Protesta frente al Complejo Judicial de Francisco de Orellana contra los derrames petroleros en la Amazonía y la negativa al diálogo intercultural y a la visita al territorio. El Coca, 30 de junio. Foto: Ramiro Aguilar Villamarín.
La industria de hidrocarburos está detrás de los peores desastres ambientales de la región. El 07 y 08 de abril de 2020, el derrame de 15.800 barriles de petróleo afectó gravemente la vida del río Coca y Napo. Más de 105 comunidades indígenas y colonas, que representan un promedio de 120.000 habitantes, incluídos 27.000 kichwas, viven hasta ahora los estragos de esta contaminación ambiental a gran escala que aún no se detiene ni se repara.
Elsa Shiguango recuerda el día en que la mancha negra de crudo cubrió los ríos Napo y Coca. Ocurrió el 7 y 8 de abril de 2020, tras la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y un poliducto. El derrame se produjo apenas un mes después de que el Estado ecuatoriano declarara la emergencia sanitaria por covid-19, cuando el país estaba confinado y la atención pública concentrada en la pandemia. Para las comunidades amazónicas, ese momento marcó el inicio de otra crisis: una segunda pandemia, no viral sino petrolera, cuyos impactos sobre el agua, la alimentación y la vida comunitaria persisten hasta hoy. “No había cómo ir al Coca y nosotros aquí con la contaminación. No había como ir a pescar. Casi nos matan de hambre”.
Cuenta esta experiencia mientras caminamos por Amaru Mesa, la comuna donde vive, una especie de isla rodeada por el río Napo, con cerca de 500 habitantes. Allí hay una escuela, una cancha de fútbol, viviendas y una pequeña vertiente que atraviesa el pueblo, pero que también está contaminada.Conversamos mientras caminamos hacia la salida de la comunidad, rumbo al río Napo.
—¿Y qué hicieron después del derrame? —pregunto.
—Comer plátanos con ajito —responde, entre carcajadas.
Todo el año 2020 pasaron “atrapados”, como dice ella, sin poder salir a buscar alimentos. Explica que en tres ocasiones recibió un kit de alimentos que tenía cuatro galones de agua por familia y otros alimentos por parte del Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno. “Pura harina. Si quiera unas seis bolsas venían. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, no comemos eso. Más se usaron para jugar en carnaval. Nosotros pescábamos en el río y ya no pudimos hacerlo. Nos tocó buscar la manera de alimentarnos del monte”.
Las personas que habitan la Amazonía ecuatoriana dependen del agua de los ríos para sostener su vida cotidiana: la pesca, la preparación de alimentos y el aseo. Para el pueblo kichwa, además, los ríos no son solo una fuente de subsistencia, sino seres vivos, parte esencial de su cultura y espiritualidad.. Duber Aviléz tiene 45 años de edad y también vive en la comuna Amaru Mesa. En su infancia, rememora que cada familia tenía una parcela de cultivo de plátano verde, yuca, maní, maíz, cacao; el agua era transparente y se podían ver una gran diversidad de peces. “Hasta los niños pequeños se dedicaban a la pesca, los agarraban y ya tenían su alimento”. Luego del derrame, el agua contaminada acabó con los peces y los sembríos. “Los peces que antes consumíamos, ahora ya no existen. (…) Ahorita lo único que se puede cultivar es verde, pero le da una mata. Una cargada y se acabó. Antes era eterno, duraba décadas”.
Pie de foto: Izquierda: Rosa Shiguango, presidenta de la comuna Amaru Mesa, brinda entrevistas antes de marchar frente al Complejo Judicial de Francisco de Orellana, en el marco del seguimiento del caso por el derrame petrolero de 2020, luego de que se cancelara el diálogo intercultural del 30 de junio de 2025. Derecha: Rezagos de la huella que dejó el derrame de petróleo del 16 de junio de 2025 en el sector El Reventador, en Sucumbíos, que llegó hasta el río Napo a pocos metros de la comunidad Amaru Mesa. Fotos: Ramiro Aguilar Villamarín.
Rosa Shiguango, presidenta de la comuna Amaru Mesa, cuenta la visión de las mujeres y la niñez frente al derrame petrolero. “Las mujeres fuimos unas de las más afectadas porque somos amas de casa, somos las que vamos al río a traer agua para lavar la ropa, para bañarnos. La afectación también fue para los niños porque era la felicidad de ellos ir al río. Y ahora ellos ya no se pueden bañar, ya no pueden jugar, ya no pueden pescar y las mujeres no podemos ir a bañarnos al río, ya no podemos lavar la ropa, no podemos coger el agua del río porque después del derrame, las mujeres que se bañaron, tuvieron infecciones. A los niños les dio parásitos y granitos que les salían en su cuerpo”.
En una visita que realizamos con el equipo de La Periódica a una isla vecina de la comuna Amaru Mesa, afectada por un nuevo derrame que llegó desde el río Coca hasta el río Napo el 16 de junio de 2025, aún se ven los restos del derrame que dejaron manchas de crudo atrapadas entre las plantas que tratan de sobrevivir. Al tocar este material espeso y de un tono negro brillante, se desprende un aceite que huele igual a la gasolina. Pequeños retazos de una cinta amarilla de peligro alejan a las personas de esta zona contaminada, pero los rezagos de cada derrame se conservan en el fondo de la tierra.
Un estudio publicado en el año 2020, donde se analizó 50 años de derrames petroleros en Ecuador destaca que “los derrames de petróleo en el agua son más dañinos porque los metales pesados entran en la cadena alimentaria y se bioacumulan, y la salinidad permanece en el suelo; limita el crecimiento de las plantas y afecta a la comunidad microbiana. La contaminación del agua también es la principal vía de dispersión de contaminantes. Además, las comunidades locales expuestas a la contaminación relacionada con la industria petrolera han mostrado una mayor incidencia de cáncer, malformaciones, significativamente mayores en recién nacidos y trastornos psicológicos debido a la exposición a metales pesados”.
Frente a este panorama, “nosotros como dirigentes hemos prohibido coger el agua del río. Lo que buscamos es que ellos recolecten agua de lluvia para el consumo y que esa agua sea hervida”, afirma Shiguango. Cuenta que en 2020 el Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno entregó un tacho para recoger el agua de lluvia, pero muchas veces no alcanza para las necesidades diarias y optan por lavar la ropa en el río. “Si usted ve, el agua tiene manchas, tiene óxido. Entonces, la ropita sale con el olor a óxido. Pero ya toca”. En verano, no cuentan con el agua de lluvia y deben racionar el consumo o comprar botellones.
Han pasado cinco años desde el derrame petrolero y , Aviléz afirma que aún no se puede usar el agua. “Los niños inocentes que no captan lo que les decimos que no entren al río, les provoca problemas en la piel. Como eso bota alcohol, les da dolor de barriga si se toman el agua”. El río también es su medio de transporte y explica que el olor del crudo les asfixiaba.
Este desastre ambiental provocado por la industria petrolera también modificó el trabajo de la población. “Ahora el padre o la madre deben salir a trabajar lejos para conseguir el sustento familiar”. Como le tocó hacer a Aviléz, que trabaja en la construcción, como soldador, mecánico y otros trabajos temporales. Antes vivía del cultivo del maíz. “Con eso nos manteníamos nosotros. Hasta sobraba. Pero ahora no”.
Rosa Shiguango recuerda que la pesca era la principal fuente de ingresos. Hoy ya no lo es. Ante la contaminación, muchas personas de la comuna deben desplazarse a trabajar en fincas en El Coca, a unos 30 minutos de distancia, o migrar a Quito y otras ciudades. Solo el transporte diario hasta El Coca cuesta alrededor de siete dólares. “Yo me acuerdo cuando salía a pescar con mi esposo. A veces cogíamos como 50 libras. Íbamos a vender y teníamos 100 USD. Ahora está contaminado y no hay cómo”, cuenta.
Ni freno, ni reparación
La súbita desaparición de la cascada San Rafael, ubicada en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, el 2 de febrero de 2020, fue consecuencia de la erosión regresiva del río Coca. Ese proceso, advertido con antelación, terminó provocando la rotura de los ductos que transportaban petróleo y atravesaban la zona. Transcurrieron 65 días entre el colapso de la vertiente y el derrame de crudo, sin que las empresas ni el Estado adoptaran medidas efectivas para prevenir la contaminación de los ríos. El gerente de Petroecuador lo reconoció en su comparecencia en la Asamblea Nacional en enero de 2022.
“Ninguna de las empresas se responsabilizó de ayudar a las comunidades. Solamente limpiaron medio medio lo que es derrame, le botaron unos químicos y desapareció. Pero hoy nos damos cuenta de que el petróleo está bajo tierra asentado. Eso es lo que nos perjudica a nosotros porque como el río está moviéndose, el olor de ese crudo nos afecta día a día”, explica Aviléz sobre los estragos que aún persisten por el derrame de 2020.La bioquímica de Acción Ecológica Alexandra Almeida, indica en una publicación de Amazon Frontlines que los trabajos de remediación consisten en cortar la vegetación contaminada, usar agua a alta presión para desprender las moléculas de hidrocarburos de la tierra, que terminan en el río y, el agua del río, se usan químicos que encapsulan las moléculas y se hunden. "En la superficie del río ya no se ve el petróleo y ellos dicen que está limpio, pero eso no es limpiar, es ocultar", se lee en dicho informe.
A esto se suma que los desastres petroleros no pararon. En el mismo tramo del derrame pasado por la rotura del SOTE en 2020, se registraron al menos tres derrames más en 2022, 2024 y el más reciente, el 16 de junio de 2025. En el año 2022, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos recogió muestras de suelo en 11 comunidades afectadas por dichos derrames petroleros. Las muestras fueron examinadas en el laboratorio y los resultados demostraron que "los suelos en las comunidades están contaminados con hidrocarburos y metales pesados, tóxicos para el medio ambiente y la salud de la población" .El libro “Asalto al Paraíso. Empresas petroleras en áreas protegidas” de Oilwatch de 2005, ya describía lo que ocurre luego de un derrame petrolero en el río. “Cuando el crudo llega al agua, los componentes más pesados tienden a hundirse en los sedimentos, constituyéndose una fuente constante de contaminación del agua, afectando los organismos que habitan en el fondo de los ríos y de los lagos. Algunos contaminantes asociados con el crudo provocan alteraciones en las comunidades de peces, aumentan las especies más resistentes, y desaparecen o disminuyen las poblaciones de las especies menos resistentes. Mucha gente local se queja de que la pesca ya no es la misma que antes, o que los peces son anormales. Además, se presentan casos de envenenamiento crónico de los pobladores que se abastecen de esa agua y de esos peces”.
Dirigentes y organizaciones indígenas, religiosas y sociales y personas defensoras de derechos humanos interpusieron una acción de protección el 29 de abril de 2020, para solicitar la atención urgente de las autoridades a las comunidades afectadas por el derrame y solicitaron medidas cautelares para frenar la continua violación de derechos humanos y para que hechos similares no vuelvan a ocurrir. Se demandó al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud pública, Procuraduría General del Estado, Empresa pública Petroecuador y la empresa privada, Oleoducto de Crudos Pesados, OCP S.A.
Casi cinco meses después del derrame, el 1 de septiembre de 2020, el juez del Tribunal Primero de garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó la acción de protección y medidas cautelares, argumentando que se debía ir por la vía administrativa. Luego de esta decisión, el consorcio OCP y Petroecuador cesaron las labores de remediación ambiental.
Las personas y organizaciones demandantes apelaron, pero la Corte Provincial de Orellana rechazó la apelación a la sentencia y las personas afectadas acudieron a la Corte Constitucional en 2021, la cual emitió una sentencia en noviembre de 2024 en la que determina que sí hubo una vulneración al debido proceso y ordenó dejar sin efecto las dos sentencias anteriores. Además, ordenó que otro juez de la Unidad Multicompetente de Francisco de Orellana resuelva la acción de protección.
El 08 de abril de 2025, el Juez Clemente Paz dispuso realizar un diálogo intercultural antes de proceder con la audiencia por la acción de protección y las comunidades solicitaron que se realice en territorio, pero el diálogo programado para el 30 de junio fue aplazado para el 25 de julio de 2025 y no se consideró la propuesta de las comunidades de ir al lugar donde se observan los rezagos del paso del petróleo.
El diálogo intercultural no es una concesión: es un derecho. En los procesos judiciales que involucran a pueblos y nacionalidades indígenas, implica interpretar las normas desde sus realidades, comprender los hechos desde sus formas de vida y escuchar como válidos sus testimonios sobre los impactos que enfrentan. Este principio se desprende del carácter plurinacional y pluricultural del Estado ecuatoriano y ha sido reconocido tanto en la Constitución como en sentencias de la Corte Constitucional, que han reiterado la obligación de la justicia de escuchar a los pueblos indígenas en sus propios términos. Entre ellos constan la sentencia No. 112-14-JH/21 de la Corte Constitucional. Caso Habeas Corpus Waorani, el Art. 66, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 344, literal E).
El 08 de agosto de 2025 finalmente se acogió el pedido de las comunidades afectadas y se efectuó el diálogo intercultural convocado por el juez de Francisco de Orellana, que se realizó en la sede de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE). El diálogo intercultural se enfocó en escuchar a las personas de las comunidades afectadas a lo largo de 30 kilómetros de derrame de petróleo en los ríos Coca y Napo quienes solicitaron medidas de reparación colectivas que permitan recuperar la vida del río. En la reunión participaron de forma virtual representantes de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), PetroEcuador, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud Pública.
Luis Canelos, presidente de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, señaló sobre la realización del diálogo que: “un verdadero diálogo debería ser en espacios más abiertos, propios de la comunidad, donde se pueda vivir, sentir y compartir sin miedo. Lo que ahora se vió y se sintió, es que el juez sí accedió a ciertas cosas. Los testimonios, unos más que otros, lo sensibilizaron. Pero hay que seguir trabajando en ambos lados para que el proceso en este diálogo intercultural se fortalezca y sea entendido por las dos justicias que tenemos en el país, tanto la ordinaria como la indígena. Debemos seguir construyendo la propuesta para que el diálogo intercultural se abra a otros casos y que también se discutan en territorio”.Por si parte, rancis Andrade, defensora de derechos humanos y abogada de Amazon Frontlines, explicó: “el objetivo de nosotros, como accionantes, es que este diálogo intercultural pueda alimentar la perspectiva del juez para poder dimensionar la gravedad del daño a la pervivencia física y cultural de los kichwas”.
Este caso volvió a un juez de primera instancia el 08 de diciembre de 2025. Se escucharon testimonios de las personas afectadas en su salud, en su acceso al agua y a la alimentación, a su cultura y espiritualidad en el Complejo Judicial de Francisco de Orellana, en la ciudad de El Coca.
También se escucharon a las abogadas y abogados que forman parte de la defensa técnica de los demandantes, quienes argumentaron que “el derrame pudo prevenirse, y que una vez ocurrido, el Estado no cumplió con su obligación de garantizar y restituir los derechos de las comunidades”.
La audiencia se reinstaló el viernes 19 de diciembre en el mismo Complejo Judicial de El Coca. Tras la lectura de peticiones, la audiencia fue suspendida. El caso ahora espera una nueva fecha para la reinstalación de la audiencia que será señalada por el juez.
Una herida más profunda
La Amazonía ecuatoriana abarca 12 millones de hectáreas de selva tropical y el 68 % fue concesionado por distintos gobiernos a empresas petroleras. Estas licencias petroleras se realizaron desde los años 70 hasta comienzos de los 2000, varias dictaduras y gobiernos civiles (militares, Roldós, Hurtado, Febres-Cordero, Borja, Durán Ballén, Bucaram, Mahuad, Gutiérrez) fueron abriendo y ampliando bloques petroleros en la Amazonía, sobre todo en el norte. Durante el gobierno de Rafael Correa (2007–2017) se renegociaron contratos, se reestructuró en 2011 el mapa a 65 bloques y se lanzó en 2012–2013 la XI Ronda Petrolera en el sur.
El petróleo extraído se exporta a través de dos oleoductos principales, el SOTE y el OCP, a la costa del Pacífico, atravesando 500 kilómetros, 94 fallas sísmicas y pasando cerca de seis complejos volcánicos propensos a riesgos. Solo la línea principal del oleoducto SOTE sufrió al menos 77 derrames en 52 años de operación, vertiendo 742.041 barriles de crudo en ríos, selvas y costas vírgenes.
Según cifras del Subsistema De Inteligencia De Estadísticas Socio Ambientales De Las Actividades Productivas (SIESAP) del Ministerio del Ambiente de Ecuador procesadas por Amazon Frontlines, “más de 1496 derrames de petróleo fueron reportados oficialmente desde 2005 hasta 2022 en Ecuador, de los cuales el 93 % (1392) ocurrieron en la región amazónica. De los 1496 derrames petroleros registrados en Ecuador desde 2005, 94 % (1407 derrames) son atribuidos a la estatal PetroEcuador y 72 % (1075 derrames) no han sido limpiados ni atendidos por las autoridades. La gran mayoría de derrames petroleros registrados se han reportado en la cuenca del Río Napo, dónde se han documentado 882 derrames entre 2005 y 2015”.
Este es un patrón que ocurre desde el año 1967, cuando el boom petrolero de los años 70 prometía desarrollo, pero "convirtió a Ecuador en un país dependiente, en crisis y con las tasas de contaminación y empobrecimiento más altas de la región", como indica el texto "Yasuní más de 100 buenas razones para no sacar el petróleo", publicado en 2008.
El caso Chevron es muestra de ello. Entre 1964 y 1990, Texaco, ahora Chevron, vertió más de 16.000 millones de galones de aguas tóxicas, 17 millones de galones de crudo en la selva de Ecuador, quemó millones de pies cúbicos de gas, como indican datos de la organización Amazon Watch. Pueblos indígenas; Siona, Siekopai, Cofanes, comunidades Waorani, Kichwas, Shuar y campesinos iniciaron un litigio en contra de la empresa en el año 1993. En 2011, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de Lago Agrio falló a su favor. Pero la compañía petrolera elevó lo sucedido a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la cual revirtió la decisión ecuatoriana y ordenó al país pagar 220 millones de dólares por la violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI). Mientras las afectaciones están marcadas por el empobrecimiento, la destrucción de recursos naturales y las enfermedades para la población, la Procuraduría General del Estado resaltó que es un monto menor al que pretendía Chevron como un logro el 16 de diciembre de 2025.
En las redes sociales de Unión de Afectados por las actividades petroleras de Texaco, hoy Chevron, (UDAPT), publicaron su indignación por la resolución de este caso: "Resulta que la víctima ahora tiene que pagarle al que realmente causó el daño. (…) Esta empresa causó contaminación y perjuicios en las personas que vivimos dentro del territorio. Varias afectaciones, no solo en la salud. Es indignante que ahora la víctima tenga que pagar y no estamos ni respaldados por el Estado al no defender nuestra sentencia que fue ganada en el Ecuador", señala la doctora María José Cedeño, Subcoordinadora del Programa de Salud de UDAPT.
Y la duda surge ahora con más intensidad ¿este tipo de desastres ambientales seguirán ocurriendo? ¿Cuál es la respuesta de reparación a quienes han sido afectados por estos desastres ambientales? . El Gobierno de Daniel Noboa anunció, en agosto de 2025, la “Hoja de Ruta Hidrocarburífera”, un portafolio de 49 proyectos con una inversión proyectada de más de 47.000 millones de dólares. 22 bloques petroleros que abren 36.396,59 km² de la Amazonía a nuevas perforaciones petroleras. Según Amazon Frontlines, 18 bloques, con una extensión similar al tamaño de Bélgica con 29.663,42 km2, afectarán grandes extensiones de territorios indígenas en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana y en la zona subandina. Estos bloques afectan las cuencas hidrográficas de los ríos Napo, Pastaza, Tigre, Morona y Santiago; Y más de 20 subcuencas hidrográficas. Además, estos bloques cubren en un 89 % a bosques tropicales.
Cinco años después del derrame que tiñó de negro al río Napo, las manchas de crudo ya no siempre aparecen en la superficie. Permanecen, sin embargo, atrapadas bajo la tierra, en los cuerpos y en la memoria de comunidades que el Estado aún no repara.
Mientras las familias kichwas de Amaru Mesa aprenden a sobrevivir sin río, sin pesca y sin seguridad alimentaria, el país vuelve a apostar por una nueva ola de perforaciones petroleras, repitiendo el libreto de Chevron y de más de mil derrames que nunca fueron limpiados.
El paraíso biodiverso de la Amazonía ecuatoriana, se convierte en una zona de sacrificio donde la vida indígena, el agua y la selva son asumidas como daños colaterales del negocio petrolero. ¿Cuántas veces más el Gobierno está dispuesto a renunciar a la justicia y a la vida de sus pueblos para seguir sosteniendo un modelo que solo profundiza la pobreza y la destrucción en el corazón verde del país?
