Río Bobonaza, Pueblo Ancestral Kichwa de Sarayaku, mayo de 2025. Foto: Karen Toro
El próximo 18 de junio, el consejo de gobierno del Pueblo Kichwa de Sarayaku y una amplia comitiva viajarán a San José, Costa Rica, para participar en una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es el episodio más reciente de una lucha que comenzó hace décadas, y que en 2012 tuvo un desenlace judicial sin precedentes en la región y continúa inconclusa: los explosivos de pentolita siguen enterrados en su territorio, la consulta previa sigue sin regularse en una ley y el Estado ecuatoriano acumula 14 años de incumplimiento de una sentencia interamericana.
Para entender por qué esta comparecencia es importante, hay que volver al inicio a los testimonios de quienes vivieron la irrupción violenta de la petrolera, el impacto ambiental que aún se mantiene y al significado de un fallo que marcó un antes y un después en la protección de los derechos indígenas en Ecuador y América Latina.
1996: “tiempos de mucho estrés, mucha preocupación y mucha tristeza”
Sin consultar a la comunidad, durante el último mes de Gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el bloque petrolero 23, cerca de 200.000 hectáreas, en territorio del Pueblo Ancestral Kichwa de Sarayaku a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC). El pueblo Sarayaku que en ese momento comprendía a 1.200 personas asentadas a orillas del río Bobonaza en la provincia de Pastaza, siempre se negó a dicha concesión.
En 2002, la empresa ingresó por la fuerza. Patricia Gualinga, en el año 2016, mientras ocupaba el cargo de dirigente de Relaciones Internacionales del Pueblo Sarayaku relató a Mongabay que recordaba aquellos días como "tiempos de mucho estrés, mucha preocupación y mucha tristeza". "Sarayaku se transformó totalmente. No había paz", relató. La comunidad se refugió en el bosque y se preparó para una "dura batalla" dentro de la selva. "Fueron momentos de mucha persecución", aseguró Gualinga.
La empresa instaló guardias militares y de seguridad privada, abrió caminos y taló el bosque, destruyendo árboles y plantas de gran valor ambiental, sagrado y cultural para la comunidad. Pero lo más grave vino después: en el año 2002 para arrancar la fase de exploración y estimar cuánto petróleo yacía bajo tierra, la CGC enterró 1460 kilogramos de un explosivo de alto poder compuesto de TNT conocido como pentolita y excavaron más de 400 puntos dentro del territorio. Más de una tonelada de explosivos quedó sembrada en la selva.
Ena Santi, quien testificó ante la Corte IDH en 2011 con su hijo de dos meses en brazos, pidió a los gobiernos "respetarnos, también les pido que retiren de nuestro territorio ese explosivo que tanto daño nos ha causado". Betsy Santi, presidenta de la organización de mujeres de Sarayaku y parte de la comitiva que viajará a Costa Rica el 18 de junio de 2026, conecta esta lucha con la cosmovisión de su pueblo: "Las mujeres Sarayaku somos las que estamos pendientes y estamos vinculadas con la madre tierra y tenemos ahí enterrados explosivos".
La empresa abandonó el bloque petrolero en 2004 alegando "causas de fuerza mayor" y dejó los explosivos en el suelo.
18 mil hectáreas en cuarentena
El impacto ambiental de la incursión petrolera fue devastador y continúa siéndolo. Las actividades de exploración provocaron la destrucción de sitios de gran valor cultural y ancestral y de subsistencia alimentaria, e impidieron el desarrollo normal de la vida cultural y espiritual del pueblo.
El desbroce de vegetación y el ruido generado por las explosiones causaron el desplazamiento de la fauna local. Ahora la amenaza más concreta y permanente sigue siendo la pentolita enterrada. De las 135 mil hectáreas que componen el territorio Sarayaku, alrededor de 18 mil, cerca del 14%, están afectadas por la presencia del explosivo en sus suelos. Esa zona ha sido declarada en cuarentena y se ha prohibido el ingreso de la propia comunidad.
Afirmó Patricia Gualinga para Amnistía Internacional en el año 2020: “Los explosivos están aquí, y esto refleja lo que puede pasarles a otras comunidades si no perseveramos en la lucha. Debemos seguir presionando para que se cumpla todo lo que dispuso el tribunal. Porque sabemos que las empresas internacionales continuarán haciendo lo posible por ignorarnos, y no podemos dejar que lo hagan.”
El hito judicial: sentencia del caso Sarayaku vs. Ecuador
El 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia. Por primera vez, un tribunal internacional condenaba al Ecuador por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada de un pueblo indígena, junto con los derechos a la propiedad colectiva, la identidad cultural, la vida y la integridad personal.
La Corte vio con sus propios ojos la selva, las perforaciones y la pentolita, el territorio herido. Escuchó a las madres, a las mujeres, a los líderes, a los niños.
La sentencia ordenó al Estado ecuatoriano:
1) realizar un acto público de disculpa (cumplido en octubre de 2014),
2) retirar los 1.460 kilogramos de pentolita,
3) pagar una indemnización de 1.4 millones de dólares y
4) regular a través de una ley el derecho a la consulta previa conforme a estándares interamericanos.
2023, la última carta de Sarayaku: La Corte Constitucional
Según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la entidad competente que puede obligar al Estado a cumplir una sentencia internacional es la Corte Constitucional. Sarayaku presentó una acción por incumplimiento y la Corte le dio la razón. El 20 de diciembre de 2023, la Corte verificó que no se había cumplido las disposiciones de la Corte IDH, por ello ordenó varias medidas para obligar y acelerar el cumplimiento, entre otras:
- Dictaminó un plazo de 6 meses para que la Asamblea adelante el procedimiento parlamentario para aprobar la ley de consulta previa.
- Hizo un llamado de atención al entonces Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y a la Asamblea, por su falta de diligencia para cumplir con la sentencia internacional.
- Ordenó al mismo Ministerio, en lo que fue sus competencias, que organice y coordine todas las gestiones jurídicas y administrativas para cumplir con el retiro de los explosivos en consulta y coordinación con Sarayaku. Además que supervise y exija al Ministerio de Economía y Finanzas asigne los recursos suficientes para dicho propósito.
- Ordenó al Ministerio que en el plazo de 6 meses, lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre las causas de la demora e identificar a las personas responsables del incumplimiento e impulsar las acciones pertinentes.
Las medidas de la Corte Constitucional tampoco se cumplieron, es más el Ministerio que se designó a cargo del cumplimiento de las acciones y seguimiento pasó a ser fusionado con el Ministerio de Gobierno en el año 2025.
14 años después: una victoria a medias
El 15 de junio de 2026 la comitiva del pueblo Sarayaku que comparecerá el 18 de junio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, espacio que a último momento fue negado, y la diligencia se desarrolló en las afueras de la institución.
Daniel Santi, presidente de Sarayaku, afirmó que "han pasado 14 años de la sentencia y los gobiernos de turno no han tenido la plena voluntad de cumplir las resoluciones". Los explosivos siguen enterrados. La consulta previa sigue sin regularse de acuerdo a los estándares internacionales en una ley. Y el Estado, en lugar de avanzar en el cumplimiento, acelera nuevas rondas petroleras.
Luis Canelos, presidente de la nacionalidad kichwa de Pastaza PAKKIRU, quien acompaña al pueblo Sarayaku, recordó que el caso Sarayaku es "un precedente histórico y jurídico que nos ha servido para defender y exigir la consulta previa, libre e informada y el consentimiento de los pueblos ante cualquier tipo de proyecto donde están siendo amenazados nuestros territorios". Y hoy, advierte, enfrentamos varias amenazas: "la expansión de la ronda petrolera Suroriente, la ronda Subandina, el catastro minero que se está viviendo en Ecuador y más aún en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, que no solo afecta a la nacionalidad kichwa de Pastaza sino a las siete nacionalidades que existimos en la provincia".
Canelos también comentó que: "estamos acompañando a Sarayaku para exigir el derecho a la no repetición, pero vemos también el incumplimiento del gobierno actual que no está respetando ni siquiera la Constitución, ni siquiera las consultas populares". Reiteró que la expansión de la zona petrolera, "es una amenaza latente a los pueblos y nacionalidades en el país". Ante la ronda Subandina, "que es una de las prioridades del gobierno nacional", Canelos comentó que están llevando un proceso de acción de protección con la Defensoría del Pueblo y han realizado visitas in situ en las zonas que podrían ser afectadas.
La lucha de las mujeres: la defensa de la vida
En el centro de esta resistencia están las mujeres. Son protagonistas de la defensa del territorio, quienes mantienen viva la memoria, quienes siembran más de 250 mil semillas para reforestar la selva, quienes enfrentan amenazas de muerte y violencia. Ahora viajan a la Corte IDH para exigir el cumplimiento de la sentencia.
Betsy Santi, presidenta de la la organización de mujeres del pueblo Sarayaku, fue clara: "como mujer, solicito que cumpla el Estado ecuatoriano y retire los explosivos. Nosotras como mujeres estamos vinculadas con la tierra, con la madre tierra, con la selva, con el Kawsak Sacha. También pedimos como mujeres que no haya más expansión petrolera dentro del territorio de los pueblos y nacionalidades". "Las mujeres Sarayaku somos las que estamos pendientes y estamos vinculadas con la madre tierra y ahí [están] enterrados explosivos", agregó.
Cuestiona el contexto actual, afirma que se acerca la ronda petrolera denominada Suroriente y Subandina, y el nuevo catastro minero y que ante ello: “estamos preparándonos para enfrentar este atropello que se avecina. Vamos a organizar a las mujeres y con otras nacionalidades frente a este atropello que ya nos viene encima".
¿Qué le diría al gobierno actual?, le preguntamos, "como mujer amazónica, como mujer ecuatoriana, que se ponga el corazón. Si nosotros no conservamos la selva, no hay vida".
¿Quién obliga al Estado a cumplir?
La abogada Nathaly Yépez, asesora de Amazon Watch, plantea preguntas incómodas: "En el contexto que se vive de reducción de entidades estatales y la incompatible fusión del ministerio de ambiente y de energía, de crisis fiscal, de una falta política de incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisiones públicas, de una Corte Constitucional atacada por el ejecutivo ¿cómo se va a ejecutar la sentencia de Sarayaku? ¿Quién tiene la competencia y la obligación de ejecutar? Y sobre todo, ¿cuál es la voluntad política para hacerlo? Porque Yasuní sigue esperando, Sarayaku sigue esperando".
¿Se puede esperar solo la voluntad del gobierno de turno?, le preguntamos: “no podemos esperar a la sola voluntad del gobierno, corresponde sumarnos al reclamo de Sarayaku para que quienes tienen el poder y la competencia de cumplir la sentencia lo hagan o enfrenten las consecuencias de no hacerlo”, afirma.
Recuerda que, cuando se gana una sentencia de la Corte IDH, el Estado debe cumplir las medidas de reparación a través de su institucionalidad pública. El principio pacta sunt servanda, que se refiere a la obligación de cumplir los tratados internacionales, debería bastar, pero lamentablemente no se cumple. Ahora irán a una audiencia de verificación de cumplimiento. Y el Estado dirá: no cumplí o estamos en camino a hacerlo. "Lo que nos sirve es la ejecución, no el incumplimiento perpetuo", dice Yépez. En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), las sanciones económicas son una medida de presión internacional, pero en la vida práctica lo que se busca es que retiren los explosivos enterrados debajos de Sarayaku.
¿Quién le obliga al gobierno de Noboa a quitar los explosivos? ¿Quién le obliga al Ministerio de Energía y de Transición Energética a hacer un plan con el pueblo Sarayaku para que la reparación sea efectiva?
Yépez reflexiona: "imagínate que en el mundo se demuestre que se pueden desmontar los explosivos o desmontar los pozos petroleros del Yasuní. Es mostrar que sí se puede desmontar la industria petrolera, que hay que invertir para hacer acciones reparadoras y que es posible hablar de la salida de combustibles fósiles".
Pero la ruta del gobierno es fortalecer la ruta hidrocarburífera. Desmontar sería un mal mensaje para los inversores petroleros que buscan sacar hasta la última gota de petróleo.
El mensaje de la Asamblea: silencio y exclusión
La asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, abrió la rueda de prensa de este 15 de junio denunciando con indignación que, días antes, se había autorizado a la delegación de Sarayaku para realizar su conferencia en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. Sin embargo, al llegar, les fue impedido el ingreso, por lo que las declaraciones se improvisaron rápidamente en los exteriores de la institución.
“Se supone que la Asamblea es la casa del pueblo", concluyó la legisladora, cuestionando la falta de apertura de la institución hacia la ciudadanía y los pueblos indígenas.
Esto ocurrió apenas tres días antes de la audiencia en la Corte IDH. Yépez explica por qué era relevante hacer la rueda de prensa en la Asamblea Nacional: "primero, porque es la propia Asamblea quien ha incumplido con la orden de emitir una ley que regule la consulta previa, era un deber simbólico y ético al menos escuchar a Sarayaku y dar la cara a su Pueblo”. Segundo, porque la Asamblea debería fiscalizar el incumplimiento sistemático de las medidas ordenadas por las sentencia interamericanas y constitucionales, “pero es un tema de voluntad política porque la Corte Interamericana no tiene las herramientas para ejecutar dentro del territorio nacional por respeto al principio de soberanía. A estas alturas, que ya ni siquiera se ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional, quién puede hacer un último control político es la Asamblea, a través de los mecanismos de fiscalización".
El caso Sarayaku, subraya, "es un caso relevante de la consulta previa, libre e informada". Parte del derecho a la consulta es que los pueblos deben tener toda la información; la sentencia pone los parámetros de lo que significa previa, libre e informada: deben tener acceso a los impactos ambientales y sociales, y en sus propias lenguas.”
Dejarles fuera de la Asamblea es el mensaje claro de que no están dispuestos a ni a legislar con los pueblos ni fiscalizar la falta de cumplimiento de las órdenes interamericanas y constitucionales que son obligaciones mínimas de cualquier funcionario, analiza Yépez.
Se avecina un jueves histórico para Sarayaku
El 18 de junio de 2026, las voces de Sarayaku comparecerán nuevamente en la Corte IDH, para denunciar el incumplimiento y recordar que siguen en pie defendiendo la vida y sus territorios.
Mario Melo, abogado del caso, fue contundente al afirmar que "estas violaciones convierten al Estado ecuatoriano en un estado remiso del cumplimiento de sus deberes internacionales con los derechos humanos. Tendremos que señalarlo de esa manera ante la Corte IDH". Y advirtió que "la Corte Interamericana es uno de los últimos espacios que le queda a la democracia para ser voz de las víctimas cuyos derechos han sido violentados".
