El pueblo de Sarayaku plantea su “camino de la vida” como alternativa a los mercados de carbono

Portada: Vista de drone de casas en las orillas del río Bobonaza, en Sarayaku, Ecuador, julio de 2025. Foto: Karen Toro

El pueblo indígena de Sarayaku ha creado un nuevo estándar de justicia climática para hacer frente a los mecanismos de compensación de carbono. El proyecto Kawsay Ñampi o “Camino de la vida” apunta a un sistema, donde se pueda recibir fondos directos, que no provengan de empresas vinculadas a actividades extractivas, para construir los planes de vida en las comunidades.

El canto de las pavas de monte da la bienvenida a Sarayaku, un pueblo kichwa conformado por 1.500 habitantes y siete comunidades en la Amazonía ecuatoriana. Después de navegar durante dos horas por el río Bobonaza, desde el puerto más cercano, Samai Gualinga, vicepresidenta de Sarayaku, recibe a los visitantes que llegan a conocer la biodiversidad que alberga esta selva. La historia de este pueblo es conocida a escala internacional. Gracias a diversas iniciativas, han logrado mantener las actividades extractivas lejos de su territorio. Ahora, a su lucha se ha sumado lo que consideran una nueva amenaza: los mercados de carbono. 

El nombre de Sarayaku empezó a resonar en diferentes partes del mundo cuando  su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003. En ese momento, una compañía trataba de ingresar a Sarayaku para extraer petróleo sin el consentimiento de su pueblo. Las comunidades se levantaron y, nueve años después, lograron una sentencia a su favor. La Corte determinó que el Estado ecuatoriano, al otorgar los permisos a la petrolera, violó los derechos de este pueblo indígena y ordenó medidas de reparación. Estas incluían realizar una consulta previa, libre e informada; reconocer la “selva viviente” como sujeto de derechos y retirar las más de 3.000 libras de explosivos que colocó la empresa petrolera en el territorio. 

A pesar de este fallo, la comunidad se ha mantenido en alerta para evitar que otras empresas intenten ingresar y para exigir que las medidas se cumplan. La pentolita, que aún está enterrada, es un recordatorio de que el peligro sigue latente. Bajo su selva también tienen otro recurso apetecido en este momento: el carbono almacenado durante décadas.

Al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo, los territorios indígenas en Ecuador se han convertido en sitios que atraen la atención de empresas nacionales e internacionales que buscan compensar sus emisiones de CO₂ a la atmósfera, a través de mecanismos como los mercados de carbono. Así, una empresa o país pretende disminuir el impacto de sus emisiones que contaminan en una zona del planeta, al aportar en la preservación de un territorio ubicado en otra parte del mundo. 

La gran cantidad de carbono que almacenan las selvas y bosques preservados durante años por las comunidades indígenas llama a quienes quieren o necesitan alcanzar este objetivo. Sin embargo, este mercado ha recibido críticas, ya que en varios países las reglas aún no son claras. La falta de consulta previa y los impactos que pueden tener en sus territorios y derechos son algunas de las preocupaciones de los pueblos amazónicos. 

“La palabra ‘compensar’ se volvió tabú acá. No queremos saber nada de la compensación de CO₂. Para realmente contribuir a lo que propone Sarayaku debe venir de un fondo lo más sano posible”, dice Sabine Bouchat, madre de Samai y coordinadora de la propuesta Kawsay Ñampi, una nueva alternativa a los mercados de carbono. El Kawsay Ñampi o “Camino de la vida” busca ser un estándar de justicia climática, que se basa más en una “contribución”, como ellos lo llaman, que en una compensación. 
Con esta iniciativa, que será presentada en la COP30 en Brasil, buscan crear un nuevo mecanismo que surge desde los pueblos indígenas y toma en cuenta los saberes, creencias y necesidades de las comunidades, precisamente aquello que —según critican— el mercado de carbono tradicional deja de lado.

Un camino desde la selva viviente 

La propuesta del Kawsay Ñampi se empezó a construir hace 20 años como parte de lo que se conoce como kawsay sacha o selva viviente, que es el concepto de vida dentro del territorio de Sarayaku. Se refiere a la conexión que este pueblo mantiene con la naturaleza, la flora, la fauna y los “seres no visibles”, explica Gualinga, quien a sus 35 años se ha convertido en una de las voces jóvenes más representativas en la defensa de este territorio. 

En esta búsqueda de opciones para conservar su selva viviente, Bouchat cuenta que han estudiado a detalle los diferentes mecanismos de compensación, incluyendo programas como REDD+ o la iniciativa ecuatoriana llamada Socio Bosque, que consiste en que las comunidades reciben un pago del Ministerio del Ambiente por conservar cierto número de hectáreas. “Muchos pueblos se encontraron bajo condiciones que perdían su territorio, su libertad, su manera de vivir o su costumbre”, relata esta agrónoma belga, que vive desde hace más de 30 años en Sarayaku. 

Un momento importante durante esta búsqueda ocurrió en 2018, cuando presentaron la filosofía del Kawsay Sacha en Quito. Varias organizaciones internacionales acudieron a ese evento y Tracey Osborne, profesora de la Universidad de California, se interesó por la lucha de estas comunidades. Así, les propuso iniciar el proyecto. En 2020, firmaron el primer convenio para desarrollar “una nueva figura de retribución”, que se convierta en un estándar de justicia climática.

El Kawsay Ñampi apunta a un nuevo sistema, donde se pueda recibir fondos directos para construir los planes de vida en las comunidades, sin recurrir a los mercados de carbono. “No queremos las soluciones falsas. La mayoría de los créditos de carbono son de estas mismas empresas que están destruyendo unos pueblos y justifican que están protegiendo en otro. No queremos entrar en estos sistemas”, agrega Gualinga. 

A partir de esta idea, incluso, se inició el Centro de Justicia Climática en la Universidad de California. “Estamos construyendo un nuevo estándar que permite que el territorio de Sarayaku sea reconocido, no solo por el aporte de captación de CO₂, que es evidente porque hay 144.000 hectáreas, que es una selva casi primaria, pero aparte de eso, aporta con la biodiversidad increíble de animales, insectos, aves y de todo”, aclara Bouchat, quien ha estado involucrada en los diferentes procesos de defensa de Sarayaku, junto con su esposo José Gualinga y sus hijos Samai y Wio. 

Por eso, la propuesta no solo involucra proteger una parte del territorio que almacena CO₂, sino toda su selva y lo que allí habita. Como parte de las acciones de este proyecto, se están llevando a cabo monitoreos, que contribuirán con evidencia sobre el número de especies de flora, fauna y carbono almacenado bajo sus suelos.

Monitorear para conservar 

“Como en el sistema occidental todo es con números científicos y con base de datos, se está tratando de recopilar la información para tener una gran base de datos que nos pueda proteger. Queremos tener un documento sobre cuánta biodiversidad existe aquí y cuánto se está protegiendo”, explica Gualinga. 

Una de las actividades más importantes del Kawsay Ñampi es el monitoreo territorial, que está a cargo de dos equipos conocidos como Kaskiruna y Kawsaytaruna. El primero se dedica a la vigilancia de Sarayaku, mientras que el otro se centra en estudiar y medir la biodiversidad. Uno de los enfoques de este último grupo es el jardín botánico comunitario, llamado Sacha Ruya, que tiene una extensión de siete hectáreas y alberga alrededor de 130 especies de plantas. 
Antonio Mayancha, uno de los monitores Kawsaytaruna, es el encargado de guiar a los visitantes hacia el jardín. La ruta incluye un tramo en bote y caminar a través de pequeños riachuelos y cuestas empinadas en medio de la selva virgen. Durante todo el camino, Mayancha está atento por si encuentra algo nuevo en los árboles.

Izq. Antonio Mayancha, monitor Kawsaytaruna, sostiene semillas de la palma wayuri que usan para elaborar techos de las viviendas tradicionales. / Der. Retrato de Antonio Mayancha, monitor Kawsaytaruna, en Sarayaku, Ecuador, julio de 2025. Fotos: Karen Toro/CLIMATE TRACKER

“Yo siempre anoto el tiempo de cada flor, qué frutos se están cayendo en este mes y tengo todo inventariado”, dice este hombre originario de Sarayaku, que siempre carga una libreta o su celular para anotar los detalles de las especies que encuentra en el trayecto. Uno de los mayores retos para Mayancha ha sido identificar el nombre en kichwa, español y científico de cada planta, pero con la ayuda de la tecnología y de los ancianos de la comunidad ya está cerca a completar la lista. Cada año, cuenta, se actualiza la base de datos de flora. La última revisión se realizó en diciembre del año pasado. 

Mayancha tiene un cariño especial por este espacio, ya que está consciente de la importancia que tiene para su pueblo. Durante la pandemia por el covid-19, por ejemplo, gracias al jardín botánico, la población siempre tuvo acceso a plantas medicinales para diferentes dolencias.

Allí también se está realizando un monitoreo de aves. Agustín Gualinga explica que su trabajo consiste en identificar los cantos, anotar las especies y hacer una lista con las que estén en peligro de extinción. Con la ayuda de una trampa grabadora y una aplicación móvil, este monitor de 28 años identificó la presencia de 16 pájaros en un mes y reconoció el canto de ocho. 

“Este es un lugar de esperanza para el mundo ante el cambio climático. Siempre respetamos nuestro territorio y nuestro bosque porque ahí tenemos la vida. Nosotros le respetamos y él nos respeta. Es un equilibrio”, dice Jefferson Manya, compañero de Agustin, mientras se sienta en la tierra, cierra los ojos y se concentra para identificar un nuevo canto. 
En otro sector de Sarayaku, un grupo se enfoca en los animales que recorren su selva. “Hacemos un monitoreo de fauna a través de trampa cámara y después, con la ayuda del GPS, anotamos los lugares en los que encontramos a cada animal”, cuenta Dionisio Machoa, fiscal de Sarayaku y coordinador de los guardianes de la selva viviente o Kaskirunas.

Hasta el momento, han registrado animales como el mono chorongo y aullador, tapir, venado y jabalí. La primera semana de julio, los monitores realizaron varios recorridos para determinar qué especies, de las que están en la lista roja de animales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), habitan en el territorio. 

Otro de los proyectos que es parte del Kawsay Ñampi se relaciona con el monitoreo de las chacras, que son el sistema agrícola tradicional, en las siete comunidades que conforman Sarayaku. Mireya Gualinga, una de las encargadas de este proyecto, explica que este pueblo practica la agricultura rotativa, que consiste en abrir un espacio para la chacra, cosechar los productos y después dejar el área libre durante 10 años para que se regenere nuevamente. Esta práctica ha permitido que crezcan árboles maderables, frutales y medicinales en esos espacios y que se conviertan en sitios en los que conviven diferentes especies de flora y fauna. 
“Este sistema de las chacras también permite capturar carbono de una forma natural y por eso aporta a la propuesta del Kawsay Ñampi”, aclara Mireya Gualinga. Con la idea de mostrar la importancia de las chacras, el trabajo de los monitores consiste en contabilizar los productos que crecen en estos espacios, verificar qué ocurre en el perímetro y marcar la ubicación de cada chacra en la aplicación Global Forest Watch.

Certificaciones y vacíos legales 

Para dar peso al proyecto Kawsay Ñampi, Bouchat cuenta que hace dos años empezaron el proceso para obtener una certificación internacional de Plan Vivo. Según el sitio web de esta organización en Escocia, “Plan Vivo representa el estándar más alto para proyectos de conservación y restauración de pequeños agricultores y comunidades”.  

Entre los requisitos de esta certificación, se pide a Sarayaku una carta de la autoridad ambiental de Ecuador que reconozca el proyecto. Por eso, aunque ya habían intentado acercamientos en el pasado, que no se concretaron, la comunidad empezó de nuevo conversaciones con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para obtener esta validación, que se puede lograr al ser parte del portafolio de proyectos del Programa Ecuador Carbono Cero (PECC). Este programa es el único avalado y liderado por el Estado ecuatoriano en temas de carbono. 

Diego Bastidas, director de Producción y Desarrollo Sostenible del MAATE, explica que, a través del PECC, las empresas privadas o instituciones públicas pueden cuantificar sus emisiones, reducirlas y neutralizarlas. Existen tres niveles. En el primero, las empresas deben identificar las fuentes de emisiones. En función de los hallazgos, el siguiente paso es aplicar un plan de mitigación para reducir estos gases. 

“Hay muchas empresas que no van a poder llegar a la carbono neutralidad porque ya han hecho sus acciones y no pueden reducir más. Ahí deben entrar al esquema de compensaciones o nivel tres”, explica Bastidas. Para ello, las empresas pueden ingresar al recién habilitado portafolio de proyectos de mitigación, identificar qué iniciativa les permite compensar sus emisiones y dar una retribución económica al dueño del proyecto. Al final, el MAATE verificará si ha cumplido y emitirá una certificación de carbono neutralidad, que dura tres años con derecho a renovación. 

“Estamos en un mercado voluntario. Hay una oferta y una demanda, pero no hay una transacción de propiedad. La retribución económica no significa que se adueñó del servicio. Solo ayuda a neutralizar las emisiones que no pudo reducir”, aclara Bastidas.

Izq. Mujeres jóvenes se preparan para subir a una lancha e ir a la chakra. / Der. Rider Gualinga, navega sobre el río Bobonaza, en Sarayaku, Ecuador, julio de 2025. Foto: Karen Toro/CLIMATE TRACKER

Los temas de compensación han limitado a Sarayaku de ingresar al portafolio del PECC en el pasado. “Vamos a registrarnos porque nos prometen que van a reconocer nuestro punto de retribución de justicia climática y que no estamos obligados a hacer compensación. Con esto, el MAATE solo reconoce que el proyecto existe y nos piden dar informes y datos para ellos tener en su registro”, dice Bouchat. Los representantes del MAATE también les aseguraron que no tendrían injerencia en los convenios o contratos y que no están obligados a aceptar a cualquier empresa que quiera dar su dinero para los proyectos comunitarios. 

“Aceptamos si hay metodología de fondos limpios o si no, no (…). Somos firmes en eso”, resalta Gualinga. Justamente, Sarayaku tiene claro que no aceptarán recursos de empresas petroleras, mineras o que estén vinculadas a actividades extractivas. Según la información enviada por el MAATE a Cimate Tracker, hasta el momento, la propuesta de Sarayaku es la única de pueblos indígenas entre las 24 que están en el proceso para ingresar al portafolio del PECC. Aunque por ahora siguen avanzando, los temores a lo que pueda ocurrir con estos esquemas en el futuro están presentes. “Al momento de firmar es una responsabilidad increíble. No podemos perder la libertad que tiene Sarayaku y sus derechos. Debemos ser bastante prudentes”, agrega la coordinadora del Kawsay Ñampi. 

Es comprensible la incertidumbre que sienten las comunidades, sobre todo en un país que aún no ha aclarado su situación respecto a los mercados de carbono. Las dudas surgen por su normativa legal, ya que el artículo 74 de la Constitución de Ecuador prohíbe comercializar servicios ambientales como la captación y fijación de carbono. Según la Subsecretaría de Cambio Climático del MAATE, el PECC no vulnera la Constitución porque no implica apropiación privada de servicios ambientales, es un esquema regulado y administrado por el Estado, y permite compensaciones o incentivos, pero no propiedad. 

A diferencia de este programa, dicen, los mercados de carbono en Ecuador aún no disponen de un marco regulatorio específico, pero reconocen que están analizando las reformas legales y regulatorias para permitir su participación. Lo mismo ocurre con el Artículo 6 del Acuerdo de París. En la COP29 de Bakú, celebrada en noviembre de 2024, se aprobaron las metodologías clave para un mercado de carbono regulado por la ONU. “Ecuador se encuentra actualmente en proceso de cumplimiento de los requisitos para su participación.En este contexto, se ha manifestado la intención de formar parte activa de este mecanismo”, agrega la Subsecretaría de Cambio Climático.

Izq. Vegetación bajo una luz roja.  / Der. Telarañas son fotografiadas bajo una luz verde, en Sarayaku, Ecuador, julio de 2025. Foto: Karen Toro/CLIMATE TRACKER

Para Belén Páez, presidenta de Fundación Pachamama, más allá de la normativa, el país “enfrenta grandes contradicciones”. Páez explica que, por un lado, se busca ser parte de estos mercados, pero por el otro, no se está cumpliendo ni siquiera los compromisos climáticos que están en las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC). “No hay metas claras para detener la deforestación ni la pérdida de biodiversidad por actividades como la minería ilegal”, añade.

Si algo tienen claro los habitantes de Sarayaku es que no participarán en los esquemas de mercados de carbono. “No tendríamos la conciencia de saber que a nosotros nos protegen, pero están destruyendo a otros, eso es terrible”, dice Gualinga. Mientras tanto, continuarán con la construcción de su estándar de justicia climática, que lo llevarán a la COP30 en Belén, Brasil, para mostrar a otros pueblos que un modelo diferente es posible.

“Hemos hecho batallas jurídicas, políticas y ahora esta es una nueva estrategia para proteger el territorio y hacer reconocer a nivel internacional lo que realmente aporta Sarayaku en el cambio climático”, añade.

Este reportaje forma parte del especial "Carbono, tierra y fuego en Sudamérica: el estado de los sumideros de la región", un proyecto de Climate Tracker con el apoyo del Pulitzer Center Rainforest Grant.