En Ecuador, la movilización cumple 24 días; se espera que el diálogo se concrete

Mujeres encabezan la marcha del 12 de octubre, conmemorando 533 años de resistencia indígena. Quito. Foto: Ramiro Aguilar Villamarín

Han pasado 24 días desde que iniciaron las movilizaciones en Ecuador, el 22 de septiembre de 2025, tras la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de un paro nacional, la protesta ya ha superado en duración a las de 2019, que se extendieron por 11 días, y a las de 2022, que duraron 17. Las tres tuvieron el mismo detonante: la eliminación del subsidio a los combustibles. Sin embargo, en esta ocasión, un hecho marca la diferencia: no existe, hasta este martes 14 de octubre, un indicio de que el diálogo pueda abrirse.

La mañana del 14 de octubre, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, remarcó: “El paro debe acabarse hoy; esperamos que se acabe hoy, máximo mañana. No vamos a permitir que esta situación se prolongue durante la semana. El Bloque de Seguridad está actuando con firmeza”.

Además, en esa entrevista con Ecuavisa, la ministra recordó que han intensificado los operativos en contra de la minería ilegal en Buenos Aires, en Urcuquí. El 13 de octubre, el ministro del Interior, Gian Carlo Loffredo, aseguró que esa actividad llegó a su fin.

Rovira, por su parte, aseguró que financian las movilizaciones. Y subrayó que uno de los méritos del régimen ha sido “encerrar el paro en una sola provincia”. “Hay gente que nos dice ‘entren, barran con todo, llevenselos a todos’”.

Pese a las declaraciones confrontativas por parte del Gobierno, la noche del 14 de octubre del 2025, Francisco Contereo, presidente del Pueblo Kichwa Otavalo, y la alcaldesa Anabel Hermosa, anunciaron que esa misma tarde supuestamente se abrió el diálogo con el ministro (no se confirmó si se refieren a John Reimberg). Y que hoy, 15 de octubre, al mediodía se desarrollaría la siguiente mesa de diálogo con representantes de la Federación de Pueblos Indígenas y Campesinos de la Sierra Norte (FICI).

Hermosa habló de cuatro propuestas del movimiento indígena, también dijo que como muestra de apertura liberaron a siete adolescentes detenidos y que mañana saldrían otros más, luego de la reunión. Hasta las 23:30 del 14 de octubre no había ningún anuncio oficial por parte del Gobierno.

Otra es la visión de quienes ven necesario lograr que Gobierno e indígenas dialoguen otra vez, para parar los enfrentamientos entre la fuerza pública armada y manifestantes. Así, el lunes 13, en un evento público, en el Municipio de Latacunga, se pronunció la ex asambleísta Lourdes Tibán, hoy prefecta de Cotopaxi, una de las provincias más empobrecidas del Ecuador.

Sin que se le pueda acusar de terrorista o de comulgar con movimientos de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa, al ser anticorreísta declarada, Lourdes Tibán, dijo:

“No puedo amanecer tranquila para recibir la jocha de la Mama Negra con un país partido en dos, que muestra la crisis más profunda entre el poder político y la sociedad civil, embanderada por esa identidad representada en los pueblos indígenas, chocante con la política pública. Hoy quiero hacer un llamado y es también el pensar del alcalde y concejales, desde el corazón de la patria, llamamos a un diálogo al Gobierno Nacional, llamamos al diálogo a la Conaie”.

Lourdes Tibán, abogada y política de 54 años, nacida en Chirinche Bajo en Salcedo, recordó que se pronuncia “porque soy mujer, porque soy indígena, porque soy madre, porque sí sé lo que es ser pobre, nací desde las entrañas de la pobreza y me formé en la lucha social. Por eso hago ese llamado a los dos lados”.

El 14 de octubre llegó a Imbabura, lo que según el régimen, es un convoy humanitario, que lleva provisiones, es decir alimentos y hasta gas de uso doméstico y medicinas. La Cruz Roja Ecuatoriana ha aclarado al Gobierno que no podía participar porque un convoy humanitario no puede ir controlado por la fuerza pública. Y lo han comentado periodistas como Ana María Cañizares, de CNN. La decisión fue rechazada por John Reimberg, ministro del Interior.

En redes sociales, la Conaie ha denunciado que militares disparan a corta distancia a la población civil; en X se difunden videos de personas agredidas; también se ve que se arrojan bombas lacrimógenas, sin importar que en la zona se encuentren niñas, niños y adolescentes. Medios de comunicación como Teleamazonas han dicho que al avanzar, con el convoy militar, en el parabrisas de la camioneta en la que se trasladaban cayó una piedra.

La economista Nathalie Cely Suárez, quien en el Gobierno de Jamil Mahuad colaboró en la implementación del Bono de la Pobreza, hoy Bono de Desarrollo Humano; y fue ministra de Coordinación de Productividad en el 2015, es otra gestora de opinión pública que se pronunció.

“No a la intransigencia de ambos lados, sin diálogo de escucha activa y positiva no se llevará a ningún lado. Y lo peor es que el paro distrae recursos armados del gobierno y del Estado que deberían estar dedicados a combatir la violencia que ha imperado e incrementado en Ecuador en los últimos meses y días”, escribió en su cuenta de X.

En la búsqueda de abrir caminos, Cely coincidió en que se debe eliminar el subsidio, para utilizar los recursos en inversiones de mayor impacto económico y social. Pero, anotó, el Gobierno debe reconocer que la medida fue tomada de manera improvisada sin diálogo y sin mecanismos claros que mitigaran los impactos sociales (miren todos los bonos que se han creado después de la medida).

“Si es cierto que los indígenas han causado destrozos y han paralizado el trabajo que es un derecho de los ecuatorianos. Pero también han existido claros abusos del poder por parte del Gobierno en las protestas”.

El asambleísta Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), reprochó a la bancada del movimiento oficialista ADN por su falta de independencia con el Ejecutivo. A tal punto que, según comentó, el Legislativo ha perdido la posibilidad histórica de ser el interlocutor válido en este momento de tensión que vive el Ecuador.

“Instituciones que deberían ser un puente, como la Asamblea Nacional, se han convertido en un circo. No hay otra salida que no sea el diálogo porque esto puede escalar. Ya hubo un muerto. ¿Cuántos más necesitan? Esto es terrible, sí hay violencia de ambas partes. Pero no se apaga fuego con gasolina, deben deponer posiciones”.

Indignado, Alfredo Serrano apuntó: “¿Qué querían, cuando se retira ese subsidio luego de 50 años? Que los aplaudan. La gente tiene derecho a protestar. Las partes tienen que encontrar puntos de acuerdo. No se va a derogar el decreto que eliminó el subsidio, pero hay que conversar sobre verdaderas medidas compensatorias; en la focalización puede estar la salida porque compensar a los transportistas por unos meses no es la solución. Tienen que utilizar la tecnología para focalizar”.

La exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, anota que el presidente Daniel Noboa ha dicho que no dialogará con “los violentos o con quienes quieren volver al viejo Ecuador”. Por lo que pide que haga una “labor pedagógica” para que todos entiendan a quiénes se refiere y de ese modo ver si el diálogo no se ha cerrado aún.

Cordero, quien por años ha trabajado por los derechos de niñas, niños y adolescentes, pone sobre la mesa un hecho: la agenda quedó abierta, luego de los diálogos que empezaron el 30 de junio del 2022. “Había acuerdos y desacuerdos sobre subsidios y focalización. Entonces participó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; así como el padre Fernando Ponce, exrector de la PUCE.”

“Hay que dialogar otra vez, no se puede desconocer la opinión que pueden tener otros sectores respecto a la gestión del Gobierno. Tampoco se puede mantener una descalificación sin que se explique lo que es el viejo país, no son solo pueblos indígenas, también hay estudiantes, mujeres y más ciudadanos”.

Berenice Cordero apunta que el Ejecutivo ha elegido apelar a los estados de excepción para suspender el orden normal, derechos, garantías constitucionales, como una forma de ejercer el poder, de gobernar, “una nueva racionalidad política”.

Le preocupa que se radicalizan más las posturas y se rechaza el diálogo y el Estado tiene el poder de controlar, castigar, clausurar provincias. “Hay una asimetría, no está claro el límite de hasta dónde puede ejercerse ese poder; en la vida democrática hay normas, leyes, para ciudadanos que protestan, para asambleístas y todos, hay reglas del juego. No se debería descalificar. Desconocer los problemas. Hay un umbral ambiguo, en el que cualquier cosa podría suceder, una zona gris”.

En esa línea, Cordero cree que son acertadas las declaraciones del cardenal Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Entrevistado por Radio Morena, el sacerdote Cordero dijo: “Ojalá haya una solución duradera. En el fondo no es solamente la alza del diésel, sino la falta de medicinas, de alimento, de trabajo, de educación”.

Para la exministra hay problemas estructurales en el país que afectan al ejercicio de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La Periódica confirmó que la Iglesia Católica recibió una carta firmada por Mesías Flores, presidente de los Pueblos Karanki, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del Norte, que conforman la Chijallta FICI. Se trata de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador, filial de la Ecuarunari y de la Conaie, el 8 de octubre.

En el texto se señala que con la participación de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, así como de Alberto Ainaguano, titular de la Ecuarunari, resolvieron pedir que el cardenal Luis Cabrera asuma el rol de mediador y garante de los diálogos con el Gobierno de Daniel Noboa.

Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se señaló que requieren la voluntad de las dos partes, para avanzar en ese proceso.

No son pocos los gestores de opinión pública que hablan de que ya es tiempo de que se dialogue. Gonzalo Albán, quien integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, escribió en X: “¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Mientras las narrativas se esfuerzan por encasillar a los unos y los otros, se pierde el tiempo para encontrar vías de solución y diálogo. Diálogo no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de madurez, para luego pasar a negociar acuerdos mínimos que deriven en política pública. Ver a ecuatorianos enfrentados no beneficia a nadie, al contrario, nos fragmenta aún más. No basta con hablar de paz, hay que construirla y trabajar para ella”.

Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresó, en un comunicado, que permanece atenta ante eventuales violaciones de derechos humanos, en medio de la “escalada de violencia durante el paro nacional en Ecuador”. Y enfatizó en que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos.

“La CIDH recuerda que la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas y debe ser protegida. El uso de la fuerza sólo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares interamericanos. En este marco, el uso de armas de fuego en operativos de control de manifestaciones está estrictamente prohibido”.

Este 14 de octubre, como en otros días de la protesta, videos grabados con celulares, corrieron en redes sociales. En uno de ellos se escucha a un militar, rodeado de más compañeros que disparan bombas lacrimógenas. El efectivo de la fuerza pública grita a los manifestantes: "Verga, avanza, eso es lo que sabe maricón hijo de puta, chucha de tu madre, care verga. Eso es lo que sabe correr, ven para meterte 30 años de cárcel". ¿Esperaba que los civiles se queden parados esperando a que oficiales armados los repriman?

Además, la CIDH instó a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes.