Se aprende a administrar la violencia.
Aprende a silenciarse.
Se repite. Se encadena. Se vuelve rutina.
Y la rutina exige silencio para no interrumpirse.
Así vivimos este ciclo inacabado en este pedazo de tierra llamado Ecuador. Asistimos a matanzas carcelarias que ya no provocan asombro alguno. “Algo habrán hecho”, “se lo merecen”. Más de uno lo repite, una y otra vez, convenciéndose de que ese es el lugar correcto para que ahí —en esas cloacas construidas con impuestos “ciudadanos”— se encierren y se lapiden cuerpos. Donde la muerte se teje como una constante y se resguarda la moral constreñida de quienes creen que jamás pisarán una celda. Celda que, en realidad, puede ser un destino cercano, porque disentir y caer en las fauces de un mandatario resentido es hoy una posibilidad concreta.
Por eso las matanzas se suceden sin nombre propio.
Los secuestros se cuentan como cifras.
Los atentados aparecen y desaparecen del relato
como si fueran un fenómeno del clima.
Por eso hay días en que el país sangra
mientras el poder está intencionalmente ausente
—o peor aún: sagazmente ausente para no dar explicaciones o está negociando a nuestras espaldas.
Hace pocos días, coches bomba en Esmeraldas. Uno, dos, tres. Un número impreciso, sin relato oficial, sin respuesta oficial. No es nuevo: las vidas de las personas negras, indígenas, empobrecidas y racializadas en este país importan poco, o menos. Importan tan poco que el banquete empresarial continúa pese a las desapariciones, pese a las condenas, pese a las sentencias.
Daniel Noboa y su esposa publican historias en redes sociales de una vida perfecta junto a sus hijos protegidos, cuidados, vivos; intocables incluso por la palabra. Mientras tanto, a los nuestros los matan, los torturan, los desaparecen. Ese es el proyecto político del despojo que se repite, una y otra vez.
El 8 de diciembre se cumplió un año de la desaparición de Steven Medina Lajones, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos y Nehemías Arboleda Portocarrero, cuatro niños afrodescendientes de Las Malvinas, en Guayaquil. El 22 de diciembre finalmente hubo condena para 11 militares de la Fuerza Aérea a más de 34 años de prisión en calidad de autores directos de las desapariciones forzadas de los cuatro.
¿Quién dispara?
¿Quién ordena?
¿Quién permite?
¿Quién justifica?
¿Quién mira hacia otro lado?
¿Quién vive con miedo?
¿Quién no vuelve a casa?
¿Quién espera una llamada que no llega?
¿Quién aprende a callar para sobrevivir?
¿Quiénes? Nadie.
O eso parece al día siguiente.
29 de diciembre, en pleno malecón de Puerto López, imágenes que se exhiben sin pudor en televisión y redes sociales: hombres armados disparan y asesinan frente a las cámaras. La violencia se convierte en espectáculo.
Luego llega el ministro del Interior John Reimberg en helicóptero y se anuncia un amplio contingente policial y militar.
¿Por cuánto tiempo?
¿Para quiénes?
¿Esto resuelve algo?
Puerto López ya fue escenario, hace dos años, de la desaparición y muerte de Rolando González (35 años de edad). Un joven gay de nacionalidad venezolana que pidió ayuda en una transmisión en instagram porque lo estaban persiguiendo y luego apareció muerto. La repetición también es una forma de política e impunidad. Pero, ahí no termina sino que avanza con un subregistro sin fin porque es cotidiana la violencia y golpea día a día a Puerto López, Machala, Portoviejo, Manta… sicariatos que se cuentan día a día.
Estudiantes asesinados a las puertas de sus colegios.
Estudiantes cooptados para sobrevivir en contextos hostiles.
Niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Ecuador y sobre ellos ni un tuit presidencial que lamente la situación.
Mientras tanto, las mujeres buscan. Escarban la tierra con las manos. Buscan a sus desaparecidos. Las escenas se repiten: carteles, fotografías, nombres, clamores. Piden encontrarlos para al menos despedir sus cuerpos. Porque ya saben lo que significa desaparecer en un país donde el crimen organizado tiene el control o donde todo está militarizado.
Las escenas se barren rápido.
Las noticias cambian de tema.
El espectáculo continúa.
No hay pausa.
No hay duelo colectivo.
Un mes de paro. Un mes entero en el que el poder mostró sus fauces hambrientas. Mostró lo deleznable de un tirano y de sus secuaces armados, fusil en mano, administrando el miedo como política pública. Hasta hace dos días, el saldo mortal era de tres personas asesinadas. Tres cuerpos que no entran en la estadística oficial del orden, pero sí en la historia del abuso. Y luego, la última víctima del paro: una muerte más que llega tarde a las noticias, fuera de la agenda, y llega temprano al olvido, confirmando que en este país protestar sigue siendo una sentencia.
¡No te vamos a olvidar: Edison Farinango!
No hay espacio para llorar a los muertos.
El banquete sigue, incluso cuando faltan cuerpos en la mesa.
Y mientras tanto, las mujeres sortean la vida.
Los feminicidios escalan.
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trescientos cuarenta y nueve
La saña se vuelve más perversa.
¿Aleccionar?
¿Botines de guerra?
Así, un 2025 donde el poder nos mira con descaro mientras toma licencias personales interminables, guardando un silencio grotesco sobre los escándalos de corrupción en el sistema de justicia, normalizando la desatención en un sistema de salud que a la fecha ni siquiera cuenta con una cabeza ministerial, y permite que el sistema educativo —que debería ser un espacio de protección— se convierta en un territorio de expansión de la violencia. A esto se suman compras públicas opacas y decisiones energéticas tomadas a espaldas de la ciudadanía, como los casos Progen y Austral, presentados como solución urgente mientras acumulan cuestionamientos técnicos, contractuales y éticos.
Que el optimismo que guardan las buenas cábalas no desvíen la atención.
La violencia necesita oscuridad
porque la oscuridad adormece.
La violencia necesita del miedo
porque el miedo paraliza.
La violencia necesita distracción
porque la distracción nos vuelve egoístas.
