sin diálogo, todo se puede salir de control
Portada: Mujeres y hombres indígenas se movilizaron en solidaridad con la familia de Efraín Fuerez, asesinado presuntamente a manos de las Fuerzas Armadas, la madrugada del 28 de septiembre en Cotacachi. 28 de septiembre de 2025. Quito. Foto: Karen Toro A.
Pacha Terán, desde Peguche, en Otavalo (Imbabura), uno de los epicentros de las manifestaciones indígenas frente a la eliminación del subsidio al diésel, se muestra indignada y critica abiertamente al Gobierno de Daniel Noboa. Mientras conversamos, pide notar el ruido de los helicópteros que sobrevuelan la zona: “Parecen palomas, nos vigilan; mientras tanto, una amiga necesita ser trasladada desde Galápagos para recibir atención médica y no lo logra”.
La mañana del domingo 28 de septiembre del 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció que Efraín Fuerez, de 46 años, Cuicocha – Inguintzala: "fue acribillado con tres impactos de bala por efectivos de las Fuerzas Armadas, en la madrugada, a las 06:30, en la vía Panamericana Norte, cerca de Ilumán, Pinsaqui”.
En la noche, Pacha decía a través de X que el presidente Daniel Noboa no respetó el luto de esa población.
El nombre de la excandidata a la Vicepresidencia de la República por Unidad Popular está en el listado de 55 personas notificadas el jueves 25 de septiembre del 2025 por la Fiscalía General del Estado, dentro de la investigación previa 170101825094987, por el presunto delito de “enriquecimiento privado no justificado”.
Además constan Marlon Vargas, presidente de la Conaie; así como el exdirigente Severino Sharupi, quien recordó que desde hace más de un año dejó de estar al frente de la Federación de Nacionalidad Shuar de Pastaza.
Entrevistado en un medio local en la Amazonía, Severino relató cómo quiso sacar dinero de una de sus cuentas de ahorros y fue de un cajero a otro, luego al banco, donde le indicaron que su cuenta había sido bloqueada. Finalmente se comunicó con otros líderes indígenas a quienes les ocurría lo mismo.
"Entendimos que es una persecución nacional en el marco del paro. Nos quedamos sin centavo, no hay cómo ni movernos en bus”, dijo en una rueda de prensa.
“Tengo mi pequeño restaurante, cocino, limpio mesas, me alzo a las 02:00. Se ha creado una narrativa de que los dirigentes se benefician de los paros; que reciben fondos del narcotráfico y la dirigencia, de la minería ilegal. Es la narrativa para desvirtuar el paro”, comentó, descartando que en sus cuentas puedan encontrar algo ilícito.
Desde la época de Rafael Correa —recordó— “los gobiernos siempre han querido comprar a la gente, nos mandaron emisarios para ofrecernos puestos, para bajar el paro”.
A Pacha Terán le ocurrió algo parecido. Quiso sacar 30 dólares de una cuenta bancaria y le fue imposible, estaba bloqueada. Sus compañeros le contaron que su nombre constaba entre los investigados por la Fiscalía. Ella recién el sábado 27 de septiembre encontró en su bandeja de Spam el correo electrónico, con la notificación.
Pero ese no es el único proceso que involucra a quienes se han manifestado en contra del régimen. El expresidente de la Ecuarunari y excandidato presidencial, Yaku Pérez, señaló la mañana del 30 de septiembre que ya están acostumbrados a la criminalización. Él, su compañero Lauro Sigcha y Lizardo Zhagüi, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay-Filial Ecuarunari (FOA) enfrentan procesos por asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado, paralización del servicio público y terrorismo. Por esos cargos también se investiga a Edison Deleg, Sebastián Cevallos, Nohelia Ochoa y Óscar Reinoso, dirigentes sindicales y estudiantiles.
“Nuestro único delito es proteger el agua y proteger Kimsacocha”, sostuvo Lauro Sigcha, presidente de la FOA.

El 16 de septiembre, en Cuenca, más de 100.000 personas protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga, con el objetivo de exigir que se preserven las fuentes hídricas de Quimsacocha. Fue una marcha multitudinaria.
Los dirigentes de la FOA han dicho que seguirán con las acciones para que se concrete la derogatoria de la licencia ambiental y se cancelen las concesiones mineras a Dundee Precious Metals.
El jueves 25 de septiembre, a través de un comunicado, Carondelet anunció que "en atención a los informes presentados por la Prefectura de Azuay y el Municipio de Cuenca, el Gobierno iniciará el proceso correspondiente para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, a cargo de la empresa Dundee".
El régimen responsabiliza sobre los efectos de esta decisión a las autoridades locales. Por lo que el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, ha subrayado que es una competencia del Gobierno Central.
Nohelia Ochoa, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) de la Universidad de Cuenca reaccionó ante la investigación en su contra por “supuesta paralización del servicio público”. Aseguró que se trata de un intento por amedrentar al movimiento estudiantil, “hoy más que nunca unidad y movilización”. Hizo un llamado a la unidad y dijo: “venceremos”.
Días atrás, en la multitudinaria marcha de Cuenca, la lideresa del pueblo saraguro, Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari, condenó lo que llamó una política de criminalización del Gobierno, al sostener que los luchadores sociales son terroristas. Y como integrante del Frente Nacional Antiminero anticipó: “se formó la cuenca del quinto río, que va a desembocar por los Andes, Amazonía y la Costa, en todo el Ecuador”.

Con estos antecedentes, en menos de dos semanas de movilización, a Pacha Terán, todo le parece muy grave. Pero no olvida que el mismo día que trasladaron a sus compañeros y hermanos de Otavalo a las cárceles en Esmeraldas y Manabí, por participar en las movilizaciones: “hubo presencia militar en mi casa, con dos blindados y un convoy, sacando fotografías, durante unos 30 minutos. No sé qué más querían hacer. Nosotros estábamos en el paro, lejos. Solo mis guaguas se quedaron en casa. Mis vecinos me alertaron”.
Pacha se refiere a sus hijos de 6 y 16 años y a sus sobrinos de 8 y 10 años. Pero esta dirigente kichwa no se ha quedado en casa, el sábado seguía caminando a la movilización. “Es un intento de distraernos en la dirección que caminamos, en la organización, en el paro. Quieren amedrentarnos, callarnos”, sostiene.
El de Daniel Noboa es el tercer Gobierno que enfrenta una movilización, promovida por organizaciones indígenas y transportistas, que inicialmente anunciaron la suspensión del servicio y luego declinaron, para recibir compensaciones económicas, por ocho meses, que podrían extenderse durante cuatro meses más.
El primer día de octubre del 2019, el expresidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo 883 eliminó los subsidios a los combustibles. Eso provocó protestas desde el siguiente día hasta el 13 de ese mes, que terminaron gracias a la mediación de la ONU, para que dialoguen indígenas y el Gobierno.
Dos años después, con el decreto 231, Guillermo Lasso intentó ir hacia la eliminación del subsidio, en un sistema de bandas, pero en junio del 2022, tras un paro de 18 días, se pidió la intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y ésta de universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para abrir el diálogo. Luego de 90 días de negociaciones se llegó a 218 acuerdos, menos en la mesa de focalización.
El 12 de septiembre de 2025, Noboa, con el decreto 126 eliminó el subsidio al diésel, por lo que el galón pasó a costar 2,80 dólares, un dólar más. Y se prevé que en enero 2026 podría costar 4.
La noche del viernes 26 de septiembre del 2025, en entrevista pregrabada con Ecuavisa, el presidente aseguró:
“Como se han salido con la suya antes, creen que lo pueden hacer ahora. Entonces, al final del día, el 2 o 3 % del país quiere dictar la política económica y la política pública de toda una nación. Eso tampoco podemos permitir. Somos una nación soberana”.
Consultado sobre una intención de buscar el diálogo con esa población indígena, que ha promovido la paralización nacional, desde el 18 de septiembre, el mandatario sostuvo:
“Hemos trabajado, hemos dialogado con muchos dirigentes. Hemos dialogado sin parar. Hemos dialogado con todas las provincias que pudiesen haber sido afectadas y están sumándose también al programa de compensaciones”.
Además, Noboa redujo la interacción a cifras de compensación: “llevamos 83 000 bonos de 1 000 dólares (cada uno) entregados, eso son USD 83 millones. Aparte, crédito 7×7. Hemos entregado 140 tractores a comunidades indígenas, pobres, agricultores; facilidades de pesca a los pescadores artesanales, a los transportistas, compensaciones para que no les golpee a ellos”.
La politóloga Carolina Viola comenta que la situación es bastante crítica porque "claramente este Gobierno y el presidente Noboa no tienen una actitud muy democrática. En la Asamblea se impone, se evita el diálogo y las reglas se aplican de forma discrecional, ya que en casos en los que están involucrados los legisladores de la bancada oficialista de ADN se cierra los ojos”.
El panorama a Viola le parece sombrío, por la criminalización de organizaciones sociales, como Pachamama. Desde agosto, las ONG anticiparon que con la Ley Orgánica de Transparencia Social se podría tener más control sobre ellos y disolverlos.
A la politóloga le parece que queda claro que se está acusando a personas que por años han luchado a favor del agua, de derechos humanos, de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cómo un defensor del agua podría tener vínculos con la minería ilegal?".
Carolina Viola anticipa que la interacción entre Gobierno y movimiento indígena no será pacífica. “Si explota habrá más muertos; los rifirrafes han sido desproporcionados. No es correcto plantear ahora que todos los manifestantes son financiados por el narcotráfico y la minería ilegal”.
El presidente Noboa sostuvo que tienen informes de Inteligencia, que vinculan las manifestaciones, en Imbabura, con la minería ilegal y el crimen organizado. También la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha repetido esa tesis. En su cuenta de X escribió: 12 militares heridos y 17 desaparecidos. El derecho a manifestarse es legítimo y merece respeto.
Sin embargo enseguida dijo: "No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales —terroristas— que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas".
En su mensaje citó el de las Fuerzas Armadas y finalmente dijo: “Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”.
En ese marco, el abogado litigante y defensor de derechos humanos, Alejandro Ponce, apunta que criminalizar la protesta social en el largo plazo solo genera mayor debilidad para los Gobiernos.
“Desde los noventa hasta acá, los únicos procesos que han sido efectivos y han generado capital político para los gobiernos, han ocurrido cuando las autoridades se han sentado a negociar y han encontrado puntos de encuentro, más allá de que no se hayan ejecutado muchos de ellos”.
Por el contrario, opinó, el enfrentamiento y las posiciones radicales no ayudan. “No converso, no hablo, no negocio. En eso dos presidentes han sido eficientes, uno hace 35 años, Rodrigo Borja, y luego el expresidente Guillermo Lasso. Políticamente dieron respuesta a un conflicto con la negociación antes que confrontando”.
Jahiren Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana, va más allá. "Nos encontramos en momentos difíciles. Con toda la evidencia y los actos que protagoniza casi diariamente el Gobierno Nacional es difícil hablar de que existe democracia en el país. Parecería que al presidente de la República le incomoda no poder controlar en su totalidad todos los poderes".
La legisladora se muestra crítica con las decisiones de la Corte Constitucional, que ha sido en los últimos meses blanco de ataques gubernamentales. Inclusive hubo una marcha, encabezada por el presidente, en contra de los jueces.
Si bien la Corte es una institución que no ha sido 100 % complaciente con el Gobierno —reflexiona Noriega— hay que reconocer que tuvo un rol importante en la situación que enfrenta el país.
¿A qué se refiere? Fue permisiva con el presidente Noboa al no exigirle que pida la licencia sin remuneración a la Asamblea Nacional, para hacer campaña, como establece el artículo 93 del Código de la Democracia.
Por otro lado, la correísta menciona que la Corte actuó correctamente, el 26 de septiembre, cuando declaró inconstitucionales dos de las cinco leyes económicas urgentes, aprobadas en este período de Gobierno. Se trata de las de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública.
A través de la primera, el Ejecutivo tenía vía libre para brindar indultos de forma anticipada a militares y policías.
"Nos han querido vender la idea de que en nombre de la lucha contra grupos de delincuencia organizada todo se vale, así aprobaron una serie de normas abiertamente inconstitucionales".
Además Jahiren Noriega se refirió a las declaraciones de Noboa. "El presidente hace política desde la imposición de medidas económicas, que no ganaron en las urnas. Miente cuando dice que está gobernando con el plan por el que la gente votó. En campaña prometió que no eliminaría el subsidio a los combustibles, de hecho que se iban a bajar los precios de muchos productos de la canasta básica y además incrementó el IVA del 12 al 15 % y eso no se ve reflejado en más seguridad".
La legisladora de la RC5 rechaza la eliminación del subsidio al diésel con lo que llama "justificación" de que servía para financiar al terrorismo, al narcotráfico.
"Los sectores más empobrecidos terminarán pagando las consecuencias de esta imposición y como caracteriza al gobierno, no hubo diálogo, fue una imposición, por la fuerza busca implementar sus medidas económicas. Una muestra es que en este paro nacional no se ha dialogado con organizaciones sociales que tienen un malestar legítimo y más bien la represión se ha vivido en distintas zonas del país. Ahora mismo hay 12 personas de Otavalo trasladadas sin justificación a cárceles como las de Esmeraldas y Portoviejo, escenario de masacres penitenciarias".
Sin dudarlo, Noriega opina que eso es una forma de disciplinar a toda voz disidente que se enfrente al gobierno nacional. “Nosotros como fuerza política enfrentamos una brutal persecución, la alcaldesa de Otavalo, el prefecto y la viceprefecta de Imbabura, un compañero asambleísta están investigados por enriquecimiento ilícito, también la Conaie y organizaciones ambientales".
Alfredo Serrano, presidente del PSC, quien por séptima vez está en la Asamblea, considera que la posición del Gobierno es “demasiado arrogante”.
“No entablar un proceso de conversaciones con quienes se sienten afectados por las medidas económicas no es bueno. El derecho a la protesta social está garantizado en Ecuador. Creo que todos rechazamos cuando sobrepasan el marco legal y constitucional, pero el Gobierno debe entender que en una sociedad civilizada, el mayor activo que tenemos es el diálogo. Debe dialogar o caso contrario esto se le va a ir de las manos”.
Serrano cuestiona que la Asamblea no muestre autonomía ni independencia del Ejecutivo, es “el patio trasero; todo lo que le envía, toda la agenda del Presidente se procesa; no hay fiscalización. Espero que esta decisión de la Corte en torno a dos leyes que aprobaron, lleve a la mayoría gobiernista a entender que en un estado republicano hay que respetar la Constitución y las leyes. Los votos son aritméticos, la mayoría no puede estar por encima de la ley, no debe imponerse”.
Sobre el paro nacional, Serrano pide recordar que el Gobierno asegura que tenía el control de las cárceles y en estas semanas se ha visto que no es así. “Con arrogancia y prepotencia no se gobierna sino con liderazgo, que comienza por escuchar. Hablar y escuchar son las herramientas para encontrar puntos de acuerdo”.
Pacha Terán pese a que debe enfrentar una investigación, de parte de la Fiscalía, no parece sentir temor. Cuando su padre era niño trabajó en una hacienda. Lo explotaron, no terminó ni la primaria. En esa situación luchó para que ella no tenga que hacer ese mismo trabajo. Por eso sostiene que va a cuidar esa herencia preciada para sus hijos.
“Me parece que el Gobierno actúa como niño caprichoso. Nosotros proponemos salidas democráticas, pacíficas. Ellos quieren mostrarse fuertes, sin retroceder. Pero nosotros avanzamos a pasos agigantados. Él presidente dice muerte, nosotros planteamos vida, estar en colectivo nos da fuerza. Invito a ser parte de esta lucha. Nos bombardean por cielo y tierra. Nos vigilan”, dice esta mujer, de 42 años. También que alerta al mundo entero sobre lo que pasa en Imbabura y en el país. “Los kichwas no somos terroristas, somos tejedores, agricultores, investigadores, científicos, creadores”.
Para la legisladora Jahiren Noriega, el presidente Daniel Noboa ha mostrado un plan económico “alineado a la receta del FMI, que no es nuevo; venimos resistiendo a la imposición de estas medidas desde la presidencia de Lenín Moreno, en 2018, con recortes al presupuesto de las universidades, las escuelas y la salud, en 2019, más recortes en 2020, cuando despidieron a médicos y enfermeras; la ejecución presupuestaria es una vergüenza. Noboa ya intentó vender el campo Sacha, joya de la corona petrolera, no lo logró, pero podría intentarlo nuevamente. Y si no fuera por la gran movilización en Azuay, para defender Quimsacocha, no se hubiera detenido la concesión minera y se viene más de esto, también intentos de privatización. La pregunta de los casinos, en un momento en que el crimen organizado ha permeado instituciones, sirve para promover el regreso de casinos, espacios perfectos para lavar dinero. Eso debe hacernos pensar”.
Tanto Carolina Viola como Alejandro Ponce advierten que el panorama se pone grave. Al inicio, la narrativa que el Gobierno buscó posicionar, dice Viola, es que el movimiento indígena no tiene fuerza, tampoco organizaciones de trabajadores, de profesores, etc. Resta validez como interlocutores a sus dirigentes. Intentó que se crea que no representan a nadie, ahora se les dice no solo terroristas sino financiados por minería ilegal y crimen organizado.
El lunes 29 de septiembre, en su presentación habitual, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, se limitó a decir: “El Gobierno, encabezado por Daniel Noboa, rechaza tajantemente los actos de violencia registrados en Cotacachi, los servidores militares han ejercido el uso progresivo de la fuerza, en defensa de la gente del sector que necesitaba ayuda humanitaria. Estos actos terroristas no son pacíficos, hay 17 militares secuestrados y seguimos sin conocer su paradero ni estado. El objetivo del presidente es velar por la vida de todos los ecuatorianos”. Y sostuvo que la “escalada de violencia” se produce por “grupos terroristas infiltrados en las manifestaciones”.
Además, intentando poner el foco en la reacción de los manifestantes en Cotacachi, habló de la violencia con la que se recibió a una comitiva, que según dijo, iba en un “convoy humanitario”, encabezado por Daniel Noboa. Y por ministros del bloque de seguridad, la embajadora de la Unión Europea, la Coordinadora Residente de la ONU y el Embajador de Italia.

Medios de comunicación como La Barra Espaciadora recordaron que más de cien vehículos estatales llegaron a Imbabura y que la acción anunciada como “humanitaria”, estuvo precedida de cortes de energía eléctrica y de inhibición de la señal de Internet.
En Quito, en los alrededores de la Universidad Central se han desarrollado concentraciones. La noche del 30 de septiembre, estudiantes y artistas fueron reprimidos por la fuerza pública, también resultaron agredidos periodistas como Elena Rodríguez, periodista de Telesur, quien denunció que le lanzaron gas pimienta, pese a que se identificaron.
Cuando hay movilizaciones en curso —advierte Viola— hay que tener cuidado si se tira mucho de la cuerda. “En Ecuador no se sabe cómo va a resolverse un conflicto; tirar la cuerda puede llevar a que se desmovilicen totalmente o a que la gente se indigne, y cuando eso pasa se vuelve incontrolable. Me preocupa muchísimo el talante autoritario, va con mano dura. Es la misma desproporcionalidad en otras acciones”.
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