La sangre corre, las autoridades callan

Enero arranca en Ecuador con el miedo instalado como rutina. Ni las cábalas de año viejo ni la promesa simbólica de “lo nuevo” lograron conjurar una realidad distinta a la que se impone con brutalidad: la violencia es cotidiana y también es una práctica política que se da sin vergüenza alguna.

El 28 de diciembre de 2025, cerramos el año con una matanza que enlutó a la ciudad de Puerto López. Para el resto del país fue noticia; para quienes viven ahí, fue apenas un episodio más de una degradación sostenida. “Desde hace un año la cosa ha empeorado”, repiten sus habitantes, quienes se ven en la obligación de encerrarse máximo a las 18:00 en sus casas como única forma de protección. Una ciudad donde ni siquiera las niñas y niños pueden estar tranquilos en sus escuelas por temor de que algo pueda ocurrir, niños, niñas y adolescentes han dejado de ir a clases y han tenido que recibir clases virtuales. Esa escena —la de constante temor— se replica en otras zonas del país.

Enero de 2026 se encargó de ponerlo en nuestras narices. El 7 de enero, Isla Mocolí, una de las zonas residenciales más exclusivas de Samborondón (y del país), fue escenario de un ataque armado dentro de un club de golf, durante un partido de fútbol privado. "Al menos diez sujetos, algunos vestidos con prendas similares a uniformes policiales, ingresaron a la urbanización tras amedrentar a los guardias privados". Tres personas fueron asesinadas. Ese mismo día, un guardia de seguridad fue asesinado cerca de las 13:50, en una zona financiera, en el centro norte de la ciudad de Quito, por hombres que llegaron en motocicletas, disfrazados de repartidores y entraron a una cafetería. De ambos eventos hay grabaciones en video. La violencia no se esconde, queda registrada para aleccionar cómo debe ser nuestra forma de vida y para recalcar el poder de la violencia con las armas ante la complicidad estatal.

El 8 de enero, en Machala —ciudad que no ha parado de ser el escenario de matanzas carcelarias, amenazas y atentados—, cuatro personas —entre ellas dos adolescentes de 13 y 17 años— fueron asesinados al interior de una vivienda que luego explotó, afectando a otras casas del sector. El 9 de enero, otro ataque armado: un hombre asesinado y un adolescente herido dentro de una tienda al suroeste de Guayaquil. Ese mismo día se registró una balacera en el Batallón del Suburbio.

En Guayaquil, la violencia con armas de fuego ha escalado a niveles alarmantes. Hombres armados ingresaron el 13 de enero a una escuela en Bastión Popular buscando a la rectora (por suerte, dicen que ella no se encontraba)  y dejaron panfletos amenazantes. Aunque las clases presenciales han sido suspendidas no hubo ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación hasta la publicación de este texto de opinión. En tanto las familias continúan viviendo con miedo ante múltiples advertencias. Esta no es la primera vez que el sector educativo es amenazado: al menos cuatro estudiantes fueron asesinados en los exteriores de las instituciones educativas del país en el año 2025.

Guayaquil no tiene  descanso. Este 14 de enero desde la madrugada circularon videos que muestran a hombres armados y escenas de balaceras en distintas zonas al sur de la ciudad.

El 12 de enero Puerto López en la provincia de Manabí fue escenario de un hecho macabro y de profunda conmoción, cuando cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa con un mensaje amenazante. Este 14 de enero se reportó el hallazgo de nuevos cuerpos en Agua Blanca. Mientras tanto, en Santa Elena ese mismo día se encontraron los cuerpos calcinados de seis jóvenes que sus familias buscaban desde inicios del año.

A esto se suma que las universidades han dejado de ser espacios seguros. En mayo de 2025, un ataque de sicarios en los exteriores de la Universidad Estatal de Santa Elena dejó dos personas muertas y una joven herida. Esto para recapitular uno de los eventos. Esta violencia se extiende y llegó también a la Universidad Central del Ecuador, donde un estudiante fue secuestrado y posteriormente asesinado a inicios de este 2026.

Me han dicho que para que seguimos hablándole al Estado, que no le importa la vida y que jamás se pronunciará; me niego a que esa sea la tónica: no exigir nada y dejar que sigan cómodos en sus tronos. Seguramente esta indignación caiga en saco roto.

Los pronunciamientos no llegan porque el silencio institucional es la práctica gubernamental a la que nos acostumbran, es más fácil ver a Daniel Noboa responder tuits personales a otros personajes políticos que manifestarse ante la ola de sangre que desborda este país. Es más fácil ver fotografías de sus vacaciones que asumir la responsabilidad de las vidas que están desangrando al Ecuador.

El país contó los primeros 16 días de enero con una presidenta encargada, María José Pinto —hija de la familia Pinto, representante de líderes empresariales del sector textil—. Un encargo que ha sido silente. Mucha gente ha reclamado que no ha habido nadie asumiendo el rol presidencial, pero no es así: convenientemente, ha estado ella. Gobernar —aunque sea de forma encargada— implica asumir responsabilidad pública en los momentos de crisis. Implica hablarle al país, nombrar el miedo, reconocer el dolor, anunciar medidas, dar señales claras de conducción política. Y no, no bastan las breves declaraciones ministeriales (cuándo las hay).

No basta con administrar el día a día, visitar ciertos sectores del área social y hacerse la foto, ni con delegar la palabra. No basta el anuncio rimbombante publicado el 15 de enero por el Ministerio de Defensa donde afirma que Guayas, Los Ríos y Manabí entran en fase de “ofensiva total”, mensaje seguido de "la cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad de las familias ecuatorianas". ¿Infierno? ¿Como la imagen judeocristiana del cuadro del infierno en la iglesia de la Compañía? ¿Es ese el infierno al que se refiere el tuit ministerial, acompañado de imágenes militares con un tono de guerra?

Infierno es el que tienen que vivir las familias en Ecuador para buscar a sus desaparecidos, para reclamar respuestas fuera de las cárceles, para llorar a sus hijas e hijos asesinados. Infiernos para quienes no pueden respirar alivio mientras el empresario gobernante duerme tranquilamente.

Cuando la violencia se normaliza, el silencio desde el poder se convierte en mensaje y en una forma de gobernar.

Este no es un llamado a discursos grandilocuentes o a un nuevo reel o posteo en redes sociales. Es una exigencia mínima. El país necesita saber qué está haciendo el Estado, cómo se están tomando las decisiones y no, no se trata de anunciar más recompensas para capturar cabecillas de grupos criminales, basta de decir que sus operativos tienen “objetivos reservados”, no se trata de llegar en helicópteros para militarizar zonas “conflictivas”, de seguir mostrando imágenes de una militarización sin  precedentes cuando es bien sabido que en sus manos han desaparecido personas durante operativos, en detenciones, que han habido personas asesinadas como los cuatro niños de Las Malvinas, o Carlos Javier Vega Ipanaqué; o que incluso son ex militares o ex policías quienes estarían liderando bandas criminales, como alias Marino, quien fue miembro de la armada y fue una de las víctimas del ataque en Isla Mocolí. ¿Qué medidas existen más allá de los estados de excepción y la militarización permanente cuando la violencia ha permeado cada ámbito de la vida sin tregua alguna? ¿Por qué hay una escalada de violencia a inicios de este 2026? ¿Cuál es la respuesta estatal para que la violencia no se extienda en los espacios educativos? ¿A quién le conviene que vivamos en el miedo constante, temiendo incluso salir a la puerta de la casa por si nos alcanza una bala perdida? ¿Nos seguirán diciendo que la muerte es entre ellos cuando son ex militares o miembros de la policía quienes son parte de este cuadro de ejercicio violencia? El país exige que rindan cuentas de la efectividad de las medidas que han tomado durante estos dos últimos años de manera clara y transparente.

Ecuador no solo enfrenta una crisis de seguridad. Enfrenta una crisis de estrategias, de la palabra e información pública, de responsabilidad política y de horizonte. Y en ese escenario, callar es la muestra del abandono intencional.