El sol caía sobre los adoquines de la Plaza Grande en el centro histórico de Quito, el sábado 31 de mayo pero no fue suficiente para disuadir a cientos de voces que, cargadas de memoria y lucha, se alzaron frente a Carondelet. Eran mujeres y hombres que trabajaron en la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C. A., sus rostros marcados por años de trabajo agreste que dan cuenta de una historia que ya no podrá ser negada. Se congregaron allí por una sentencia de la Corte Constitucional que, seis meses atrás, reconoció que en Ecuador aún se esclavizan personas.
El 21 de noviembre del 2024, la Corte Constitucional del Ecuador declaró que, hasta 2019, en las haciendas de la empresa japonesa existió servidumbre de la gleba, una forma de esclavitud moderna. Palabras jurídicas que, para las extrabajadoras y extrabajadores, son el reconocimiento oficial de décadas de abusos, de jornadas de trabajo interminables en las plantaciones de abacá, de salarios miserables que jamás alcanzaron para nada, de deudas heredadas y de un profundo racismo estructural.
A las 11:00, cuando el sol ya empezaba a quemar, el acto oficial frente a la sede de la Presidencia de la República reveló su primera contradicción: mientras una banda musical animaba al público a "agarrar a su pareja" con tono festivo, cientos de mujeres y hombres que trabajaron en Furukawa y viajaron por horas desde distintas provincias del país, algunos desde la hacienda Isabel Furukawa Plantaciones del km 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo donde resisten, dejando sus actividades diarias para llegar hasta la ciudad de Quito y recibir las disculpas públicas ordenadas por la Corte Constitucional como una de las medidas de reparación, esperaban en silencio bajo el calor, con la esperanza de que sus historias sean reconocidas, mientras el espacio era custodiado por un cordón humano que vestían con camisetas blancas.
Los custodios vestidos de blanco no eran simples asistentes, eran personal afín al gobierno de Daniel Noboa —aunque sin identificación oficial—. Se movían con la seguridad de quienes tienen instrucciones claras: contenían a la multitud, repartían bebidas y, cuando las interpelaciones contra el Estado aparecían entre el público, exigían silencio. Si las voces no se apagaban, sacaban sus celulares y fotografiaban a los manifestantes. ¿Con qué fin?, no lo explicaron. El mensaje, sin embargo, estaba claro: la disidencia se vigila.
La tarima, colocada con precisión burocrática entre las calles García Moreno y Chile —sin entorpecer el tránsito peatonal, sin molestar a los comercios cercanos y, sobre todo, sin obstruir el ingreso y salida de funcionarios al palacio de Carondelet— servía de escenario para una puesta en escena incómoda. Mientras un artista agradecía a "nuestra señora Ministra del Trabajo", el cordón humano de camisetas blancas repartía gaseosas entre las y los abacaleros.
Mientras las autoridades se preparaban para aparecer, las familias abacaleras —quienes protagonizaron esta exigencia de justicia y reparación— esperaban, siendo vigiladas y fotografiadas, reducidas a un papel secundario en un guión que no habían escrito, pues entre la música alegre, los refrescos repartidos como dádiva y las cámaras apuntando a su inconformidad, el acto era todo menos uno de reparación a las víctimas y sobrevivientes de esclavitud moderna.
Pasadas las 11:30 empezó el acto de disculpas públicas. La primera en arribar fue la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, acompañada de policías y personal de seguridad. Ingresó, por el costado izquierdo, resguardándose entre los custodios gubernamentales de camisetas blancas que impedían que alguien se le acerque. Sin embargo, no fue necesario, pues ninguna mano se extendió ni siquiera a saludarla. Unos minutos después, llegó el resto del séquito ministerial, saliendo directamente de Carondelet como en una procesión oficial aparecieron el defensor del Pueblo (e), Cesar Córdoba, el recién titularizado ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, la ministra de Educación, Alegría Crespo, el ministro de Salud Pública, Juan Bernardo Sánchez, el subsecretario de gabinete de la presidencia, Gustavo Camacho, y el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Quienes avanzaban entre sonrisas amplias y gestos de complicidad, con ese ánimo eufórico que suelen tener los políticos en campaña, aunque hoy el motivo fuera muy distinto.
El acto empezó con un libreto previsible: primero los protocolos y luego las víctimas. César Córdoba, defensor del Pueblo (e) fue el primero en intervenir, lo hizo saludando a de la Gasca, Nuñez, Sánchez, Crespo y Burbano, para al final saludar a las mujeres y hombres sobrevivientes de eslcavitud moderna. Con tono solemne, enumeró cifras: 216 casos acompañados por la Defensoría, 123 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Destacó que "la pelearon solos", reconociendo, aunque quizás sin darse cuenta, que ese aislamiento fue, precisamente, consecuencia de un Estado que durante décadas les dio la espalda a estas personas esclavizadas.
El aparato estatal —ese mismo que se disculpaba— fue cómplice activo de la impunidad. Primero desestimó la demanda, luego la rechazó incluso en casación. Solo en 2022, la Corte Constitucional admitió el caso, y en diciembre de 2024 emitió un fallo que declaraba lo que las víctimas sabían desde siempre: hubo esclavitud moderna y un sistemático borrado de su humanidad por ser, en su mayoría, afrodescendientes. A eso se suma que, durante las visitas de las carteras de Estado a las haciendas de Furukawa en 2018, se encontró que, ocho adolescentes —3 mujeres y 5 hombres— trabajaban en las haciendas, siete niños y dos mujeres no tenían identidad, cuatro niños no acudían a la escuela y dos madres adolescentes con dos y tres hijos. Además, las familias abacaleras presentaban afecciones respiratorias, a la piel y parásitos, vivian en condiciones de hacinamiento, nunca contaron con servicios básicos como luz, agua o servicio sanitario adecuado, la mayoría no lee ni escribe y hasta la fecha nueve personas han muerto sin ser reparadas.
"La ganamos, hoy año 2025 la ganamos a favor de ustedes", dijo Córdoba, convirtiendo en triunfo lo que en realidad es una derrota institucional. Su discurso romantizó el sufrimiento: "aquellos que se sacrificaron por más de cinco décadas, que sufrieron ese esclavismo de gleba, que han sufrido mutilaciones, vejámenes, no tenían servicios de salud, de vivienda, alimentación, colegios para sus hijos y, sobretodo, se invisibilizaron por las autoridades de turno hasta el año 2018", como si el dolor fuera un mérito y no el resultado de un sistema diseñado para oprimir. “Pero hoy están aquí, a la luz, para exigir sus derechos”, declaró el funcionario, como si la mera presencia de las víctimas en la plaza —custodiadas, fotografiadas, convertidas en espectadoras de su propio acto de justicia— fuera sinónimo de reparación.
Posteriormente, las autoridades entregaron una placa de metal pulido que imita al oro. La placa tenía un mensaje que no alcanza para sanar décadas de dolor: "En cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador N° 1072-21-JP/24, de fecha 21 de noviembre de 2024, expresa DISCULPAS PÚBLICAS al señor: [nombre del/la trabajador/a] Trabajador de la hacienda Furukawa, al reconocer que fue víctima de graves vulneraciones de derechos, afectada por su condición de pobreza y su origen afrodescendiente, por más de cinco décadas debido al abandono estructural de las entidades del Estado" y que cerraba con la firma de la ministra de Trabajo. El texto impreso en la placa tenía faltas de ortografía, lo que llevó a que una de las extrabajadoras de la empresa Furukawa ironizara e hiciera referencia al poco cuidado que tuvieron en el diseño e impresión. Las palabras grabadas en metal no bastan para borrar décadas de abandono.
Jenny Enríquez, Susana Quiñones y Marlon Preciado —hijo de Susana, nacido en los campamentos de Furukawa— tomaron la tarima para gritar, una vez más: ¡Furukawa Nunca Más! Marlon sostenía un tallo de abacá; Susana y Jenny llevaban cuerdas trenzadas de la misma fibra, pero ya procesada, colgando de sus cuellos, exhibiendo el fruto de su dolor, de sus manos, de años de explotación. Mientras subían a la tarima sin seguir ningún guión, resonaban voces repitiendo “nunca fueron a conocer los campamentos”.
Susana Quiñones — quien llegó a los campamentos a los cinco años de edad junto a su padre— tomó la palabra para dirigirse al Ministro José de la Gasca: "Esto es abacá —dijo, señalando el tronco que su hijo cargaba—. Esto se llama abacá y es por esta planta por la que por años murieron muchas personas. Nosotros queremos justicia y reparación, que sea ya, porque son más de 60 años de esclavitud, ya no queremos que la esclavitud siga, no queremos más esclavitud”.
Izq. Susana Quiñones, quien trabajaba en Furukawa, habla durante el evento de disculpas públicas del estado ecuatoriano. / Der. Marlon Preciado, hijo de Susana nacido en los campamentos de Furukawa, sostiene un tronco de abacá, durante el evento de disculpas públicas del estado ecuatoriano. Quito, 31 de mayo de 2025. Foto: Juan Manuel Ruales/Trenza Gestora Comunicacional
Mientras Susana enumeraba las violaciones de derechos y exigía el cumplimiento de la sentencia constitucional, de la Gasca la observaba, en picada, tras sus gafas cafés —que no se quitó en ningún momento—. En momentos parecía que un gesto de condescendencia se dibujaba una media sonrisa, mientras miraba a la trabajadora confrontarlo; otras veces, asentía con la cabeza, en completo silencio. Pero Susana, con la voz desesperada por la urgencia de una vida que se apaga, insistió: "Señor ministro, pedimos que se cumpla, que haya reparación, que no tarden más, NOS ESTAMOS MURIENDO. ¡Furukawa Nunca Más!". Su frase, un reproche que rompía el silencio oficial, quedó resonando en el aire.
Solo al final llegaron las disculpas públicas. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, antes de dirigirse a las víctimas, cumplió con el protocolo: saludó a los funcionarios apostados bajo la carpa de la tarima y, en un gesto que no pasó desapercibido entre el público que, con desconcierto, escuchaba el saludo a la "familia laboral de la empresa Furukawa". Retomó lo dicho por el Defensor del Pueblo y reconoció que en "estas situaciones" se violaron normativas nacionales e internacionales, afectando derechos humanos y laborales. Dijo que con esta primera reparación —las disculpas públicas— por parte del Estado, la segunda reparación —la indemnización económica— queda pendiente, pero que a partir del miércoles “comenzarán a hacer el examen detallado de todas las reparaciones económicas que a todos y cada uno de ustedes hay que entregarles”.
Llamó a todas las instituciones involucradas a “trabajar de la mano con la política nacional que implica la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa del derecho a la dignidad y la defensa, indudablemente, [de los derechos humanos] porque hay que entender que el derecho al trabajo es en esencia un derecho humano”. Y, como ordena la sentencia, declaró el 31 de mayo como el Día de los Trabajadores de Furukawa. Un día para recordar lo que no debe repetirse. Pero también una fecha que, para muchos, llegó décadas más tarde.
Núñez cerró su intervención solicitando un minuto continuo de aplausos “por el legado y el ejemplo que deja esta generación de hombres, mujeres e hijos, que nos han enseñado que, a través de la organización y la lucha, la voz se escucha y retumba como ha retumbado". Pero ese llamado al reconocimiento, lejos de honrar, acabó encubriendo décadas de precariedad, racismo y desigualdad.
¿Aplaudir qué? ¿El sufrimiento de quienes debieron luchar contra un sistema que les ignoró? ¿La resistencia a la que fueron forzadas familias enteras que sobrevivieron a condiciones de esclavitud? El gesto vacío, de una ministra de Trabajo que es jueza de carrera y que jamás ha pisado una plantación para servirle a otro ser humano, se mezcló con el silencio incómodo de quienes saben que un minuto de aplausos no borra años de abandono. La lucha de las mujeres y hombres que denunciaron la esclavitud en Furukawa no es un "ejemplo" a celebrar, sino una herida abierta que exige justicia real.
Entre discursos fútiles, concluyeron las disculpas públicas. No hubo mención de las desigualdades estructurales que generó por más de 50 años la transnacional japonesa tras esclavizar a personas, en su mayoría, afrodescendientes y campesinas. No se habló de la relación entre esclavitud y racismo y menos de las consecuencias que estas conllevaron, como, por ejemplo, el enriquecimiento económico de la empresa. De forma explícita jamás se escuchó la responsabilidad del Estado por la omisión, por haber permitido la esclavización.
De hecho, Alejandra Zambrano, abogada patrocinadora de las 123 personas que presentaron la primera acción de protección, dijo en entrevista con La Periódica que considera parciales las disculpas dadas por la ministra del trabajo. “Ciertas partes se han cumplido, sobre todo en la fase de planificación en la que sí hubo una participación activa, una escucha de cuál era el sentir del conjunto de las 342 personas declaradas víctimas en la sentencia de la Corte. Tal es así que el acto se terminó realizando en la Plaza Grande por ese el pedido de las personas involucradas en el caso”, agregó. Sin embargo, faltó el reconocimiento explícito de la responsabilidad estatal por omisión. ¿De qué sirven unas disculpas que no mencionan las causas que generaron tales violaciones de derechos como lo es la esclaviud moderna? Las verdaderas disculpas no se repasan o se memorizan. No pasan por realizar el recuento del proceso legal, se construyen con memoria, con la restitución de los derechos humanos vulnerados. Exigen nombrar la responsabilidad estatal y a las y los responsables. Las verdaderas disculpas significan transformar las estructuras que hoy siguen reproduciendo racismo, dolor y violencias.
Irónicamente, bajo el mismo sol que por más de medio siglo quemó las espaldas de las mujeres y hombres que trabajaron en esas plantaciones de abacá, se sellaron las disculpas públicas del Estado. El acto terminó con danzas andinas en la Plaza Grande, para luego dirigirse a un almuerzo donde se entregaron las placas en orden alfabético —como si la burocracia pudiera medir el dolor— y donde una joven debió ser llevada de urgencia por un dolor estomacal agudo: la metáfora de un sistema que sigue enfermando y cuya desidia se refleja en el cuerpo de las personas más vulnerables.
Cuando se apagaron las cámaras y los funcionarios se retiraron, las familias abacaleras regresaron a los campamentos. Volvieron como llegaron: con la misma pobreza pegada a la piel, la misma rabia acumulada y la certeza de que hasta en el pedir disculpas, el poder decide quién merece sombra y quién debe seguir sudando bajo el sol.
Hoy, como ayer, resisten. Sabiendo que ni las placas ni los discursos borran las cicatrices del abandono.
Autoras
Mishell Mantuano
Mujer negra y militante antirracista. Licenciada en Comunicación Social con mención en periodismo. Co-fundadora de La Movida Antirracista, investigadora y presentadora del podcast antirracista Palabras Negras. Mi trabajo periodístico y de investigación está vinculada a la afrodescendencia, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos.
Génesis Anagonó
Periodista, docente en la carrera de Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UINPIAW) y es investigadora en el Centro de Estudios de África y Afroamérica (CEAA). Además se especializada en temas de comunicación comunitaria, afrodescendencia y género. Como fundadora y directora del podcast antirracista Palabras Negras, ha liderado proyectos periodísticos enfocados en derechos humanos y justicia social.
