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Elsie Monge en la sala de su departamento en Quito. Marzo de 2022. Foto: Karen Toro A.
| María Paula Granda Vega

¿Cómo estamos las mujeres?

“El gobierno de la ‘Revolución Ciudadana’ tiene rostro de mujer”, “Nadie ha hecho tanto por las mujeres como este gobierno”, “Somos uno de los pocos países que tiene igualdad de género en las Cortes de Justicia”. Son frases que resuenan en el sentido común de la ciudadanía ecuatoriana, puesto que han sido repetidas hasta el cansancio por parte de las autoridades gubernamentales, tanto en medios de comunicación afines al régimen (incluidos los Enlaces Ciudadanos o sabatinas) como en discursos de barricada en todo el país a propósito de la última campaña electoral.

Sin embargo, por otro lado, ya sea en espacios de opinión pública privados, donde la participación ciudadana es casi nula, o en medios de comunicación alternativos, que intentan dar tribuna a voces críticas, escuchamos a mujeres diversas diciendo que “hay un retroceso en derechos de las mujeres en estos 10 años” o que esta “es una década pérdida”. ¿A quién le creemos?

Del dicho al hecho – Del discurso a la realidad

Es cierto. Nunca antes hubo mujeres autoridades máximas de la Asamblea (anteriormente el Congreso Nacional), tampoco había paridad en las cortes de justicia; asimismo, se aumentó el valor del llamado “bono de desarrollo humano”, donde la mayoría de beneficiarias son mujeres jefas de hogar, y se aprobaron leyes que favorecieron a mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

No obstante, bajo el mando de Gabriela Rivadeneira, Rossana Alvarado y Marcela Aguiñaga, en la Asamblea Nacional se aprobó el Código Orgánico Integral Penal, el cual penaliza el aborto en casos de violación, sin ningún reparo, aunque en Ecuador el 14% de muertes maternas corresponde a niñas de 10 a 14 años, víctimas de violencia sexual; también se tipificó el femicidio, pero se derogó, al mismo tiempo, la Ley Contra La Violencia de la Mujer (Ley 103), dejando a las mujeres en la indefensión, ya que se eliminaron medidas de protección y amparo, tipificando a la violencia intrafamiliar como delito común, que solo puede ser denunciada ante los juzgados cuando haya existido violencia física.

De la misma manera, así como se aprobaron leyes y decretos que ayudan a un grupo de mujeres, a la par se eliminó la Ley de Maternidad Gratuita1 bajo el discurso de que la “salud ya es de todos”, la que garantizaba, entre otras cosas, mecanismos de acción positiva que consistían en reservar dinero para la provisión de métodos anticonceptivos. Además, se aprobó una ley de “justicia laboral” la que proclama la seguridad social para trabajadoras no remuneradas, pero, al hacer al cónyuge cargo de este rol, refuerza círculos de dependencia económica y violencia; tampoco ofrece acceso a todas las prestaciones, lo que la convierte en una seguridad social de segunda, sumándole a que el Estado desconoce que debe aportar el 40% al Instituto de Seguridad Social, precarizando la situación de las personas afiliadas, sobre todo de las mujeres trabajadoras (remuneradas y no remuneradas).

Fotografía: Acción Feminista en San Francisco – Quito.

Seguimos retrocediendo

En lo que respecta a otros aspectos institucionales como el de política pública –uno de los puntos significativos por el que varias actoras del movimiento de mujeres sostenemos que hay un retroceso en derechos– se eliminó el Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU)2 y se lo reemplazó con el Consejo de Igualdad de Género; que por más que en teoría tiene una Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, no termina de funcionar adecuadamente, por ejemplo: hasta el año anterior no tenían autoridades oficiales y el presupuesto asignado es mínimo. Lo que en la práctica ha implicado la imposibilidad de hacer políticas públicas en todos los niveles orientadas a la garantía de derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.

De igual manera, se eliminó por decreto presidencial la Estrategia Nacional Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA) y se lo reemplazó por el llamado “Plan Familia”, poniendo a cargo a una vocera fundamentalista. El cual centra su objetivo en fortalecer la familia tradicional (padre, madre e hijos), yéndose en contra de la Constitución que reconoce la existencia de las familias diversas y sus múltiples expresiones, bajo la premisa de la abstinencia como mejor método anticonceptivo, lo que niega totalmente un enfoque de democratización de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes; sosteniéndose en un discurso adultocéntrico (discriminando las facultades de las y los jóvenes de tomar decisiones con respecto a su vida sexual y afectiva), homófobo y restrictivo del derecho al placer que tenemos todas y todos.

¿Qué mismo?

A todo esto hay que añadirle no solo un discurso violento desde el poder político, que descalifica a mujeres autónomas que han criticado el accionar de Alianza País y al presidente Correa en estos diez años sino también la imposición de una figura masculina que reifica la violencia y el desprecio a las diversidades como la rectora de este modelo político, económico y social de la denominada ‘revolución ciudadana’. Se suma también el aumento escalofriante de cifras de feminicidio (se han duplicado este tipo de muertes por violencia machista con relación al año anterior y en general de violencias contra las mujeres (acoso sexual, brecha salarial desigual entre hombres y mujeres, despojo de territorios, persecución y criminalización de dirigentas sociales, etc.).

Por esta razón, se puede concluir que a pesar de los discursos “progresistas” o de afirmaciones de que las mujeres estamos “mejor”, se ha retrocedido en el país no solo con leyes, reformas y decretos, sino también con discursos, que configuran un escenario desalentador para nosotras al finalizar esta década. El retroceso en derechos humanos, de las mujeres, de LGBTI, no solo se los ve, sino se los vive día a día, cuando no podemos abortar, cuando nos matan en las calles, nos acosan en el bus, y la justicia es lenta y poco efectiva. También sucede cuando no podemos acceder a información libremente y nos topamos con una educación moralista regida por principios religiosos y no laicos, o cuando las pocas asambleístas que osaron proponer el aborto en casos de violación fueron suspendidas temporalmente de sus funciones, o en las sabatinas cuando se insulta a una periodista o se cosifica a una mujer del público. Este retroceso es palpable cuando se habla de ideología de género “novelera” y se aprueba una Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que además de requerir de dos testigos para cambiar opcionalmente por una sola vez el género por “sexo” en la cédula, termina creando una doble cedulación, cuestión sumamente discriminatoria contra las personas con identidad sexo-genérica diversa (LGBTI)3.

Ante esto nos queda la organización, la unidad de diversas colectivas y colectivos de mujeres y feministas a nivel nacional y la movilización permanente. La corriente antiderechos es mundial y el Ecuador es solo una pequeña parte de un proyecto político de opresión a nivel global en todos los campos de la vida. Por lo que ante la “década perdida”, nosotras gritamos, sostenemos y practicamos las resistencias feministas.

Notas:

  1. Al cambiar el código monetario se dejó sin reserva económica a la ley. Quitaron su autonomía de compra del Ministerio de Salud Pública. ↩︎
  2. No solo el de Mujeres sino de Indígenas (CODENPE), de Personas con Discapacidad y Afro Ecuatorianas. Del cual las mujeres también eran parte y han sido perjudicadas. ↩︎
  3. Esta ley además impide el reconocimiento de hijas e hijos comunes de familias homoparentales, así como se niega a las criaturas el derecho a recibir una pensión y otros beneficios cuando hay separación de la pareja, como ocurre en el caso de familias heterosexuales, entre otras cosas que regula esta ley que aparece como un avance pero que refuerza los estigmas y discriminación. ↩︎
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Autoras

María Paula Granda Vega

Feminista, de izquierdas; socióloga; comunicadora alternativa por instinto.