Estudiantes armados en colegios de Quito: una historia revela fallas graves en protocolos escolares

De su mochila, Marcos* sacó dos pistolas en el aula de noveno de básica, en un colegio del sur de Quito. Sucedió en una mañana de los primeros días de marzo: chicos de 13 y 14 años conversaban en voz baja, otros escribían, ajenos al peligro que corrían. Algunos, como Amaru, ni siquiera habían advertido lo que pasaba. Estaba concentrado en su dibujo, cuando de pronto, sintió el frío metálico del arma en su sien. Entonces oyó la amenaza, casi al oído: “no serás sapo”.

Su madre, Rita, me lo relata con tantos detalles que me siento parte de la escena. Como ella, imagino entonces los posibles desenlaces. ¿Y si apretaba el gatillo, quizá por accidente? ¿Si varios chicos intervenían intentando desarmar al agresor? También me pregunto: ¿Qué hizo el colegio? ¿La denuncia ya está en Fiscalía? ¿La Policía se llevó a Marcos?

“Me quedé fría. Estaba asustada, pero al mismo tiempo tranquila porque tenía a mi hijo frente a mí, estaba bien. Lo agarré y me lo llevé a casa", cuenta esta madre. Y por su seguridad decidió que se quedara en casa durante 21 días, haciendo tareas que le enviaban y evitando más riesgos. Aunque, para un adolescente, eso se sintió como un castigo: ¿qué hizo mal? ¿Qué peligros corre?, se preguntaba. Eso porque en el sistema educativo, los alumnos que rompen alguna regla o se comportan mal son suspendidos y hacen tareas a distancia. Amaru no hizo nada parecido.

Rita, quien escuchó la historia de boca de su hijo y de una compañera de él, frente a la inspectora, fue al plantel al día siguiente, acompañada de su hermana, ya que ella aún estaba en shock. La inspectora respondió vía telefónica desde el celular de quien estaba en inspectoría en ese momento, le dijo que hable con el DECE porque ella se encontraba almorzando con su familia y solo se había levantado para responder la llamada.

En el colegio se llevaron más sorpresas: el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) no conocía que Amaru había sido amenazado con el arma. La inspectora no alertó en detalle lo que vivió Amaru, pese a que el protocolo del Ministerio de Educación obliga a que se notifique y redacte un informe. Rita y su hermana Karen buscaron al rector, al día siguiente.  

Cuarenta y ocho horas después del hecho, el rector no sabía todos los detalles de lo que pasó. A Rita le preguntó quiénes conocían lo ocurrido. Ni siquiera había un informe detallando que Amaru fue amenazado, cuyos detalles alguien del DECE suele redactar a mano, leer y firmar junto con el representante del estudiante, madre o padre. Es necesario que siempre se dejen en el acta de la reunión las quejas y compromisos, de la familia y del colegio.

Ni siquiera se preguntaron: ¿dónde estará la segunda pistola? Solamente habían dado parte sobre la primera y ni siquiera le dijeron a la Policía que Marcos empuñó el arma para amenazar a un compañero. Luego del hecho violento, el profesor que llegó al aula fue alertado discretamente por alumnas y él pidió pasar a la pizarra al agresor, para que no tocara su mochila, mientras llamaron a la inspectora, que incrédula contactó a la Policía. Se lo llevaron por tenencia de armas.

La Periódica pidió una entrevista a la Fiscalía General del Estado, para conocer casos de estudiantes que llevan armas a los colegios, también si consideran que son parte de procesos de reclutamiento para fines de crimen organizado y cómo están manejando las autoridades educativas estos casos.

Sin embargo, la respuesta fue negativa. La Fiscalía Especializada en Adolescentes en Conflicto con la Ley, tras verificar la información en sus registros institucionales, señaló que no se han reportado denuncias que presenten las características específicas señaladas en la consulta.

“No obstante, se precisa la existencia de dos casos que involucran a adolescentes con armas de fuego; sin embargo, los hechos se registraron fuera de los establecimientos educativos”. Lo extraño es que la familia de Amaru tiene la denuncia colocada en la Fiscalía.

Por su parte, el Ministerio de Educación ha decidido ignorar un pedido de información enviado el 9 de marzo del 2026. Inclusive la comunicadora a cargo de contestar a periodistas no ha respondido mensajes. Y, cuando se consultó en el chat de prensa cuándo responderían, otra comunicadora escribió para indicar que recomendaban enviar la consulta al viceministro Miguel Torres; y al subsecretario Miguel Félix, directamente. Así se hizo, el 17 de marzo. A la fecha de la publicación de esta nota seguimos sin respuesta.

¿Cuán común es que los estudiantes lleguen armados en estos días (en los últimos tres años) a sus colegios? ¿Qué acciones están desarrollando frente a esos casos? ¿Qué pasó con los adolescentes que detonaron una pistola, en 2025, en el Colegio Central Técnico de Quito? No han contestado.

El estudio Impacto de la violencia delincuencial, crimen organizado y conflicto armado en la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: indicadores y situación actual en Ecuador 2014-2025 enciende las alertas con cifras que ya no se pueden ocultar ni normalizar.

La violencia armada contra menores de edad ha dejado de ser un caso aislado y se ha vuelto una curva en ascenso constante. En 2014 se registraron 32 homicidios con armas de fuego. En los años siguientes, entre 2015 y 2019, las cifras se movieron entre 24 y 21 casos, como si el problema se mantuviera contenido. Pero ese equilibrio se rompió en 2021, cuando los casos subieron a 52; desde entonces, el incremento ha sido sostenido hasta alcanzar los 530 en 2025.

En ese escenario, en junio del 2025, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 21, declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, por grupos del crimen organizado. Y creó un comité, para formular e implementar políticas públicas al respecto, que la vicepresidenta María José Pinto encabeza. Aunque no se conocen acciones concretas.

El 21 de enero de este 2026, Pinto envió a la Asamblea el Proyecto de ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Se busca crear un sistema de alerta temprana, registro y seguimiento de casos.

En el proyecto se habla del uso y utilización de niñas, niños y adolescentes para vincularlos al crimen organizado, que podría ser eventual, obligarlos a participar de actividades no lícitas. También se menciona una captación permanente, con adoctrinamiento.

Asimismo, en el proyecto hay un énfasis en la prevención, en establecer protocolos de actuación para que en el sistema educativo se pueda identificar casos de estudiantes reclutados.

En el estudio, del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, que integra a 18 organizaciones, se precisa que entre 2019 y 2025 se han triplicado los casos de detenciones y aprehensiones de adolescentes portando armas de fuego. Así, la cifra pasó de 183 a 563 casos. 

¿Los estudiantes que llevan armas a sus colegios han sido reclutados por el crimen organizado? "No necesariamente, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer socialmente. Usted y yo sabemos que un requisito para comprar cualquier tipo de arma es ser mayor de edad. En definitiva existe un ilícito, si niños, niñas y adolescentes tienen acceso a armas", respondió Verónica Pólit.

Pólit es la directora ejecutiva de Tierra de la Humanidad. Desde hace 15 años trabaja en temas de justicia juvenil, reclutamiento y en asistencia técnica al Estado, para seguir casos de adolescentes que incluso han cometido asesinatos.

Sobre el manejo de estos casos en los planteles, Pólit comentó que el porte de armas, sin autorización, es ilegal. Eso quiere decir  —reflexionó — que es obligatorio que cualquier miembro de la familia y de la sociedad denuncie si confirma o sospecha que un niño o adolescente está armado. “Podría implicar vinculación a un grupo de delincuencia organizada. Para eso es importante que exista vigilancia de parte de las comunidades, familia e instituciones”.

Verónica Pólit anota que el Ministerio de Educación ha hablado de la posibilidad de hacer ajustes a los protocolos para abordar de manera específica casos de reclutamiento.

Sin embargo, señala, se requiere que escuelas y colegios tomen acciones puntuales ante estos hechos. Al verificar lo que está sucediendo, dijo, deberían remitir a estos chicos a las juntas distritales del Ministerio. Y si el colegio no actúa, habría que acudir a la junta distrital, instancia intermedia entre la unidad educativa y la cartera.

"La junta establece todo tipo de procedimientos frente a faltas dentro del sistema, son sanciones administrativas; pero además deben interponer cualquier tipo de alerta por conductas delictivas ante instancias como la Fiscalía".

"El informe de la amenaza debió haberse presentado en la Fiscalía, máximo 48 horas después", pero no fue sino hasta ese límite de tiempo —y tras la presión de la familia— que el colegio lo hizo. Es por ello que hoy existe una denuncia en Fiscalía sobre la amenaza, lamentó Rita, madre de Amaru. Trata de tomarlo con calma, después de todo no ha pasado de un susto. Pero no deja de preguntarse qué podría ocurrirle.

Hasta ahora, Rita no ha decidido si lo mejor para Amaru será dejar ese plantel público, en donde la inspectora y profesores no supieron prender las alertas y elevar el caso a las autoridades. Amaru volvió recientemente al colegio porque extrañaba su rutina, pero eso ha implicado mucho en cuanto a cuidados. Su madre debe trabajar fuera de casa, pero se ha organizado para darle seguridad.

A ella le preocupa un antecedente, que le hace pensar que las cosas podrían agravarse más. ¿Qué pasó?, le pregunto. Rita cuenta que Marcos llegó en septiembre de 2025 al colegio. Y empezó a molestar a su hijo, Amaru.

"Un día llegó con moretones en el pecho. Entiendo que los hombres son toscos con los juegos, pero Marcos pellizcó a mi hijo y días después intentó tocarle sus partes íntimas", recuerda. Por eso pidió al tutor una reunión virtual a la que acudieron los padres del agresor.

Algo que no olvida es que ellos, pese a saber que estaban frente a la madre del agredido, expresaron su molestia porque veían a la cita como una pérdida de tiempo. No se disculparon ni ofrecieron cambios.

"Me hicieron sentir como que mi queja era una ‘niñería’. Para mí se trató de una falta de respeto. No me parecía normal que un compañero quiera tocarlo; desde los 3 años le he enseñado a Amaru a no permitir que nadie lo toque. Les dije que quienes tocan otros cuerpos, quizá fueron tocados", reseña.

En estos días que ha ido al colegio, amigos y amigas de Amaru le han comentado que Marcos tenía un grupito con el que decían que "era un hijito de mami, un chismoso". 

El tutor, según especialistas, falló. No existe un informe de aquella reunión. Y como es evidente, tampoco quedó un acuerdo. Hasta que la situación escaló y Amaru fue amenazado con un arma.  

"Mi hijo sintió que era injusto lo que le ocurría. Él pasó encerrado, aburrido, todo el día en casa, mientras yo salía a trabajar. Por más que le expliqué que no debía tomarlo como un castigo, él solo recibía las tareas que debía hacer. Extrañaba a sus amistades, las clases. Se sentía un ‘diablo en botella’, hasta limpiaba la casa", recuerda Rita.

En septiembre del 2025 se presentó el Estudio situacional focalizado sobre el impacto de la violencia en entornos educativos, en contextos de múltiples amenazas en Ecuador, trabajado por Horizontes Seguros, Plan Internacional y International Rescue Committee.

Una de las conclusiones es que: "La violencia y la criminalidad afectan gravemente la continuidad escolar, generando abandono, miedo y entornos hostiles. Docentes y estudiantes enfrentan amenazas, extorsiones y requieren herramientas para gestionar el escenario actual".

En el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, el Estado admite que su respuesta ha sido "históricamente reactiva y centrada en el control penal, con limitada capacidad preventiva". 

En esa línea, se cita el estudio para la caracterización del fenómeno, realizado en seis provincias priorizadas. Se trata de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Sucumbíos y Guayas.

"Se evidenció que más del 70% del personal educativo y social de primera línea no ha recibido capacitación ni lineamientos sobre identificación y derivación de casos". 

Se confirma, dice la Vicepresidencia, que envía el proyecto, que existen importantes vacíos en implementación y acción coordinada en territorio, lo que se traduce en ausencia de rutas operativas, capacidades desiguales, fragmentación institucional y escasez de servicios especializados en prevención y atención.

Para Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), hay patrones que se repiten. A partir de estudios revisados y de testimonios recogidos, comenta que, en algunos casos, a los adolescentes reclutados se les somete a pruebas iniciales, como el traslado de armas a los centros educativos en donde estudian. Después, esas exigencias escalan progresivamente hasta llegar a las más extremas: asesinatos.

“Ningún ser humano empuña un arma sin motivo”, afirma Quishpe. “Los expertos advierten que en Ecuador, en contextos donde la narcocultura gana terreno, se construye un cierto prestigio en torno a quienes portan armas”. A su juicio, cuando un estudiante exhibe un arma busca pasar un mensaje para darle fuerza a un grupo de delincuencia organizada. 

“Es una forma de decir: ‘aquí mando yo’”, explica Andrés Quishpe. En paralelo, lamenta, referentes tradicionales de reconocimiento —como la banda de paz (antes conocida como de guerra), los equipos deportivos o los grupos de danza— han perdido peso entre la juventud.

Quishpe cuestiona la respuesta institucional. Desde la UNE, asegura, han solicitado al Ministerio de Educación que invierta en actividades extracurriculares que contribuyan a recomponer el tejido social y eviten que el profesorado asuma funciones de control propias de la Policía. Según indica, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior tienen identificados desde 2022 centros educativos en donde se registran robos, microtráfico y amenazas. De ese diagnóstico surgió el programa Escuelas Seguras, posteriormente rebautizado como Comunidades Seguras.

A Sybel Martínez, abogada y directora de Rescate Escolar, le parece grave que en colegios como el de Amaru en el sur de Quito, profesores y personal del DECE no conozcan protocolos. El hecho, anota, ameritaba que llamen a la Policía Nacional, pero que detallen que no solo portaba armas sino que colocó una pistola en la cabeza de otro estudiante. Esa alerta no fue dada, cuando se llevaron a Marcos. 

En septiembre de 2025, al inicio del año lectivo Sierra y Amazonía, se presentó el Plan Nos Cuidamos, que permite a policías ingresar a los colegios, ante hechos flagrantes (como éste), también ante situaciones de riesgo o microtráfico. 

Martínez recordó que no solo había un delito porque un adolescente tenía dos armas sino que hubo una intimidación, ya que Marcos (nombre protegido) colocó un arma cargada en la cabeza de su compañero. ¿Qué pasaba si la detonaba?, pregunta la abogada.

Martínez considera que hubo alertas que fueron escalando en este caso. Resaltó que es función del personal DECE distinguir los sucesos y levantar alertas por acoso escolar o por conflicto violento. “Si no ponen límites, permiten que la violencia escale. Hay negligencia de la escuela y hay maltrato institucional, ya que no actuaron para eliminar el daño que sufrió el estudiante amenazado. Pudo haber un disparo. El colegio actúa bajo presión de la madre. Debería ser sancionado”.

Una docente que trabajó en un centro público del centro-norte de Quito y que pide mantener su nombre en reserva describe un clima de temor. Aunque no es habitual —precisa— que varios alumnos porten armas, la posibilidad inquieta a sus colegas, así como las extorsiones. En los últimos meses, además, han conocido de más riñas entre estudiantes mujeres, que derivan en episodios de elevada violencia. Algunas de esas imágenes se han difundido en redes sociales.

En ese contexto, Andrés Quishpe sostiene que los grupos de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador deben intervenir. Considera que los estudiantes reclutados por grupos de delincuencia organizada utilizan armas para intimidar tanto a compañeros como a docentes. Según explica, algunas familias de las víctimas han optado por cambiar a sus hijos e hijas a centros privados, solicitar modalidades de estudio a distancia y hasta trasladarse a otra provincia o salir del país.

Para Sybel Martínez, la respuesta institucional debe ser inmediata. Todos deben conocer los protocolos y actuar de forma responsable. “Los estudiantes pueden estar en proceso de captación. Sienten que tienen poder, están ‘endurecidos’ y buscan marcar territorio”, advierte. En su opinión, corresponde activar los protocolos: notificar al distrito educativo, a la Policía y a la Fiscalía. “El Ministerio de Educación debe desarticular estos grupos en coordinación con otras instancias. Solamente así se puede establecer quién ejerce el control y quién da las órdenes. Minimizar los hechos o no actuar agrava el problema”, concluye.

El Ministerio de Educación guarda silencio. Mientras las historias violentas en los planteles siguen siendo parte de noticieros. Hace algo más de seis meses, tres estudiantes fueron procesados; la Policía Nacional encontró una pistola en la mochila de un alumno, en la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza, en Bastión Popular, en Guayaquil. Y adolescentes como Amaru y su familia se ven obligados a modificar su cotidianidad. 

Su madre Rita no está tranquila, aunque se vio obligada a aceptar el deseo de su hijo Amaru de volver a clases. Por un lado ve con algo de alegría que su adolescente esté otra vez con sus amigos y amigas, buscando retomar la rutina; pero el costo es alto y lo paga ella, que debe correr del trabajo a la casa y llevarlo a clases, unos días de la semana; el resto de días le toman la posta el padre y la tía. Al hablar con Rita me parece que su carga es más pesada que antes del suceso, se le siente agitada, intranquila, como en alerta. Además que ha implicado un gasto adicional para la familia porque Amaru está con acompañamiento terapéutico para procesar lo sucedido.

No se han tomado medidas que eviten que un hecho tan violento se vuelva a repetir; apenas están revisando las mochilas continuamente. Pero no hay una investigación que permita conocer si Marcos actuaba solo o si hay más estudiantes manejando armas, no se sabe si pertenece a un GDO. Tampoco el Ministerio de Educación, a través del distrito o la zonal, han contactado a las madres y  padres de familia de este curso, para informarles sobre qué medidas están tomando para darles seguridad a sus hijos e hijas.

* Los nombres fueron cambiados, para proteger a las personas implicadas.