Mujeres, decisiones y organización


Mujeres,  decisiones y organización
Rosita Ortega Vásquez

Son varias y varios los candidatos, tanto parlamentarios como presidenciales, que desfilaron por las tarimas electorales en diversos sectores de nuestro país. Unos más que otros, pronunciándose contra la violencia de género. Desde La Periódica hemos puesto oídos atentos a sus discursos, promesas de campaña y compromisos de gobierno respecto a los derechos de las mujeres y niñas en el Ecuador.

(Aquí las entrevistas completas)

Convocamos en esta ocasión a voces militantes, activistas del movimiento de mujeres y feministas de nuestro país para que compartan sus evaluaciones sobre lo que ha sido la campaña electoral de 2017 en temas de salud, educación, trabajo, violencia de género, organización social, etc. Pero además, para que nos comenten cuál es su valoración sobre estos 10 años de gobierno de Alianza País en materia de políticas públicas respecto a la igualdad de género, y así conocer las demandas y desafíos de mujeres y feministas en el contexto político actual.

Conversamos con Lizi Ernst, de la Coalición Nacional de Mujeres; Judith Flores Mujeres de la Central Sindical CEOLS, y Kathy Betancourt, secretaria de la mujer en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).

Violencia contra las mujeres y las niñas

El acceso a una vida libre de violencias en nuestro país y en cualquier parte del mundo es un indicador para comprobar las garantías a una vida digna para las mujeres y niñas. Hasta marzo 2017, en Ecuador sucedieron 33 feminicidios1 y seis de cada diez mujeres de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, (…) la violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país, en más de la mitad de los casos, las mujeres violentadas son indígenas y afroecuatorianas2.

Para Judith Flores: “Asistimos a un proceso de repatriarcalización de la vida comandada desde el aparato estatal y maquillada con discursos seudo-progresistas. El control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres se ha incrementado, los niveles de violencia e impunidad crecen dando el mensaje abierto de que es posible acabar con nuestras vidas”. No han sido suficientes los intentos por atender las demandas de las mujeres, es un asunto del día a día la violencia, el acoso, los feminicidios.

La desatención del Estado en temas de violencia se evidencia con la gestión de planes y políticas públicas que el Gobierno actual no ha sostenido, entre ellos los proyectos existentes y en su momento emblemático, como ha sido el caso del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que logró posicionar el machismo como una forma de violencia en el año 20103. Para Lizi Ernest, las políticas de prevención de violencia no funcionan, porque “no son una prioridad; se desconoce cómo se maneja el presupuesto del Plan”.

La erradicación de la violencia de género es una condición fundamental para la construcción de una sociedad en igualdad y justicia. Contar con un Plan Nacional que brinde resultados es urgente.

También alerta la situación de las Casas de Acogida y Centros de Atención, pues según la activista, “el sistema de protección para las víctimas de violencia, se ha debilitado. Las Casas de Acogida y Centros de atención han tenido que soportar hasta ocho meses sin pago. No hay aún ningún tipo de propuesta para mejorar el acceso a la justicia a las mujeres rurales e indígenas. Necesitamos una nueva Ley. Existen obstáculos para las mujeres que logran poner la denuncia en casos de delitos sexuales, necesitan un procedimiento especial para que estos casos sean juzgados de manera ágil, y desde una perspectiva de género.”

Las Casas de Acogida son sitios donde las mujeres que han vivido violencias pueden asesorarse tanto jurídico como judicialmente; su trabajo es recibir a mujeres y niñas diversas que han sido víctimas y sobrevivientes de violencia de género.

La situación del Plan Nacional de Erradicación de Violencia y las Casas de Acogida son una muestra de la urgencia de promover políticas públicas y programas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Es de esa manera que se ha atravesado un período de apropiación del discurso y las agendas de los movimientos sociales por parte del oficialismo, sin embargo, lejos de convertirse en una condición para combatir las desigualdades, generando entre otras cosas política pública; en este tiempo se ha perfeccionado una política clientelar para consolidar una base social fielmente adherente al partido de Gobierno, al igual que en otros espacios, también en los temas de género.

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Fotografía:Rosa Villafuerte

Elecciones 2017

La situación de las mujeres en estas elecciones se convirtió en un comodín para obtener mayor aceptación y votos. Lo que generó malestar en redes sociales. Varias organizaciones de mujeres y feministas plantearon que es necesario planes integrales y no discursos carentes de propuestas.

Ernst valora esta situación como “no muy favorable”, porque “los ejes de la campaña han sido la corrupción y la crisis económica. (…) El retroceso en derechos de las mujeres, indígenas, niñas, niños y adolescentes, de la democracia, del estado de derecho, poco pareció importar a la mayoría de candidatos”

Las demandas innegociables del movimiento de mujeres en los últimos tiempos se han centrado en el derecho a la autonomía de las decisiones, cuerpos, territorios, el derecho a una vida digna. Sobre estos temas el interés en este periodo electoral ha sido casi nulo, no ha existido un real interés por investigar y construir propuestas concretas a favor de los derechos de las mujeres también sobre erradicar la violencia de género.

En este contexto ¿Cuáles son las luchas en relación a las elecciones y al próximo Gobierno?, para Kathy Betancourt “No vamos a negociar con nuestra dignidad y en la medida que sea posible si vamos a pelear como ahora se está haciendo, por nuestro espacio de vida que es la tierra, la inversión en el campo, el tema de la salud, de la educación.”

Mujeres en movimiento

Es importante mencionar que en el contexto político y de organización social las mujeres han logrado mostrar una presencia masiva y de resistencia para reclamar nuestros derechos. A nivel mundial y regional han venido sucediendo importantes marchas y movilizaciones entre ellas las de “Ni una Menos”, “Paros Nacionales de Mujeres”[4] en esta situación, preguntamos: ¿Cuáles son las alternativas para garantizar los derechos de las mujeres?

Para Ernst es necesario: “continuar haciendo la vigilancia y seguimiento tanto a lo que dice la Constitución, fortalecer la institucionalidad y hacer que cumpla con sus roles y funciones.” Por otro lado Flores afirma que es necesario el ejercicio conjunto entre la sociedad y la institucionalidad del Estado: “la mayoría de las propuestas que se ejecutan en el estado son planteamientos hechos por los sectores organizados de la sociedad civil, quienes identifican mejor las problemáticas sociales por tanto puede promover transformaciones a nivel de las instituciones estatales y sociales, sin el trabajo coordinado de las dos instancias es difícil”.

Asimismo, Betancourt añade que es necesario reconocer “que el Estado somos todos, y que si hay un sistema de participación democrática finalmente, algo de lo que se construye de los diferentes grupos de la sociedad va a llegar y se va a constituir en una política pública pero eso no ha pasado, entonces depende de eso, de cómo se configura el Estado saber si vamos a tener posibilidades de participación. En el caso actual se ha tratado de una configuración centralista, partidaria, autoritaria, que te ha cerrado todo”

Para mantener activo el cumplimiento y garantías de los derechos de las mujeres por parte del Gobierno de turno, la organización de mujeres y feministas es clave, respecto al trabajo de vigilancia y seguimiento a la institucionalidad pública del Estado, Asamblea Nacional y Gobiernos Locales.

Uno de los principales retos del movimiento es mantener activa no solo su incidencia y vigilancia sino también sus capacidades organizativas, de agenda para articular procesos de transformación sobre las desigualdades estructurales de género en una sociedad machista como la ecuatoriana, con el desafío de enfrentar posibles regímenes de turno que las refuercen en este nuevo período de gobierno.

[1] Femicidio, preocupación del Ecuador en Día de la Mujer. Diario El Universo Miércoles, 8 de marzo, 2017. Revisado en http://www.eluniverso.com/

[2] Coalición Nacional de las Mujeres. Examen Periódico Universal, 3er período Ecuador. Capitulo “Violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas” Octubre 2016.

[3] Estudio de la campaña “Reacciona Ecuador el Machismo es violencia” Por Edgar Vega Suriaga. Comisión de transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género. 2011.

[4] En los últimos 3 años se han realizado varias movilizaciones que ha convocado a miles de personas a nivel mundial entre ellas las de “Ni una menos” contra los feminicidios en países como Argentina, Perú, Uruguay, México, Ecuador. Así también los “Paros Nacionales” el 8 de Marzo conmemorando las luchas de las mujeres obreras, y por la exigencia al derecho de una vida digna para las mujeres en todo el mundo.

La Periódica
Publicado el Artículos, Mujeres y política | Etiquetado

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