| Jeanneth Cervantes Pesantes
“Justicia exigimos, no nos vamos a callar, hasta que regresen vamos a luchar”
Un sol intenso, agobiante, pesaba sobre la mañana de este 1 de septiembre en Quito. En medio de las vallas que ya son parte del paisaje habitual que rodea Carondelet, militares apostados detrás del acero resguardaban el frío palacio presidencial, ese monumento que alberga a quien ocupa el poder de turno. Pero enfrente, otro cerco se formó: el de mujeres, carteles y rostros ausentes. La Plaza de la Independencia se tiñó de voces demandando justicia y respuestas.
No es la primera vez que este lugar emblemático escucha resonar consignas de exigencias por sus familiares desaparecidos, por la desatención estatal, por justicia… Aquí, años atrás, se alzaron las voces de Pedro Restrepo y Luz Arismendi por sus dos hijos: Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi desaparecidos por policías en 1988, durante el gobierno de Febres Cordero. Aquí, semanas atrás, pacientes renales exigieron respuestas a la desatención en salud. Aquí, madres de víctimas de feminicidio se han concentrado más de una vez, como Vivas Nos Queremos o Madres Coraje. Hoy el color cambió: carteles negros con rojo, 53 nombres, 53 rostros. Pero las familias advierten que son más; que Fiscalía no toma muchas denuncias como desapariciones forzadas a manos de militares, por lo que podría haber un subregistro que oculta la magnitud de lo que ahora ocurre en Ecuador.
Fotografías de rostros ausentes, carteles con nombres y una sola pregunta que retumba en el silencio cómplice del Estado: ¿dónde están? Familiares de 53 personas desaparecidas durante operaciones militares en el marco del conflicto armado interno llegaron hasta las puertas del Palacio de Carondelet para recordarle al Gobierno que ellas no descansarán hasta tener respuestas sobre cada uno de sus desaparecidos.
Madres, tías, hermanas, esposas… que desde distintas provincias: Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo recorrieron kilómetros para plantar su dolor frente a la sede del Ejecutivo. Llegaron con carteles, con fotografías impresas en camisetas blancas, con los rostros de sus seres queridos estampados en afiches que ya han visto las paredes de medio país. Mujeres (en su mayoría) que han aprendido a vivir con la ausencia, pero que se niegan a normalizarla.
En el plantón también se encontraban Laura Ipanaqué y Carlos Vicente Vega, madre y padre de Carlos Javier Vega Ipanaqué, quien con apenas 19 años de edad, fue asesinado por disparos efectuados por marinos, durante una operación militar el 2 de febrero de 2024. Su familia aún demanda justicia por esta ejecución extrajudicial. Carlos también fue señalado en un comunicado de las FFAA como “terrorista” queriendo justificar con esa acusación su muerte.
La movilización, denominada “Jornadas contra el olvido: Mientras nosotras buscamos, el Estado oculta”, fue organizada por el Comité de Familiares por Verdad y Justicia y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). El lunes 31 de agosto, las familias realizaron un plantón frente al Ministerio de Defensa, donde presentaron una petición formal de cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este martes 1 de septiembre, el escenario fue el Palacio de Carondelet.
Años de dolor, de noches sin dormir
"la conocí golpeándose
contra el silencio del poder en esa plaza
a donde el pueblo acude cada vez que necesita recordar
que el monumento fue erigido a su independencia
y no a su servidumbre
y cada semana estaba usted allí
sacudiendo la apatía del sistema
hasta cuando concluyó el plazo que les concedió
el señor ministro de gobierno
para que ustedes preguntaran por sus hijos
y su paradero en el agua
hasta cuando nuestros gritos contra la tortura
como pus o caspa del sistema
molestaron al señor presidente en su trabajo
incluso cuando dijo que eso "no iba a devolverles la vida""
Fragmento del poema: ¿Sabe usted, Luz Helena? de Jorge Enrique Adoum
Enrique Adoum escribía a Luz Helena, madre de los hermanos Restrepo el poema con el que arrancan estas líneas, ahí recordaba la incomodidad que hace el sonar de tambores y de consignas de quienes claman contra el olvido.
“Tenemos dos años de dolor, de sufrimiento, de agonía, de noches sin dormir, de preguntarnos qué pasó, por qué se lo llevaron”. Quien habla es Diana Roca, tía de Dave Loor, un joven que tenía 20 años de edad cuando fue desaparecido el 26 de agosto de 2024 por la patrulla militar E25 base Sur en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, pero hasta el momento no conocen el nombre de los militares que participaron en esa operación y Dave aún no ha sido localizado. Como ella, decenas de familiares alzaron la voz para exigir las respuestas que el Gobierno se niega a entregar.
Dave Loor, a quien su familia llama “Robin” o “El Chino”, no tenía antecedentes penales. Estudiaba criminalística y trabajaba como albañil junto a su padrastro. El 26 de agosto de 2024, mientras se movilizaba en moto con un amigo, fue interceptado por militares. Un video que dura 2 minutos y 19 segundos muestra el momento exacto: cuatro militares armados, con sus rostros cubiertos por pasamontañas, bajan de una camioneta blanca sin placas ni logos, lo obligan a bajar de la moto, lo requisan y lo suben al balde del vehículo. No le encuentran nada. Aun así, se lo llevan.
“Nosotros tenemos videos donde se ve claramente cuando lo interceptan, le hacen alzar la camisa y no le encuentran absolutamente nada. Entonces, no sabemos por qué este militar se lo llevó, ¿por qué lo desaparecen?”, denunció Diana Roca frente a Carondelet.
La familia no solo tiene videos. También tienen un informe militar donde el capitán afirma que su patrulla se lo llevó. Pero hasta el momento, el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar los nombres de los militares que participaron en esa operación. La misma negativa que han enfrentado la Fiscalía General del Estado, el CDH y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ministro Loffredo: 40 días para brindar la información
El lunes 31 de agosto de 2026, el CDH y el Comité de Familiares presentaron ante el Ministerio de Defensa una petición formal de cumplimiento de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de diciembre de 2025, mediante la Resolución 97/2025, a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras. La disposición ordena al Estado ecuatoriano la desclasificación y entrega inmediata de información militar, incluidas órdenes fragmentarias y operativas, sobre éstas desapariciones. El plazo para que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, cumpla con esta disposición es de 40 días. De no hacerlo, las organizaciones anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional mediante una acción por incumplimiento, que podría derivar en la destitución del ministro.
“El ministro Gian Carlo Loffredo ahora activamente está encubriendo a los perpetradores. Ya no hablamos de hechos aislados ni de crímenes individuales. Estamos hablando de crímenes sistemáticos y generalizados cometidos en la costa ecuatoriana, y que el ministro conoce de esos crímenes y, pese a que conoce de esos crímenes, no solo decidió callar, sino que ahora decide encubrir. La alerta que hacemos es que la responsabilidad penal escala, ya no solamente del militar que comete la desaparición sino también del capitán que lo encubre, del comandante que calla y también del Ministro que se niega a entregar la información”, afirmó Fernando Bastias, abogado y representante de CDH, durante el plantón de este 1 de septiembre.
El abogado recalcó que la información sobre quiénes participaron en las operaciones militares es vital para conocer más elementos sobre el paradero de las personas desaparecidas.
El caso Las Malvinas
Es inevitable hablar de desapariciones forzadas durante las operaciones militares y recordar que el 8 de diciembre de 2024, Steven, Nehemías, Ismael y Josué, cuatro menores afrodescendientes del sur de Guayaquil, fueron desaparecidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
El caso que conmocionó al país, derivó en la condena de 16 militares, 11 de ellos a más de 34 años de prisión por el delito de desaparición forzada con resultado de muerte. La Corte Constitucional determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por vulnerar los derechos de los cuatro. Y el 4 de junio de 2026, el Comandante General de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado.
“Para reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil. El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación. Y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, manifestó Salazar.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo no asistió, a pesar de que él defendió públicamente a los militares sentenciados y acusó a los cuatro de “haber estado robándole a una mujer”, además que de manera insistente en declaraciones posteriores, deslindó la responsabilidad de la desaparición forzada de los cuatro a manos de militares.
“Admitimos que ciertas declaraciones públicas emitidas por el Ministerio de Defensa contribuyeron a estigmatizar a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, y a sus familias, reforzando prejuicios y estereotipos sobre la niñez pobre y afrodescendiente de Guayaquil”, agregó Salazar en aquella ocasión.
La ausencia de Loffredo fue un símbolo de la indiferencia de un gobierno que, como denuncian las familias, ha preferido ocultar la verdad y estigmatizar a las familias.
El dolor de las familias no termina con la desaparición.
El 1 de mayo de 2026, Adriana Arroyo, de 21 años, hermana de Steven Medina, uno de los cuatro niños de Las Malvinas, fue asesinada en la cooperativa Esmeraldas Libre, en el sur de Guayaquil. Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba conversando con una amiga. Uno de ellos descendió y le disparó directamente, provocando su muerte en el lugar.
Adriana era madre de una niña de cuatro años.
Y es que, como denuncian las organizaciones de derechos humanos, la violencia no cesa. Las familias de las víctimas de desaparición forzada no solo cargan con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos; también cargan con el temor constante de que la violencia vuelva a golpear sus puertas.
53 casos: el silencio estatal
“No los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos, los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza en este sitio”, grita María Fernanda Restrepo en el megáfono mientras señala los muros del palacio de Carondelet este 1 de septiembre.
El CDH patrocina actualmente a 38 víctimas de desaparición forzada en operativos militares. Cuatro de ellas son Los niños de Las Malvinas; las otras 34 se encuentran en fase de investigación. La Fiscalía General del Estado reporta 51 víctimas de desaparición forzada durante operativos militares, aunque en los últimos meses el CDH ha recibido dos casos adicionales que la propia Fiscalía sigue clasificando como desapariciones involuntarias, no forzadas, pero estarían involucrados militares.
Según cifras del CDH, al menos 53 personas han sido víctimas de desaparición forzada a manos de agentes estatales desde que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno el 9 de enero de 2024. Bastias afirmó que por el momento conocen de estos casos, pero que no dudan de que puedan existir más.
Frente a este escenario, las acciones legales son dos y tienen alcances distintos. Por un lado, la petición de cumplimiento de la medida cautelar ante el ministro Gian Carlo Loffredo, presentada en diciembre de 2025, ampara a 26 personas, porque en ese momento eran los casos que el CDH patrocinaba. Con el tiempo, se sumaron más familias, y hoy son 34 las representadas en el pedido de desclasificación de información que se presentó ante la Corte Constitucional el 1 de septiembre.
“No tenemos avance, debido a que el Ministerio tiene la información reservada como clasificada”, denunció Diana Roca. Su hermana Lorena, madre de Dave, ha recorrido el país con la ropa de su hijo en una maleta, por si aparece y tiene frío. Ha pegado su rostro en cada pared, ha preguntado en cada pueblo. Y el Estado, simple y llanamente, le ha dado la espalda.
Desde Los Ríos la madre de Justin Álvarez lleva en su camiseta el rostro y el nombre de su hijo y su sobrino, ambos desaparecieron el 4 de septiembre de 2024. “Una madrugada fueron los militares para llevárselos detenidos. A los 15 días regresó Justin después de que relatara que logró escapar. Él contó que estuvo detenido en Montalvo en un calabozo, “que los tenían torturando ahí, que hacían que tomen sus propias orinas. Que les obligaban a vestirse de militares e ir a allanar otras casas”. Dos meses después volvieron a llevárselo y nunca más supo de él.
“Queremos saber dónde se encuentran, queremos saber dónde se dejaron sus restos o si están vivos que nos digan.” afirma la madre de Justin.
Otras prefieren leer sus cartas, tres lo hacen, una se quiebra al intentar contar que uno de los suyos jamás volvió a casa.
“Para mi hermano donde quiera que tú estés. Hermano, no sé dónde estás, no sé qué pasó y no sabemos cuándo volveremos a saber de tí, desde el día que desapareciste nuestra familia quedó con una pregunta que nadie se ha podido responder: ¿dónde está nuestro hermano y qué hicieron con él? Te escribo porque no quiero que el silencio haga que el mundo se olvide de ti. Tu familia no te ha olvidado, tu nombre sigue presente, tu recuerdo sigue vivo y la esperanza de encontrarte sigue aquí (…)” lee Liseth Bolaños durante el plantón de este 1 de septiembre.
Un sistema judicial que revictimiza
“Desaparecen gente y parece que no pasa nada (…) pero saben que sí pasa: que la semilla que se siembra sigue dando frutos, que mientras ustedes están aquí más gente se une a su lucha, porque su lucha es la nuestra, es la lucha de la dignidad, de la justicia, es la lucha de la humanidad misma (…)”, dijo Vivian Idrovo, Coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, en el plantón frente al Palacio de Gobierno.
Durante la jornada de protesta, quienes son defensores y defensoras de derechos humanos también señalaron las fallas del sistema judicial. Bastias denunció que cuando las familias acuden a denunciar las desapariciones a manos de militares ante la Fiscalía General del Estado, las autoridades suelen revictimizarlas, poner en duda sus denuncias e investigar los casos bajo la tipificación de “desaparición involuntaria” en lugar de “desaparición forzada”, lo que frena los mecanismos de búsqueda inmediata.
Esa fue la experiencia de Lorena Roca. Cuando su hijo desapareció, la Fiscalía la hizo esperar hasta el 28 de agosto de 2024 para poder presentar la denuncia, a pesar de que la normativa permite reportar la desaparición de forma inmediata. “Dijeron que no podía ser dentro de las 24 horas. Nos hicieron perder días. Esas horas eran vitales, ¡vitales! El trato del primer fiscal fue doloroso. No tenía empatía. Gritaba, acusaba”, relató Lorena en una entrevista previa para La Periódica.
El ministro Loffredo tiene poco más de un mes para entregar la información que la CIDH ha ordenado. Un periodo de tiempo para demostrar si el Estado ecuatoriano está dispuesto a mirar de frente el horror que ha sembrado en las provincias de la Costa.
Las familias, mientras tanto, seguirán buscando. Seguirán pegando afiches. Seguirán viajando. Seguirán preguntando.
