El fin del exilio de Lolita Chávez
Una mujer de baja estatura y de sonrisa amplia espera a que una última bandera ocupe un espacio detrás de la mesa donde dará la conferencia de prensa, en el restaurante Taniperla. La bandera pide la libertad de los seis presos políticos de Chiapas que se han opuesto a la militarización y a proyectos extractivistas que destruirían sus comunidades, ellos son: José Díaz, indígena ch’ol, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, indígenas tseltales, de la comunidad San Juan Cancuc. Nueve mujeres la rodean a ella. Se llama Aura Lolita Chávez Ixcaquic y estuvo en el exilio siete años. “Soy feminista comunitaria, defensora de la vida y de los territorios. Criminalizada y desjudicializada por la lucha territorial de mi pueblo K’iche’ rebelde, combativo y revolucionario”, así se presenta. Su voz es firme, no vacila, es alta. En la mesa hay varias banderas: maya, kurda, zapatista, una wiphala y una kufiya. Atrás de ella y sus compañeras (mujeres de Bolivia, Argentina, Chile, País Vasco y México) está la más grande, dice “Feministas de Abya Yala”.
En el ambiente hay expectativa, los ojos de algunas asistentes buscan a la reconocida defensora de derechos humanos y territoriales. Es 22 de junio en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México), el lugar inicial de la gira de retorno de Chávez Ixcaquic a su natal Santa Cruz del Quiché, en el departamento de El Quiché, oeste de Guatemala. En el exilio ganó el premio Ignacio Ellacuría de la Cooperación Vasca (2017), el premio Romero a los Derechos Humanos (2021) y fue finalista del Premio Sájarov por la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo (2017). Pero eso casi no lo menciona en las entrevistas ni en las notas de prensa que le han hecho; lo que sí, y de manera insistente, es que ella es miembro del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK), una organización que aglutina a 87 comunidades indígenas.Lolita Chávez, como la llaman con frecuencia, no dice Guatemala, sino “Ixim Ulew, mal llamada Guatemala”. Ixim Ulew o Tierra del maíz, es el nombre que los pueblos indígenas prefieren para su territorio; la denominación es parte de las reivindicaciones para el reconocimiento del país como un Estado plurinacional, pues más del 40% de su población es indígena. En un territorio nacional en el que, según las últimas cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (2014), cerca del 60% de la población vive en la pobreza por falta de ingresos.
El 7 de junio de 2017, entre Chichicastenango y Los Encantos (El Quiché), Lolita Chávez y otras integrantes del CPK detuvieron un camión lleno de madera para verificar su procedencia. Luego de que las mujeres corroboraron que provenía de tala ilegal, escoltaron al camión en dirección a Santa Cruz del Quiché para denunciarlo ante las autoridades locales y proceder con las sanciones. “Antes de que llegaran a su destino”, relata la ONG Frontline Defenders en una carta que circuló en junio de ese año, “un grupo de diez hombres armados no identificados se acercaron a las defensoras de derechos humanos y las amenazaron con agresiones sexuales, entre otras amenazas. Aura Lolita Chávez y su grupo huyeron, pero los hombres las persiguieron disparando tiros al aire. Durante la fuga, parte del grupo se separó y desapareció durante varias horas. Después del incidente, varias personas en Santa Cruz del Quiché informaron que el grupo de hombres armados buscaba a la defensora de derechos humanos”. Su salida fue inmediata al ataque. Una organización apoyó en su traslado a Costa Rica y un programa especial de la ONG Oxfam le ofreció refugiarse en el País Vasco; tuvo que regresar a Guatemala, la resguardaron en la Embajada de España y de ahí partió al País Vasco. Durante esos siete años también estuvo en Chiapas y en otros lugares que, por sigilo, en su momento, no hizo público.
Esa fue la quinta vez que la amenazaron de muerte “y con armas de grueso calibre”, recalca. Unas veces fueron grupos asociados al crimen organizado; en otras ocasiones, las amenazas llegaron de autoridades locales. Como en septiembre de 2005, cuando Chávez Ixcaquic fue parte de los once denunciantes “de presuntas irregularidades en la administración de la Alcaldía” del municipio de Nebaj (El Quiché). En el reporte de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consigna el evento, se señala que fue el alcalde de Nebaj quien amenazó de muerte a los once defensores, por lo que la Comisión solicitó al Estado de Guatemala que proteja sus vidas. En 2012, la defensora k’iche’ vivió otra amenaza seria después de asistir a una protesta contra el alcalde de Santa Cruz del Quiché. Meses después, en 2013, la CIDH ratificó otras medidas cautelares que había solicitado al Estado guatemalteco para ella y para Juana Baca Velasco, integrante de la Red de Mujeres Ixiles-Defensoría Nebaj.
Siete años después de las amenazas de 2017, sale del exilio con una gira centroamericana, la acompaña una caravana de mujeres (y más de doce organizaciones de México, Honduras, Guatemala y el apoyo de otras más del País Vasco y del Movimiento de Mujeres de Kurdistán). Regresa a su comunidad “para seguir luchando”. Añade que no regresa a la Guatemala corrupta y cooptada por poderes mafiosos; afirmación que, con otras palabras, también es la de varias organizaciones del país, como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). “Retornamos en comunidad, retornamos a la comunidad”, afirman ella y sus compañeras de la mesa. Chávez Ixcaquic, entonces, regresa a otro espacio y a otra manera de hacer las cosas, como esta anunciada gira y retorno.
En enero de 2024 fueron levantados los cargos de “secuestro, plagio, asociación ilícita e instigación a delinquir” que le fueron imputados inmediatamente después del ataque del 7 de junio de 2017. El secuestro era al camión de madera ilegal que, lo supo después por las noticias locales, también transportaba un cargamento de drogas y armas, según contó en una entrevista a Ojarasca. Por eso se presenta como una defensora otrora criminalizada y desjudicializada en la actualidad. A esta gira de salida del exilio Chávez Ixcaquic, otras activistas y varias organizaciones de México (en Ciudad de México y Chiapas), Honduras (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas) y Guatemala, o Ixim Ulew, la han llamado “Retornamos en comunidad”. De hecho, algunas de las mujeres que acompañan a Lolita Chávez en la mesa conforman la caravana internacional con la que ella está retornando a su natal Santa Cruz del Quiché. Después de San Cristóbal de Las Casas, en una asamblea a puerta cerrada para prensa el 21 de junio (en el CIDECI-Unitierra) y la conferencia de prensa del 22 (a la que asistió La Periódica), estuvo en: Milpa Alta y Xochimilco (Ciudad de México) el 23 y 24; La Esperanza Intibucá (Honduras) el 26; el 28, la recibió una asamblea en la Plaza de las Niñas (Plaza Central de la Ciudad de Guatemala) y el 30 de junio arriba a Santa Cruz del Quiché, donde la recibirá su otra comunidad.
Al decir de los discursos en la conferencia de prensa, las activistas (mexicanas, chilenas, argentinas, vascas y kurdas) plantean construir una “filosofía del retorno”. Uno de sus puntos centrales sería la idea de comunidad, pero no solo de una comunidad con coordenadas geográficas o identidades étnicas específicas, sino también una comunidad internacionalista que cuestione las fronteras de los países (señalaron la importancia del confederalismo democrático para sus proyectos políticos, concepto clave del Partido de los Trabajadores del Kurdistán), desde los feminismos de mujeres populares e indígenas. Hablaron de un “confederalismo antipatriarcal”.
Adriana Guzmán, miembro de la colectiva Feministas del Abya Yala dijo: “retornamos en comunidad porque la comunidad es el territorio y la vida frente a un sistema de muerte. Retornamos juntas y rompemos las fronteras patriarcales de los Estados que nos dividen como países, rompemos las fronteras patriarcales de la casa y de la cama porque la dominación de los cuerpos de las mujeres para dominar los territorios no ha parado [ni] las contradicciones dentro de las organizaciones donde se reproduce la violencia, el machismo y todo lo que ha debilitado y fragmentado nuestros procesos”. Guzmán puntualiza que este es “un retorno con memoria”. Su convocatoria, parece, no solo trata de acompañar y respaldar a Lolita Chávez, también se trata de regresar, de manera crítica, a ciertos planteamientos de las organizaciones de las mujeres de a pie. De hecho, el inicio de la conferencia de prensa fue un recuento del contexto político que atraviesa Latinoamérica: la criminalización a la protesta, el avance de proyectos extractivistas, el retroceso en derechos humanos y la persistencia de las organizaciones comunitarias y de mujeres.
Por ejemplo, las organizaciones indígenas en Guatemala han detenido proyectos de ley, proyectos hidroeléctricos, mineros y energéticos que ponían en peligro sus derechos; una de esas fue la llamada ‘Ley Monsanto’. Lolita Chávez contó en una entrevista a El Salto que las organizaciones de su zona detuvieron 32 concesiones a proyectos extractivos. En la conferencia, cuando habla del racismo que vivió en Europa, Chávez Ixcaquic añade: “le dijimos al Parlamento Europeo que sus empresas, sus transnacionales, eran las culpables de nuestros exilios y les exigimos que salieran de nuestros territorios, porque queríamos retornar”. En otras intervenciones, como en la televisión española o en el medio uruguayo La Diaria, menciona nombres de otros organismos y de empresas de la agroindustria y la minería que estarían detrás de esos proyectos: el Banco Mundial, la ONU, Monsanto, Oxec, Enel o Trexa. De hecho, el departamento de El Quiché es conocido por sus reservas de petróleo, minerales, sus bosques (tanto así que está en su etimología) y las fuentes de agua; disputadas desde hace décadas.
Montar mapas en ese departamento resulta desconcertante: de las 699 masacres registradas en los 36 años de conflicto armado interno (de 1960 a 1996), 344 sucedieron en El Quiché. Le sigue Huehuetenango con 89 masacres, Chimaltenango con 70 y el número, que mantiene lo aterrador, baja en los otros departamentos. Eso, según lo recabado por la Comisión por el Esclarecimiento Histórico.
“Salir como me sacaron también es esclavitud”, dice en la conferencia Chávez Ixcaquic cuando recuerda que el exilio fue un golpe para ella y su comunidad, pero también quizá porque la violencia y el cautiverio estuvieron presentes los años del conflicto armado interno, en el que también centenares de mujeres indígenas fueron víctimas de violaciones sexuales sistemáticas y esclavitud perpetradas por militares, como el conocido caso de ‘Las Abuelas de Sepur Zarco’. En su intervención, luego de las palabras de las nueve activistas también menciona de las mujeres k’iche’s: “somos sobrevivientes de las masacres, de los genocidios, de las expulsiones, incluso de lo que están planteando aquí, el mal llamado Tren Maya. Exijo a este mal gobierno de México que no le llamen Tren Maya, se lo exigimos como Pueblo Maya. Es indignante que le llamen así a un tren que ha matado la biodiversidad. Eso es ecocidio.” La visión de Chávez Ixcaquic no separa la comunidad del bosque ni al bosque de la gente.
Si bien el país centroamericano no es el único en Latinoamérica con una continuidad de explotación, violaciones a los derechos humanos y un largo historial de corrupción, su situación es alarmante. No son pocos los llamados de atención y alertas de organizaciones internacionales (por ejemplo, de Amnistía Internacional), así como de expertos independientes y relatores especiales de las Naciones Unidas a distintos gobiernos guatemaltecos por la elevada cifra de defensoras y defensores criminalizados; la mayoría de reportes señalan el papel de la impunidad —en todos los niveles— en el deterioro del contexto social y económico del país. Por ejemplo, la UDEFEGUA registró en 2017: 493 agresiones contra defensores de derechos humanos; 166 actos de criminalización (difamación, detención arbitraria y denuncia judicial); 52 asesinatos (42 a menores de edad) y 9 intentos de asesinato. Mientras que en 2020, el número de agresiones fue de 1055; en 2022, ascendió a 3574, y en 2023 fueron 9496 agresiones registradas.
Desde 2020 al 2024, UDEFEGUA estima que hay un subregistro “de 79 personas exiliadas […], identificadas como: periodistas, operadoras/es de justicia y personas defensoras de derechos humanos”. Lolita Chávez dejó de ser una de ellas. En la conferencia sonríe —a boca plena— cuando alguna de sus compañeras menciona haberse conocido en el País Vasco; su semblante es más serio cuando habla de extractivismo y las fuerzas que ocupan espacios de poder en Guatemala, pero también cuando escucha a otros defensores, como Juan Gómez, delegado de la Asociación Civil Las Abejas de Acteal (quienes en 1997 fueron atacadas y atacados por fuerzas paramilitares en una matanza en el municipio chiapaneco de Acteal, que resultó en la ejecución de 45 mujeres, hombres y nonatos tzotziles).
La Periódica preguntó a Chávez Ixcaquic qué opina de la experiencia del exilio, frente al panorama que atraviesan activistas y periodistas en Ecuador. “Necesitamos conocer las raíces de ese exilio. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, las empresas transnacionales, los falsos gobiernos democráticos le están llamando migración para que no lleguemos al fondo y a la raíz del problema. Cuando nos expulsan quieren que nuestra identidad se rompa. Llámese feminista, comunitaria, identidad de pueblo originario, identidad campesina, las pluralidades que tengamos… porque nos expulsan a una expresión muy capitalista, supuestamente muy modernizada, pero que también odia a quienes viajamos y eso pasó conmigo. Nos expulsan para que se muestre un mensaje de odio para las demás. A mi pueblo, a las mujeres, les dijeron que si siguen luchando ‘van a ver que van a ser expulsadas todas’. Territorializar es importante. Reconocer nuestras raíces, caminar con ellas, no olvidar de dónde venimos para recordar a dónde vamos a retornar. La comunidad genera territorialidad, genera un modelo de vida y genera esperanza para un planteamiento político. Territorializar [porque] donde quiera que vayamos [ese] es nuestro territorio, porque la madre tierra no tiene puertas.”
