo Enrique Moreta, de 37 años, albañil y padre de dos hijos. Se lo ve sonriente soplando un pastel por el Día del Padre, llevando a su hijo a Quito por primera vez hace tres semanas o trabajando como lo hacía ese lunes que lo detuvieron.
"Mi esposo salió a su trabajo a las seis de la mañana y en la tarde me llamó para decirme que bajara para comprar unas cositas para la merienda. Nos encontramos, pero como los militares estaban lanzando bombas, regresamos al mercado Imbaya. En eso nos agarró la lluvia y nos trepamos a una mata de coco entre los tres: mi esposo, mi hermana y yo para no mojarnos. Luego les dije: avancemos a la casa, ya no nos vamos a comprar nada. Eran las 18:48. La mano de mi esposo se había ensuciado con la mata y como venía trabajando en construcción, la tenía llena de polvo. Llegamos a la esquina y los militares estaban pasando. Pensé que iban a seguir de largo, pero no me imaginé que uno le coge a mi esposo del cabello, era un militar indígena. Mi hermana, la chiquita, se puso a abrazarlo, a llorar. No quería que se lo llevaran. Mi esposo alzó sus manos con las palmas hacia adelante, otro militar mestizo lo agarró del cabello y lo llevó a la fuerza. Querían pegarle y patearle, pero nosotras no le dejábamos: lo abrazamos muy fuerte y nos pusimos en la mitad. Así llegamos hasta la Policía".
Hace diez años, Luis Enrique tuvo una fractura en la mandíbula. Solo puede comer alimentos suaves y necesita revisión médica.
Elvis Lanchimba tiene 21 años, es de la comunidad Camuendo y trabaja en una plantación de flores. El día de su aprehensión estaba en el parque San Sebastián mirando las protestas cuando fue detenido, dice su esposa Luz Carina Velásquez.
Jeremy Lita tiene 22 años, trabajaba en construcción, pero tras una cirugía en su mano ya no puede hacer fuerza. Ahora es artesano. Necesita sus medicamentos por la cirugía que le practicaron.
Segundo Amaguaña tiene 47 años, es de la comunidad San José de Bolsa y es tejedor. Fue detenido cuando se acercó a los policías para pedirles que no lanzaran bombas lacrimógenas hacia su casa porque sus hijas se estaban ahogando. En ese momento, los policías lo golpearon y lo detuvieron, dice su hija Sisa Amaguaña.
Juan Muenala tiene 19 años, es de la comunidad de Cachicollá y es el sustento económico de su casa.
Luis Tituaña tiene 38 años, es de la comunidad Nuevo Santiaguillo y trabaja en construcción. Él estaba sentado en su bicicleta roja observando las protestas, minutos después lo aprehendieron. Así se ve en un vídeo publicado por BN Periodismo.
Luis Jácome tiene 23 años, es de la comunidad de Agato Alto y es costurero dice el Movimiento Digital de Jóvenes Kichwas Rantipa.ec. Según el proceso judicial, fue aprehendido cerca de las 18:00 a la altura del Chifa Excelencia, redondel de Otavalo.
En declaraciones públicas, el presidente Daniel Noboa y su ministro de Interior, John Reimberg, dijeron que dos de los trece detenidos eran de nacionalidad venezolana y que estarían vinculados al grupo criminal Tren de Aragua. "Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos", escribió el presidente Noboa en su cuenta X.
Sin embargo, en la audiencia de calificación de flagrancia realizada el 24 de septiembre, la Fiscalía no incluyó esta información dentro del proceso. También organizaciones sociales como Corredores Migratorios, que acompaña a la comunidad migrante en Ecuador, señaló que se trata de "falsos positivos".
El gobierno señaló a William Rojas y a Jonathan Anchundía como ciudadanos venezolanos. Sin embargo, su hermana desmiente esta afirmación.
"Soy Dolores Anchundia, hermana de Jonathan por parte de papá. Jonathan nació en El Carmen y tiene dos hermanos. Él quedó huérfano al cuidado de la familia materna. En El Carmen, él trabajaba en el mercado de mariscos, vivía con una tía. Jonathan migró a Otavalo porque alguien de la rueda moscovita le ofreció un trabajo allá. Jonathan será grande, pero es como un niño, solo busca trabajo y sobrevivir. Ha hecho mucho esfuerzo para salir adelante solo".
Jonathan tiene 40% de discapacidad intelectual, así se ve en la cédula que muestran sus familiares y amigos en una grabación de vídeo grabado.
La familia y vecinos de William no fueron a Peguche. Dicen que tienen miedo. La organización Corredores Migratorios publicó en su cuenta:
"William Rojas fue detenido en su lugar de trabajo el lunes 22 mientras se encontraba con su compañero en el parque de diversiones. Ese día los militares entraron a los juegos, golpearon a los trabajadores y se llevaron a William. Su hija Deysimar, de 2 años, estaba con él. Su jefe tuvo que quedarse con la niña y luego la entregó a la madre".
Todos los detenidos ese día son albañiles, artesanos, agricultores, migrantes. Son hombres que se levantaron cada mañana para sembrar y recolectar frutillas, papas…; construir una casa, tejer un poncho o cortar flores que se venderán en los mercados de Otavalo o en cualquier ciudad del país. Son hombres a los que hoy el gobierno llama "terroristas" sin escuchar sus demandas. Son cuerpos con los que el poder se ensaña, usando la fuerza policial y militar.
Con este dolor en sus cuerpos, familias, comunas y organizaciones exigen la liberación de los detenidos. Gritan sus nombres. Repiten que sus hijos, esposos, compañeros no son terroristas. "Somos pueblo, no terroristas".
Participan en marchas en Otavalo, se reúnen con sus abogados y buscan justicia en medio de un proceso de resistencia ante un Gobierno que, hasta el momento (22 de octubre de 2025), prefiere la fuerza que un diálogo en condiciones de igualdad.
